El caso del caso de Rafael, hijo de Judith Valenzuela Ortiz, reportera de @Riodoce_mx en la mañanera de hoy..; lo expone @M_OlgaSCordero .
La jueza que llevó el caso es María del Socorro Castillo Sánchez; un asunto de justicia...¿Y la reparación del daño?
¿Qué dice el CJF?
Por cierto, esa juzgadora, jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca dejó en libertad el 1 de julio de 2020, al presunto líder del Cártel Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, señalado como responsable de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; Sin embargo, cuando salía del penal de Almoloya, el supuesto líder criminal fue detenido por policías de investigación, debido a una orden ministerial de presentación que obtuvo la FGR.
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El tema lo abordó Rogelio en su columnas Miradas de Reportero en Eje Central.
Policías, dos fiscales y una juez castigan a Judith y a su hijo por ser periodista incómoda
Eje Central, 7 de diciembre de 2020
Rogelio Hernández López
La reportera llegó por primera vez a la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Encontró un sitio muy atrás. Levantó la mano varias veces sin que le concedieran hablar. Cuando el Presidente escogió a otra periodista para la última pregunta, ella no disimuló su ansiedad y alzó la voz anorteñada:
—¡Disculpe que interrumpa, pero yo vengo de Sinaloa y requiero que me escuche!
El Presidente reaccionó: —¿Por qué no le prestan el micrófono?—. Era la mañana del 25 de noviembre.
Ella, entre nerviosa y compungida olvidó decir su nombre y comenzó a relatar una historia de casi 13 años de penurias que sería inaudita en otro país…
—¡Esa reportera se parece a Judith, la que trabaja de Río Doce, el semanario donde trabajaba Javier Valdez!—pensé, también sorprendido por su arrojo en esa tribuna presidencial.
No la reconocí de inmediato por el rostro castigado de angustias o porque quizá, en lo interno me negaba a aceptar que fuera la misma reportera amable y jovial que conocí siete años antes. Es que sus palabras reflejaban un padecimiento que pocos conocían, yo entre ellos. Pero si era Judith Valenzuela Ortiz.
La vi, por vez primera, en octubre de 2013 en Culiacán. Ella y otros diez colegas activos en varios medios se inscribieron a la Cátedra de Periodismo que me concedió el Colegio de Sinaloa. Le recuerdo como una colega muy profesional y pulcra para sus trabajos. En 2015 se anotó nuevamente a la segunda cátedra que impartí.
Desde 2008 Judith trabajó como editora, reportera y en otras tareas en el semanario Rio Doce, un periódico acreditado nacionalmente en investigación de asuntos políticos y narcotráfico. Ella me llevó a conocer sus instalaciones y me presentó a Javier Valdez. Los tres nos identificamos amistosa y profesionalmente. Javier, el excepcional reportero narrador fue asesinado en mayo de 2017.
Judith ha sido de las impulsoras de algunas jornadas para que se haga justicia por el asesinato de Javier; igual participa simultáneamente en actividades del Colegio de Periodistas de Sinaloa y de la asociación 7 de junio, especialmente en asuntos de superación profesional. A colegas así, siempre se les desea buenaventuras. Pero…
El sistema judicial
En poco espacio es imposible reflejar los padecimientos de Judith al trabajar en uno de los estados más riesgosos para periodistas y toparse con partes podridas del llamado sistema de justicia.
Ella describió segmentos en Palacio Nacional el 25 de noviembre, otros en la conferencia de prensa que ofreció con sus abogados el 30 de noviembre, algunos más en un texto que compartió a colegas. Véanse algunos hechos:
Ella asume (y es totalmente creíble) que todo fue por su labor profesional de periodista:
En 2008 cuando Rafael Méndez, su hijo, cumplía 20 años fue secuestrado por policías en Valle de Bravo, Estado de México.
Esos policías estatales, otros federales y algunos militares lo torturaron hasta que aceptó firmar una confesión de pertenecer a la familia michoacana.
Un estudio médico independiente comprobó que Rafael “fue sometido a torturas durante seis horas: le destrozaron los dedos de la mano uno por uno, recibió golpes en los oídos e intentos de asfixia.”
Para confirmar la tortura, le han practicado a Rafael cuatro protocolos de Estambul, dos independientes y dos “oficiales”, estos del Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura del Estado de México. Todos concluyen que “Si hay evidencia física y secuelas mentales por acciones de tortura».
Aun así, cuatro años después un juez federal del Estado de México lo condenó a 10 años de cárcel.
El 2 de marzo de 2018 Rafael completó los diez años en presidio, pero no ha sido liberado porque insiste en que se investigue la acusación falsa y el suplicio aplicado.
Inconforme, Judith logró que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la ONU conociera el caso de su hijo y reconfirmara la tortura. En sus observaciones finales, apunta que también “sufrió dislocación del hombro izquierdo y que sufre de otros traumas físicos y psicológicos.”
Ese grupo de la ONU emitió sus opiniones sobre Detención Arbitraria el 3 de mayo de 2019, lo turnó al tribunal de Suecia y este le ordenó al Estado mexicano la liberación inmediata del joven y la reparación del daño.
Ya pasó otro año y medio pero la juez federal del Estado de México que lleva el caso (María del Socorro Castillo Sánchez) no decide su liberación. El martes 24 de noviembre de 2020 había aceptado una audiencia, pero no se presentó.
Encubrimientos y corrupción
En los casi 13 años la reportera Judith Valenzuela no ha cejado. Gestionó amparos, revisiones del caso. Consiguió una resolución de la Suprema Corte de Justicia para que se investigara la tortura. Buscó y envió cartas a la fiscalía de Sinaloa, a la Fiscalía General, a instancias internacionales, al Presidente López Obrador. Y tras todas las dilaciones encontró, como constante, el encubrimiento de quienes deben procurar justicia, en este caso para ocultar la tortura.
Las dilaciones las confirmó el Grupo de Trabajo de la ONU:
“… algunos de los retrasos son inexplicables y los obstáculos burocráticos parecen exceder los que normalmente se podrían esperar dentro de un sistema de justicia penal atareado”. Y refiere cuatro de esos retrasos como intencionales.
La más reciente demora deliberada es de la juez Castillo Sánchez, quien cobró trascendencia nacional en julio de 2020 cuando liberó a José Ángel Casarrubias Salgado “el Mochomo”, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto líder de la organización criminal “Guerreros Unidos” y presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De esto el Presidente López Obrador dijo en público que hubo corrupción “dinero de por medio” porque era increíble la versión de la juez que lo liberó «por errores técnicos.”
Esa juez también liberó a ex coordinadora de los penales federales, Celina Oseguera, acusada de complicidad en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán el 11 de julio de 2015.
Lo más reciente
Por todo eso llegó Judith a la mañanera del Presidente López Obrador el 25 de noviembre. El presidente le aseguró que la entrevistaría ese día o al siguiente la Secretaria de Gobernación y esta lo confirmó.
Pero. hasta un día después le buscó, vía WhatsApp, el licenciado Marcos Moreno de parte de Olga Sánchez Cordero para decirle que no sería fácil intervenir por las dificultades de la pandemia, pero que le ayudaría para que el Instituto de Defensoría Federal le asignara un abogado de oficio para así poder solicitar a la juez federal que dicte sentencia lo más rápido posible.
O sea, un procedimiento dilatorio más, ajeno a las promesas públicas del Presidente y de la Secretaría de Gobernación.
Judith se inconformó otra vez y actuó el jueves 3 de diciembre. Apeló directamente a la sensibilidad de Alejandro Encinas Rodríguez, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, para que conociera los pormenores del caso e interviniera. Encinas aceptó de inmediato y el encuentro entre ambos se realizó el viernes 4. Relata ella:
“Encinas me dijo que buscará el mejor medio para ayudarme a liberar a mi hijo. Yo le planteé tres opciones: 1.- acatar la recomendación de derechos humanos de la ONU que pide la liberación inmediata y reparación del daño; 2.- que salga libre por el acuerdo de AMLO para liberar presos por el Covid (ley de amnistía) y 3.- que se le otorgue el perdón tradicional del presidente. Lo de fondo es que quienes participaron en la detención arbitraria y tortura siguen enquistados en la fiscalía…”
Judith Valenzuela Ortiz, la periodista sinaloense requiere más solidaridad de nosotros, sus colegas.
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El tema en la mañanera dos veces, la primera el miércoles 25 de noviembre
PREGUNTA: Disculpe que la interrumpa, pero yo vengo de Sinaloa, vengo de fuera y requiero que me escuche.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.
INTERLOCUTORA: Porque tengo…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Por qué no le presta el teléfono y luego…? digo el micrófono.
INTERLOCUTORA: Gracias. Sí, buenos días a todos y disculpe, señor presidente, pero busco este espacio para exponerle un caso de derechos humanos, de violación de derechos humanos muy grave que está sucediendo y que estoy viviendo yo en persona.
Yo, buenos días a todos, soy periodista independiente de Sinaloa, trabajé 11 años en Ríodoce hasta finales del año pasado y hoy soy freelance de algunos medios informativos.
Estoy aquí para exponerle un caso personal, como le digo, de violación de derechos humanos, y le explico:
A mi hijo Rafael lo detuvieron de forma arbitraria hace ya 13 años cuando tenía 20 años mi hijo, lo detuvieron, lo torturaron policías del Estado de México, agentes federales y militares.
Lo encarcelaron en una prisión federal por delincuencia organizada; esto sucedió en 2008, cuando la guerra contra el narcotráfico estaba en su apogeo, cuando había esa coordinación interinstitucional que le llamaban entre los tres niveles de gobierno para aprehender a los supuestos delincuentes, muchos sí, muchos no.
A pesar de que él denunció la tortura en su momento en 2008, no se investigó; al contrario, se presentaron en el proceso un sinfín de trabas jurídicas, burocráticas, para alargar el juicio, así que pasaron cuatro años para que a él le dictaran sentencia y pasaron ocho años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara su caso y ordenara, después de ocho años, que investigaran la tortura que él había denunciado.
Sin embargo, el expediente regresa al juzgado federal y se detiene de nuevo. Lo más grave de todo esto ahora es que Rafael, mi hijo, ya cumplió su sentencia, el 2 de marzo del 2018, es decir, que hace casi tres años que está, que lo mantienen preso sin base legal porque no hay justificación jurídica para que mantengan a una persona en prisión cuando cumplió su pena, su condena.
Por toda esta situación, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la ONU conoció del caso de mi hijo, lo analizó y lo vieron en un tribunal en su sesión ordinaria en Suecia, eso fue hace el año pasado, a principios, y emitió una resolución. Este tribunal internacional ordena al Estado mexicano que libere inmediatamente a Rafael y que se le reponga el daño ocasionado en todos esos 13 años; sin embargo, no ha pasado nada, señor presidente.
Yo he acudido, he enviado cartas, le envié una carta a usted explicándole toda la situación hace dos años; envié carta a la Secretaría de Gobernación, al fiscal general; he tocado puertas que no se abren o he tocado puertas que se abren y dicen; ‘Está bien, lo vamos a investigar’, y no pasa nada.
Son ya… mi hijo debería ya de estar libre hace tres años, debería de estar libre si hubiera renunciado a practicarse los exámenes médicos y psicológicos de acuerdo al Protocolo de Estambul, como le llaman, para comprobar que fue torturado.
Le han practicado ya cuatro Protocolos de Estambul, cuatro exámenes médicos y cuatro exámenes psicológicos. No pasa nada. Todos los dictámenes concluyen que él tiene secuelas físicas y psicológicas debido a las acciones de tortura a los que fue sujeto durante de detención.
Hay dos carpetas de investigación abiertas; abiertas, pero guardadas, una en la Fiscalía General de la República y otra en la fiscalía del Estado de México para investigar la tortura por parte de los agentes estatales y la de aquí por parte de los agentes federales y militares; sin embargo, ahí están las carpetas abiertas.
Y pues yo, señor presidente, vengo aquí como periodista, yo le digo, y yo estoy segura que en un principio la detención de mi hijo fue consigna por mi trabajo periodístico.
A mí me han roto el corazón, 13 años he estado y hemos seguido todos los procedimientos de acuerdo a como se dice en la ley. Todo hemos… no hemos… hemos seguido todas las reglas y procedimientos del sistema jurídico, del sistema penal, pero el proceso no avanza, se estanca y lo más grave, como le digo, es que mi hijo ya debería de estar libre, debería estar libre hace tres años si hubiera renunciado a hacerse esos exámenes.
Y la ONU, y estoy de acuerdo con ella en lo opinión que después a estas alturas, después de 13 años, no quieren darle la libertad, no quieren, el sistema judicial no quiere aceptar que se equivocó, porque se equivocó en mi caso y en muchos otros, porque todo en este trajinar que han dado en los penales y viendo en los juzgados, he visto muchas personas como yo, muchas madres lastimadas por sus hijos en prisión.
Y lo que sí le puedo decir, señor presidente, es que esa guerra contra el narcotráfico, esa política genocida dejó muchas víctimas, miles de muertes y desaparecidos, y eran jóvenes de 18, 20 a 25 años, yo lo viví, lo digo, vivo en Sinaloa, pero eso fue en todo el país.
Pero aparte de las muertes y desaparecidos, hay cientos de jóvenes, igual, jóvenes de 18, 20, 25 años, presos siendo inocentes, ¿por qué?, porque fueron una política de aportar números, de dar números, de decir y justificar una política para intereses, no sé. Y, bueno, estoy aquí por eso.
Señor presidente, quisiera como madre, como periodista, eso le digo como madre, que estoy en el lugar de muchas personas que yo he conocido y que están en mi situación. Y, bueno, quizá usted pueda decirme que esto no le corresponde o que esto corresponde a esto de la autonomía de los poderes, al Poder Judicial, pero lo que yo le digo es que usted es responsable de la seguridad pública, de la paz, del Estado de derecho de este país y quisiera pedirle, requerirle que se solucione esta situación y que se haga justicia. Usted dígame qué más tengo yo qué hacer para que se haga justicia.
Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos a atenderlo. Sí es nuestra responsabilidad y vamos a pedirle a la secretaria de Gobernación que hable contigo y si es como tú lo estás planteando no tiene por qué estar tu hijo en la cárcel, y de inmediato tiene que procurarse la justicia.
Aun cuando este asunto esté en el Poder Judicial, tenemos una relación de respeto, de independencia de poderes, de autonomía, pero también de cooperación con el Poder Judicial, sobre todo con la Suprema Corte de Justicia, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y hablaríamos con él para resolverlo.
Usted quiere comentar.
OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Sí, sí. Hasta donde te escuché, la Corte resolvió favorablemente que se investigara la tortura y que el juez de distrito probablemente no la investigó. Te atendemos con muchísimo gusto en la Secretaría de Gobernación, vemos tu caso y vemos -respetando la autonomía, pero también teniendo esta buena relación, como dice el presidente, que la tenemos- vemos la situación de tu hijo a la brevedad, y digo a la brevedad es hoy, mañana, hoy, para ver en qué situación se encuentra.
Y, señor presidente, también decirle que, por instrucciones de usted, el día de ayer recibí a Soledad Jarquín, también a la periodista. Estamos atendiendo su caso en las fiscalías, porque ahí está el tema y con mucho gusto la estamos atendiendo.
Gracias.
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Y aún con la intervención del Presidente, no hubo nada..., y fue cuando vino lo de “segunda llamada, segunda llamada para la Secretaría de Gobernación, que se atienda este asunto.."
El día 7, el tema lo volvió a abordar, el reportero Ramsés Ancira, representante, ahora corresponsal en México de Los Ángeles Press..
Lo metió en el mismo saco que otros asuntos penales....” la primera tiene que ver con el asunto de los presuntos culpables o de los fabricantes, los culpables fabricados. El Estado mexicano ha sido señalado en Naciones Unidas por detenciones arbitrarias, torturas y largas prisiones preventivas. Usted ha dado respuesta favorable en algunos casos; sin embargo, las personas siguen en prisión...
Uno de estos casos es el de George Khoury Layón (...) O el hijo de la periodista Yudith Valenzuela, de Ríodoce, su hijo Rafael Méndez Valenzuela, quien, siendo inocente, ya cumplió su condena por delitos fabricados durante el gobierno de Calderón y sigue preso. A este joven lo tuvieron en el Estado de México seis horas, quebrándole dedo a dedo hasta que se confesara culpable....”
PRESIDENTE: Sí, mire, este tema ya nos lo trataron la semana pasada, vino la mamá del joven que está detenido, creo que es el caso de una periodista de Sinaloa y se le pidió a la secretaria de Gobernación que atendiera este asunto.
De nueva cuenta, segunda llamada, segunda llamada para la Secretaría de Gobernación, que se atienda este asunto.
Y te quiero pedir que con Jesús Ramírez se busque que hoy mismo te reciba la secretaria de Gobernación, porque a mí me importa mucho que haya justicia y que se atienda esto, ya no quiero seguirlo escuchando, es decir, quiero que se resuelva. Y si no es posible legalmente, que venga aquí la secretaria de Gobernación y que explique por qué razones están detenidos quienes se ha demostrado son inocentes, ¿te parece?
INTERLOCUTOR: Me parece muy bien. Le quiero agradecer. No le voy a hacer la segunda pregunta porque nos ha dado mucha satisfacción esta respuesta que recibimos de usted...
(...)
PRESIDENTE: Sí, quedamos en eso y yo espero un informe de la secretaria de Gobernación la semana próxima, ¿te parece?, pero hoy que establezcan comunicación y que se vean estos asuntos.
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