Los especialistas alzan la voz Rechazo al "punto final” lopezobradorista/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
La propuesta del presidente electo de “perdonar” a políticos que incurrieron en actos de corrupción en el pasado no ha sido bien recibida por litigantes, especialistas ni por miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. Para algunos, esa especie de “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México. El ómbudsman nacional precisa que la corrupción –en tanto que afecta al erario– genera víctimas, es decir, todos los mexicanos.
El ánimo del presidente electo es perdonar actos de corrupción del pasado a cambio de la estabilidad; es otra propuesta de amnistía que no pasa de una voluntad política, porque ya hay denuncias que deben seguir siendo investigadas, a menos que opte también por el control de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. En tal caso, la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción sería un fracaso, porque significaría una amnistía no declarada a los corruptos, advierten litigantes, especialistas y miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El presidente electo abrió una nueva controversia la semana pasada cuando declaró profusamente a la prensa su deseo de poner “punto final” a los casos de corrupción del pasado. El término aludió a las leyes de punto final que existieron durante 20 años en Argentina para detener los procesos penales y exculpar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
Ante la magnitud de la corrupción en México, que en las mediciones internacionales destaca como uno de los países con más baja calificación, la intención del próximo mandatario movilizó incluso al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo que los actos de corrupción representan una violación a los derechos humanos de todos los mexicanos.
En el Índice Global de Corrupción de Transparencia Internacional, la evaluación de México ha caído de manera consistente. En el reporte dado a conocer en febrero de este año apareció en el lugar 135 de 180 países. Está entre los peores de América Latina, y junto con Rusia es el peor evaluado del Grupo de los 20 (el de las economías más grandes del mundo) y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo el viernes 23 en España que México ya tiene los procedimientos “legales, formales e institucionales” para actuar contra los corruptos: “Lo que hay que hacer es aplicar esos códigos y esas leyes”.
La propuesta de “punto final” de López Obrador se añadió a la polémica desatada horas antes, cuando el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), que va a sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR), y que le da al próximo presidente la facultad de elaborar una terna para que la Cámara de Senadores, controlada por Morena, designe a quien será el fiscal general –y de quien dependerá el fiscal anticorrupción– los próximos nueve años.
Lo que pase con la FGR y el fiscal anticorrupción va a marcar a la Cuarta Transformación, asegura José Octavio López Presa, del Comité de Participación Ciudadana del SNA, la instancia de coordinación de los tres poderes y de las autoridades federales y estatales para el combate a la corrupción, pero cuya operación depende de la designación y grado de operación de ambos fiscales.
Estefanía Medina, cofundadora y directora del despacho Tojil Estrategia Contra la Impunidad, especializado en ese rubro, dice que el “punto final” significaría prolongar la amnistía de facto que ha existido para los corruptos en México.
“El borrón y cuenta nueva, con el sistema de impunidad del que venimos, no va a significar un cambio”, dice la abogada, quien ahora tiene en tribunales dos casos emblemáticos de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la reducida pena de nueve años para el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, pese al millonario desfalco al erario, y la llamada “estafa maestra”, que involucra a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en las gestiones de Rosario Robles.
“No alcanzarían las cárceles”
El presidente electo venía de un amplio rechazo a su propuesta de militarizar la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional (Proceso 2194), cuando en un recorrido de entrevistas en medios electrónicos salió a colocar el tema del perdón a los grandes corruptos.
La noche del lunes 19, al participar en el programa Tercer Grado, de Televisa, dijo que el problema de la corrupción en México es tan grande que no alcanzarían ni las cárceles ni los juzgados. “Si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba, de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación… es apostar a la discordia”.
Al día siguiente –luego de hacer una guardia de honor para el expresidente Francisco I. Madero y el exvicepresidente José María Pino Suárez, en el aniversario de la Revolución–, reiteró su postura y dijo que como no es cacique ni “aspiro a ser un dictador”… no se darán órdenes a los poderes Judicial o Legislativo para que detengan procesos iniciados, pero que hacia adelante “ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto”.
Con el tema ya puesto en la discusión pública, lo amplió en una entrevista, el miércoles 21, en el programa Aristegui Noticias, donde fue más explícito: “Si se trata de juzgar y de abrir expedientes tendríamos que comenzar con los de arriba. Ese es el cambio”.
–¿Y porque no? –le preguntó Carmen Aristegui.
–Porque sería conspirar en contra de la estabilidad política del país. Desatamos… Nos empantanamos. Se suelta la confrontación entre los mexicanos. Tendrías que enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto.
Ante lo controversial de su propuesta, dijo que podría someterla a sus consultas populares. Incluso planteó al aire la pregunta: “¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros ilícitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Si o no?”
El abogado Ulrich Richter Morales, quien ha llevado casos de libertad de expresión como el de la esposa del expresidente Vicente Fox, Marta Sahagún, contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat, observa que muchos de los delitos de corrupción ya habrían prescrito en el caso de los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y parcialmente en el de Vicente Fox. De ser el caso, aún se podría consignar a funcionarios de Felipe Calderón y, desde luego, al del saliente Enrique Peña Nieto.
Dice que de acuerdo con el Código Penal Federal, los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito se castigan con penas que van de entre dos y 14 años; escenario en el que podrían estar algunos funcionarios del gobierno de Fox si hubieran cometido esas faltas a la ley. El periodo se amplía a 15 años cuando se trata de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Autor de El ciudadano digital, Richter antepone la existencia de una FGR y una fiscalía anticorrupción autónomas e independientes para un efectivo combate a la corrupción, y afirma que en el caso de que se dejen de investigar delitos de corrupción, la responsabilidad no sería del presidente de la República sino de las fiscalías.
En otra entrevista, el jueves 22 en Milenio, López Obrador informó que el 21 de marzo se hará la consulta sobre el juicio a los expresidentes, la Guardia Nacional y su consejo económico asesor, en el cual participan los empresarios televisivos Ricardo Salinas, de TV Azteca; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; y Olegario Vázquez, de Grupo Imagen, entre otros a los que llegó a considerar parte de “la mafia en el poder”.
Sobre la consulta, Richter dice que aunque “el pueblo tiene sed de justicia”, en un estado de derecho se juzga con base en una investigación apoyada en pruebas.
José Octavio López Presa, quien a partir de febrero asumirá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del SNA, indica que la idea del “punto final” es más un mensaje político que jurídico, porque las denuncias e investigaciones que existen hasta ahora tendrán que seguir.
“Estamos en un estado de derecho. Esto no puede ser de ninguna manera la voluntad autoritaria de una persona. El Ministerio Público, ahora en la PGR, está obligado a agotar todos los procedimientos si hay denuncias presentadas contra servidores públicos” del gobierno federal, dice.
Primer director ejecutivo de Transparencia Internacional Capítulo México, consultor externo de la OCDE en 2005 en el tema de conflicto de interés y subsecretario de la desaparecida secretaría de Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, interpreta que la propuesta de López Obrador va encaminada a “poner fin a la politización” de las investigaciones por corrupción.
Eso es lo que hay que acabar. Eso supone que la fiscalía tiene que ser totalmente independiente, dice en entrevista el también consejero fundador de la organización no gubernamental Causa en Común, dedicada a asuntos de seguridad y justicia.
–¿Qué garantías hay de que se investigue, ya no los pasados, sino los eventuales actos de corrupción en el próximo gobierno, si el fiscal general va a ser propuesto por el presidente?
–El próximo presidente tiene que reflexionar bien. Está en un momento histórico: poder ser el primero en crear una fiscalía verdaderamente independiente en México. Puede ser un enorme legado de la Cuarta Transformación. Si no lo hace, no le vamos a creer y esa transformación habrá fracasado en eso. Es una decisión histórica que depende del futuro presidente como de su partido en el Congreso de la Unión.
Abunda: “Si él insiste en designar a alguien a modo, habría enorme sospecha sobre la posible politización de la FGR. Además, tiene que poner el ejemplo a nivel nacional. Si no pone una fiscalía autónoma, con qué derecho le va a decir a los gobernadores que no hagan lo mismo”.
Hay que lograr la independencia de las instituciones del SNA, incluida la FGR, y de los sistemas estatales, insiste.
“Estamos en una inercia donde se tiene la tendencia de que los gobernadores o congresos quieren seguir poniendo en los puestos clave del SNA o los sistemas estatales a personas a quienes ellos puedan controlar. Esto tiene que acabar.”
A pesar de que López Obrador no se ha referido al SNA, dice que la futura secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, pretende fortalecer la participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que el futuro subsecretario, Roberto Salcedo Aquino, conoce cómo se ha construido el sistema. Eso puede ser una ventaja, pero lo indispensable es la auténtica autonomía e independencia de la FGR, insiste.
Falta de voluntad
Estefanía Medina asegura que hasta ahora en México ha existido “una amnistía no anunciada” por la incompetencia y falta de voluntad para investigar la corrupción. No es necesario anunciarla. En los hechos existe.
Asegura que una de las principales narrativas del futuro gobierno es que va a entrarle al tema de la corrupción. Si es así, debe tener un plan integral de combate a ese problema. No se agota en lo penal. Si opta por “el borrón y cuenta nueva”, estaría mandando el mensaje de continuar con la impunidad generalizada que ya vivimos.
En ese caso, dice, lo primero que va a ocurrir es que la gente verá que no pasa nada. No habrá ninguna consecuencia, ninguna transformación ni nada que lleve a inhibir esa práctica. Luego, podría venir un gran desencanto de la sociedad por no tener resultados concretos en un tema que nos coloca en una condición penosa ante el mundo.
Considera que el combate a la corrupción no depende sólo del Poder Ejecutivo, pero que ante una probable intervención de éste en la actuación de la FGR, los poderes Legislativo y Judicial estarán más obligados a actuar ante el tema.
El Poder Judicial tendría que mantenerse fuerte ante las actuaciones de la FGR y el Legislativo aún tiene mucho qué hacer en la materia.
El Congreso, ahora dominado por Morena, tiene la gran tarea de fusionar las reformas del sistema de justicia penal de 2008 y las que crearon, entre 2014 y 2016, el SNA. Si esa mayoría quisiera avanzar contra la corrupción tendría que fusionar ambas reformas para que se complementen, porque ahora van por caminos separados, asegura la directora de Tojil, palabra maya que significa lo justo o lo correcto.
“Sea quien sea el fiscal general, el tema está en la estructura y construcción de la Fiscalía, incluida la fiscalía anticorrupción. Las últimas declaraciones (del presidente electo) nos han preocupado mucho. Lo que nos queda es seguir impulsando esos litigios. Por parte de la sociedad no hay amnistía”, afirma.
A la polémica propuesta de López Obrador también reaccionó la CNDH. Su presidente, Luis Raúl González Pérez, afirmó que los actos de corrupción también generan víctimas: “Se trata del erario y las víctimas son los mexicanos. Entonces (el perdón a los corruptos) es un tema que debe analizarse con ponderación”.
Aunque dijo coincidir con el presidente electo en el tema de combatir la corrupción, “tenemos que ver cómo compatibilizarla para que la impunidad se acabe y sea una garantía de no repetición de esos actos, que haya consecuencias jurídicas”, declaró el viernes a la prensa.
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