Rodríguez Bucio fue crítico del uso de la milicia para tareas de seguridad pública/
JOSÉ RAÚL LINARES
El sexenio del presidente Felipe Calderón comenzó con una apresurada lucha contra el narcotráfico, sin el suficiente conocimiento sobre las organizaciones criminales a enfrentar y carente de equipamiento, cuestionó en 2016 el recién nombrado comandante de la Guardia Nacional, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio.
En su ensayo Retos enfrentados por las Fuerzas Armadas Mexicanas durante su participación en la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Felipe Calderón Hinojosa, publicado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), escribió: “El hecho de que sólo transcurrieran 11 días entre la toma de posesión del presidente Felipe Calderón y el inicio de la Operación Conjunta Michoacán (diciembre de 2006) sugiere un sentido de urgencia, no aclarado, por iniciar acciones contra las organizaciones de narcotráfico”.
También cuestionó el hecho de que la clase política mexicana no muestre gran interés por conocer a sus Fuerzas Armadas, cuyo “empleo en funciones de seguridad pública ha conducido a que se haga un empleo rutinario de ellas en lugar de que sea en casos extraordinarios”.
En ese mismo ensayo, Rodríguez Bucio se pregunta: ¿cuáles fueron los principales problemas externos e internos que enfrentaron las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAMs) con motivo de su participación en la estrategia mencionada?
Él mismo responde: “En relación con los problemas clasificados como externos a las FAMs se identificaron los siguientes: desconocimiento político de las propias FAMs y falta de respaldo legal; bajo presupuesto, el narcotráfico como problema del gobierno federal, críticas en los medios de comunicación y cuestionamientos de organizaciones internacionales”.
En materia interna, añade: “Este tipo de problemas fueron los relacionados con un diagnóstico incompleto de la situación que guardaban las organizaciones de narcotráfico, descoordinación y desconfianza con otras fuerzas, necesidad urgente de inteligencia e información y falta de equipamiento táctico y tecnológico”.
En otro texto publicado en 2016 en la revista del Centro de Estudios Estratégicos y Navales, donde obtuvo el doctorado en defensa y seguridad nacional, señala la debilidad de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Dijo que las fuerzas armadas de los países productores y de tránsito de drogas, como México, seguirán participando en el esfuerzo por reducir la oferta, pero con altibajos en sus resultados.
Desde que se le asignó la responsabilidad de atender la problemática del narcotráfico, la PGR nunca desarrolló las capacidades que permitieran el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, destacó en su texto.
Caída y resurrección
Consumada en 2006 la victoria presidencial de Felipe Calderón, la guerra contra los cárteles de la droga se inició con el despliegue de las “operaciones conjuntas” en Michoacán.
Uno tras otro, los actos del gobierno se enfocaron a involucrar a las Fuerzas Armadas en el conflicto, para lo cual fueron convocados el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, de Marina.
El entonces general de brigada Luis Rodríguez Bucio fue asignado como jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GAIN) –un símil del Cisen– operando en las áreas de inteligencia militar.
El cargo lo ocupó hasta 2010, cuando la PGR lo señaló por tener presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, caso que llevó a la detención del general Tomás Ángeles Dauahare y a los militares Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, Silvio Isidro de Jesús Hernández e Iván Reyna, todos absueltos en 2013 debido a la falta de pruebas.
En 2009 Miguel Colorado González, coordinador técnico de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), denunció que el general Rodríguez Bucio sembró pruebas en la llamada “Operación Limpieza”, consistente en el espionaje de militares para descubrir sus vínculos con el narcotráfico.
El expediente contra los altos mandos militares fue montado por el procurador Eduardo Medina Mora –actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, así como por Noé Ramírez Mandujano, entonces subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Proceso 1679).
Colorado González dijo que comenzó a espiar al capitán Fernando Rivera Hernández luego de que el subprocurador Ramírez Mandujano recibió informes de la oficina antidrogas estadunidense (DEA) que señalaban la presunta colusión de los Beltrán Leyva con el general Ángeles y cinco militares más.
Según esta versión, el cártel les pagaba 450 mil dólares mensuales a cambio de protección (Proceso 1674).
Con base en dicha acusación, el general Ángeles –subsecretario de la Sedena en la administración de Ernesto Zedillo– fue detenido el 16 de mayo de 2012. A decir de Miguel Colorado Luke, hijo del exfuncionario de la PGR, el general Rodríguez Bucio habría ordenado el espionaje contra los militares.
Casi tres años después, la investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 señaló que Rodríguez Bucio no era quien realizaba el espionaje de los militares, sino que él mismo era uno de los espiados.
El mayor Iván Reyna, quien estuvo recluido en el Centro de Readaptación Social de San Juan del Río, Querétaro, volvió a señalar al general Rodríguez Bucio en una lista de militares que aceptaban narcosobornos.
Posteriormente, el mayor dijo que hizo la acusación porque lo presionó el Ministerio Público federal, declaración que quedó asentada en una queja que interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la queja interpuesta, el ministerio público José Francisco Rubio Salgado, de la entonces Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, le pidió que hiciera señalamientos contra Moisés Augusto García Ochoa, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, Juan Manuel Rico Gámez, Luis Rodríguez Bucio, Roberto Aguilera, Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia.
Sin embargo, la acusación no prosperó y el general Ángeles, cabeza de la supuesta trama, fue reivindicado por el general Salvador Cienfuegos, quien lo nombró su asesor. Cienfuegos fue el secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
A partir de este momento, Rodríguez Bucio se alejó de las operaciones antinarcóticos y se refugió en la academia.
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