Una jueza federal de Miami, EU certificó que la solicitud de México para extraditar a Cesar Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, cumple todos los requisitos legales, pues hay indicios claros de que desvió fondos públicos para su beneficio personal.
El exgobernador de Chihuahua está siendo acusado de malversación agravada y conspiración en México.
Lauren Louis, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Florida, emitió hoy su orden por escrito, certificando la solicitud de México y rechazando los argumentos de Duarte para desecharla, al concluir que existe "causa probable" de que el ex Gobernador incurrió en un delito de peculado penalizado en ambos países.
"Pruebas que rastrean el dinero desviado para uso personal, como las cuentas de American Express de la esposa de Duarte, un fideicomiso de la pareja o para el pago de sus impuestos personales, proveen evidencia circunstancial de que Duarte intentó privar al Estado de Chihuahua de los fondos, y que lo hizo para beneficio propio", afirmó la jueza.
Esta orden fue dictada más de nueve meses después de la audiencia del pasado 26 de enero, en la cual la jueza adelantó que se inclinaría por avalar la extradición, luego de manifestar su escepticismo sobre los alegatos de la defensa.
Duarte, preso desde el 8 de julio de 2020 en el Centro de Detención Federal en Miami, es requerido por la justicia de Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.
De acuerdo con el documento de extradición, de 13 páginas, expedido por la Corte de Distrito de Nuevo México, Duarte está acusado, entre otras cosas, de peculado y desvío de fondos públicos, por haber endeudado al estado de Chihuahua por más de 48 mil millones de pesos y por haber desviado al menos 6 millones y medio de dólares a un par de empresas relacionadas con su persona: Unión Ganadera Regional General División del Norte de Chihuahua y Financiera de la División del Norte. Asimismo, se le acusa de haber desviado otros 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI.
El ex Gobernador puede apelar la certificación de la jueza Louis ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito con sede en Atlanta, que tomaría varios meses para resolver y difícilmente revocará el fallo de primera instancia, tiempo durante el cual seguiría preso.
La decisión final de entregar a Duarte a México no corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo -por medio del Departamento de Estado- que solo podrá resolver una vez que el acusado agote todos sus medios de defensa, si es que no acepta voluntariamente regresar a Chihuahua.
Sobre los argumentos de que su vida podría peligrar en México, ante la animadversión personal que tiene en su contra el ahora ex Gobernador Javier Corral -cuya administración terminó en septiembre-, la jueza aclaró que Duarte puede presentar esos alegatos al Departamento de Estado, que tiene facultades para negar la extradición.
Durante la audiencia de enero, el Fiscal federal Jason Wu enfatizó la "corrupción impresionante" durante el sexenio de Duarte, y afirmó que la responsabilidad por los desvíos la debe enfrentar la persona que tenía el mando superior del Gobierno.
Sobre los alegatos de Duarte de que fue víctima de una persecución política por parte de Corral, y de que éste amenazó a los testigos que declararon en su contra, el Fiscal consideró que ese tema es propio de la defensa que tendrá que hacer en Chihuahua, pero no de un proceso de extradición, en el que no se está juzgando al acusado.
Fuente: Reforma y El Universal
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