Con todo respeto y sin respeto, también!El pasado jueves, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo de Jalisco, en un mensaje a medios pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se respete el pacto federal, se dote de recursos necesarios a Jalisco y no se dé la atribución a los superdelegados en materia de seguridad.....
No estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el pacto federal y el orden constitucional”
https://www.facebook.com/fred.alvarez1/videos/10156230193668369/
Dijo que las autoridades estatal y municipales electas no deben ser solo ”invitados” a la mesa de seguridad; “somos los responsables de la seguridad en nuestro estado por mandato constitucional”.
“Le expresamos nuestra profunda preocupación por disposiciones legales que lastiman los principios básicos del Pacto Federal. No podemos permitir que en el nuevo modelo de organización del gobierno federal se planteen figuras paralelas a las autoridades constitucionales y electas”, aseguró.
Si algo debimos haber aprendido del pasado reciente los mexicanos es que con la seguridad no se juega a la política. Y con esa misma claridad le decimos que en Jalisco no vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía ni mucho menos que se traicione el pacto federal.
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La respuesta de Olga Sánchez Cordero al Post
Doña Olga Sánchez Cordero, afirmó este sábado que el equipo del presidente electo no llegó a ningún acuerdo con EU para que los migrantes que quieran solicitar asilo en este país permanezcan al sur de la frontera, tal como lo señaló hoy el Washington Post.
De acuerdo con lo informado por el Post, el gobierno de Trump, y el equipo de AMLO llegaron a un acuerdo para que los migrantes que pidan asilo a EU permanezcan en México mientras se procesa su petición.De esta manera, Washington podría poner coto a la política conocida como "catch and release" (atrapar y liberar), que permite a quien ha entrado irregularmente en el país, entregarse a las autoridades, solicitar asilo y quedar libre mientras se analiza su solicitud....
El acuerdo se habría concretado la semana pasada en Houston, TX durante una reunión entre Marcelo Ebrard, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de México, y funcionarios estadounidenses, incluida la secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló el Post..
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Las columnas políticas, hoy, domingo 25 de noviembre de 2018...
Templo Mayor/ Reforma...
QUIENES llevan cuatro años construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción temen que les pase como al NAIM: que el nuevo gobierno cancele todo lo avanzado y salga con alguna ocurrencia.
CONSIDERAN que no son buenas las señales que han recibido del próximo gobierno, empezando porque Andrés Manuel López Obrador dejó claro hace meses que no quiere una Fiscalía independiente y adelantó una terna con sus propuestas de titular, pese a que ese nombramiento es facultad del Senado.
PERO lo que más les inquieta es que el Presidente electo no muestra interés en los aspectos técnicos del tema, como la integración de expedientes o el diseño de procesos transparentes, por mencionar algunos.
Y ES QUE nomás no hay quien lo convenza de que el combate a la corrupción no es nada más cuestión de voluntad política y de "predicar con el ejemplo".
LA COMIDA de despedida que organizó el presidente Enrique Peña Nieto para sus colaboradores en Los Pinos fue breve, sobria y cuentan quienes asistieron que tuvo una ausencia muy evidente.
AUNQUE se sabe que estaba invitado, el ex secretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, no llegó y dicen que su pretext... perdón, su excusa, fue que tenía un evento familiar.
ENTRE los invitados el tema fue bastante comentado, sobre todo cuando Peña habló sobre cada uno de sus colaboradores y elogió su desempeño, pero omitió cualquier mención a Osorio, como si no hubiera estado la mayor parte del sexenio al frente de la Segob. ¡Ouch!
EN EL EQUIPO de transición en la CDMX hay quienes anticipan que Ernestina Godoy, nombrada por la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, como la próxima procuradora General de Justicia podría durar poco en el cargo.
EL ASUNTO es que la Procuraduría debe desaparecer en los próximos meses para dar lugar a una Fiscalía General en la que Godoy no podría ser titular de acuerdo con la Constitución capitalina.
PORQUE uno de los requisitos para quien busque esa posición es no haber tenido un puesto legislativo en los tres años anteriores a su designación, y Godoy es diputada local con licencia.
DE AHÍ que se calcula que estaría en el cargo hasta marzo y, entonces, llegaría al relevo Patricia Bugarín. Eso si no ocurre que, al hacer la Ley Orgánica de la Fiscalía, la mayoría morenista en el Congreso local le confeccione un traje a la medida a su ex coordinadora para que pueda quedarse como fiscal. Ya se verá.
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Frentes Políticos/Excelsior..
I. A toda prisa. El presidente Enrique Peña Nieto terminará la última semana de su sexenio con agenda llena. Ayer tuvo una comida con los integrantes de su gabinete y con quienes en algún momento colaboraron con su administración. Incluso estuvo presente José Antonio Meade, excandidato presidencial. Fue una reunión privada. En estos seis días que le quedan de mandato, Peña Nieto tiene contemplada su última participación en la cumbre del G-20, en Buenos Aires, Argentina, además de un par de giras al interior de la República Mexicana. El Presidente no quiere despedirse sin haber firmado el acuerdo del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un logro de su gobierno, digan lo que digan.
II. Cuestión de enfoques. A unos días de la transición de gobierno, una de las figuras que predominarán en el próximo sexenio está en plena realización: la consulta. Este fin de semana los mexicanos decidirán la conveniencia del Tren Maya, que beneficiaría a miles de personas en el sureste del país. Pero hay quienes no opinan lo mismo. “La consulta es una tomadura de pelo y una muestra del desprecio a las instituciones”, acusó el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero. Pero no propuso nada, simplemente vertió la crítica, así sin más. Recuerden: sin participación ciudadana, no hay democracia. Y en este México que viene, el pueblo manda. Su rechazo es inútil, las consultas serán el sello. ¡Mejor cooperen!
III. Simulaciones. Ismael Figueroa, líder del sindicato de Bomberos de la CDMX, no entiende. Tras el atentado que sufrió el pasado jueves, y que de acuerdo con el presunto agresor se debía a que éste dio 120 mil pesos a Figueroa por la promesa, incumplida, de otorgarle una plaza, por cierto, confesión que bien puede estar manipulada, ahora la estrategia de defensa de don Ismael es una más de las cadenas de favores, obligados, que exige a sus agremiados. Corrió un mensaje de WhatsApp institucional que decía: “Compañeros, vamos a apoyar a nuestro líder y amigo… realicemos un video de apoyo” a compartirse de forma masiva. Muchos no hicieron caso. Ya esperan su derrumbe.
IV. Dudas. El ahora consultor Rubén Aguilar, otrora vocero en el sexenio de Vicente Fox, compartió que “después de años de no vernos, integrantes del gabinete del presidente Fox nos reunimos en el Rancho San Cristóbal, sólo por el gusto de encontrarnos. Celebramos la amistad”. Lo primero que se preguntaron los internautas fue ¿para qué compartir esta información?, ¿cuál era la razón? ¿Victimizarse y que los trolearan? Algunas preguntas: ¿Platicaron de la gran oportunidad que tuvieron de hacer un cambio en beneficio de México y que la echaron a la basura?, ¿“Por puro gusto”, como la reunión en un departamento de la colonia Del Valle, cuando tramaban el desafuero de López Obrador? A veces, calladitos se ven más bonitos.
V. No hay forma. A pesar de la situación que enfrentan los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, el mandatario estadunidense, Donald Trump, persiste en que no serán admitidos en su país hasta que sus solicitudes de asilo sean aprobadas por la Corte, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter: “Todos se quedarán en México. Si por alguna razón es necesario, cerraremos nuestra frontera sur. No hay forma que Estados Unidos, después de décadas de abuso, tolere esta peligrosa y costosa situación”, sentenció Trump. Y mientras esto sucede, México y su gobierno se han dedicado a asegurar a los migrantes y sus familias las condiciones para tener alimentos, salud y alojamiento. ¡Están varados!
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BAJO RESERVA/EL UNIVERSAL..
** Se jubilan antes de que llegue AMLO
Antes de que les llegue la disminución salarial que impondrá el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, algunos embajadores de carrera han decidido mejor proceder ya a la jubilación y gozar de los privilegios de ésta con las condiciones de sueldo actuales que tienen. Es el caso del ahora ex embajador de México en Noruega Jorge Castro-Valle, quien procedió a su retiro, y el también embajador de México en Perú, Ernesto Campos, quien se despidió de la diplomacia después de más de dos décadas de servicio. Algunos otros diplomáticos de carrera también comenzaron a meter sus papeles para "mejor", dicen, jubilarse de una vez.
** Un regalo de navidad para López Obrador
Nos cuentan que a la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegó un regalo adelantado de navidad. Se trata de una pelota de béisbol firmada por el pelotero Ramón El abulón Hernández, quien jugó por más de 20 años en Los Diablos Rojos de México y quien fue pionero en la lucha de los deportistas contra la explotación de los dueños del negocio detrás del deporte. El presente lo llevó uno de los sobrinos del atleta, nos dicen, para que don Andrés Manuel lo haga llegar a su hijo pequeño, Jesús Ernesto. Gran significado debe tener el obsequio, de un transformador a otro.
Colosio vs. los superdelegados
Durante la Cuarta Asamblea Nacional de Diputados locales de Movimiento Ciudadano, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, fue electo como coordinador nacional, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas. Quien inmediatamente marcó la línea de lo que le tocará combatir, y dijo que ahora más que nunca es el momento de defender la soberanía de los estados y de brindarle apoyo a los municipios del país, sobre todo ahora que "se pretende de manera aplastante asesinarlo". Los superdelegados de Andrés Manuel López Obrador ya pusieron incómodos hasta a los legisladores locales.
Un nicaragüense perseguido… por las cámaras
Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Seguramente es lo que pensó el encargado de Negocios de la embajada de Nicaragua en México, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, quien fue invitado a una celebración en un centro de rehabilitación de adicciones llamado Hacienda Nueva Vida en Ecatepec, Estado de México. El problema fue que quien invitó a medios de comunicación, lo hizo bajo el argumento de que el funcionario nicaragüense en México ofrecería una conferencia sobre migración... Cuando decidió retirarse del lugar, Gutiérrez Madrigal fue perseguido por los medios que le cuestionaron si era el embajador de Nicaragua y él respondió: "No, soy compañero de este centro" y salió corriendo del lugar.
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TRASCENDIÓ/MILENIO
Que quien reapareció en Los Pinos, en la comida ofrecida por el presidente Enrique Peña Nieto a sus colaboradores, fue José Antonio Meade, ex candidato de PRI, PVEM y Panal, quien tuvo un lugar privilegiado, pues el mismo titular del Ejecutivo federal lo colocó en su mesa.
El ex titular de Hacienda fue uno de los más puntuales, pero también uno de los primeros en salir de la casa presidencial después de una comida privada. Por cierto, Meade mantiene el look de la barba crecida que adoptó luego del descalabro en la elección presidencial de julio pasado.
El gran ausente fue el ex secretario de Gobernación y actual líder del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.
Que si bien la lista de invitados para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado es de mil 500, hasta el momento la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha confirmado solo a 864, es decir, poco más de la mitad.
Además, se sabe que la rampa que se construye en las escalinatas del Palacio Legislativo de San Lázaro está destinada, obviamente, para los invitados con capacidades diferentes, pero sobre todo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien es el único jefe de Estado del mundo que usa silla de ruedas.
Los diputados de Morena están en todo y quieren dejar una buena impresión a los visitantes internacionales en el comienzo de la cuarta transformación.
** Que siguiendo con la ceremonia de cambio de poder, que se celebrará en la Cámara de Diputados, se informó que desde hace varios días se enviaron las invitaciones a sus destinatarios.
Solo hay un detalle. No a todos. Algunos invitados a la ceremonia tuvieron que mandar a sus representantes a la casa de transición, en la colonia Roma, para recoger el sobre, que se encuentra sellado y contiene elementos de seguridad para evitar su falsificación.
En el entorno de AMLO niegan que haya invitados de primera y de segunda, y argumentan que los preparativos para la ceremonia absorben las energías y tiempo del equipo de transición.
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SACAPUNTAS/EL HERALDO DE MÉXICO
Suena Seade
Aún como rumor circula en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador que Jesús Seade, quien fue su representante en la negociación del T MEC, será partir del próximo sábado subsecretario para América del Norte, de la Cancillería, que encabezará Marcelo Ebrard. En corto, Seade ni confirma ni desmiente. Pero cuando el río suena...
El artífice del pacto
Ideólogo y articulador del llamado pacto de San Miguel de Allende fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue. Al acuerdo le entraron sus homólogos de Querétaro, Francisco Domínguez; de Aguascalientes, Martín Orozco; y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Es un inicio, nos comentan, de un bloque más grande en pro de la economía de los estados.
** Reunión con la Sedena
En la recta final del conteo para que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de México se afinan amarres en materia de seguridad pública. Ayer en la casona de Chihuahua 216 se reunió con los futuros titulares de la SSP, Alfonso Durazo, y de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Y hoy AMLO sostendrá un encuentro con personal de la Sedena.
** Debuta nuevo líder del SNTE
Se empieza a mover con la clase política el nuevo dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda. Ayer, en la FIL de Guadalajara, estuvo muy contento con la futura titular de Segob, Olga Sánchez Cordero; el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la titular de Cultura, Cristina García Cepeda. En tanto, su gremio pidió a la PGR auditar la gestión de Juan Díaz de la Torre.
El Bronco, domado
Se amansó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Nos comentan que detrás de su llamado a los mandatarios estatales para no confrontarse con el gobierno entrante por el tema de los súper delegados, está el acuerdo al que él llegó con el equipo de transición. Con éste, Judith Díaz, podrá operar sin problemas los programas sociales en tierra regia.
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ROBERTO ROCK L / columna RETRATO HEREJE
EL UNIVERSAL
Peña, Juan Díaz y la entrega de terciopelo
La precipitada renuncia de Juan Díaz a su tambaleante puesto como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cierra un periodo protagonizado por la administración Peña Nieto, que tendrá dificultades para encontrar antecedentes en la historia moderna de las transiciones pactadas.
El mandatario saliente y Andrés Manuel López Obrador, los actores centrales de esta etapa, deberán explicar alguna vez qué pactaron para dar lugar a un gobierno que se sujetó durante sus cinco últimos meses a los dictados del mandatario entrante, pese a qué éste amenazaba con aplastar a la clase política vigente.
Lo que vivimos el jueves último con la crisis en el SNTE fue la más reciente estampa de este proceso. En febrero de 2013, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong -ahora dirigente parlamentario del PRI en el Senado-, coordinó la estrategia para encarcelar a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Antes de ello pactó con varios dirigentes gremiales, entre ellos Juan Díaz, su traición hacia quien habían jurado lealtad.
Gordillo aún no pisaba su celda cuando Juan Díaz era entronizado como secretario general y también presidente del SNTE, lo que se oponía a los estatutos de la organización. Su mandato concluía en agosto pasado, pero en febrero sometió nuevamente a "tortura" la vida interna del sindicato para ser reelecto. Pero para su caída solo se requirió que la señora Gordillo formalizara su intención de recuperar la dirigencia, lo que atrajo un par de frases anuentes de López Obrador.
Esta historia se suma a la cadena de enigmas en torno a la actitud de Peña Nieto desde la tarde misma de la jornada electoral en la que López Obrador concitó una ola de triunfos en las urnas, que arrancó con la Presidencia, colmó el Congreso federal con legisladores morenistas y se extendió, como viento de fuego, sobre la gran mayoría del país, incluso a regiones en las que el voto por las izquierdas había sido históricamente insignificante.
Peña Nieto y sus principales colaboradores sostuvieron estos largos e intensos cinco meses un perfil por debajo incluso de la discreción, lo que supuso el silencio absoluto ante descalificaciones expresadas por López Obrador y muchos de los que serán los actores principales del próximo gobierno. Estos ataques encontraron en el gobierno saliente un silencio absoluto, que podría ser descrito como pusilánime.
A ello se añadió una clara subordinación para ajustar acciones del gobierno actual a numerosos dictados del presidente entrante, como despidos masivos de personal en múltiples dependencias y ajustes en el presupuesto de 2019, hasta un pasivo aval a leyes promovidas en el Congreso por las nuevas mayorías de Morena.
Ninguna de estas determinaciones han sido combatidas ni con el pétalo de una declaración banquetera, ya no digamos con un comunicado de prensa. Lo que privó en el gobierno, desde Los Pinos hasta el más modesto rincón del gabinete, fue la homogeneidad de la sujeción a lo que dijeran aquellos que no asumirían sino hasta el primer día de diciembre.
No es extraño por todo ello que seguramente hayan prevalecido sentimientos cruzados durante la comida programada ayer en Los Pinos entre los integrantes del gabinete y el presidente Peña Nieto. Este último encuentro formal no solo dejó sin duda el inevitable sabor a nostalgia por el inminente cierre de administración. También debe haber sembrado la duda sobre la postura que asumirá el mandatario saliente una vez que este sábado ceda la banda presidencial para que le sea impuesta a Andrés Manuel López Obrador.
Personajes de distintos ámbitos del sistema PRI -gobernadores, líderes partidistas, empresarios cercanos al oficialismo- han creído encontrar en algunos comentarios privados de Peña Nieto indicios claros de que, una vez concluida su administración esta conducta podría cambiar dramáticamente.
Algunas de esas voces han confiado a este espacio la percepción de que en las primeras semanas de 2019, Peña Nieto abandonará su apego a la transición de terciopelo que dominó su administración a partir de las elecciones, y encabezará las críticas hacia múltiples acciones del gobierno del líder de Morena.
Ello parece contradecirse con lo vivido estos casi cinco meses, por lo que habría que suponer que los eventuales comentarios del presidente saliente en esta línea de pensamiento solo estarán encontrando asidero en los anhelos de sus interlocutores. En la contundente realidad de los hechos, Peña Nieto concluye su gestión carente de base política y social, lo que se suma a un claro distanciamiento con respecto a los liderazgos que sobreviven en el PRI, que se muestran tan aislados y maltrechos como resentidos.
Lo que viene en esa clase política no parece ser la resurrección del fénix. Más bien pareciera que nos acercamos a una guerra intestina A una noche de cuchillos largos.
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¿Confrontar para gobernar?
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior....
La amenaza de Salgado Macedonio a gobernadores críticos a la aprobación de los superdelegados es apenas la cereza del pastel
A la vista de los últimos sucesos ocurridos en torno al proceso de transición de Andrés Manuel López Obrador y los suyos, nada parece inquietar más a dirigentes sectoriales, y a la sociedad en general, que su aparente pretensión, por acción, omisión o simple aceptación y/o solidaridad de grupo de alentar la confrontación y la desunión social como estrategia de gobierno.
La estúpida amenaza del impresentable experredista Félix Salgado Macedonio, senador moreno ahora, a gobernadores de PRI y PAN críticos a la aprobación de los llamados superdelegados del lopezobradorismo a nivel estatal es, apenas, la cereza en el pastel al cierre de un proceso de transición que, es verdad, sigue siendo tan terso con el gobierno saliente como se anunció desde su inicio, pero no con la sociedad y las instancias que en mayor o menor medida la representan…
¿O no es verdad que mientras el tabasqueño se empeña en explicar (lo inexplicable) el NO combatir la corrupción de hoy y ayer, cuando asuma como titular del Ejecutivo, Ni castigar a los responsables de ésta, tanto a nivel Legislativo como en los estados donde sus leales ganaron en julio, o en dependencias a ocupar, los excesos autoritarios de los suyos tienden a multiplicarse?
De tal nivel fue el despropósito del senador —“Costales Salgado, recordaría algún medio en que sirvió hace ya algunas décadas— que el propio Presidente electo y algunos de sus más cercanos debieron salir a matizar su irracional postura e, incluso, validar el derecho de priistas y panistas, primero, y perredistas después, cuyas dirigencias alertaron sobre la inminente promoción de acciones de inconstitucionalidad contra la “invasiva” pretensión morena de cancelar, en los hechos, el federalismo y limitar las facultades que las constituciones estatales asignan a sus gobernadores.
“Es muy grave que se lancen ese tipo de amenazas, lo cual es una muestra clara de autoritarismo e irresponsabilidad, toda vez que con ello atentan contra el pacto federal y el orden constitucional”, diría en su momento Arturo Zamora, secretario general del tricolor, en tanto que, contundente y claridoso como es, vía Twitter, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dejó en claro que “MX consolidó su democracia electoral. Sin embargo, sus valores esenciales como el federalismo (vs. centralismo), la división de poderes (vs. subordinación), la tolerancia (vs. despotismo) y la cohesión social (vs. polarización) parecen estar amenazados por la 4T (Cuarta Transformación) de @lopezobrador”. ¿Más claro?...
Insistamos entonces: ¿en verdad alguien cree que por la vía de la confrontación y polarización de la sociedad la desunión social aporta algo al logro de un mejor y efectivo gobierno? ¿Es éste el camino por el que se pretende que avance México, todos y cada uno de sus integrantes, en el marco de la que desde ya se identifica como la Cuarta Transformación?
Son preguntas que urgen de una respuesta clara y contundente por parte de quienes en cinco días más asumirán el timón nacional…
ASTERISCOS
* Más pronto de lo previsto, el interino dirigente Alfonso Cepeda dejó ver “de qué lado masca (ahora) la iguana…” en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al anunciar que se reunirá con AMLO y el designado titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para ratificarles el compromiso del gremio con la Cuarta Transformación del sector que, dijo, se logrará sin cacicazgos ni intentos reeleccionistas…
* Evidencia clara de que los tiempos de cambio finalmente llegaron, la comida que ayer, en la Residencia Oficial de Los Pinos, ofreció el presidente Enrique Peña Nieto a los integrantes de su gabinete legal y ampliado. Llamó la atención la convocatoria a la misma a los excandidatos ciudadanos a la Presidencia y al gobierno capitalino, José Antonio Meade y Mikel Arriola.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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Cómo descentralizar/Gabriel Zaid
Reforma, 25 Nov. 2018
De Nueva York a Buenos Aires, las megalópolis del continente son portuarias o están cerca del mar, por donde llegaron los colonizadores. Veracruz pudo ser la capital de México, pero ya existía una gran capital indígena, cuyo prestigio, poder y riqueza despertaron la ambición de Cortés. De quedarse en Veracruz, hubiera sido el gobernante de un enclave tolerado por Moctezuma.
El centralismo mexicano es de origen azteca. Continuó en el virreinato. Se rompió con la Independencia. Se reinstaló con Porfirio Díaz. Y, en los tiempos del PRI, fue no sólo político, sino económico, educativo y cultural. El Estado, su partido, el gobierno "federal" (pero centralista), el gasto público, la educación pública, el petróleo, la industrialización protegida y el ascenso al poder por vía universitaria crearon un centralismo piramidado.
Las nuevas pirámides aztecas fueron las burocráticas, bajo el poder central del Señor Presidente. El cemento básico para construirlas fue la corrupción, consentida por la sociedad como menos mala que la matazón entre caudillos.
Cuando el centralismo presidencial llegó a ser monstruoso, surgieron ideas para remediarlo. Algunas radicales, como pasar la presidencia a otra ciudad (que acabaría siendo monstruosa). O aparentemente razonables, como mover la Secretaría de Marina a Veracruz.
En 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines propuso una Marcha al Mar que no llegó muy lejos. Ante el sismo de 1985, el presidente Miguel de la Madrid propuso descentralizar secretarías, y no pasó de mover Capufe a Cuernavaca y el INEGI a Aguascalientes; mudanzas que tomaron años y nunca terminaron. Quedó una guardia en la capital para lo que se ofreciera, pero se ofrecían tantas cosas que la guardia acabó hinchándose. Lo que se ganó fue un ajetreo interminable entre la sede y la capital.
El problema de fondo es que el secretario de Marina, por ejemplo, tiene que tratar con el presidente y los funcionarios de la Presidencia; con la Cámara de Diputados (para gestionar su presupuesto) y la Secretaría de Hacienda (para ejercerlo); con la Defensa (para acciones armadas) y con Seguridad, Gobernación, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, Turismo, Contraloría, la Suprema Corte, etc. Todo más complicado desde diez ciudades distintas.
Se han creado delegaciones estatales de cada secretaría para que las decisiones se tomen localmente. Pero, en vez de simplificar, complicaron. Los proyectos hidráulicos, por ejemplo, dependen de varias secretarías. Entre los secretarios, sus delegados y el gobernador (cuando no otros gobernadores interesados y hasta el presidente), se enreda la madeja de quién decide qué y quién se adorna cómo.
Eliminar a los delegados de las secretarías, como ahora se propone, es una buena idea. Pero sustituirlos por uno de la presidencia acentúa el centralismo. Los superdelegados serán "gobernadores" paralelos, con mandato del centro, no del voto local.
Dispersar las secretarías es complicar los nexos operativos. También romper vínculos personales.
Es común que los empleados públicos tengan otro empleo o estudien, además de trabajar. Que estén casados con alguien que trabaja o estudia, y tengan hijos en el mismo caso. Que estén pagando la hipoteca de su casa y no quieran perderla. Que tengan familiares necesitados de atención, y no quieran abandonarlos. Y participen en proyectos con parientes, amigos y conocidos. Moverse a otra ciudad puede exigir tantas rupturas y trastornos que resulte preferible renunciar y buscar otro empleo.
Sin hablar de la molestia de la población receptora contra los chilangos invasores y mejor pagados. Perturbarían los mercados locales de sueldos, casas y oficinas disponibles, lugar en las escuelas, personal doméstico, taxis. Generarían inflación.
Mover secretarías a otras ciudades tomaría años. Regresarlas también. No es imposible que, después de perder un sexenio en los trastornos de la dispersión, un nuevo presidente tenga la ocurrencia contraria: perder otro sexenio en el regreso, para imponer la Quinta Transformación.
La oportunidad descentralizadora está en la población con ataduras menos fuertes: los estudiantes universitarios, que son cada vez más. Si recibieran una beca atractiva para irse a estudiar lejos de la capital, muchos la aceptarían. Es una buena edad para crear nuevos vínculos, la edad de los amores juveniles y la exploración de rumbos para la vida. Muchos acabarían casados y quedándose a vivir donde estudiaron.
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Ser o no ser/Eduardo Caccia
REforma, 25 Nov. 2018
Lo saben los criptógrafos y los políticos: el fondo es forma. Y el fondo fue La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, flanqueada por las calles Miguel Hidalgo e Independencia -y, por si faltaran señales- a unos metros de la Plaza de la Liberación y la Plaza de Armas, muy cerca de donde despachará el próximo gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien se plantó en el monumento emblemático del Centro Histórico de Guadalajara, acompañado de liderazgos políticos, empresariales y sociales, para reclamar a López Obrador respeto a la autonomía y soberanía del estado.
Lo saben los lectores de buena literatura e historia y los escritores y grandes narradores: el hilo de tensión se sostiene -entre otros recursos- con los antagónicos. Qué sería de Los Miserables sin Jean Valjean huyendo del implacable Javert, qué sería de Hamlet sin el lance definitivo de Laertes para desencadenar los hechos, qué poco recordaríamos la hazaña de David sin un formidable Goliat enfrente, qué habría sido de Don Quijote sin la rivalidad de Sansón Carrasco; todos ellos hacen que la narrativa tenga sentido y sea memorable. Lo saben también quienes estudian aeronáutica: los aviones (que por cierto, no se repelen) despegan con el viento en contra.
"No estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el pacto federal y el orden constitucional", le dijo el futuro gobernador de Jalisco al Presidente electo de México y le pidió tres cosas: que se incluyan los proyectos prioritarios que ha planteado la próxima administración estatal en la propuesta de presupuesto federal, omisión que es considerada "una falta de respeto para Jalisco, en tanto estado soberano y firmante del pacto federal".
En segundo lugar, Alfaro argumentó, con lógica implacable, en contra de la figura de los superdelegados: "...es imposible construir un modelo de cooperación y entendimiento entre la Federación, el estado y los municipios, sustentado en la falta de respeto a las autoridades que, al igual que usted, fueron electas democráticamente por el pueblo de Jalisco. Las autoridades estatal y municipales electas no somos 'invitados' a la mesa de seguridad; somos los responsables de la seguridad en nuestro estado, por mandato constitucional. El gobierno de la República puede plantear un nuevo modelo en materia de seguridad, sí. Pero ni el gobierno de la República, ni la Cámara de Diputados pueden pisotear la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así de claro".
Los argumentos del gobernador electo son contundentes, su reclamo debería tener eco en otras entidades; cuando lo que está en juego es la esencia misma del federalismo ante un intento de control excesivo y (hasta hoy) ilegal por parte del futuro presidente de la República. El tercer punto no es menos relevante: "nosotros no estamos de acuerdo con su política de perdón y olvido a los corruptos de este país". El combate a la corrupción, bandera y eje de la campaña lopezobradorista, está en entredicho con la declaración del Presidente electo de que habrá perdón y olvido para los actos de corrupción anteriores a su gobierno. Es, además, una franca invitación al latrocinio en los días restantes de la presente administración. AMLO ha creado un oxímoron nacional: quiere combatir la corrupción perdonando a los corruptos.
No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Alfaro: "En Jalisco vamos a castigar a los corruptos con o sin el aval del gobierno federal. En Jalisco los corruptos irán a la cárcel, no de vacaciones". Una verdadera batalla contra la corrupción requiere las señales adecuadas, el día en que en este país veamos al cargo público de mayor rango tras las rejas (luego de comprobarse su culpabilidad), ese día iniciará la verdadera campaña anticorrupción.
En medio de una batalla decisiva por su vida, Hamlet habla para la posteridad literaria en un monólogo épico, definitivo para la condición humana: "Ser o no ser, ése es el punto. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?". Cuando está de por medio el pacto federal de la nación, el respeto a la soberanía de los estados, la batalla no es menor.
El futuro gobernador de Jalisco ha escogido ser.
@eduardo_caccia
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Brexit: un mal acuerdo/Isabel Turrent
Reforma, 25 Nov. 2018
Sólo a algunos brexitistas, a los más irracionales o a quienes tienen una agenda que poco tiene que ver con la defensa de los mejores intereses de Gran Bretaña, les alegró el acuerdo imposible entre el gobierno de Theresa May y la Unión Europea (UE) que se dio a conocer hace unos días. Steve Baker, que luchó en 2016 por un Brexit duro y encabeza con Jacob Rees-Mogg un grupo de parlamentarios ultraconservadores, festejó el "caos" que generaría el rechazo del acuerdo en el Parlamento y anunció la caída de Theresa May -iniciativa que fracasó, por cierto-. Y Boris Johnson, que participó en la campaña de 2016 prometiendo lo imposible y tiene aún la mirada puesta en el 10 de Downing Street, rechazó el acuerdo como una forma de vasallaje.
Ellos, los eternos euroescépticos del Partido Conservador, son los principales responsables de Brexit y sus consecuencias. Tomaron como rehén a David Cameron, un primer ministro tan preocupado por gobernar con el respaldo de un partido unido a sus espaldas que, para apaciguar a los rebeldes euroescépticos, convocó a un referéndum para decidir un asunto tan fundamental para el país como la pertenencia de Gran Bretaña a la UE.
Brexit ganó y Cameron dejó a su sucesora, Theresa May, la tarea titánica de llegar a un acuerdo, lo menos costoso posible para Gran Bretaña, con la Unión Europea. El acuerdo, que ha llevado más de dos años de negociación, es un ladrillo de 585 páginas -más una breve declaración política que revisarán en Bruselas, en estos días, los 27 miembros restantes de la UE y Theresa May-. Pase lo que pase allá, el acuerdo ha recibido una condena casi unánime en el país.
Los euroescépticos conservadores lo han condenado para defender sus intereses sectarios e impedir que pase por el Parlamento. En un último acto suicida prefieren abandonar la UE sin ningún acuerdo. Los laboristas, con Jeremy Corbyn a la cabeza, lo han rechazado con la esperanza de que el fracaso de May derive en una elección general que los lleve al poder.
Los moderados de todos los partidos y una buena parte del electorado han sufrido el impacto del choque de la realidad con las promesas del futuro radiante de los brexitistas en 2016. Un futuro radiante que existía solamente en sus fantasías. El acuerdo es la realidad: Inglaterra no se transformará de golpe ni en una potencia, ni en el Singapur de Occidente; no podrá firmar acuerdos comerciales con otros países hasta 2021, y la UE decidirá cuándo y cómo negociará un nuevo tratado de comercio con Gran Bretaña.
El único logro de Theresa May fue que la UE aceptó que en el futuro Londres restrinja la inmigración proveniente de Europa. El resto del farragoso acuerdo establece el costo del divorcio entre la UE e Inglaterra -porque Brexit es básicamente un asunto inglés-; el status que tendrán los europeos que viven en Gran Bretaña y los británicos que residen en Europa y un acuerdo (llamado backstop) que colocaría por un tiempo al país bajo las reglas de la unión aduanera de la UE para evitar una frontera dura entre Irlanda, miembro de la Unión, e Irlanda del Norte, parte de Gran Bretaña. El resto, desde el asunto de la pesca en aguas británicas, hasta el status de Gibraltar y la cooperación militar y de inteligencia, está por negociarse.
Es un muy mal acuerdo. Pero la alternativa -abandonar la UE sin acuerdo- es aún peor: la receta perfecta para el caos y la recesión. Por ello, una tercera propuesta, marginal hasta hace unas semanas, ha cobrado fuerza: la convocatoria a un nuevo referéndum que daría al electorado, no dos, sino tres alternativas. Votar sobre el acuerdo de May, el no acuerdo, o a favor de permanecer en la Unión Europea.
El movimiento que promueve la iniciativa -Voto Popular- está poblado de jóvenes, sabios en el uso del Internet; no está asociado con ningún partido político, ni tiene un líder visible. Ventajas en una atmósfera política tan polarizada. El 14 de noviembre organizó una marcha que sacó a la calle a cerca de 700 000 partidarios de Gran Bretaña en Europa. Días antes, la mejor versión de Boris Johnson, su hermano Jo, renunció a su cargo de Ministro de Transportes para luchar por el nuevo referéndum, y políticos de todos los partidos lo han apoyado.
Es el único camino para que el electorado corrija o ratifique, frente a la realidad de los costos de Brexit, el resultado de la consulta manipulada de 2016.
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Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
Los especialistas alzan la voz Rechazo al "punto final” lopezobradorista/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La propuesta del presidente electo de “perdonar” a políticos que incurrieron en actos de corrupción en el pasado no ha sido bien recibida por litigantes, especialistas ni por miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. Para algunos, esa especie de “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México. El ómbudsman nacional precisa que la corrupción –en tanto que afecta al erario– genera víctimas, es decir, todos los mexicanos.
El ánimo del presidente electo es perdonar actos de corrupción del pasado a cambio de la estabilidad; es otra propuesta de amnistía que no pasa de una voluntad política, porque ya hay denuncias que deben seguir siendo investigadas, a menos que opte también por el control de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. En tal caso, la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción sería un fracaso, porque significaría una amnistía no declarada a los corruptos, advierten litigantes, especialistas y miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El presidente electo abrió una nueva controversia la semana pasada cuando declaró profusamente a la prensa su deseo de poner “punto final” a los casos de corrupción del pasado. El término aludió a las leyes de punto final que existieron durante 20 años en Argentina para detener los procesos penales y exculpar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Ante la magnitud de la corrupción en México, que en las mediciones internacionales destaca como uno de los países con más baja calificación, la intención del próximo mandatario movilizó incluso al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo que los actos de corrupción representan una violación a los derechos humanos de todos los mexicanos.
En el Índice Global de Corrupción de Transparencia Internacional, la evaluación de México ha caído de manera consistente. En el reporte dado a conocer en febrero de este año apareció en el lugar 135 de 180 países. Está entre los peores de América Latina, y junto con Rusia es el peor evaluado del Grupo de los 20 (el de las economías más grandes del mundo) y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo el viernes 23 en España que México ya tiene los procedimientos “legales, formales e institucionales” para actuar contra los corruptos: “Lo que hay que hacer es aplicar esos códigos y esas leyes”.
La propuesta de “punto final” de López Obrador se añadió a la polémica desatada horas antes, cuando el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que va a sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR), y que le da al próximo presidente la facultad de elaborar una terna para que la Cámara de Senadores, controlada por Morena, designe a quien será el fiscal general –y de quien dependerá el fiscal anticorrupción– los próximos nueve años.
Lo que pase con la FGR y el fiscal anticorrupción va a marcar a la Cuarta Transformación, asegura José Octavio López Presa, del Comité de Participación Ciudadana del SNA, la instancia de coordinación de los tres poderes y de las autoridades federales y estatales para el combate a la corrupción, pero cuya operación depende de la designación y grado de operación de ambos fiscales.
Estefanía Medina, cofundadora y directora del despacho Tojil Estrategia Contra la Impunidad, especializado en ese rubro, dice que el “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México.
“El borrón y cuenta nueva, con el sistema de impunidad del que venimos, no va a significar un cambio”, dice la abogada, quien ahora tiene en tribunales dos casos emblemáticos de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la reducida pena de nueve años para el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, pese al millonario desfalco al erario, y la llamada “estafa maestra”, que involucra a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en las gestiones de Rosario Robles.
“No alcanzarían las cárceles”
El presidente electo venía de un amplio rechazo a su propuesta de militarizar la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional (Proceso 2194), cuando en un recorrido de entrevistas en medios electrónicos salió a colocar el tema del perdón a los grandes corruptos.
La noche del lunes 19, al participar en el programa Tercer Grado, de Televisa, dijo que el problema de la corrupción en México es tan grande que no alcanzarían ni las cárceles ni los juzgados. “Si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba, de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación… es apostar a la discordia”.
Al día siguiente –luego de hacer una guardia de honor para el expresidente Francisco I. Madero y el exvicepresidente José María Pino Suárez, en el aniversario de la Revolución–, reiteró su postura y dijo que como no es cacique ni “aspiro a ser un dictador”… no se darán órdenes a los poderes Judicial o Legislativo para que detengan procesos iniciados, pero que hacia adelante “ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto”.
Con el tema ya puesto en la discusión pública, lo amplió en una entrevista, el miércoles 21, en el programa Aristegui Noticias, donde fue más explícito: “Si se trata de juzgar y de abrir expedientes tendríamos que comenzar con los de arriba. Ese es el cambio”.
–¿Y porque no? –le preguntó Carmen Aristegui.
–Porque sería conspirar en contra de la estabilidad política del país. Desatamos… Nos empantanamos. Se suelta la confrontación entre los mexicanos. Tendrías que enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto.
Ante lo controversial de su propuesta, dijo que podría someterla a sus consultas populares. Incluso planteó al aire la pregunta: “¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros ilícitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Si o no?”
El abogado Ulrich Richter Morales, quien ha llevado casos de libertad de expresión como el de la esposa del expresidente Vicente Fox, Marta Sahagún, contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat, observa que muchos de los delitos de corrupción ya habrían prescrito en el caso de los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y parcialmente en el de Vicente Fox. De ser el caso, aún se podría consignar a funcionarios de Felipe Calderón y, desde luego, al del saliente Enrique Peña Nieto.
Dice que de acuerdo con el Código Penal Federal, los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito se castigan con penas que van de entre dos y 14 años; escenario en el que podrían estar algunos funcionarios del gobierno de Fox si hubieran cometido esas faltas a la ley. El periodo se amplía a 15 años cuando se trata de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Autor de El ciudadano digital, Richter antepone la existencia de una FGR y una fiscalía anticorrupción autónomas e independientes para un efectivo combate a la corrupción, y afirma que en el caso de que se dejen de investigar delitos de corrupción, la responsabilidad no sería del presidente de la República sino de las fiscalías.
En otra entrevista, el jueves 22 en Milenio, López Obrador informó que el 21 de marzo se hará la consulta sobre el juicio a los expresidentes, la Guardia Nacional y su consejo económico asesor, en el cual participan los empresarios televisivos Ricardo Salinas, de TV Azteca; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; y Olegario Vázquez, de Grupo Imagen, entre otros a los que llegó a considerar parte de “la mafia en el poder”.
Sobre la consulta, Richter dice que aunque “el pueblo tiene sed de justicia”, en un estado de derecho se juzga con base en una investigación apoyada en pruebas.
José Octavio López Presa, quien a partir de febrero asumirá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del SNA, indica que la idea del “punto final” es más un mensaje político que jurídico, porque las denuncias e investigaciones que existen hasta ahora tendrán que seguir.
“Estamos en un estado de derecho. Esto no puede ser de ninguna manera la voluntad autoritaria de una persona. El Ministerio Público, ahora en la PGR, está obligado a agotar todos los procedimientos si hay denuncias presentadas contra servidores públicos” del gobierno federal, dice.
Primer director ejecutivo de Transparencia Internacional Capítulo México, consultor externo de la OCDE en 2005 en el tema de conflicto de interés y subsecretario de la desaparecida secretaría de Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, interpreta que la propuesta de López Obrador va encaminada a “poner fin a la politización” de las investigaciones por corrupción.
Eso es lo que hay que acabar. Eso supone que la fiscalía tiene que ser totalmente independiente, dice en entrevista el también consejero fundador de la organización no gubernamental Causa en Común, dedicada a asuntos de seguridad y justicia.
–¿Qué garantías hay de que se investigue, ya no los pasados, sino los eventuales actos de corrupción en el próximo gobierno, si el fiscal general va a ser propuesto por el presidente?
–El próximo presidente tiene que reflexionar bien. Está en un momento histórico: poder ser el primero en crear una fiscalía verdaderamente independiente en México. Puede ser un enorme legado de la Cuarta Transformación. Si no lo hace, no le vamos a creer y esa transformación habrá fracasado en eso. Es una decisión histórica que depende del futuro presidente como de su partido en el Congreso de la Unión.
Abunda: “Si él insiste en designar a alguien a modo, habría enorme sospecha sobre la posible politización de la FGR. Además, tiene que poner el ejemplo a nivel nacional. Si no pone una fiscalía autónoma, con qué derecho le va a decir a los gobernadores que no hagan lo mismo”.
Hay que lograr la independencia de las instituciones del SNA, incluida la FGR, y de los sistemas estatales, insiste.
“Estamos en una inercia donde se tiene la tendencia de que los gobernadores o congresos quieren seguir poniendo en los puestos clave del SNA o los sistemas estatales a personas a quienes ellos puedan controlar. Esto tiene que acabar.”
A pesar de que López Obrador no se ha referido al SNA, dice que la futura secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, pretende fortalecer la participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que el futuro subsecretario, Roberto Salcedo Aquino, conoce cómo se ha construido el sistema. Eso puede ser una ventaja, pero lo indispensable es la auténtica autonomía e independencia de la FGR, insiste.
Falta de voluntad
Estefanía Medina asegura que hasta ahora en México ha existido “una amnistía no anunciada” por la incompetencia y falta de voluntad para investigar la corrupción. No es necesario anunciarla. En los hechos existe.
Asegura que una de las principales narrativas del futuro gobierno es que va a entrarle al tema de la corrupción. Si es así, debe tener un plan integral de combate a ese problema. No se agota en lo penal. Si opta por “el borrón y cuenta nueva”, estaría mandando el mensaje de continuar con la impunidad generalizada que ya vivimos.
En ese caso, dice, lo primero que va a ocurrir es que la gente verá que no pasa nada. No habrá ninguna consecuencia, ninguna transformación ni nada que lleve a inhibir esa práctica. Luego, podría venir un gran desencanto de la sociedad por no tener resultados concretos en un tema que nos coloca en una condición penosa ante el mundo.
Considera que el combate a la corrupción no depende sólo del Poder Ejecutivo, pero que ante una probable intervención de éste en la actuación de la FGR, los poderes Legislativo y Judicial estarán más obligados a actuar ante el tema.
El Poder Judicial tendría que mantenerse fuerte ante las actuaciones de la FGR y el Legislativo aún tiene mucho qué hacer en la materia.
El Congreso, ahora dominado por Morena, tiene la gran tarea de fusionar las reformas del sistema de justicia penal de 2008 y las que crearon, entre 2014 y 2016, el SNA. Si esa mayoría quisiera avanzar contra la corrupción tendría que fusionar ambas reformas para que se complementen, porque ahora van por caminos separados, asegura la directora de Tojil, palabra maya que significa lo justo o lo correcto.
“Sea quien sea el fiscal general, el tema está en la estructura y construcción de la Fiscalía, incluida la fiscalía anticorrupción. Las últimas declaraciones (del presidente electo) nos han preocupado mucho. Lo que nos queda es seguir impulsando esos litigios. Por parte de la sociedad no hay amnistía”, afirma.
A la polémica propuesta de López Obrador también reaccionó la CNDH. Su presidente, Luis Raúl González Pérez, afirmó que los actos de corrupción también generan víctimas: “Se trata del erario y las víctimas son los mexicanos. Entonces (el perdón a los corruptos) es un tema que debe analizarse con ponderación”.
Aunque dijo coincidir con el presidente electo en el tema de combatir la corrupción, “tenemos que ver cómo compatibilizarla para que la impunidad se acabe y sea una garantía de no repetición de esos actos, que haya consecuencias jurídicas”, declaró el viernes a la prensa.
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Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
Videgaray, el operador: Carlos Navarrete Presunto pacto AMLO-Peña Nieto/
ÁLVARO DELGADO
La polémica amnistía ofrecida por Andrés Manuel López Obrador a la clase gobernante –gracias a la cual Peña Nieto y sus colaboradores se irán con la tranquilidad de que nadie los investigará– fue amarrada, según Carlos Navarrete, expresidente del PRD, mediante un presunto “pacto” entre el presidente electo y el saliente, en el que el operador fue Luis Videgaray. Pero ese perdón no es nuevo en la agenda del tabasqueño. De hecho, lo anunció desde 2010 en su libro La mafia que se adueñó de México.
La amnistía de Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno para no ser investigados por corrupción es producto de un pacto entre ambos, y el operador para concretarlo fue el canciller Luis Videgaray, asegura Carlos Navarrete, expresidente del PRD.
Ese acuerdo se formalizó en plena campaña electoral en una reunión entre López Obrador y Videgaray, previo al segundo debate de los candidatos presidenciales, el 20 de mayo, precisa Navarrete y afirma que a eso obedece la “transición de terciopelo” tras las elecciones y que incluye la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
“Es un guion que pactaron para sus decisiones: el repliegue de Peña Nieto está pactado, el despegue de Andrés Manuel está pactado, la amnistía está pactada. Peña Nieto se podrá ir sin ningún problema y su gabinete también. El presidente podrá tomar sus decisiones. No le han puesto ni un obstáculo del tamaño de una canica. Nada. Todo camina. El fraseo con el presidente: ‘Es un demócrata, es respetuoso de la ley, el país está muy bien’. Todo pactaron con guion.”
–¿Incluyendo la cancelación del aeropuerto?
–Incluyendo el aeropuerto: “Esa es tu decisión, presidente”.
En entrevista con Proceso, el 29 de octubre y el viernes 23, el exsenador no revela sus fuentes, pero garantiza que Videgaray aconsejó a Peña actuar igual que ante el inminente triunfo de Donald Trump, porque el candidato priista, José Antonio Meade, no le ganaría a López Obrador.
“Videgaray le dice: ‘Presidente, va a ganar (López Obrador). Así como te dije que iba a ganar Trump y que había que platicar, te digo que va a ganar Andrés.’ Y platicó. Por eso la transición de terciopelo.”
–¿Lo sabe usted de cierto?
–Por supuesto. No te puedo decir las fuentes.
–¿Pero cómo fue la negociación?
–Videgaray y Andrés.
–¿Se reunieron personalmente?
–Sí. Videgaray, que es un témpano para tomar decisiones, le dijo al presidente: “No hay forma. La tendencia es imparable y con el nuestro no hay forma”.
Precisa: “Estamos hablando de antes del segundo debate. Ya Andrés había mando tres mensajes antes sobre la amnistía, sobre el borrón y cuenta nueva y no había tenido respuesta en Los Pinos. Les dijo en un discurso, se los dijo en Acapulco con empresarios. Y Peña Nieto decía: ‘Quién sabe’”.
Además del crecimiento de López Obrador y el estancamiento de Meade, otro elemento que gravitó para la consecución del acuerdo fue la amenaza que lanzó Anaya, el 5 de marzo, de encarcelar a Peña si se comprobaba que había cometido graves actos de corrupción y que para ello crearía una comisión de la verdad.
“Ese fue el último elemento que los convenció”, subraya Navarrete, a quien sus fuentes del gobierno le recordaron que, hacia el segundo debate de los candidatos presidenciales, en Tijuana, todas las encuestas marcaban una amplia ventaja para López Obrador. Por ejemplo, Reforma le daba 48 puntos por 30 de Ricardo Anaya y 17 de Meade, mientras que Mitofsky registraba 44, 28 y 19 en ese orden.
Miembro de la corriente Nueva Izquierda del PRD, que encabeza Jesús Ortega, y uno de los artífices de la alianza con Anaya y el PAN, Navarrete insiste en que incluso la cancelación del NAIM forma parte del pacto de López Obrador con Peña.
“¿Se ha escuchado una opinión de alguien del gabinete, salvo la de Enrique de la Madrid, que se brincó las trancas y opinó en redes sociales para no usar la Secretaría de Turismo? Fue el único. Nadie del gobierno ha salido para defender Texcoco. ¡Está pactado!”
–¿Aunque sea la obra emblema de Peña?
–Es preferible la tranquilidad.
–¿La impunidad?
–Impunidad. El borrón y cuenta nueva es en serio. Es en serio.
Acuerdo “transparente”
Navarrete asegura que él se enteró de este acuerdo a finales de julio, pasada la elección, en una comida con “un alto funcionario del gobierno” de Peña, cuya identidad se comprometió a no revelar.
El primer punto del acuerdo, según él, fue la petición de López Obrador a Peña de no intervenir en la elección, como lo hizo Vicente Fox en la de 2006 para imponer a Felipe Calderón: “Desde Los Pinos”, recuerda Navarrete, “habían operado con gobernadores, con medios, con guerra sucia, con recursos, con todo”.
El segundo punto, añade, fue que reconociera su triunfo de inmediato para evitar un conflicto poselectoral y el tercero, una transición estable, de julio a diciembre, para asumir decisiones antes de tomar posesión.
“Para la contraparte (de Peña) no fue menor el acuerdo: ‘No te preocupes: no habrá una cacería de brujas ni habrá fincamiento de responsabilidades. A partir del 1 de diciembre empieza una nueva etapa’.”
Y aclara: “Por cierto, nada diferente a lo que le había dicho Andrés públicamente. En esa materia hay que reconocer que ha sido bastante transparente. No es un acuerdo soterrado, no; se los mandó decir públicamente. Y después lo concretó en marzo y el contacto se mantuvo con él permanentemente.
“¿Qué ocurre ahora? Todo es perfectamente lógico con un acuerdo de esa naturaleza: El aeropuerto, lo de Javier Duarte, que es un chivo expiatorio, lo de Rosario Robles, que es cosa secundaria. Son señales para Peña: ‘Yo voy a cumplir el acuerdo’. Eso es lo que yo conozco.”
–¿Qué revela este acuerdo si López Obrador lo ofreció públicamente y lo está cumpliendo?
–Revela una decisión política: Llegar al poder mediante un acuerdo con el viejo régimen. Y a partir de la llegada, intentar instaurar un nuevo régimen con todo el poder concentrado en sus manos, sin obstáculos de los personeros perdonados mediante un acuerdo de impunidad.
–Pero también Anaya quiso pactar con Peña.
–Nunca prosperó ese intento. Nunca hubo interlocución, nunca hubo operadores, nunca hubo apertura.
En efecto, a lo largo de la semana pasada López Obrador reiteró su amnistía a Peña y a todos los funcionarios de su gobierno que hayan incurrido en corrupción, pero también incluyó en el paquete de impunidad a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
En un circuito de entrevistas en Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión, así como con las conductoras Carmen Aristegui y Azucena Uresti, aseguró que no alcanzarían las cárceles para meter a tantos corruptos y que, de proceder contra éstos, se generaría una confrontación entre mexicanos que empantanaría su proyecto de transformación –“sería conspirar contra la estabilidad política”–, algo que ya había planteado en su campaña y aun antes.
La “amnistía anticipada” la ofreció en 2016, en una conferencia que pronunció ante empresarios en Acapulco, y también la planteó por escrito, desde 2010, en su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012.
Aun así, propuso que el enjuiciamiento a expresidentes y corruptos sea parte de la consulta que se llevará a cabo el 21 de marzo del próximo año, ya reformadas la Constitución y la ley para que sea organizada por el Instituto Nacional Electoral, cuando también se pregunte si se avalan la Guardia Nacional y el consejo asesor integrado por magnates.
El “pacto de impunidad” con Peña fue una imputación que hizo el excandidato presidencial Anaya a López Obrador, quien desde el año pasado aseguró que un grupo de magnates, encabezados por Claudio X. González, le pidió al presidente cerrarle el paso.
Hace casi dos años, el 31 de enero de 2017, López Obrador afirmó en un video que un amigo de Peña le contó que González fue a pedirle que evitara su triunfo, porque es “un peligro para México”.
“Este personaje, Claudio X. González, fue el que actuó, entre otros, junto con Fox, para cometer el fraude electoral y miren en qué situación está el país”, recordó López Obrador, quien también evocó que el hijo del mismo nombre del magnate, propietario de Kimberly Clark de México, preside Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
“Pero lo que es chistoso es la contestación de Peña. Esto me lo transmitió un amigo de Peña.
“Palabras más, palabras menos, Peña le dijo: ‘Mira éstos, me acusan de ratero (el hijo de Claudio X. González tiene una asociación –son de esas cosas kafkianas–, la familia X. González, para combatir la corrupción) y vinieron a pedirme que yo evitara que Andrés Manuel ganara la Presidencia. Me acusan de ratero y corrupto en su asociación y ahora quieren que yo me robe la elección presidencial’.”
López Obrador dijo en ese video, sobre la petición de González: “No cabe duda de que son siniestros. Y fíjense lo que son las cosas: Coincido con Peña Nieto. Es lamentable que estos personajes estén conspirando contra la democracia en nuestro país. Ojalá cambien de modo de parecer, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que dejen que el pueblo de México elija libremente al próximo presidente de la República. Además, no lo van a poder evitar. Vamos a ganar la Presidencia”.
“Amnistía” desde 2010
Medio año antes, el 11 de agosto de 2016, López Obrador ofreció, de manera inequívoca, una “amnistía anticipada” al “grupo en el poder”, en el mensaje que pronunció al participar en el ciclo de conferencias “Era Familiar Princess 2016”, en Acapulco, en el que participaron también, por separado, Margarita Zavala y Carlos Salinas.
“Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza.”
En una ponencia de 18 cuartillas denominada “Cambio y porvenir de México (una visión hacia el 2018)”, López Obrador recordó que en 2006 ofreció también una amnistía a la “mafia del poder”:
“Aquí es oportuno volver a responder sobre el trato que recibirán los integrantes de la mafia del poder cuando triunfe nuestro movimiento. Es indispensable contestar puntualmente esta pregunta porque, en nuestra concepción, el principal problema de México es, precisamente, el predominio de un puñado de personajes que detentan el poder, formal o informalmente, y son los responsables de la actual tragedia nacional.
“Y como es obvio, si estamos empeñados en establecer la democracia y transformar al país, es mejor que desde ahora se sepa qué haríamos con los corruptos y traficantes de influencias, al triunfo de nuestro movimiento.”
Como en 2006, puntualizó: “De nueva cuenta les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie”.
Añadió: “Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie. Sencillamente deseamos lograr el renacimiento económico, social, político, pero, sobre todo moral de México. Dicho de otra forma, se trata de inaugurar una etapa nueva de la vida pública del país, con un presidente que no esté subordinado a ningún grupo de interés creado y que sólo tenga como amo, al pueblo de México.
Y rubricó: “Respetamos a quienes sostienen la máxima de ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Podríamos decir: olvido no, perdón sí. En esta virtud, igual que en la honestidad, reside la esperanza de un mejor porvenir. Si hacemos a un lado el odio y optamos por el perdón, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor”.
En su mencionado libro incluyó un capítulo para plantear a los integrantes de la oligarquía que, de ganar, no habría represalias: “Declaramos esta amnistía anticipada”, escribió, “porque lo que se necesita es justicia, no venganza, y ellos tendrán que entender que ningún grupo, por importante y poderoso que sea, puede seguir conspirando contra la paz social. Nada ni nadie puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo”.
Como si diera por hecho que ganaría, López Obrador escribió en el libro, editado en junio de 2010, que en el nuevo gobierno democrático se garantizarán las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga.
“Pero, obviamente, todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a reglas claras; se podrán hacer negocios, pero no habrá influyentismo, corrupción ni impunidad; el presupuesto será realmente público; se le dará preferencia a los pobres; se cuidarán los recursos naturales; la riqueza de la nación. Y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia; pagarán las impuestos los que más tienen y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión y la miseria de muchos.”
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Tensión legislativa Entre la Guardia Nacional y el presupuesto/
JESUSA CERVANTESç
Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
La discusión sobre la Guardia Nacional y la propuesta de que sea encabezada por un militar exacerbó los ánimos de los diputados. A la bancada de Morena le importa sobremanera sacar la iniciativa antes del 31 de diciembre, tarea casi imposible ante la estrechez de los tiempos legislativos; lo más seguro es que la nueva corporación con la que Andrés Manuel López Obrador intentará combatir la inseguridad en el país quede constituida entre febrero y abril de 2019. Por lo pronto, la rispidez legislativa ya afectó el debate sobre el Presupuesto de Egresos para el año entrante, que en teoría debe estar listo el 16 de diciembre.
La discusión en torno a creación de la Guardia Nacional se entrampó en la Cámara de Diputados, donde Andrés Manuel López Obrador protestará el próximo 1 de diciembre, por lo que el mandatario tomará las riendas del país sin el “arma” con la cual intentará combatir la inseguridad que tiene postrada a la nación y estará encabezada por un militar.
El retraso en el anuncio del Plan Nacional de Seguridad del próximo gobierno, en medio de las críticas por la decisión de AMLO de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pospuso el debate en torno a la Guardia Nacional, que se entrampó a su vez en el debate sobre la distribución del dinero público.
Esa demora legislativa calentará aún más las discusiones y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, raíz del cual se prevé que los recortes al campo, universidades, agua, gobiernos estatales y municipales provocarán jaloneos.
Y aun cuando el grupo parlamentario de Morena pretende aprobar antes del
31 de diciembre los cambios constitucionales que posibilitan modelar la nueva institución de seguridad que desea el gobierno de López Obrador, la oposición pronostica iniciar la discusión en enero y llevarla al pleno hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, entre febrero y abril.
Morena requiere 366 votos para cambiar la Constitución y crear la Guardia Nacional. Con el apoyo de los partidos del Trabajo y Encuentro Social alcanzaría 314. Si se le suma el Verde Ecologista llegaría a 325, por lo que requiere negociar 41 sufragios con la oposición.
En entrevistas por separado, legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) sostienen que en su primer análisis se ubica el rechazo a la Guardia Nacional porque la encabezará un mando militar. Los panistas aún no se definen, mientras que el PRD coincide con los primeros. Falta convencer a los morenistas que se resisten al mando militar.
Si no se logra aprobar la conformación de la Guardia Nacional antes de la discusión del PEF 2019 no figurarán en éste recursos para la nueva corporación. Sin embargo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, comenta que se puede salvar el escollo fijando recursos en un apartado llamado “provisiones”.
–¿No aprobar la Guardia Nacional meterá presiones a la discusión del presupuesto, o podrá ser usada como moneda de cambio por la oposición, como, por ejemplo: “Te apruebo la Guardia el año que entra si me apruebas más recursos para mis gobernadores”? –se le pregunta a Ramírez Cuéllar.
–De todos modos ya hay presiones de muchos sectores y de los organismos del gobierno.
Por lo pronto, la no aprobación de la Guardia Nacional complicó aún más la discusión sobre el PEF 2019 y deja a López Obrador sin una de sus armas para abatir la inseguridad… por lo menos durante los primeros meses de gobierno.
Cámara rebasada
El 20 de noviembre de 2017, cuando presentó su Proyecto de Nación, AMLO hizo referencia a una Guardia Nacional, pero sin ahondar en detalles. Hubo quien pensó que ésta operaría bajo la égida civil, con participación del Ejército y la Marina.
Pero apenas 11 días después de su arrollador triunfo y con bancadas robustecidas, senadores y diputados de Morena escucharon las 12 “consideraciones” de reformas que AMLO enumeró el 12 de julio pasado, necesarias todas para echar a andar el Proyecto de Nación, aunque no se incluyó la Guardia Nacional.
Los trabajos legislativos iniciaron el 29 de agosto. Diputados y senadores llevaban buen ritmo para tener todo listo el 1 de diciembre y entregar a López Obrador la estructura legal sobre la cual cimentará los cambios… hasta que se anunció la creación de la Guardia Nacional.
Sólo entonces el ritmo de San Lázaro se desaceleró. El plan previsto para anunciarse el martes 6, se pospuso para el miércoles 14; en el palacio legislativo se hizo imposible sacarlo para antes del 1 de diciembre debido al retraso con el que la iniciativa se entregó a los diputados. Fue hasta el martes 20 cuando se presentó en tribuna el documento para reformar 13 artículos de la Constitución que posibilitan la creación de la Guardia Nacional.
Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dice en entrevista que el dictamen se aprobará en cámara antes del 31 de diciembre, día en que concluye el periodo ordinario de sesiones. “Tengo la obligación de dictaminar lo que se proponga en ese periodo”, comenta la diputada de Morena.
–¿Emitirá su dictamen aunque la consulta se realice el 21 de marzo de 2019?
–Sí. No puedo tener un asunto futuro. No sé si es fecha tajante, pero yo necesito dictaminar lo que se presenta en el periodo ordinario.
La oposición no piensa igual. Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), dice que la discusión en comisiones podría empezar en enero y, como el presidente electo ha dicho que “someterá a consulta (la Guardia Nacional), no creemos que se discuta ahora”.
Y aunque el jueves 22 el morenista Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), declaró que van a tratar de que salga en diciembre, los tiempos legislativos no dan margen para ello, a menos que Morena pretenda sacarla vía fast track; tampoco son suficientes para que los cambios constitucionales se aprueben antes de concluir el año. Tan sólo el miércoles 21 se recibió en Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma constitucional, y el martes 27 la “subcomisión de seguridad” de Puntos Constitucionales “hará un análisis”.
Además, según comentó la diputada Miroslava Carrillo, los integrantes de esa comisión “han manifestado el interés de hacer un conversatorio con analistas y especialistas para que no sólo sean ellos los que dictaminen”.
El problema es que el jueves 22, cuando Morena pudo dispensar la segunda lectura y aprobar el retiro del fuero, incluyendo al presidente de la República, no lo hizo, lo cual retrasó los trabajos. En consecuencia, es factible que el martes 27
la sesión se prolongue, evitando así que la subcomisión de seguridad sesione para definir solamente a quienes invitarán al conversatorio.
Y en medio de la inusitada lentitud de la Cámara, que bien pudo convocar a sesionar el miércoles 28 –las sesiones son sólo martes y jueves–, se desató la ola de críticas a la Guardia Nacional concebida bajo la égida de un militar, sumada a la “confusión” que existe entre algunos legisladores de Morena.
Las explicaciones
El descontento de la población y la “confusión y dudas” de los morenistas llevaron al asesor en seguridad del próximo gobierno, Alejandro Gertz Manero, a encerrarse con los 256 diputados de la fracción de Morena.
–¿Cuál fue la confusión planteada? –se le pregunta a la diputada Carrillo.
–Decíamos: “¿Cómo se le va a hacer para decir si en esta conformación (de la Guardia) no estamos haciendo lo mismo que otros gobiernos?”
–¿Dudas?
–Fueron diversas: Una que llamó mucho la atención es cómo la vas a integrar.
Gertz Manero les explicó que la figura de Guardia Nacional existe desde hace muchos años en la Constitución. “Ahora es nada más darle orden”, dice Miroslava Carrillo, y añade: “En otras administraciones los militares fueron a las calles sin sustento legal. Hoy nosotros se lo queremos dar.
Y aclara: “La formación sí es militar, pero su actividad va a ser civil”.
–¿La actividad es civil pero el mando será militar?
–Son policías militares y para nosotros tomar el ejemplo de esas personas que tienen esa especialidad podría ayudar.
–¿Cuestionaron a Gertz por el hecho de que militares vayan a estar al frente?
–No me acuerdo que haya un tema tan específico, pero en la iniciativa dice que se podrá convocar a la ciudadanía a que forme parte de la policía.
–¿Usted, en lo personal, quiere que la encabece un militar o un civil?
–Civil, civil. El tema es que quien va a ser cabeza de la Guardia va a ser el presidente de la República… él es el jefe del mando de la guardia civil.
–Y, dentro de la Guardia, ¿quiere un civil o un militar?
–Nosotros tenemos que confiar en cómo venga la propuesta. Yo apoyaré todas las actividades que el presidente crea que sean convenientes para la protección de los ciudadanos.
Pero no todos los diputados de Morena piensan igual, como Julio Carranza, diputado por Veracruz: “Estoy en contra de la Guardia y voy a votar en contra. Yo no traigo línea de nadie”.
Y mientras Gertz Manero hizo labor de convencimiento entre los morenistas, Mario Delgado, coordinador de la bancada y presidente de la Jucopo, cabildeó entre las distintas bancadas y les pidió su apoyo.
Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que no se ha acordado nada. “Sin embargo –apunta–, en la Jucopo se nos ha dicho que se trata de una propuesta que trata de hacer frente a la difícil situación que se vive en la mayoría de los estados por la falta de cumplimiento de mínimas condiciones de seguridad, agravada por los asesinatos y otros delitos”.
Atorón
Movimiento Ciudadano está de acuerdo en que haya una Guardia Civil pero bajo mando civil. “No entendemos que tenga como jefe al secretario de la Defensa cuando no tienen entrenamiento ni preparación. Si la mantienen con un tema de militarización, los 28 diputados de MC votaremos en contra”, advirtió el coordinador Tonatiuh Bravo.
El PRI, a través del general de división y presidente de la Comisión de Defensa, Benito Medina, va más allá. Dice que su partido no sólo se opone a la existencia de un jefe militar al mando, pues “dentro de un Estado democrático este tipo de organizaciones no siguen estos patrones… estamos en el ojo del huracán. Esto es inédito y no concuerda con lo que podría ser un Estado democrático”.
–¿A qué patrones se refiere?
–El patrón es que no es precisamente el personal militar en su totalidad; es decir, que asuma el control total de esto… Normalmente es personal civil que tiene algunos mandos militares, nada más. En este caso es todo militar, excepto que también integran a la Policía Federal.
A título personal, no como Sedena ni como PRI, Medina dice estar de acuerdo en que la Guardia sea “mayormente civil”, que el mando “recayera en civiles” y que los militares “actuaran como asesores”, pero “no como una unidad integrada militarmente”.
La discusión de la Guardia se empalmó con el debate del PEF 2019 y el reclamo de más recursos por parte de los gobiernos. El PAN cuenta con 12 gobernadores, al igual que el PRI, y MC tiene sólo un ejecutivo, el de Jalisco. Estos mandatarios son de los partidos a los cuales tendrá que recurrir Morena para lograr los 366 votos que se requieren para la reforma constitucional.
El presupuesto deberá avalarse antes del 16 de diciembre, aunque no se haya creado la Guardia, aclara Ramírez Cuéllar. “Se puede establecer en el decreto de presupuesto un apartado de ‘provisiones’ y con eso se salvaría el escollo”.
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Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
QUIENES llevan cuatro años construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción temen que les pase como al NAIM: que el nuevo gobierno cancele todo lo avanzado y salga con alguna ocurrencia.
CONSIDERAN que no son buenas las señales que han recibido del próximo gobierno, empezando porque Andrés Manuel López Obrador dejó claro hace meses que no quiere una Fiscalía independiente y adelantó una terna con sus propuestas de titular, pese a que ese nombramiento es facultad del Senado.
PERO lo que más les inquieta es que el Presidente electo no muestra interés en los aspectos técnicos del tema, como la integración de expedientes o el diseño de procesos transparentes, por mencionar algunos.
Y ES QUE nomás no hay quien lo convenza de que el combate a la corrupción no es nada más cuestión de voluntad política y de "predicar con el ejemplo".
LA COMIDA de despedida que organizó el presidente Enrique Peña Nieto para sus colaboradores en Los Pinos fue breve, sobria y cuentan quienes asistieron que tuvo una ausencia muy evidente.
AUNQUE se sabe que estaba invitado, el ex secretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, no llegó y dicen que su pretext... perdón, su excusa, fue que tenía un evento familiar.
ENTRE los invitados el tema fue bastante comentado, sobre todo cuando Peña habló sobre cada uno de sus colaboradores y elogió su desempeño, pero omitió cualquier mención a Osorio, como si no hubiera estado la mayor parte del sexenio al frente de la Segob. ¡Ouch!
EN EL EQUIPO de transición en la CDMX hay quienes anticipan que Ernestina Godoy, nombrada por la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, como la próxima procuradora General de Justicia podría durar poco en el cargo.
EL ASUNTO es que la Procuraduría debe desaparecer en los próximos meses para dar lugar a una Fiscalía General en la que Godoy no podría ser titular de acuerdo con la Constitución capitalina.
PORQUE uno de los requisitos para quien busque esa posición es no haber tenido un puesto legislativo en los tres años anteriores a su designación, y Godoy es diputada local con licencia.
DE AHÍ que se calcula que estaría en el cargo hasta marzo y, entonces, llegaría al relevo Patricia Bugarín. Eso si no ocurre que, al hacer la Ley Orgánica de la Fiscalía, la mayoría morenista en el Congreso local le confeccione un traje a la medida a su ex coordinadora para que pueda quedarse como fiscal. Ya se verá.
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Frentes Políticos/Excelsior..
I. A toda prisa. El presidente Enrique Peña Nieto terminará la última semana de su sexenio con agenda llena. Ayer tuvo una comida con los integrantes de su gabinete y con quienes en algún momento colaboraron con su administración. Incluso estuvo presente José Antonio Meade, excandidato presidencial. Fue una reunión privada. En estos seis días que le quedan de mandato, Peña Nieto tiene contemplada su última participación en la cumbre del G-20, en Buenos Aires, Argentina, además de un par de giras al interior de la República Mexicana. El Presidente no quiere despedirse sin haber firmado el acuerdo del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un logro de su gobierno, digan lo que digan.
II. Cuestión de enfoques. A unos días de la transición de gobierno, una de las figuras que predominarán en el próximo sexenio está en plena realización: la consulta. Este fin de semana los mexicanos decidirán la conveniencia del Tren Maya, que beneficiaría a miles de personas en el sureste del país. Pero hay quienes no opinan lo mismo. “La consulta es una tomadura de pelo y una muestra del desprecio a las instituciones”, acusó el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero. Pero no propuso nada, simplemente vertió la crítica, así sin más. Recuerden: sin participación ciudadana, no hay democracia. Y en este México que viene, el pueblo manda. Su rechazo es inútil, las consultas serán el sello. ¡Mejor cooperen!
III. Simulaciones. Ismael Figueroa, líder del sindicato de Bomberos de la CDMX, no entiende. Tras el atentado que sufrió el pasado jueves, y que de acuerdo con el presunto agresor se debía a que éste dio 120 mil pesos a Figueroa por la promesa, incumplida, de otorgarle una plaza, por cierto, confesión que bien puede estar manipulada, ahora la estrategia de defensa de don Ismael es una más de las cadenas de favores, obligados, que exige a sus agremiados. Corrió un mensaje de WhatsApp institucional que decía: “Compañeros, vamos a apoyar a nuestro líder y amigo… realicemos un video de apoyo” a compartirse de forma masiva. Muchos no hicieron caso. Ya esperan su derrumbe.
IV. Dudas. El ahora consultor Rubén Aguilar, otrora vocero en el sexenio de Vicente Fox, compartió que “después de años de no vernos, integrantes del gabinete del presidente Fox nos reunimos en el Rancho San Cristóbal, sólo por el gusto de encontrarnos. Celebramos la amistad”. Lo primero que se preguntaron los internautas fue ¿para qué compartir esta información?, ¿cuál era la razón? ¿Victimizarse y que los trolearan? Algunas preguntas: ¿Platicaron de la gran oportunidad que tuvieron de hacer un cambio en beneficio de México y que la echaron a la basura?, ¿“Por puro gusto”, como la reunión en un departamento de la colonia Del Valle, cuando tramaban el desafuero de López Obrador? A veces, calladitos se ven más bonitos.
V. No hay forma. A pesar de la situación que enfrentan los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, el mandatario estadunidense, Donald Trump, persiste en que no serán admitidos en su país hasta que sus solicitudes de asilo sean aprobadas por la Corte, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter: “Todos se quedarán en México. Si por alguna razón es necesario, cerraremos nuestra frontera sur. No hay forma que Estados Unidos, después de décadas de abuso, tolere esta peligrosa y costosa situación”, sentenció Trump. Y mientras esto sucede, México y su gobierno se han dedicado a asegurar a los migrantes y sus familias las condiciones para tener alimentos, salud y alojamiento. ¡Están varados!
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BAJO RESERVA/EL UNIVERSAL..
** Se jubilan antes de que llegue AMLO
Antes de que les llegue la disminución salarial que impondrá el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, algunos embajadores de carrera han decidido mejor proceder ya a la jubilación y gozar de los privilegios de ésta con las condiciones de sueldo actuales que tienen. Es el caso del ahora ex embajador de México en Noruega Jorge Castro-Valle, quien procedió a su retiro, y el también embajador de México en Perú, Ernesto Campos, quien se despidió de la diplomacia después de más de dos décadas de servicio. Algunos otros diplomáticos de carrera también comenzaron a meter sus papeles para "mejor", dicen, jubilarse de una vez.
** Un regalo de navidad para López Obrador
Nos cuentan que a la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegó un regalo adelantado de navidad. Se trata de una pelota de béisbol firmada por el pelotero Ramón El abulón Hernández, quien jugó por más de 20 años en Los Diablos Rojos de México y quien fue pionero en la lucha de los deportistas contra la explotación de los dueños del negocio detrás del deporte. El presente lo llevó uno de los sobrinos del atleta, nos dicen, para que don Andrés Manuel lo haga llegar a su hijo pequeño, Jesús Ernesto. Gran significado debe tener el obsequio, de un transformador a otro.
Colosio vs. los superdelegados
Durante la Cuarta Asamblea Nacional de Diputados locales de Movimiento Ciudadano, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, fue electo como coordinador nacional, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas. Quien inmediatamente marcó la línea de lo que le tocará combatir, y dijo que ahora más que nunca es el momento de defender la soberanía de los estados y de brindarle apoyo a los municipios del país, sobre todo ahora que "se pretende de manera aplastante asesinarlo". Los superdelegados de Andrés Manuel López Obrador ya pusieron incómodos hasta a los legisladores locales.
Un nicaragüense perseguido… por las cámaras
Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Seguramente es lo que pensó el encargado de Negocios de la embajada de Nicaragua en México, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, quien fue invitado a una celebración en un centro de rehabilitación de adicciones llamado Hacienda Nueva Vida en Ecatepec, Estado de México. El problema fue que quien invitó a medios de comunicación, lo hizo bajo el argumento de que el funcionario nicaragüense en México ofrecería una conferencia sobre migración... Cuando decidió retirarse del lugar, Gutiérrez Madrigal fue perseguido por los medios que le cuestionaron si era el embajador de Nicaragua y él respondió: "No, soy compañero de este centro" y salió corriendo del lugar.
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TRASCENDIÓ/MILENIO
Que quien reapareció en Los Pinos, en la comida ofrecida por el presidente Enrique Peña Nieto a sus colaboradores, fue José Antonio Meade, ex candidato de PRI, PVEM y Panal, quien tuvo un lugar privilegiado, pues el mismo titular del Ejecutivo federal lo colocó en su mesa.
El ex titular de Hacienda fue uno de los más puntuales, pero también uno de los primeros en salir de la casa presidencial después de una comida privada. Por cierto, Meade mantiene el look de la barba crecida que adoptó luego del descalabro en la elección presidencial de julio pasado.
El gran ausente fue el ex secretario de Gobernación y actual líder del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.
Que si bien la lista de invitados para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado es de mil 500, hasta el momento la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha confirmado solo a 864, es decir, poco más de la mitad.
Además, se sabe que la rampa que se construye en las escalinatas del Palacio Legislativo de San Lázaro está destinada, obviamente, para los invitados con capacidades diferentes, pero sobre todo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien es el único jefe de Estado del mundo que usa silla de ruedas.
Los diputados de Morena están en todo y quieren dejar una buena impresión a los visitantes internacionales en el comienzo de la cuarta transformación.
** Que siguiendo con la ceremonia de cambio de poder, que se celebrará en la Cámara de Diputados, se informó que desde hace varios días se enviaron las invitaciones a sus destinatarios.
Solo hay un detalle. No a todos. Algunos invitados a la ceremonia tuvieron que mandar a sus representantes a la casa de transición, en la colonia Roma, para recoger el sobre, que se encuentra sellado y contiene elementos de seguridad para evitar su falsificación.
En el entorno de AMLO niegan que haya invitados de primera y de segunda, y argumentan que los preparativos para la ceremonia absorben las energías y tiempo del equipo de transición.
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SACAPUNTAS/EL HERALDO DE MÉXICO
Suena Seade
Aún como rumor circula en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador que Jesús Seade, quien fue su representante en la negociación del T MEC, será partir del próximo sábado subsecretario para América del Norte, de la Cancillería, que encabezará Marcelo Ebrard. En corto, Seade ni confirma ni desmiente. Pero cuando el río suena...
El artífice del pacto
Ideólogo y articulador del llamado pacto de San Miguel de Allende fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue. Al acuerdo le entraron sus homólogos de Querétaro, Francisco Domínguez; de Aguascalientes, Martín Orozco; y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Es un inicio, nos comentan, de un bloque más grande en pro de la economía de los estados.
** Reunión con la Sedena
En la recta final del conteo para que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de México se afinan amarres en materia de seguridad pública. Ayer en la casona de Chihuahua 216 se reunió con los futuros titulares de la SSP, Alfonso Durazo, y de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Y hoy AMLO sostendrá un encuentro con personal de la Sedena.
** Debuta nuevo líder del SNTE
Se empieza a mover con la clase política el nuevo dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda. Ayer, en la FIL de Guadalajara, estuvo muy contento con la futura titular de Segob, Olga Sánchez Cordero; el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la titular de Cultura, Cristina García Cepeda. En tanto, su gremio pidió a la PGR auditar la gestión de Juan Díaz de la Torre.
El Bronco, domado
Se amansó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Nos comentan que detrás de su llamado a los mandatarios estatales para no confrontarse con el gobierno entrante por el tema de los súper delegados, está el acuerdo al que él llegó con el equipo de transición. Con éste, Judith Díaz, podrá operar sin problemas los programas sociales en tierra regia.
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ROBERTO ROCK L / columna RETRATO HEREJE
EL UNIVERSAL
Peña, Juan Díaz y la entrega de terciopelo
La precipitada renuncia de Juan Díaz a su tambaleante puesto como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cierra un periodo protagonizado por la administración Peña Nieto, que tendrá dificultades para encontrar antecedentes en la historia moderna de las transiciones pactadas.
El mandatario saliente y Andrés Manuel López Obrador, los actores centrales de esta etapa, deberán explicar alguna vez qué pactaron para dar lugar a un gobierno que se sujetó durante sus cinco últimos meses a los dictados del mandatario entrante, pese a qué éste amenazaba con aplastar a la clase política vigente.
Lo que vivimos el jueves último con la crisis en el SNTE fue la más reciente estampa de este proceso. En febrero de 2013, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong -ahora dirigente parlamentario del PRI en el Senado-, coordinó la estrategia para encarcelar a la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Antes de ello pactó con varios dirigentes gremiales, entre ellos Juan Díaz, su traición hacia quien habían jurado lealtad.
Gordillo aún no pisaba su celda cuando Juan Díaz era entronizado como secretario general y también presidente del SNTE, lo que se oponía a los estatutos de la organización. Su mandato concluía en agosto pasado, pero en febrero sometió nuevamente a "tortura" la vida interna del sindicato para ser reelecto. Pero para su caída solo se requirió que la señora Gordillo formalizara su intención de recuperar la dirigencia, lo que atrajo un par de frases anuentes de López Obrador.
Esta historia se suma a la cadena de enigmas en torno a la actitud de Peña Nieto desde la tarde misma de la jornada electoral en la que López Obrador concitó una ola de triunfos en las urnas, que arrancó con la Presidencia, colmó el Congreso federal con legisladores morenistas y se extendió, como viento de fuego, sobre la gran mayoría del país, incluso a regiones en las que el voto por las izquierdas había sido históricamente insignificante.
Peña Nieto y sus principales colaboradores sostuvieron estos largos e intensos cinco meses un perfil por debajo incluso de la discreción, lo que supuso el silencio absoluto ante descalificaciones expresadas por López Obrador y muchos de los que serán los actores principales del próximo gobierno. Estos ataques encontraron en el gobierno saliente un silencio absoluto, que podría ser descrito como pusilánime.
A ello se añadió una clara subordinación para ajustar acciones del gobierno actual a numerosos dictados del presidente entrante, como despidos masivos de personal en múltiples dependencias y ajustes en el presupuesto de 2019, hasta un pasivo aval a leyes promovidas en el Congreso por las nuevas mayorías de Morena.
Ninguna de estas determinaciones han sido combatidas ni con el pétalo de una declaración banquetera, ya no digamos con un comunicado de prensa. Lo que privó en el gobierno, desde Los Pinos hasta el más modesto rincón del gabinete, fue la homogeneidad de la sujeción a lo que dijeran aquellos que no asumirían sino hasta el primer día de diciembre.
No es extraño por todo ello que seguramente hayan prevalecido sentimientos cruzados durante la comida programada ayer en Los Pinos entre los integrantes del gabinete y el presidente Peña Nieto. Este último encuentro formal no solo dejó sin duda el inevitable sabor a nostalgia por el inminente cierre de administración. También debe haber sembrado la duda sobre la postura que asumirá el mandatario saliente una vez que este sábado ceda la banda presidencial para que le sea impuesta a Andrés Manuel López Obrador.
Personajes de distintos ámbitos del sistema PRI -gobernadores, líderes partidistas, empresarios cercanos al oficialismo- han creído encontrar en algunos comentarios privados de Peña Nieto indicios claros de que, una vez concluida su administración esta conducta podría cambiar dramáticamente.
Algunas de esas voces han confiado a este espacio la percepción de que en las primeras semanas de 2019, Peña Nieto abandonará su apego a la transición de terciopelo que dominó su administración a partir de las elecciones, y encabezará las críticas hacia múltiples acciones del gobierno del líder de Morena.
Ello parece contradecirse con lo vivido estos casi cinco meses, por lo que habría que suponer que los eventuales comentarios del presidente saliente en esta línea de pensamiento solo estarán encontrando asidero en los anhelos de sus interlocutores. En la contundente realidad de los hechos, Peña Nieto concluye su gestión carente de base política y social, lo que se suma a un claro distanciamiento con respecto a los liderazgos que sobreviven en el PRI, que se muestran tan aislados y maltrechos como resentidos.
Lo que viene en esa clase política no parece ser la resurrección del fénix. Más bien pareciera que nos acercamos a una guerra intestina A una noche de cuchillos largos.
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¿Confrontar para gobernar?
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior....
La amenaza de Salgado Macedonio a gobernadores críticos a la aprobación de los superdelegados es apenas la cereza del pastel
A la vista de los últimos sucesos ocurridos en torno al proceso de transición de Andrés Manuel López Obrador y los suyos, nada parece inquietar más a dirigentes sectoriales, y a la sociedad en general, que su aparente pretensión, por acción, omisión o simple aceptación y/o solidaridad de grupo de alentar la confrontación y la desunión social como estrategia de gobierno.
La estúpida amenaza del impresentable experredista Félix Salgado Macedonio, senador moreno ahora, a gobernadores de PRI y PAN críticos a la aprobación de los llamados superdelegados del lopezobradorismo a nivel estatal es, apenas, la cereza en el pastel al cierre de un proceso de transición que, es verdad, sigue siendo tan terso con el gobierno saliente como se anunció desde su inicio, pero no con la sociedad y las instancias que en mayor o menor medida la representan…
¿O no es verdad que mientras el tabasqueño se empeña en explicar (lo inexplicable) el NO combatir la corrupción de hoy y ayer, cuando asuma como titular del Ejecutivo, Ni castigar a los responsables de ésta, tanto a nivel Legislativo como en los estados donde sus leales ganaron en julio, o en dependencias a ocupar, los excesos autoritarios de los suyos tienden a multiplicarse?
De tal nivel fue el despropósito del senador —“Costales Salgado, recordaría algún medio en que sirvió hace ya algunas décadas— que el propio Presidente electo y algunos de sus más cercanos debieron salir a matizar su irracional postura e, incluso, validar el derecho de priistas y panistas, primero, y perredistas después, cuyas dirigencias alertaron sobre la inminente promoción de acciones de inconstitucionalidad contra la “invasiva” pretensión morena de cancelar, en los hechos, el federalismo y limitar las facultades que las constituciones estatales asignan a sus gobernadores.
“Es muy grave que se lancen ese tipo de amenazas, lo cual es una muestra clara de autoritarismo e irresponsabilidad, toda vez que con ello atentan contra el pacto federal y el orden constitucional”, diría en su momento Arturo Zamora, secretario general del tricolor, en tanto que, contundente y claridoso como es, vía Twitter, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dejó en claro que “MX consolidó su democracia electoral. Sin embargo, sus valores esenciales como el federalismo (vs. centralismo), la división de poderes (vs. subordinación), la tolerancia (vs. despotismo) y la cohesión social (vs. polarización) parecen estar amenazados por la 4T (Cuarta Transformación) de @lopezobrador”. ¿Más claro?...
Insistamos entonces: ¿en verdad alguien cree que por la vía de la confrontación y polarización de la sociedad la desunión social aporta algo al logro de un mejor y efectivo gobierno? ¿Es éste el camino por el que se pretende que avance México, todos y cada uno de sus integrantes, en el marco de la que desde ya se identifica como la Cuarta Transformación?
Son preguntas que urgen de una respuesta clara y contundente por parte de quienes en cinco días más asumirán el timón nacional…
ASTERISCOS
* Más pronto de lo previsto, el interino dirigente Alfonso Cepeda dejó ver “de qué lado masca (ahora) la iguana…” en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al anunciar que se reunirá con AMLO y el designado titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para ratificarles el compromiso del gremio con la Cuarta Transformación del sector que, dijo, se logrará sin cacicazgos ni intentos reeleccionistas…
* Evidencia clara de que los tiempos de cambio finalmente llegaron, la comida que ayer, en la Residencia Oficial de Los Pinos, ofreció el presidente Enrique Peña Nieto a los integrantes de su gabinete legal y ampliado. Llamó la atención la convocatoria a la misma a los excandidatos ciudadanos a la Presidencia y al gobierno capitalino, José Antonio Meade y Mikel Arriola.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
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Cómo descentralizar/Gabriel Zaid
Reforma, 25 Nov. 2018
De Nueva York a Buenos Aires, las megalópolis del continente son portuarias o están cerca del mar, por donde llegaron los colonizadores. Veracruz pudo ser la capital de México, pero ya existía una gran capital indígena, cuyo prestigio, poder y riqueza despertaron la ambición de Cortés. De quedarse en Veracruz, hubiera sido el gobernante de un enclave tolerado por Moctezuma.
El centralismo mexicano es de origen azteca. Continuó en el virreinato. Se rompió con la Independencia. Se reinstaló con Porfirio Díaz. Y, en los tiempos del PRI, fue no sólo político, sino económico, educativo y cultural. El Estado, su partido, el gobierno "federal" (pero centralista), el gasto público, la educación pública, el petróleo, la industrialización protegida y el ascenso al poder por vía universitaria crearon un centralismo piramidado.
Las nuevas pirámides aztecas fueron las burocráticas, bajo el poder central del Señor Presidente. El cemento básico para construirlas fue la corrupción, consentida por la sociedad como menos mala que la matazón entre caudillos.
Cuando el centralismo presidencial llegó a ser monstruoso, surgieron ideas para remediarlo. Algunas radicales, como pasar la presidencia a otra ciudad (que acabaría siendo monstruosa). O aparentemente razonables, como mover la Secretaría de Marina a Veracruz.
En 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines propuso una Marcha al Mar que no llegó muy lejos. Ante el sismo de 1985, el presidente Miguel de la Madrid propuso descentralizar secretarías, y no pasó de mover Capufe a Cuernavaca y el INEGI a Aguascalientes; mudanzas que tomaron años y nunca terminaron. Quedó una guardia en la capital para lo que se ofreciera, pero se ofrecían tantas cosas que la guardia acabó hinchándose. Lo que se ganó fue un ajetreo interminable entre la sede y la capital.
El problema de fondo es que el secretario de Marina, por ejemplo, tiene que tratar con el presidente y los funcionarios de la Presidencia; con la Cámara de Diputados (para gestionar su presupuesto) y la Secretaría de Hacienda (para ejercerlo); con la Defensa (para acciones armadas) y con Seguridad, Gobernación, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, Turismo, Contraloría, la Suprema Corte, etc. Todo más complicado desde diez ciudades distintas.
Se han creado delegaciones estatales de cada secretaría para que las decisiones se tomen localmente. Pero, en vez de simplificar, complicaron. Los proyectos hidráulicos, por ejemplo, dependen de varias secretarías. Entre los secretarios, sus delegados y el gobernador (cuando no otros gobernadores interesados y hasta el presidente), se enreda la madeja de quién decide qué y quién se adorna cómo.
Eliminar a los delegados de las secretarías, como ahora se propone, es una buena idea. Pero sustituirlos por uno de la presidencia acentúa el centralismo. Los superdelegados serán "gobernadores" paralelos, con mandato del centro, no del voto local.
Dispersar las secretarías es complicar los nexos operativos. También romper vínculos personales.
Es común que los empleados públicos tengan otro empleo o estudien, además de trabajar. Que estén casados con alguien que trabaja o estudia, y tengan hijos en el mismo caso. Que estén pagando la hipoteca de su casa y no quieran perderla. Que tengan familiares necesitados de atención, y no quieran abandonarlos. Y participen en proyectos con parientes, amigos y conocidos. Moverse a otra ciudad puede exigir tantas rupturas y trastornos que resulte preferible renunciar y buscar otro empleo.
Sin hablar de la molestia de la población receptora contra los chilangos invasores y mejor pagados. Perturbarían los mercados locales de sueldos, casas y oficinas disponibles, lugar en las escuelas, personal doméstico, taxis. Generarían inflación.
Mover secretarías a otras ciudades tomaría años. Regresarlas también. No es imposible que, después de perder un sexenio en los trastornos de la dispersión, un nuevo presidente tenga la ocurrencia contraria: perder otro sexenio en el regreso, para imponer la Quinta Transformación.
La oportunidad descentralizadora está en la población con ataduras menos fuertes: los estudiantes universitarios, que son cada vez más. Si recibieran una beca atractiva para irse a estudiar lejos de la capital, muchos la aceptarían. Es una buena edad para crear nuevos vínculos, la edad de los amores juveniles y la exploración de rumbos para la vida. Muchos acabarían casados y quedándose a vivir donde estudiaron.
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Ser o no ser/Eduardo Caccia
REforma, 25 Nov. 2018
Lo saben los criptógrafos y los políticos: el fondo es forma. Y el fondo fue La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, flanqueada por las calles Miguel Hidalgo e Independencia -y, por si faltaran señales- a unos metros de la Plaza de la Liberación y la Plaza de Armas, muy cerca de donde despachará el próximo gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien se plantó en el monumento emblemático del Centro Histórico de Guadalajara, acompañado de liderazgos políticos, empresariales y sociales, para reclamar a López Obrador respeto a la autonomía y soberanía del estado.
Lo saben los lectores de buena literatura e historia y los escritores y grandes narradores: el hilo de tensión se sostiene -entre otros recursos- con los antagónicos. Qué sería de Los Miserables sin Jean Valjean huyendo del implacable Javert, qué sería de Hamlet sin el lance definitivo de Laertes para desencadenar los hechos, qué poco recordaríamos la hazaña de David sin un formidable Goliat enfrente, qué habría sido de Don Quijote sin la rivalidad de Sansón Carrasco; todos ellos hacen que la narrativa tenga sentido y sea memorable. Lo saben también quienes estudian aeronáutica: los aviones (que por cierto, no se repelen) despegan con el viento en contra.
"No estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el pacto federal y el orden constitucional", le dijo el futuro gobernador de Jalisco al Presidente electo de México y le pidió tres cosas: que se incluyan los proyectos prioritarios que ha planteado la próxima administración estatal en la propuesta de presupuesto federal, omisión que es considerada "una falta de respeto para Jalisco, en tanto estado soberano y firmante del pacto federal".
En segundo lugar, Alfaro argumentó, con lógica implacable, en contra de la figura de los superdelegados: "...es imposible construir un modelo de cooperación y entendimiento entre la Federación, el estado y los municipios, sustentado en la falta de respeto a las autoridades que, al igual que usted, fueron electas democráticamente por el pueblo de Jalisco. Las autoridades estatal y municipales electas no somos 'invitados' a la mesa de seguridad; somos los responsables de la seguridad en nuestro estado, por mandato constitucional. El gobierno de la República puede plantear un nuevo modelo en materia de seguridad, sí. Pero ni el gobierno de la República, ni la Cámara de Diputados pueden pisotear la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así de claro".
Los argumentos del gobernador electo son contundentes, su reclamo debería tener eco en otras entidades; cuando lo que está en juego es la esencia misma del federalismo ante un intento de control excesivo y (hasta hoy) ilegal por parte del futuro presidente de la República. El tercer punto no es menos relevante: "nosotros no estamos de acuerdo con su política de perdón y olvido a los corruptos de este país". El combate a la corrupción, bandera y eje de la campaña lopezobradorista, está en entredicho con la declaración del Presidente electo de que habrá perdón y olvido para los actos de corrupción anteriores a su gobierno. Es, además, una franca invitación al latrocinio en los días restantes de la presente administración. AMLO ha creado un oxímoron nacional: quiere combatir la corrupción perdonando a los corruptos.
No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Alfaro: "En Jalisco vamos a castigar a los corruptos con o sin el aval del gobierno federal. En Jalisco los corruptos irán a la cárcel, no de vacaciones". Una verdadera batalla contra la corrupción requiere las señales adecuadas, el día en que en este país veamos al cargo público de mayor rango tras las rejas (luego de comprobarse su culpabilidad), ese día iniciará la verdadera campaña anticorrupción.
En medio de una batalla decisiva por su vida, Hamlet habla para la posteridad literaria en un monólogo épico, definitivo para la condición humana: "Ser o no ser, ése es el punto. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?". Cuando está de por medio el pacto federal de la nación, el respeto a la soberanía de los estados, la batalla no es menor.
El futuro gobernador de Jalisco ha escogido ser.
@eduardo_caccia
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Brexit: un mal acuerdo/Isabel Turrent
Reforma, 25 Nov. 2018
Sólo a algunos brexitistas, a los más irracionales o a quienes tienen una agenda que poco tiene que ver con la defensa de los mejores intereses de Gran Bretaña, les alegró el acuerdo imposible entre el gobierno de Theresa May y la Unión Europea (UE) que se dio a conocer hace unos días. Steve Baker, que luchó en 2016 por un Brexit duro y encabeza con Jacob Rees-Mogg un grupo de parlamentarios ultraconservadores, festejó el "caos" que generaría el rechazo del acuerdo en el Parlamento y anunció la caída de Theresa May -iniciativa que fracasó, por cierto-. Y Boris Johnson, que participó en la campaña de 2016 prometiendo lo imposible y tiene aún la mirada puesta en el 10 de Downing Street, rechazó el acuerdo como una forma de vasallaje.
Ellos, los eternos euroescépticos del Partido Conservador, son los principales responsables de Brexit y sus consecuencias. Tomaron como rehén a David Cameron, un primer ministro tan preocupado por gobernar con el respaldo de un partido unido a sus espaldas que, para apaciguar a los rebeldes euroescépticos, convocó a un referéndum para decidir un asunto tan fundamental para el país como la pertenencia de Gran Bretaña a la UE.
Brexit ganó y Cameron dejó a su sucesora, Theresa May, la tarea titánica de llegar a un acuerdo, lo menos costoso posible para Gran Bretaña, con la Unión Europea. El acuerdo, que ha llevado más de dos años de negociación, es un ladrillo de 585 páginas -más una breve declaración política que revisarán en Bruselas, en estos días, los 27 miembros restantes de la UE y Theresa May-. Pase lo que pase allá, el acuerdo ha recibido una condena casi unánime en el país.
Los euroescépticos conservadores lo han condenado para defender sus intereses sectarios e impedir que pase por el Parlamento. En un último acto suicida prefieren abandonar la UE sin ningún acuerdo. Los laboristas, con Jeremy Corbyn a la cabeza, lo han rechazado con la esperanza de que el fracaso de May derive en una elección general que los lleve al poder.
Los moderados de todos los partidos y una buena parte del electorado han sufrido el impacto del choque de la realidad con las promesas del futuro radiante de los brexitistas en 2016. Un futuro radiante que existía solamente en sus fantasías. El acuerdo es la realidad: Inglaterra no se transformará de golpe ni en una potencia, ni en el Singapur de Occidente; no podrá firmar acuerdos comerciales con otros países hasta 2021, y la UE decidirá cuándo y cómo negociará un nuevo tratado de comercio con Gran Bretaña.
El único logro de Theresa May fue que la UE aceptó que en el futuro Londres restrinja la inmigración proveniente de Europa. El resto del farragoso acuerdo establece el costo del divorcio entre la UE e Inglaterra -porque Brexit es básicamente un asunto inglés-; el status que tendrán los europeos que viven en Gran Bretaña y los británicos que residen en Europa y un acuerdo (llamado backstop) que colocaría por un tiempo al país bajo las reglas de la unión aduanera de la UE para evitar una frontera dura entre Irlanda, miembro de la Unión, e Irlanda del Norte, parte de Gran Bretaña. El resto, desde el asunto de la pesca en aguas británicas, hasta el status de Gibraltar y la cooperación militar y de inteligencia, está por negociarse.
Es un muy mal acuerdo. Pero la alternativa -abandonar la UE sin acuerdo- es aún peor: la receta perfecta para el caos y la recesión. Por ello, una tercera propuesta, marginal hasta hace unas semanas, ha cobrado fuerza: la convocatoria a un nuevo referéndum que daría al electorado, no dos, sino tres alternativas. Votar sobre el acuerdo de May, el no acuerdo, o a favor de permanecer en la Unión Europea.
El movimiento que promueve la iniciativa -Voto Popular- está poblado de jóvenes, sabios en el uso del Internet; no está asociado con ningún partido político, ni tiene un líder visible. Ventajas en una atmósfera política tan polarizada. El 14 de noviembre organizó una marcha que sacó a la calle a cerca de 700 000 partidarios de Gran Bretaña en Europa. Días antes, la mejor versión de Boris Johnson, su hermano Jo, renunció a su cargo de Ministro de Transportes para luchar por el nuevo referéndum, y políticos de todos los partidos lo han apoyado.
Es el único camino para que el electorado corrija o ratifique, frente a la realidad de los costos de Brexit, el resultado de la consulta manipulada de 2016.
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Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
Los especialistas alzan la voz Rechazo al "punto final” lopezobradorista/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La propuesta del presidente electo de “perdonar” a políticos que incurrieron en actos de corrupción en el pasado no ha sido bien recibida por litigantes, especialistas ni por miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. Para algunos, esa especie de “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México. El ómbudsman nacional precisa que la corrupción –en tanto que afecta al erario– genera víctimas, es decir, todos los mexicanos.
El ánimo del presidente electo es perdonar actos de corrupción del pasado a cambio de la estabilidad; es otra propuesta de amnistía que no pasa de una voluntad política, porque ya hay denuncias que deben seguir siendo investigadas, a menos que opte también por el control de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. En tal caso, la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción sería un fracaso, porque significaría una amnistía no declarada a los corruptos, advierten litigantes, especialistas y miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El presidente electo abrió una nueva controversia la semana pasada cuando declaró profusamente a la prensa su deseo de poner “punto final” a los casos de corrupción del pasado. El término aludió a las leyes de punto final que existieron durante 20 años en Argentina para detener los procesos penales y exculpar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Ante la magnitud de la corrupción en México, que en las mediciones internacionales destaca como uno de los países con más baja calificación, la intención del próximo mandatario movilizó incluso al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo que los actos de corrupción representan una violación a los derechos humanos de todos los mexicanos.
En el Índice Global de Corrupción de Transparencia Internacional, la evaluación de México ha caído de manera consistente. En el reporte dado a conocer en febrero de este año apareció en el lugar 135 de 180 países. Está entre los peores de América Latina, y junto con Rusia es el peor evaluado del Grupo de los 20 (el de las economías más grandes del mundo) y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo el viernes 23 en España que México ya tiene los procedimientos “legales, formales e institucionales” para actuar contra los corruptos: “Lo que hay que hacer es aplicar esos códigos y esas leyes”.
La propuesta de “punto final” de López Obrador se añadió a la polémica desatada horas antes, cuando el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que va a sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR), y que le da al próximo presidente la facultad de elaborar una terna para que la Cámara de Senadores, controlada por Morena, designe a quien será el fiscal general –y de quien dependerá el fiscal anticorrupción– los próximos nueve años.
Lo que pase con la FGR y el fiscal anticorrupción va a marcar a la Cuarta Transformación, asegura José Octavio López Presa, del Comité de Participación Ciudadana del SNA, la instancia de coordinación de los tres poderes y de las autoridades federales y estatales para el combate a la corrupción, pero cuya operación depende de la designación y grado de operación de ambos fiscales.
Estefanía Medina, cofundadora y directora del despacho Tojil Estrategia Contra la Impunidad, especializado en ese rubro, dice que el “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México.
“El borrón y cuenta nueva, con el sistema de impunidad del que venimos, no va a significar un cambio”, dice la abogada, quien ahora tiene en tribunales dos casos emblemáticos de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la reducida pena de nueve años para el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, pese al millonario desfalco al erario, y la llamada “estafa maestra”, que involucra a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en las gestiones de Rosario Robles.
“No alcanzarían las cárceles”
El presidente electo venía de un amplio rechazo a su propuesta de militarizar la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional (Proceso 2194), cuando en un recorrido de entrevistas en medios electrónicos salió a colocar el tema del perdón a los grandes corruptos.
La noche del lunes 19, al participar en el programa Tercer Grado, de Televisa, dijo que el problema de la corrupción en México es tan grande que no alcanzarían ni las cárceles ni los juzgados. “Si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba, de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación… es apostar a la discordia”.
Al día siguiente –luego de hacer una guardia de honor para el expresidente Francisco I. Madero y el exvicepresidente José María Pino Suárez, en el aniversario de la Revolución–, reiteró su postura y dijo que como no es cacique ni “aspiro a ser un dictador”… no se darán órdenes a los poderes Judicial o Legislativo para que detengan procesos iniciados, pero que hacia adelante “ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto”.
Con el tema ya puesto en la discusión pública, lo amplió en una entrevista, el miércoles 21, en el programa Aristegui Noticias, donde fue más explícito: “Si se trata de juzgar y de abrir expedientes tendríamos que comenzar con los de arriba. Ese es el cambio”.
–¿Y porque no? –le preguntó Carmen Aristegui.
–Porque sería conspirar en contra de la estabilidad política del país. Desatamos… Nos empantanamos. Se suelta la confrontación entre los mexicanos. Tendrías que enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto.
Ante lo controversial de su propuesta, dijo que podría someterla a sus consultas populares. Incluso planteó al aire la pregunta: “¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros ilícitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Si o no?”
El abogado Ulrich Richter Morales, quien ha llevado casos de libertad de expresión como el de la esposa del expresidente Vicente Fox, Marta Sahagún, contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat, observa que muchos de los delitos de corrupción ya habrían prescrito en el caso de los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y parcialmente en el de Vicente Fox. De ser el caso, aún se podría consignar a funcionarios de Felipe Calderón y, desde luego, al del saliente Enrique Peña Nieto.
Dice que de acuerdo con el Código Penal Federal, los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito se castigan con penas que van de entre dos y 14 años; escenario en el que podrían estar algunos funcionarios del gobierno de Fox si hubieran cometido esas faltas a la ley. El periodo se amplía a 15 años cuando se trata de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Autor de El ciudadano digital, Richter antepone la existencia de una FGR y una fiscalía anticorrupción autónomas e independientes para un efectivo combate a la corrupción, y afirma que en el caso de que se dejen de investigar delitos de corrupción, la responsabilidad no sería del presidente de la República sino de las fiscalías.
En otra entrevista, el jueves 22 en Milenio, López Obrador informó que el 21 de marzo se hará la consulta sobre el juicio a los expresidentes, la Guardia Nacional y su consejo económico asesor, en el cual participan los empresarios televisivos Ricardo Salinas, de TV Azteca; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; y Olegario Vázquez, de Grupo Imagen, entre otros a los que llegó a considerar parte de “la mafia en el poder”.
Sobre la consulta, Richter dice que aunque “el pueblo tiene sed de justicia”, en un estado de derecho se juzga con base en una investigación apoyada en pruebas.
José Octavio López Presa, quien a partir de febrero asumirá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del SNA, indica que la idea del “punto final” es más un mensaje político que jurídico, porque las denuncias e investigaciones que existen hasta ahora tendrán que seguir.
“Estamos en un estado de derecho. Esto no puede ser de ninguna manera la voluntad autoritaria de una persona. El Ministerio Público, ahora en la PGR, está obligado a agotar todos los procedimientos si hay denuncias presentadas contra servidores públicos” del gobierno federal, dice.
Primer director ejecutivo de Transparencia Internacional Capítulo México, consultor externo de la OCDE en 2005 en el tema de conflicto de interés y subsecretario de la desaparecida secretaría de Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, interpreta que la propuesta de López Obrador va encaminada a “poner fin a la politización” de las investigaciones por corrupción.
Eso es lo que hay que acabar. Eso supone que la fiscalía tiene que ser totalmente independiente, dice en entrevista el también consejero fundador de la organización no gubernamental Causa en Común, dedicada a asuntos de seguridad y justicia.
–¿Qué garantías hay de que se investigue, ya no los pasados, sino los eventuales actos de corrupción en el próximo gobierno, si el fiscal general va a ser propuesto por el presidente?
–El próximo presidente tiene que reflexionar bien. Está en un momento histórico: poder ser el primero en crear una fiscalía verdaderamente independiente en México. Puede ser un enorme legado de la Cuarta Transformación. Si no lo hace, no le vamos a creer y esa transformación habrá fracasado en eso. Es una decisión histórica que depende del futuro presidente como de su partido en el Congreso de la Unión.
Abunda: “Si él insiste en designar a alguien a modo, habría enorme sospecha sobre la posible politización de la FGR. Además, tiene que poner el ejemplo a nivel nacional. Si no pone una fiscalía autónoma, con qué derecho le va a decir a los gobernadores que no hagan lo mismo”.
Hay que lograr la independencia de las instituciones del SNA, incluida la FGR, y de los sistemas estatales, insiste.
“Estamos en una inercia donde se tiene la tendencia de que los gobernadores o congresos quieren seguir poniendo en los puestos clave del SNA o los sistemas estatales a personas a quienes ellos puedan controlar. Esto tiene que acabar.”
A pesar de que López Obrador no se ha referido al SNA, dice que la futura secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, pretende fortalecer la participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que el futuro subsecretario, Roberto Salcedo Aquino, conoce cómo se ha construido el sistema. Eso puede ser una ventaja, pero lo indispensable es la auténtica autonomía e independencia de la FGR, insiste.
Falta de voluntad
Estefanía Medina asegura que hasta ahora en México ha existido “una amnistía no anunciada” por la incompetencia y falta de voluntad para investigar la corrupción. No es necesario anunciarla. En los hechos existe.
Asegura que una de las principales narrativas del futuro gobierno es que va a entrarle al tema de la corrupción. Si es así, debe tener un plan integral de combate a ese problema. No se agota en lo penal. Si opta por “el borrón y cuenta nueva”, estaría mandando el mensaje de continuar con la impunidad generalizada que ya vivimos.
En ese caso, dice, lo primero que va a ocurrir es que la gente verá que no pasa nada. No habrá ninguna consecuencia, ninguna transformación ni nada que lleve a inhibir esa práctica. Luego, podría venir un gran desencanto de la sociedad por no tener resultados concretos en un tema que nos coloca en una condición penosa ante el mundo.
Considera que el combate a la corrupción no depende sólo del Poder Ejecutivo, pero que ante una probable intervención de éste en la actuación de la FGR, los poderes Legislativo y Judicial estarán más obligados a actuar ante el tema.
El Poder Judicial tendría que mantenerse fuerte ante las actuaciones de la FGR y el Legislativo aún tiene mucho qué hacer en la materia.
El Congreso, ahora dominado por Morena, tiene la gran tarea de fusionar las reformas del sistema de justicia penal de 2008 y las que crearon, entre 2014 y 2016, el SNA. Si esa mayoría quisiera avanzar contra la corrupción tendría que fusionar ambas reformas para que se complementen, porque ahora van por caminos separados, asegura la directora de Tojil, palabra maya que significa lo justo o lo correcto.
“Sea quien sea el fiscal general, el tema está en la estructura y construcción de la Fiscalía, incluida la fiscalía anticorrupción. Las últimas declaraciones (del presidente electo) nos han preocupado mucho. Lo que nos queda es seguir impulsando esos litigios. Por parte de la sociedad no hay amnistía”, afirma.
A la polémica propuesta de López Obrador también reaccionó la CNDH. Su presidente, Luis Raúl González Pérez, afirmó que los actos de corrupción también generan víctimas: “Se trata del erario y las víctimas son los mexicanos. Entonces (el perdón a los corruptos) es un tema que debe analizarse con ponderación”.
Aunque dijo coincidir con el presidente electo en el tema de combatir la corrupción, “tenemos que ver cómo compatibilizarla para que la impunidad se acabe y sea una garantía de no repetición de esos actos, que haya consecuencias jurídicas”, declaró el viernes a la prensa.
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Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
Videgaray, el operador: Carlos Navarrete Presunto pacto AMLO-Peña Nieto/
ÁLVARO DELGADO
La polémica amnistía ofrecida por Andrés Manuel López Obrador a la clase gobernante –gracias a la cual Peña Nieto y sus colaboradores se irán con la tranquilidad de que nadie los investigará– fue amarrada, según Carlos Navarrete, expresidente del PRD, mediante un presunto “pacto” entre el presidente electo y el saliente, en el que el operador fue Luis Videgaray. Pero ese perdón no es nuevo en la agenda del tabasqueño. De hecho, lo anunció desde 2010 en su libro La mafia que se adueñó de México.
La amnistía de Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno para no ser investigados por corrupción es producto de un pacto entre ambos, y el operador para concretarlo fue el canciller Luis Videgaray, asegura Carlos Navarrete, expresidente del PRD.
Ese acuerdo se formalizó en plena campaña electoral en una reunión entre López Obrador y Videgaray, previo al segundo debate de los candidatos presidenciales, el 20 de mayo, precisa Navarrete y afirma que a eso obedece la “transición de terciopelo” tras las elecciones y que incluye la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
“Es un guion que pactaron para sus decisiones: el repliegue de Peña Nieto está pactado, el despegue de Andrés Manuel está pactado, la amnistía está pactada. Peña Nieto se podrá ir sin ningún problema y su gabinete también. El presidente podrá tomar sus decisiones. No le han puesto ni un obstáculo del tamaño de una canica. Nada. Todo camina. El fraseo con el presidente: ‘Es un demócrata, es respetuoso de la ley, el país está muy bien’. Todo pactaron con guion.”
–¿Incluyendo la cancelación del aeropuerto?
–Incluyendo el aeropuerto: “Esa es tu decisión, presidente”.
En entrevista con Proceso, el 29 de octubre y el viernes 23, el exsenador no revela sus fuentes, pero garantiza que Videgaray aconsejó a Peña actuar igual que ante el inminente triunfo de Donald Trump, porque el candidato priista, José Antonio Meade, no le ganaría a López Obrador.
“Videgaray le dice: ‘Presidente, va a ganar (López Obrador). Así como te dije que iba a ganar Trump y que había que platicar, te digo que va a ganar Andrés.’ Y platicó. Por eso la transición de terciopelo.”
–¿Lo sabe usted de cierto?
–Por supuesto. No te puedo decir las fuentes.
–¿Pero cómo fue la negociación?
–Videgaray y Andrés.
–¿Se reunieron personalmente?
–Sí. Videgaray, que es un témpano para tomar decisiones, le dijo al presidente: “No hay forma. La tendencia es imparable y con el nuestro no hay forma”.
Precisa: “Estamos hablando de antes del segundo debate. Ya Andrés había mando tres mensajes antes sobre la amnistía, sobre el borrón y cuenta nueva y no había tenido respuesta en Los Pinos. Les dijo en un discurso, se los dijo en Acapulco con empresarios. Y Peña Nieto decía: ‘Quién sabe’”.
Además del crecimiento de López Obrador y el estancamiento de Meade, otro elemento que gravitó para la consecución del acuerdo fue la amenaza que lanzó Anaya, el 5 de marzo, de encarcelar a Peña si se comprobaba que había cometido graves actos de corrupción y que para ello crearía una comisión de la verdad.
“Ese fue el último elemento que los convenció”, subraya Navarrete, a quien sus fuentes del gobierno le recordaron que, hacia el segundo debate de los candidatos presidenciales, en Tijuana, todas las encuestas marcaban una amplia ventaja para López Obrador. Por ejemplo, Reforma le daba 48 puntos por 30 de Ricardo Anaya y 17 de Meade, mientras que Mitofsky registraba 44, 28 y 19 en ese orden.
Miembro de la corriente Nueva Izquierda del PRD, que encabeza Jesús Ortega, y uno de los artífices de la alianza con Anaya y el PAN, Navarrete insiste en que incluso la cancelación del NAIM forma parte del pacto de López Obrador con Peña.
“¿Se ha escuchado una opinión de alguien del gabinete, salvo la de Enrique de la Madrid, que se brincó las trancas y opinó en redes sociales para no usar la Secretaría de Turismo? Fue el único. Nadie del gobierno ha salido para defender Texcoco. ¡Está pactado!”
–¿Aunque sea la obra emblema de Peña?
–Es preferible la tranquilidad.
–¿La impunidad?
–Impunidad. El borrón y cuenta nueva es en serio. Es en serio.
Acuerdo “transparente”
Navarrete asegura que él se enteró de este acuerdo a finales de julio, pasada la elección, en una comida con “un alto funcionario del gobierno” de Peña, cuya identidad se comprometió a no revelar.
El primer punto del acuerdo, según él, fue la petición de López Obrador a Peña de no intervenir en la elección, como lo hizo Vicente Fox en la de 2006 para imponer a Felipe Calderón: “Desde Los Pinos”, recuerda Navarrete, “habían operado con gobernadores, con medios, con guerra sucia, con recursos, con todo”.
El segundo punto, añade, fue que reconociera su triunfo de inmediato para evitar un conflicto poselectoral y el tercero, una transición estable, de julio a diciembre, para asumir decisiones antes de tomar posesión.
“Para la contraparte (de Peña) no fue menor el acuerdo: ‘No te preocupes: no habrá una cacería de brujas ni habrá fincamiento de responsabilidades. A partir del 1 de diciembre empieza una nueva etapa’.”
Y aclara: “Por cierto, nada diferente a lo que le había dicho Andrés públicamente. En esa materia hay que reconocer que ha sido bastante transparente. No es un acuerdo soterrado, no; se los mandó decir públicamente. Y después lo concretó en marzo y el contacto se mantuvo con él permanentemente.
“¿Qué ocurre ahora? Todo es perfectamente lógico con un acuerdo de esa naturaleza: El aeropuerto, lo de Javier Duarte, que es un chivo expiatorio, lo de Rosario Robles, que es cosa secundaria. Son señales para Peña: ‘Yo voy a cumplir el acuerdo’. Eso es lo que yo conozco.”
–¿Qué revela este acuerdo si López Obrador lo ofreció públicamente y lo está cumpliendo?
–Revela una decisión política: Llegar al poder mediante un acuerdo con el viejo régimen. Y a partir de la llegada, intentar instaurar un nuevo régimen con todo el poder concentrado en sus manos, sin obstáculos de los personeros perdonados mediante un acuerdo de impunidad.
–Pero también Anaya quiso pactar con Peña.
–Nunca prosperó ese intento. Nunca hubo interlocución, nunca hubo operadores, nunca hubo apertura.
En efecto, a lo largo de la semana pasada López Obrador reiteró su amnistía a Peña y a todos los funcionarios de su gobierno que hayan incurrido en corrupción, pero también incluyó en el paquete de impunidad a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
En un circuito de entrevistas en Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión, así como con las conductoras Carmen Aristegui y Azucena Uresti, aseguró que no alcanzarían las cárceles para meter a tantos corruptos y que, de proceder contra éstos, se generaría una confrontación entre mexicanos que empantanaría su proyecto de transformación –“sería conspirar contra la estabilidad política”–, algo que ya había planteado en su campaña y aun antes.
La “amnistía anticipada” la ofreció en 2016, en una conferencia que pronunció ante empresarios en Acapulco, y también la planteó por escrito, desde 2010, en su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012.
Aun así, propuso que el enjuiciamiento a expresidentes y corruptos sea parte de la consulta que se llevará a cabo el 21 de marzo del próximo año, ya reformadas la Constitución y la ley para que sea organizada por el Instituto Nacional Electoral, cuando también se pregunte si se avalan la Guardia Nacional y el consejo asesor integrado por magnates.
El “pacto de impunidad” con Peña fue una imputación que hizo el excandidato presidencial Anaya a López Obrador, quien desde el año pasado aseguró que un grupo de magnates, encabezados por Claudio X. González, le pidió al presidente cerrarle el paso.
Hace casi dos años, el 31 de enero de 2017, López Obrador afirmó en un video que un amigo de Peña le contó que González fue a pedirle que evitara su triunfo, porque es “un peligro para México”.
“Este personaje, Claudio X. González, fue el que actuó, entre otros, junto con Fox, para cometer el fraude electoral y miren en qué situación está el país”, recordó López Obrador, quien también evocó que el hijo del mismo nombre del magnate, propietario de Kimberly Clark de México, preside Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
“Pero lo que es chistoso es la contestación de Peña. Esto me lo transmitió un amigo de Peña.
“Palabras más, palabras menos, Peña le dijo: ‘Mira éstos, me acusan de ratero (el hijo de Claudio X. González tiene una asociación –son de esas cosas kafkianas–, la familia X. González, para combatir la corrupción) y vinieron a pedirme que yo evitara que Andrés Manuel ganara la Presidencia. Me acusan de ratero y corrupto en su asociación y ahora quieren que yo me robe la elección presidencial’.”
López Obrador dijo en ese video, sobre la petición de González: “No cabe duda de que son siniestros. Y fíjense lo que son las cosas: Coincido con Peña Nieto. Es lamentable que estos personajes estén conspirando contra la democracia en nuestro país. Ojalá cambien de modo de parecer, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que dejen que el pueblo de México elija libremente al próximo presidente de la República. Además, no lo van a poder evitar. Vamos a ganar la Presidencia”.
“Amnistía” desde 2010
Medio año antes, el 11 de agosto de 2016, López Obrador ofreció, de manera inequívoca, una “amnistía anticipada” al “grupo en el poder”, en el mensaje que pronunció al participar en el ciclo de conferencias “Era Familiar Princess 2016”, en Acapulco, en el que participaron también, por separado, Margarita Zavala y Carlos Salinas.
“Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza.”
En una ponencia de 18 cuartillas denominada “Cambio y porvenir de México (una visión hacia el 2018)”, López Obrador recordó que en 2006 ofreció también una amnistía a la “mafia del poder”:
“Aquí es oportuno volver a responder sobre el trato que recibirán los integrantes de la mafia del poder cuando triunfe nuestro movimiento. Es indispensable contestar puntualmente esta pregunta porque, en nuestra concepción, el principal problema de México es, precisamente, el predominio de un puñado de personajes que detentan el poder, formal o informalmente, y son los responsables de la actual tragedia nacional.
“Y como es obvio, si estamos empeñados en establecer la democracia y transformar al país, es mejor que desde ahora se sepa qué haríamos con los corruptos y traficantes de influencias, al triunfo de nuestro movimiento.”
Como en 2006, puntualizó: “De nueva cuenta les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie”.
Añadió: “Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie. Sencillamente deseamos lograr el renacimiento económico, social, político, pero, sobre todo moral de México. Dicho de otra forma, se trata de inaugurar una etapa nueva de la vida pública del país, con un presidente que no esté subordinado a ningún grupo de interés creado y que sólo tenga como amo, al pueblo de México.
Y rubricó: “Respetamos a quienes sostienen la máxima de ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Podríamos decir: olvido no, perdón sí. En esta virtud, igual que en la honestidad, reside la esperanza de un mejor porvenir. Si hacemos a un lado el odio y optamos por el perdón, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor”.
En su mencionado libro incluyó un capítulo para plantear a los integrantes de la oligarquía que, de ganar, no habría represalias: “Declaramos esta amnistía anticipada”, escribió, “porque lo que se necesita es justicia, no venganza, y ellos tendrán que entender que ningún grupo, por importante y poderoso que sea, puede seguir conspirando contra la paz social. Nada ni nadie puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo”.
Como si diera por hecho que ganaría, López Obrador escribió en el libro, editado en junio de 2010, que en el nuevo gobierno democrático se garantizarán las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga.
“Pero, obviamente, todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a reglas claras; se podrán hacer negocios, pero no habrá influyentismo, corrupción ni impunidad; el presupuesto será realmente público; se le dará preferencia a los pobres; se cuidarán los recursos naturales; la riqueza de la nación. Y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia; pagarán las impuestos los que más tienen y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión y la miseria de muchos.”
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Tensión legislativa Entre la Guardia Nacional y el presupuesto/
JESUSA CERVANTESç
Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
La discusión sobre la Guardia Nacional y la propuesta de que sea encabezada por un militar exacerbó los ánimos de los diputados. A la bancada de Morena le importa sobremanera sacar la iniciativa antes del 31 de diciembre, tarea casi imposible ante la estrechez de los tiempos legislativos; lo más seguro es que la nueva corporación con la que Andrés Manuel López Obrador intentará combatir la inseguridad en el país quede constituida entre febrero y abril de 2019. Por lo pronto, la rispidez legislativa ya afectó el debate sobre el Presupuesto de Egresos para el año entrante, que en teoría debe estar listo el 16 de diciembre.
La discusión en torno a creación de la Guardia Nacional se entrampó en la Cámara de Diputados, donde Andrés Manuel López Obrador protestará el próximo 1 de diciembre, por lo que el mandatario tomará las riendas del país sin el “arma” con la cual intentará combatir la inseguridad que tiene postrada a la nación y estará encabezada por un militar.
El retraso en el anuncio del Plan Nacional de Seguridad del próximo gobierno, en medio de las críticas por la decisión de AMLO de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pospuso el debate en torno a la Guardia Nacional, que se entrampó a su vez en el debate sobre la distribución del dinero público.
Esa demora legislativa calentará aún más las discusiones y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, raíz del cual se prevé que los recortes al campo, universidades, agua, gobiernos estatales y municipales provocarán jaloneos.
Y aun cuando el grupo parlamentario de Morena pretende aprobar antes del
31 de diciembre los cambios constitucionales que posibilitan modelar la nueva institución de seguridad que desea el gobierno de López Obrador, la oposición pronostica iniciar la discusión en enero y llevarla al pleno hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, entre febrero y abril.
Morena requiere 366 votos para cambiar la Constitución y crear la Guardia Nacional. Con el apoyo de los partidos del Trabajo y Encuentro Social alcanzaría 314. Si se le suma el Verde Ecologista llegaría a 325, por lo que requiere negociar 41 sufragios con la oposición.
En entrevistas por separado, legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) sostienen que en su primer análisis se ubica el rechazo a la Guardia Nacional porque la encabezará un mando militar. Los panistas aún no se definen, mientras que el PRD coincide con los primeros. Falta convencer a los morenistas que se resisten al mando militar.
Si no se logra aprobar la conformación de la Guardia Nacional antes de la discusión del PEF 2019 no figurarán en éste recursos para la nueva corporación. Sin embargo, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, comenta que se puede salvar el escollo fijando recursos en un apartado llamado “provisiones”.
–¿No aprobar la Guardia Nacional meterá presiones a la discusión del presupuesto, o podrá ser usada como moneda de cambio por la oposición, como, por ejemplo: “Te apruebo la Guardia el año que entra si me apruebas más recursos para mis gobernadores”? –se le pregunta a Ramírez Cuéllar.
–De todos modos ya hay presiones de muchos sectores y de los organismos del gobierno.
Por lo pronto, la no aprobación de la Guardia Nacional complicó aún más la discusión sobre el PEF 2019 y deja a López Obrador sin una de sus armas para abatir la inseguridad… por lo menos durante los primeros meses de gobierno.
Cámara rebasada
El 20 de noviembre de 2017, cuando presentó su Proyecto de Nación, AMLO hizo referencia a una Guardia Nacional, pero sin ahondar en detalles. Hubo quien pensó que ésta operaría bajo la égida civil, con participación del Ejército y la Marina.
Pero apenas 11 días después de su arrollador triunfo y con bancadas robustecidas, senadores y diputados de Morena escucharon las 12 “consideraciones” de reformas que AMLO enumeró el 12 de julio pasado, necesarias todas para echar a andar el Proyecto de Nación, aunque no se incluyó la Guardia Nacional.
Los trabajos legislativos iniciaron el 29 de agosto. Diputados y senadores llevaban buen ritmo para tener todo listo el 1 de diciembre y entregar a López Obrador la estructura legal sobre la cual cimentará los cambios… hasta que se anunció la creación de la Guardia Nacional.
Sólo entonces el ritmo de San Lázaro se desaceleró. El plan previsto para anunciarse el martes 6, se pospuso para el miércoles 14; en el palacio legislativo se hizo imposible sacarlo para antes del 1 de diciembre debido al retraso con el que la iniciativa se entregó a los diputados. Fue hasta el martes 20 cuando se presentó en tribuna el documento para reformar 13 artículos de la Constitución que posibilitan la creación de la Guardia Nacional.
Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dice en entrevista que el dictamen se aprobará en cámara antes del 31 de diciembre, día en que concluye el periodo ordinario de sesiones. “Tengo la obligación de dictaminar lo que se proponga en ese periodo”, comenta la diputada de Morena.
–¿Emitirá su dictamen aunque la consulta se realice el 21 de marzo de 2019?
–Sí. No puedo tener un asunto futuro. No sé si es fecha tajante, pero yo necesito dictaminar lo que se presenta en el periodo ordinario.
La oposición no piensa igual. Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), dice que la discusión en comisiones podría empezar en enero y, como el presidente electo ha dicho que “someterá a consulta (la Guardia Nacional), no creemos que se discuta ahora”.
Y aunque el jueves 22 el morenista Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), declaró que van a tratar de que salga en diciembre, los tiempos legislativos no dan margen para ello, a menos que Morena pretenda sacarla vía fast track; tampoco son suficientes para que los cambios constitucionales se aprueben antes de concluir el año. Tan sólo el miércoles 21 se recibió en Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma constitucional, y el martes 27 la “subcomisión de seguridad” de Puntos Constitucionales “hará un análisis”.
Además, según comentó la diputada Miroslava Carrillo, los integrantes de esa comisión “han manifestado el interés de hacer un conversatorio con analistas y especialistas para que no sólo sean ellos los que dictaminen”.
El problema es que el jueves 22, cuando Morena pudo dispensar la segunda lectura y aprobar el retiro del fuero, incluyendo al presidente de la República, no lo hizo, lo cual retrasó los trabajos. En consecuencia, es factible que el martes 27
la sesión se prolongue, evitando así que la subcomisión de seguridad sesione para definir solamente a quienes invitarán al conversatorio.
Y en medio de la inusitada lentitud de la Cámara, que bien pudo convocar a sesionar el miércoles 28 –las sesiones son sólo martes y jueves–, se desató la ola de críticas a la Guardia Nacional concebida bajo la égida de un militar, sumada a la “confusión” que existe entre algunos legisladores de Morena.
Las explicaciones
El descontento de la población y la “confusión y dudas” de los morenistas llevaron al asesor en seguridad del próximo gobierno, Alejandro Gertz Manero, a encerrarse con los 256 diputados de la fracción de Morena.
–¿Cuál fue la confusión planteada? –se le pregunta a la diputada Carrillo.
–Decíamos: “¿Cómo se le va a hacer para decir si en esta conformación (de la Guardia) no estamos haciendo lo mismo que otros gobiernos?”
–¿Dudas?
–Fueron diversas: Una que llamó mucho la atención es cómo la vas a integrar.
Gertz Manero les explicó que la figura de Guardia Nacional existe desde hace muchos años en la Constitución. “Ahora es nada más darle orden”, dice Miroslava Carrillo, y añade: “En otras administraciones los militares fueron a las calles sin sustento legal. Hoy nosotros se lo queremos dar.
Y aclara: “La formación sí es militar, pero su actividad va a ser civil”.
–¿La actividad es civil pero el mando será militar?
–Son policías militares y para nosotros tomar el ejemplo de esas personas que tienen esa especialidad podría ayudar.
–¿Cuestionaron a Gertz por el hecho de que militares vayan a estar al frente?
–No me acuerdo que haya un tema tan específico, pero en la iniciativa dice que se podrá convocar a la ciudadanía a que forme parte de la policía.
–¿Usted, en lo personal, quiere que la encabece un militar o un civil?
–Civil, civil. El tema es que quien va a ser cabeza de la Guardia va a ser el presidente de la República… él es el jefe del mando de la guardia civil.
–Y, dentro de la Guardia, ¿quiere un civil o un militar?
–Nosotros tenemos que confiar en cómo venga la propuesta. Yo apoyaré todas las actividades que el presidente crea que sean convenientes para la protección de los ciudadanos.
Pero no todos los diputados de Morena piensan igual, como Julio Carranza, diputado por Veracruz: “Estoy en contra de la Guardia y voy a votar en contra. Yo no traigo línea de nadie”.
Y mientras Gertz Manero hizo labor de convencimiento entre los morenistas, Mario Delgado, coordinador de la bancada y presidente de la Jucopo, cabildeó entre las distintas bancadas y les pidió su apoyo.
Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que no se ha acordado nada. “Sin embargo –apunta–, en la Jucopo se nos ha dicho que se trata de una propuesta que trata de hacer frente a la difícil situación que se vive en la mayoría de los estados por la falta de cumplimiento de mínimas condiciones de seguridad, agravada por los asesinatos y otros delitos”.
Atorón
Movimiento Ciudadano está de acuerdo en que haya una Guardia Civil pero bajo mando civil. “No entendemos que tenga como jefe al secretario de la Defensa cuando no tienen entrenamiento ni preparación. Si la mantienen con un tema de militarización, los 28 diputados de MC votaremos en contra”, advirtió el coordinador Tonatiuh Bravo.
El PRI, a través del general de división y presidente de la Comisión de Defensa, Benito Medina, va más allá. Dice que su partido no sólo se opone a la existencia de un jefe militar al mando, pues “dentro de un Estado democrático este tipo de organizaciones no siguen estos patrones… estamos en el ojo del huracán. Esto es inédito y no concuerda con lo que podría ser un Estado democrático”.
–¿A qué patrones se refiere?
–El patrón es que no es precisamente el personal militar en su totalidad; es decir, que asuma el control total de esto… Normalmente es personal civil que tiene algunos mandos militares, nada más. En este caso es todo militar, excepto que también integran a la Policía Federal.
A título personal, no como Sedena ni como PRI, Medina dice estar de acuerdo en que la Guardia sea “mayormente civil”, que el mando “recayera en civiles” y que los militares “actuaran como asesores”, pero “no como una unidad integrada militarmente”.
La discusión de la Guardia se empalmó con el debate del PEF 2019 y el reclamo de más recursos por parte de los gobiernos. El PAN cuenta con 12 gobernadores, al igual que el PRI, y MC tiene sólo un ejecutivo, el de Jalisco. Estos mandatarios son de los partidos a los cuales tendrá que recurrir Morena para lograr los 366 votos que se requieren para la reforma constitucional.
El presupuesto deberá avalarse antes del 16 de diciembre, aunque no se haya creado la Guardia, aclara Ramírez Cuéllar. “Se puede establecer en el decreto de presupuesto un apartado de ‘provisiones’ y con eso se salvaría el escollo”.
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Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
Y Peña Nieto, como si nada Vergonzante legado de corrupción/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
A propósito de la terrible mancha que el presidente Enrique Peña Nieto deja en materia de corrupción, y pese al afán de Andrés Manuel López Obrador de perdonar a quienes la prohijaron, Irma Eréndira Sandoval, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, asegura que no habrá retrocesos en cuanto al combate de ese flagelo: “No tienen por qué rasgarse las vestiduras aquellos que piensan que no vamos a recuperar lo avanzado. El presidente electo es de los que más han auspiciado el discurso anticorrupción”.
Enrique Peña Nieto dejará su cargo presidencial con un vergonzante estigma de corrupción. Mancha que también lleva a cuestas una parte de su familia, colaboradores cercanos y hasta sus antiguos compañeros del PRI.
Si bien fracasó en el combate a la pobreza y en la batalla contra la violencia y la inseguridad, en el fortalecimiento de la presencia de México en los foros internacionales, en desarrollo económico y en la implementación de sus reformas estructurales, tuvo en cambio un éxito incontrovertible en materia de corrupción. Y si se diga en materia de impunidad.
Y aparentemente se va sin preocupaciones, ante el ofrecimiento de perdón, el “punto final” que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en 2016 y ratificó el lunes 19. Una postura que ha indignado a diversos sectores de la sociedad.
No obstante, Irma Eréndira Sandoval ataja el cuestionamiento.
En entrevista con Proceso, la futura secretaria de la Función Pública sostiene que se va a combatir absolutamente toda la corrupción e impunidad mediante dos subsecretarías. La primera trabajará en fiscalización, auditoría y controles preventivos tradicionales. La segunda buscará erradicar la impunidad y se centrará en fincar responsabilidades administrativas y las sanciones necesarias.
“Serán como nuestros mástiles. Y eso significa un finiquito a la impunidad. El mensaje es claro y prístino: habrá justicia y se va a procurar un cierre claro de todos los expedientes abiertos”, afirma.
Sólo escándalos
Prácticamente no hubo un año en el que el entorno de la Presidencia de la República no detonara un escándalo de corrupción. En 2014 Peña Nieto vio el fin de su credibilidad con el reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, realizado por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui y publicado de manera conjunta con este semanario.
La revelación periodística expuso el conflicto de interés entre la administración de Peña Nieto y el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú al construir una residencia en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de México, al gusto de la pareja presidencial. Se trata del inmueble que Angélica Rivera, esposa del mandatario, presumió en una revista de sociales.
La investigación fue el inicio de otras revelaciones: el entonces secretario de Hacienda, el actual canciller Luis Videgaray, obtuvo del mismo empresario una casa en Malinalco, Estado de México, y Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico, de igual manera se hizo de un inmueble en Lomas de Chapultepec que Peña utilizaba como oficina.
Los escándalos causaron daños colaterales, como la cancelación de uno de los megaproyectos que Peña Nieto anunció desde su campaña presidencial: el tren México-Querétaro. Entre los contratistas de la obra se encontraban precisamente Hinojosa y empresas chinas que después demandaron al gobierno de México; un asunto del que, por cierto, poco se ha informado, pues no se ha dado a conocer si hubo daño patrimonial ni el motivo real de la suspensión del proyecto ya licitado.
En un video, Angélica Rivera intentó explicar –molesta, contrariada, insegura– que sus ingresos le permitieron adquirir la Casa Blanca. Sin embargo, la presión de la opinión pública y el eco internacional del caso obligaron al mandatario a que el 3 de febrero de 2015 designara a su excolaborador Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública.
En su toma de protesta al cargo, a Andrade se le ordenó la investigación de este asunto, pero acabó exculpando a su jefe y cerró el caso en agosto de 2015.
Facilitador de contratos
Los excesos en el ejercicio del servicio público continuaron pese a los escándalos: viajes internacionales con grandes comitivas –incluida la familia presidencial–, abuso de los recursos públicos y hasta remodelaciones y decoraciones en la residencia oficial de Los Pinos realizadas con total opacidad (Proceso 1976).
Emilio Lozoya, exintegrante del consejo de administración de la constructora española OHL, ampliamente favorecida en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador, y director general de Petróleos Mexicanos en la primera parte del sexenio, se vio inmerso en un escándalo de corrupción cuando en unos audios se le señaló como facilitador de contratos. En esas filtraciones también salió el nombre de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.
El de los audios fue el último escándalo en el que Lozoya estaba implicado porque en el comienzo de su gestión fue involucrado en la adquisición de una planta chatarra a precio elevado en beneficio de Altos Hornos de México.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que las acciones de Lozoya elevaron de 250 millones de dólares a 700 millones el costo de esa planta.
Los señalamientos contra Lozoya no paraban: en abril de 2017 el director del sector de Operaciones Estructuradas de la brasileña Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, reveló a las autoridades de Brasil que en 2014 le entregó cinco millones de dólares al funcionario mexicano para que les consiguiera nuevos contratos.
El escándalo Odebrecht, que alcanzaba a 12 países, llegaba de esa manera a México, especialmente cuando el 13 de agosto un reportaje de Quinto Elemento Lab publicado en Proceso reveló las declaraciones de Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, quienes dijeron que el mexicano recibió 10 millones de dólares en sobornos para garantizar la obtención de proyectos de Pemex.
Las declaraciones contenidas en el expediente brasileño derivaron en otra investigación –subvencionada por la organización Mexicanos contra la Corrupción– según la cual Lozoya recibió recursos de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en la que fungió como encargado de Relaciones Internacionales.
El asunto quedó en el aire, nunca se agotó, y el fiscal del caso, Santiago Nieto Castillo, fue corrido por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República.
Desvío de recursos públicos
López Obrador ha mencionado en diversas ocasiones que la corrupción tiene fines electorales. Dos casos le dan la razón: una serie de transferencias de recursos que la ASF identificó como proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Operación Zafiro, mediante la cual se desviaron 650 millones de pesos en el estado de Chihuahua.
En abril de 2013, Rosario Robles, titular de la Sedesol, fue señalada de manipular los programas de la dependencia con fines electorales, sobre todo en el contexto de los comicios de Veracruz. No obstante, el Presidente la defendió.
En un acto público, Peña Nieto le dijo: “No te preocupes, Rosario. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes les ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero nosotros, este gobierno, tenemos un objetivo claro, que es acabar con el hambre”.
Esa declaración del mandatario puso en riesgo el Pacto por México porque causó que la dirigencia del Partido Acción Nacional se levantara de la mesa del acuerdo.
Sin embargo, el mayor escándalo de corrupción en Sedesol detonó con la publicación del reportaje sobre la llamada Estafa Maestra, trabajo realizado por el portal Animal Político.
De acuerdo con el texto, en esas irregularidades están implicadas 168 empresas, de las cuales 128 son compañías fantasma que recibieron siete mil 670 millones de pesos.
Otro caso delicado se destapó justo entre la fecha de salida de Rosario Robles y los primeros meses de la gestión de José Antonio Meade en la Sedesol. En el segundo semestre de 2015 desaparecieron 12 mil millones de pesos de la dependencia que estaban destinados a un programa para pueblos y comunidades indígenas (Proceso 2164).
En septiembre pasado López Obrador expresó que Robles era un “chivo expiatorio” y señaló que los desvíos millonarios eran sólo un circo de los medios de comunicación.
La Operación Zafiro, caso que impactó principalmente a Manlio Fabio Beltrones y a sus colaboradores cercanos, derivó en un hecho insólito: el 11 de octubre último la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
Nunca un presidente había solicitado tal protección de la justicia. Para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se trata de una maniobra legal para conocer el contenido de los expedientes de la Fiscalía de Justicia del estado.
Los pendientes, una incógnita
El gobierno de transición no cuenta por el momento con la información definitiva sobre los casos que están en proceso de investigación y que, dadas las declaraciones del presidente electo, resultan relevantes para comprender la dimensión de las indagatorias que tendrán continuidad.
Según los datos del Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto, los montos recuperados por casos de corrupción son mínimos en comparación con el dinero que fue desviado en la Sedesol en dos hechos documentados por las investigaciones periodísticas. De acuerdo con Peña Nieto, en su sexenio se logró reintegrar al erario ocho mil 305 millones de pesos mediante procedimientos sancionatorios.
Durante este gobierno se registraron 63 mil 560 sanciones administrativas contra 46 mil 290 servidores públicos. De ellas, 25 mil 338 fueron amonestaciones públicas y privadas (39.9%), 17 mil 57 suspensiones (26.8%), 13 mil 815 inhabilitaciones (21.7%), dos mil 391 destituciones (3.8%) y cuatro mil 959 sanciones económicas (7.8%), con un monto acumulado de 12 mil 691 millones de pesos.
La estadística muestra que en 40% de los casos la autoridad básicamente regañó a los infractores y que 66% de los servidores públicos que incurrió en alguna irregularidad pudo continuar con su empleo.
El proyecto loperzobradorista se plantea impulsar reformas para acabar con la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval rechaza que exista el riesgo de un retroceso en la materia: “Estamos trabajando (en la propuesta) y se va anunciar en su momento. Será transparente… y no tienen por qué rasgarse las vestiduras aquellos que piensan que no vamos a recuperar lo avanzado. El presidente electo es de los que más han auspiciado el discurso anticorrupción”.
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