México, un País con tradición democrática consolidada después de los grandes acontecimientos que vivió a raíz de su movimiento de independencia hasta los primeros treinta años del siglo XX.
Su constitución rica en contenidos federalistas y republicanos, poco a poco se han ido desvaneciendo por las grandes contradicciones de sus gobernantes.Una democracia fincada en la voluntad popular, ha sido sustituida por una voluntad presidencial que cada vez se vuelve dictatorial y contraria a nuestra constitución.
La voluntad política del gobernante, debe ser, sin duda, fortalecer nuestras instituciones y consolidar nuestro régimen federal y republicano. El gobernante tiene la obligación de buscar las medidas que sean necesarias para que la voluntad democrática del pueblo que lo llevó al poder público, sea fiel a lo que mejor ayude al País para crecer y proyectarse como nación fuerte e independiente ante la comunidad internacional.
Las fuerzas armadas, deben ser las que en todo momento permanezcan vigilantes para que nuestra soberanía y nuestras instituciones no corran ningún riesgo por razones de seguridad nacional y para la tranquilidad de todos los mexicanos.
Respeten las jurisdicciones que impone un régimen democrático como el nuestro, las responsabilidades que le corresponden a la autoridad civil y las que sean propias de la autoridad militar. La civil formada con técnicas depuradas para atender las necesidades sociales para garantizar paz y tranquilidad públicas. Las militares, formadas con las mejores técnicas y procedimientos para combatir en caso de guerra o situaciones graves de seguridad interior. En ambos casos, nos permite identificar situaciones de seguridad pública y de seguridad nacional, que no es lo mismo.
Señores legisladores, reaccionen, analicen las propuestas de la iniciativa presidencial respecto a la creación de la Guardia Nacional, como un órgano para la seguridad pública investido de autoridad y poder militar. Falta a la verdad quien se atreve a afirmar, que la Guardia Nacional, será el mejor legado que el Presidente aporte a la nación para el combate a la inseguridad.
Respeto a las jurisdicciones, recuperemos a las instituciones policiales civiles y ya basta de seguirlas denostando como la salida más fácil para sacar de los cuarteles a los soldados y mandarlos a la calle a combatir la inseguridad pública cuando esa no es su misión constitucional.
Corrupción y desgano tenemos en Sinaloa, para combatir la inseguridad, aun cuando la administración estatal cómodamente cedió el mando de las instituciones civiles a militares. Mandos militares en listas de beneficiarios por delincuentes dedicados al crimen organizado en el municipio de Concordia, teniendo a particulares, ciudadanos honestos, temerosos y en riesgo de perder sus propiedades por la amenaza de los que a la vista de muchos y al mando de la policía estatal militarizada, tienen que callar esas agresiones.
Basta de simulaciones y basta también de más engaños a la sociedad, queremos seguridad real y efectiva e instituciones civiles bien pagadas , profesionales y debidamente capacitadas.
No a la reforma constitucional para militarizar a la seguridad pública, si, a consolidar las instituciones de seguridad pública en sus diferentes niveles y una campaña intensa a través de medios que exalten lo mucho que aportan y quieren seguir aportando verdaderos y profesionales policías de la federación, estados y municipios.
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