Anthony Blinken actúa de manera injerencista: AMLO
Luego que ayer el Secretario de Estado de EU pidiera al presidente de México mayor rendición de cuentas en los casos de periodistas asesinados y mayor protección para estos, el C. Presidente López Obrador afirmó que Blinken actúa de manera injerencista.
En lo que significa la primera declaración de un miembro del Gabinete del Presidente Joe Biden sobre el tema, Blinken solicitó además más protección para los periodistas mexicanos haciendo énfasis en la ola criminal que ha cobrado la vida a cinco de ellos tan sólo este año, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
"Pues yo creo que (Blinken) está mal informado porque, de lo contrario, estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto. Pero, en Estados Unidos, los Gobiernos tienen esa mala costumbre y de que sean candil de la calle y oscuridad de la casa, no de ahora, eh, pues estamos recordando lo del intervencionismo del Embajador de EU en un asunto que nos duele profundamente.
"Y también eso demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que, ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe el porqué están financiando a un grupo opositor a un Gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?, que me responda eso", pidió AMLO.
AMLO dijo que a Antony Blinken lo están engañando y que el Gobierno federal no tolerará la impunidad.
Al reducir la vigencia de permisos de importación de combustibles y cancelar operaciones de almacenamiento, como sucedió con Monterra Energy, la Secretaría de Energía (Sener) está orillando a las empresas a restablecer una relación de suministro con Pemex.
Conforme los permisos van venciendo, la Sener no los refrenda, lo que desincentiva la operación de las empresas, de acuerdo con especialistas.
"Lo que está haciendo la Sener con los permisos de importación vigentes es esperar a que caduquen para ya no dar un referendo, de hecho hay varios permisos que vencen (en este mes).
"Esto lo que implica es falta de inversiones porque las empresas extranjeras están muy desilusionadas y, obviamente, la estrategia de crecimiento que se tenía ya no se visualiza de esa manera.
Realmente el mercado se está cerrando completamente a Pemex y CFE", aseguró Alicia Zazueta, directora general de EServices.
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Estrictamente Personal
No hay conflicto de interés, pero vive la polarización/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, febrero 23, 2022 |
En 20 de los 21 diarios de información en la Ciudad de México, el resultado de la auditoría que mandó a hacer la petrolera Baker Hughes, que concluyó que no hubo conflicto de interés en el arrendamiento de una casa en Houston, propiedad de un ejecutivo de la empresa, donde vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue enterrado en las páginas interiores. Sólo La Jornada, que es un periódico orgánico de Palacio Nacional, publicó esa información con un llamado discreto en su primera plana. Para ser la crisis más profunda que ha tenido el Presidente en su sexenio, ventilada ampliamente en los periódicos y profusamente en sus columnas de opinión, parece un error de jerarquización. O quizá no es así.
El tema que despertó pasiones encendidas del lado de la Presidencia y de la prensa debería haber terminado, por cuanto el fondo de la discusión, al saber si existió un conflicto de interés, pero no se detuvo. El debate continuó en los espacios de opinión, donde ayer hubo descalificaciones a la auditoría solicitada por Baker Hughes, insinuando que era ilegítima porque la hizo una parte involucrada. Ese análisis es incorrecto por varias razones. Una de ellas es que la auditoría no la hizo in-house la empresa directamente, sino contrató un reputado despacho de abogados en Houston, R. McConnel Group, que entre sus especialidades está el cumplimiento corporativo de normas éticas (compliance). Sus investigadores realizaron exámenes forenses y revisaron archivos y correos electrónicos de la computadora de Keith Schilling, el exejecutivo que rentó su casa a la esposa de José Ramón López Beltrán, antes de concluir:
1.- Schilling no tuvo responsabilidad ni estuvo involucrado en ningún trabajo de Baker Hughes en México, incluidos los negocios con Pemex.
2.- La compañía Baker Hughes no tuvo conocimiento de la operación de arrendamiento.
3.- La renta se hizo después de que Schilling fuera enviado en comisión a Canadá.
4.- No se encontró ninguna implicación con el hijo del Presidente, ni comportamiento o conducta inapropiada por parte de Baker Hughes en la operación de arrendamiento.
La percepción de conflicto de interés debería haber quedado sellada con esta investigación. No fue así, incurriéndose en otro error en el análisis: homologar las acciones que se llevan a cabo en Estados Unidos para cumplir con las normas éticas con las muchas que, observadas objetiva y subjetivamente, se realizan en México. Lamentablemente no somos iguales. En México hay quienes se salen con la suya violando leyes o incurriendo en faltas éticas. En Estados Unidos, individuos y empresas saben que si cometen un delito pueden ser descubiertos y pagar con multas y cárcel sus ilegalidades.
Baker Hughes es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores Nasdaq en Nueva York. El 30 por ciento de sus acciones está en manos del conglomerado General Electric, que hasta hace unos años era dueño total de la empresa, y el resto en miles de accionistas en todo el mundo. La petrolera, cuyo cuartel general está en Houston, está obligada a decir la verdad porque sus problemas no sólo serían con los accionistas –un grupo de ellos pidió explicaciones a propósito de la ‘casa gris’–, sino con la Comisión de Valores y Cambios, la SEC, por su acrónimo en inglés, y con la justicia en Estados Unidos.
El cumplimiento de las normas éticas (compliance) se ha vuelto un instrumento de gobierno corporativo fundamental desde principios de este siglo, cuando los escándalos de corrupción en el conglomerado industrial Enron, en el gigante de telecomunicaciones WorldCom y en la multinacional Tyco International, con una gran diversidad industrial, dieron pie en 2002 al Acta Sarbanes-Oxley, llamada así por sus patrocinadores, el senador Paul Sarbanes y el diputado Michael Oxley, considerada como la reforma a las prácticas de negocios más importante en Estados Unidos desde la época del gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt en los años 30; fue firmada por el entonces presidente George W. Bush en 2002. La ley busca la protección de los accionistas, los empleados y el público en general de malas prácticas, con provisiones que vigilan los conflictos de interés, castigando la opacidad, exigiendo la transparencia y obligando a que las empresas tengan auditores externos.
La reacción que hubo a la auditoría realizada en Baker Hughes nos desnuda que la polémica en México está alimentada por el desacuerdo político y la polarización, por encima de la legalidad. Los conflictos de interés no llevan en automático a un delito, pero es una percepción que tiene que ser resuelta mediante una investigación. López Obrador no supo manejar la crisis y pedir a la Secretaría de la Función Pública que tomara ese asunto en sus manos y realizara lo que el despacho R. McConnel hizo.
La estrategia diseñada en Palacio Nacional de utilizar a La Jornada como la avanzada del Presidente en la guerra mediática para desacreditar a periodistas y medios, sólo generó más polarización y llevó a que dos campos antagónicos se enfrentaran a partir de actos de fe, creer ciegamente en la existencia de un conflicto de interés o creer ciegamente en la inexistencia de él, sin dejar que una investigación oficial lo determinara.
Esta es hoy la dialéctica de la vida pública mexicana. Ya se dio el choque de trenes que se previó en este espacio el 10 de febrero, cuando todavía se planteaba una alternativa distinta si se modificaba la actitud general. No sucedió, como hemos visto. El Presidente endureció su discurso para deslegitimar cualquier crítica e investigación periodística, y en la otra trinchera elevaron el tono de la confrontación, desafiando no sólo a López Obrador, sino a la investidura presidencial. Es cierto que el primero la degradó, pero los segundos la han mancillado.
La ‘casa gris’, desde el punto de vista legal, es un caso cerrado, pero en el ring de la arena pública, fue un round más. Las dos trincheras arden y no parará la confrontación, quizás, hasta el final del sexenio.
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Coordenadas
Llegar sanos y salvos a 2024/Enrique Quintana
El Finananciero, febrero 23, 2022 |
En el sector empresarial prevalece cada vez más la convicción de que el objetivo de los siguientes tres años es llegar sanos y salvos a la otra orilla.
¿Qué significa esto?
Lo que quiere decir es que más allá del intento de que el presidente López Obrador o el Congreso puedan ajustar algunas políticas, como por ejemplo la reforma eléctrica, el propósito más importante será que no se genere una inestabilidad mayor en materia financiera o política antes del cambio de gobierno.
En lo que toca al ámbito financiero, la certidumbre de que López Obrador tiene la convicción de que las finanzas públicas deben estar razonablemente equilibradas lleva a la conclusión de que no va a incurrir en un gasto deficitario, que pudiera producir inquietud entre los inversionistas.
Tampoco va a modificar de manera significativa el esquema tributario.
Ha establecido el compromiso de que las tasas impositivas no se moverán y los incrementos de la recaudación provendrán de la eficiencia administrativa, así como de una eliminación del proceso de erosión de la base tributaria, lo que de por sí ha resultado bastante traumático para muchos sectores.
En este mismo capítulo, el presidente de la República sigue convencido de respetar la autonomía del Banco de México, por lo cual éste tomará sus decisiones en materia de política monetaria y tasas de interés en función de sus objetivos de control de la inflación, sin mayor presión.
En el terreno político la situación puede ser más complicada que en el ámbito financiero.
Aunque el presidente López Obrador no está buscando per se una crisis política, el manejo que ha hecho de sus críticas a las autoridades electorales, a los medios de comunicación, a los organismos autónomos, entre otros, podría conducir a una situación de inestabilidad entre actores políticos y sociales.
Sin embargo, pese a ese riesgo, creo que la mayor amenaza de inestabilidad no provendrá de esas fuentes de conflicto, sino de lo que pudiera pasar al interior de Morena.
Unos señalan que en esta segunda parte de la administración es claro que el presidente López Obrador ya perdió el control de los procesos políticos, sobre todo de los que se dan al interior del partido en el gobierno.
No obstante, esto no significa que haya perdido el poder.
Quienes saben de la historia, recuerdan a dos presidentes que perdieron el control del país, pero no el poder.
Fueron Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.
En 1976, en los últimos días del gobierno echeverrista, ya con López Portillo como presidente electo, Echeverría tuvo que aceptar la devaluación de la moneda, terminando con décadas de estabilidad cambiaria y además generó una crisis al expropiar zonas muy importantes de producción agrícola en el estado de Sonora, apenas a 10 días del fin del sexenio.
Echeverría quiso expresar que tenía el poder hasta el último día.
Pero, quizá como ningún otro, López Portillo a un par de meses de dejar el poder, tomó la decisión de expropiar la banca privada del país y establecer un control generalizado de cambios, aun a sabiendas de que esas decisiones no serían avaladas por el presidente electo, Miguel de la Madrid.
Fueron planeadas en secreto y organizadas sin el conocimiento de quien tres meses después habría de ser el presidente de la República.
Hoy todavía se vivien sus consecuencias.
Lo que algunos empresarios buscan ahora –sobre todo aquellos que experimentaron esos momentos o que han tenido referencia de ellos por sus padres– es que al margen de lo que suceda en el país, no tengamos un término de gobierno equiparable a lo que ocurrió en 1976 y 1982.
No va a ser fácil, hay posibilidades de que ese escenario se repita.
Evitarlo será uno de los objetivos del sector privado, y así habrá que entender una parte sustancial de su relación con el gobierno en el tiempo que resta de esta administración.
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La Feria
Ya que el Presidente va a Nayarit…/Salvador Camarena
El Financiero, febrero 23, 2022 |
Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que el fin de semana irá a Nayarit. Y dio algunos detalles de su agenda por aquellas tierras.
“Vamos a empezar en Vallarta para supervisar todas las obras que se están haciendo, están ampliando ahí las carreteras Vallarta-Las Varas, de Las Varas a Compostela, se tiene el proyecto de Compostela a Tepic, la ampliación del aeropuerto de Tepic. Luego, además de otras obras, ya podríamos ir a inaugurar, pero no se puede ahora, caminos rurales a la sierra de Nayarit, a La Yesca y otras partes. Pero sí vamos a ir –son actos cerrados– a supervisar distritos de riego, ‘Alejandro Gascón Mercado’, allá en Ruiz, vamos a ir a la presa de Santa María, a Picacho, vamos a esta supervisión”.
Como se puede ver en la agenda que adelantó el Presidente, a él parece que lo que más le gustan son los caminos y el cemento. Las obras pues. El domingo estuvo en La Montaña de Guerrero también para hablar de caminos y, bueno, se sabe de su proclividad por los caminos de Oaxaca, por los trenes del sur y por la refinería…
Pero qué tal que AMLO aprovechara su visita a Nayarit para ver, además y sobre todo, a personas. Para retomar una agenda que parece que fue devorada por la pandemia. Para entrevistarse, en este caso, con víctimas nayaritas de la violencia.
En enero el gobierno de López Obrador publicó un informe que no ha tenido la debida atención ni del propio Presidente de la República. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dio a conocer al inicio del año su Análisis de contexto de Nayarit, una radiografía de la violencia que ese estado a padecido en particular desde 2011. En este espacio ya hablamos al respecto de ese documento de 140 páginas. Hoy, dada la visita presidencial, anoto otros datos de ese informe.
López Obrador va a ir, según dijo, al aeropuerto de Tepic. Pues ahí al ladito hay una sucursal del infierno. En las proximidades de la terminal aérea que supervisará Andrés Manuel, en Xalisco, se encontraron, sólo entre 2017 y 2020, 15 fosas de las que se extrajeron 113 cuerpos.
A manera de subrayado y como ya apuntaba en la anterior columna sobre ese informe, estamos hablando de que la violencia no cesó –para nada– luego de que fuera detenido en Estados Unidos el exfiscal nayarita Édgar Veytia y ni cuando concluyó el infame gobierno de Roberto Sandoval, también detenido; ni luego de que iniciara el presente gobierno federal.
Por cierto, también en La Yesca y en Bahía de Banderas, otras de las escalas de la visita presidencial de este fin de semana, han encontrado fosas desde 2017. Pero nada como Xalisco.
Antes de viajar para allá al mandatario le da tiempo de leer el Análisis de contexto de Nayarit. Para que llegue informado, y para que además de caminos, muy necesarios para las poblaciones, hable con los nayaritas de justicia.
Es tiempo de que López Obrador reestablezca el diálogo que tuvo, por ejemplo, el 24 de junio de 2019, cuando dijo a las familias de las víctimas: “Lo puedo gritar a los cuatro vientos: va a haber justicia en México”.
Para hacer buena esa promesa no basta con mañaneras como la del lunes, precisamente, donde se habló de una baja sustantiva en índices de delitos. Si eso se vuelve tendencia, qué buena noticia. Pero hay muchas deudas con las víctimas. Muchas del pasado, y bastantes de su propio gobierno. Puede empezar a saldar esa deuda en Nayarit.
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