“Los militares han pesado siempre”: cómo el caso Cienfuegos destapó el poder del Ejército mexicano
Cuando el exsecretario de la Defensa Nacional de México regresó a su país tras librar una acusación de narcotráfico en Estados Unidos, varios voltearon a ver hacia los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Algunos creen que históricamente ellos han movido los hilos del poder desde un segundo plano.
POR: ISAIAS ALVARADO
Univisión, 22 NOV 2020;
A finales de 2018, pocos días antes de asumir la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con la élite militar de ese país para hablar sobre su estrategia de seguridad, pero solo recibió órdenes, según lo cuenta el general brigadier retirado José Francisco Gallardo.
“Sale tronado Andrés Manuel. Lo doblaron. Yo dije: ‘señor, si lo amenazaron, si le dijeron algo, díganos’”, dijo Gallardo al programa ‘Los Periodistas’, en el cual advirtió que existe una “cofradía” de generales que supuestamente controla al mandatario en turno y que algunos llaman ‘El Sindicato’.
“¿Qué alcance tiene ese poder fáctico, general?”, le preguntó el conductor Alejandro Páez Varela.
“Pues lo estamos viendo… doblaron al presidente”, insistió Gallardo refiriéndose a la presión diplomática que ejerció México tras la detención en California del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda. Esa acción derivó en el retiro de los cargos de narcotráfico que enfrentaba.
Fue un hecho inédito y pasó muy rápido: en una audiencia de unos 15 minutos desestimaron la acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York, nueve horas después alguaciles estadounidenses ya lo habían trasladado a México y, unos minutos más tarde, la Fiscalía mexicana lo dejó libre.
La mañana siguiente, López Obrador aplaudió la repatriación de Cienfuegos, quien fue titular del Ejército en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), subrayando que debía haber confianza mutua entre ambos países.
“Es un hecho que reafirma que somos un país libre y soberano (…) Tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo”, expresó acerca del proceso judicial que ahora encabezan los fiscales mexicanos.
Es la primera vez que Estados Unidos decide soltar un caso de narcotráfico de alto perfil y devolver al acusado a México para que allá continúen la investigación. El Departamento de Justicia (DOJ) indicó que el objetivo es mantener la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. No explicó más.
Una de varias teorías que giran en torno a este caso es que altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas se molestaron tanto que le exigieron a López Obrador que lo trajera de vuelta y este obedeció.
“Es tan grave lo que está sucediendo que una hipótesis -efectivamente- es que el presidente pudo ser chantajeado, presionado (...) Me parece que el presidente ha sido víctima de una trampa (...) que alguien lo encerró en una sola opción, casi como un ultimátum”, sostiene Anabel Hernández, experta en narcotráfico, en una entrevista con el periodista Julio Astillero.
Lo que dice Hernández es parte de un acalorado debate en ambos lados de la frontera. Quienes comparten esa idea la vinculan a la cada vez mayor influencia militar en la vida civil de México.
No solo es responsabilidad de soldados y marinos el combate a la delincuencia en las zonas más inseguras del país, sino que también les confiaron la atención médica en medio de la pandemia, el rescate de mexicanos varados en el extranjero por los brotes de coronavirus y la administración de aduanas y puertos.
Además realizan las obras del aeropuerto de Santa Lucía, combaten el multimillonario robo de combustible (huachicoleo) y usaron su prestigio para impulsar el proyecto ferroviario llamado Tren Maya.
El rol del Ejército en la guerra contra las drogas se inició en 2006 y se afianzó a finales de 2017 a través de una ley de seguridad, cuya aprobación deja a los soldados en las calles por tiempo indefinido. López Obrador no permitió que el “pueblo uniformado”, como les llama, regresara a los cuarteles, incumpliendo una de sus principales promesas de campaña. En su gobierno los niveles de violencia son aún peores.
La militarización en México se ha profundizado por la creación de una nueva fuerza castrense, la Guardia Nacional, que se fundó hace un año tomando a elementos de la extinta Policía Federal.
La historia señala que los soldados han sido el as bajo la manga de los presidentes mexicanos y algunos los usaron incluso para reprimir movimientos sociales, llegando hasta la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968 y la desaparición de opositores durante la llamada ‘Guerra Sucia’. Fue una época oscura en la que había una regla no escrita para la prensa: el presidente, la Virgen de Guadalupe y el Ejército eran intocables.
A pesar de la influencia que han tenido durante 107 años jamás han dado un golpe de Estado en México, a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica. Algunos sostienen que su poder se ejerce con dureza y efectividad tras bambalinas, por eso no les ha sido necesario quitar a un gobernante incómodo.
“Los militares han pesado siempre, incluso los retirados tienen un trato privilegiado”, afirma Fred Álvarez, experto en seguridad pública, en una entrevista con Univision Noticias.
El roce por el caso Ovidio
Este viernes, en un evento que conmemoró el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, el actual secretario de la Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, reiteró su lealtad a López Obrador, en quien recae el mando supremo del Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
“Es evidente que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo (…) porque dependemos del Ejecutivo, a cuya autoridad nos subordinamos por ley, por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción”, dijo.
Es un acto simbólico que se repite cada 20 de noviembre y que parece tranquilizar al mandatario en funciones.
Pero en la era López Obrador no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hubo un roce público en octubre de 2019, cinco días después de la humillación que sufrió el Ejército cuando detuvo en Sinaloa a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Por órdenes del presidente lo dejaron libre, advirtiendo que solo así se evitó una masacre en Culiacán.
Aquel día, en un desayuno de la Asociación de Graduados del Colegio de Defensa Nacional de México, el general Carlos Demetrio Ochoa Gaytán pronunció un discurso sumamente crítico: “Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.
Ayotzinapa y Tlatlaya
Si bien los arrestos de varios generales acusados de tener vínculos con el narcotráfico han empañado la imagen del Ejército, pocos fueron condenados por ello. Además, distintos reportes señalan que sus efectivos siguen excediendo su fuerza y abusando de los derechos humanos sin ser castigados.
El Ejército es la institución mexicana con más denuncias por desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según un informe que documentó la "fallida" estrategia para combatir al narcotráfico, abarcando de 2006 a 2018.
El reporte elaborado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cita que en ese período torturó a 313 personas, usando puñetazos, chorros de agua, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, ahogamientos controlados (waterboarding) y amenazas.
También advierte sobre abusos sexuales: “Elementos del Ejército han perpetrado crímenes sexuales de diferentes formas, desde tocamientos lascivos hasta violación sexual”, denuncia la comisión.
A finales de septiembre, López Obrador dijo que entre los 70 sospechosos que buscaban arrestar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 había elementos del Ejército. Estos acusados son o eran parte del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el estado de Guerrero.
Una de tantas versiones es que militares coludidos con narcotraficantes participaron en el secuestro y el posible asesinato de los estudiantes de magisterio. A la fecha, solo un capitán del Ejército ha sido detenido por este suceso que marcó el sexenio de Peña Nieto.
El padre de uno de los jóvenes desaparecidos, Antonio Tizapa, protestó afuera de la Corte de Brooklyn este miércoles para denunciar que Cienfuegos "obstruyó la justicia en el caso Ayotzinapa" siendo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ese mismo día, el general retirado se fue a México.
Otro incidente que manchó la carrera de Cienfuegos ocurrió solo tres meses antes del caso Ayotzinapa. En junio de 2014, efectivos del 102 Batallón de Infantería fueron señalados por su presunta participaron en la masacre de Tlatlaya, como le han llamado al asesinato de 22 personas en un almacén de la localidad de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
La versión oficial es que se trató de un enfrentamiento del crimen organizado, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) concluyó que al menos 12 personas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena del crimen para que pareciera que hubo un tiroteo.
En 2015, un informe de la organización Miguel Agustín Pro documentaba que los militares tenían órdenes de "abatir delincuentes" en el área de Tlatlaya antes de que se registrara aquella masacre. A la fecha, ningún efectivo castrense ha sido castigado por estos hechos.
A pesar de los escándalos, el Ejército es una de las instituciones mejor calificadas por los mexicanos.
Fred Álvarez, experto en seguridad pública, cree que generales retirados y otros personajes sumaron a la presión sobre el presidente para que repatriaran a Cienfuegos, quizás temiendo una cooperación del exsecretario con la Fiscalía de Estados Unidos para evitar un castigo más grave y un posible juicio escandaloso.
“Eso puso nerviosa a la gente, porque si alguien tiene mucha información sobre todo México (sobre empresarios, partidos políticos, gobernadores) es el secretario de la Defensa”, mencionó.
Álvarez resalta que la influencia militar quedó de manifiesto cuando Cienfuegos regresó a México. “El general llegó vestido de traje y se fue a dormir a su casa. Le dieron un trato exclusivo”, dijo.
A muchos también extrañó el giro en el discurso de López Obrador. Al día siguiente de la captura del general, el 16 de octubre, lo calificó como un incidente “muy lamentable” y enfatizó que era reflejo de la corrupción de los gobiernos anteriores. Pero el jueves lo matizó diciendo frases como “no podemos aceptar que se fabriquen delitos” o “no se puede acusar a nadie si no hay pruebas”.
Anabel Hernández, quien es autora de varios libros sobre la relación entre el Cartel de Sinaloa y el gobierno de México, dice que las frases del presidente parecen anticipar la exoneración del general.
“Es una defensa absolutamente atípica y no es congruente con la primera expresión que hizo el propio presidente un día después de que Cienfuegos fue detenido”, criticó ella en la entrevista con el periodista Julio Astillero.
“Esta situación es escandalosa en todos los ámbitos, tanto en Estados Unidos, como en México”, dijo.
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