Ortega está listo para reforzar su control sobre Nicaragua tras robarse las elecciones/ Berta Valle es esposa del candidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga. Victoria Cárdenas es esposa del candidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. Ninguna ha podido hablar con sus maridos, detenidos como presos políticos desde el 8 de junio.
Tras una semana de activismo en Washington en julio de este año, en la que nos reunimos con legisladores, entre ellos funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el régimen nos calificó como “traidoras de la patria”, simplemente por abogar por la liberación de nuestros esposos y el resto de los prisioneros políticos. Estas fueron las circunstancias en las que se esperaba que el pueblo nicaragüense votara el domingo 7, con la oposición en la cárcel y fuera de la boleta de votación, la población aterrorizada y temerosa de las represalias, y el régimen envalentonado para hacer lo que sea para mantenerse en el poder.
Si embargo, hay demasiado en juego como para perder la esperanza. Hemos regresado a Washington para abogar por la restauración de la democracia en nuestro país y pedirle al mundo que no permita que nuestro país se convierta en la próxima Venezuela, un Estado fallido donde las personas son sometidas a sufrir atrocidades masivas y una catástrofe humanitaria por un dictador corrupto.
Seguimos exigiendo la liberación inmediata de las más de 165 presos políticos en Nicaragua, entre ellos nuestros esposos. Todas estas personas enfrentan penas de prisión de 15 a 25 años por conspiración para socavar la soberanía e integridad de Nicaragua. Ahora el régimen ha suspendido sus juicios y ha prorrogado de manera indefinida su detención con orden de incomunicación. Ortega afirma que impulsará un diálogo nacional, pero no debe haber diálogo a menos de que la liberación de todas las personas presas políticas sea una condición previa. Simplemente no se le puede permitir tomar rehenes y luego utilizarlos para restaurar su posición política.
Las “elecciones” del domingo 7 de noviembre fueron ilegales e ilegítimas. No cumplieron con los estándares de la Constitución de Nicaragua o del derecho internacional para unas elecciones verdaderamente democráticas. Cuando el período de Ortega como presidente de Nicaragua expire el 10 de enero, nuestro país no tendrá un líder legítimo. Exigimos nuevas elecciones en las que la oposición pueda participar de forma libre y plena para que el pueblo nicaragüense pueda elegir a sus líderes.
También le hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome acciones coordinadas para confrontar al régimen dictatorial de Ortega. Los gobiernos democráticos en América y en todo el mundo deben actuar de forma multilateral para obligar a Ortega a cambiar de rumbo. Instamos al Consejo de Derechos Humanos y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que convoquen sesiones de emergencia para responder a la crisis. Además, alentamos a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos a exigir al régimen que rinda cuentas mediante acciones amparadas en la Carta Democrática Interamericana, como se estipula cuando hay una interrupción inconstitucional del orden democrático en cualquier Estado de la región.
A nuestros compatriotas nicaragüenses, y a todos los que han sido testigos del descenso de Nicaragua a la dictadura, les pedimos que no pierdan la esperanza. En este momento de oscuridad es cuando debemos tener una enorme solidaridad entre nosotros, y en el futuro brillante y democrático que sabemos es posible.
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