Defiende la CEM a INE
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) defendió al INE y advirtió que reforma electoral es regresiva y un agravio a la democracia.
Advirtió que la iniciativa presidencial de reforma electoral es claramente regresiva y representa un agravio a la vida democrática.
"Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos de instituciones de la sociedad civil -y de las mismas organizaciones políticas-, por una reforma constitucional en materia electoral, iniciativa del Ejecutivo federal, que por orientación y motivos es claramente regresiva.
López Obrador dijo respetar, pero no estar de acuerdo, con la defensa del INE que hizo la Iglesia católica.
Durante la mañanera, López Obrador dijo que no está de acuerdo porque la democracia es el poder del pueblo.
"La verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco, es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia católica en mucho tiempo".
"Es una visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes, demos, es pueblo, cratos es poder, la democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más allá cratos sin demos".
"La Iglesia somos todos, la Iglesia es todo el pueblo", remató.
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Vinculan a proceso a exdirector de Administración de Segalmex por uso indebido de recursos.
Una jueza federal con residencia en el Reclusorio Norte vinculó a proceso al exdirector de Administración y Finanzas del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, por uso indebido de recursos públicos.
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Las columnas políticas hoy, martes 1 de noviembre de 2022
Trascendió/Milenio
Que el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova ya aplicó el jalón de orejas parejo a todos los partidos por sus prisas rumbo a 2024: primero contra Morena con sus eventos masivos en Toluca y Coahuila con sus corcholatas y aspirantes a esas gubernaturas, luego el PRD presentando a su candidato mexiquense para 2023, después Acción Nacional con su pasarela de presidenciables y ahora el Revolucionario Institucional con el destape de suspirantes.
Que los morenistas que respaldan las aspiraciones del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, vieron con humor la reunión del Frente Cívico Nacional capítulo Coahuila, el pasado fin de semana en Saltillo, que reunió a personajes como Guadalupe Acosta Naranjo, Miguel Alonso Raya, Amado Avendaño y Claudio X. González, entre otros, para construir una candidatura opositora y arremeter contra el funcionario por su cercanía con el Presidente. “Solo se trata del perredismo en extinción acudiendo a cuadros chilangos para sobrevivir”, dijeron.
Que a iniciativa del comisionado Adrián Alcalá, el más tiktokero de los integrantes del pleno del INAI, el organismo lanzó un concurso dirigido a los aficionados a esta red social, denominado “60 segundos para informarme”, en el que se busca que personas interesadas produzcan contenido audiovisual que muestre la utilidad e importancia del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Que en el plano cultural esperan que Pável Granados Chaparro, nuevo director de Canal 22, no se vaya a sacar de la manga otra noticia falsa luego de la tomada de pelo que lo marcó cuando recién llegó a la Fonoteca Nacional, el 13 de junio de 2019, cuando quiso sorprender al mundo al dar a conocer lo que, según él, era la voz de la pintora Frida Kahlo, que resultó ser un vil engaño pues pertenecía a una locutora profesional. La secretaria Alejandra Frausto anunció cambios también en la Fonoteca y en el museo Ex Teresa Arte Actual.
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Rosario Piedra sale del limbo
Bajo Reserva/ El Universal
Nos cuentan que Rosario Piedra Ibarra pegó al avispero, cuando parecía que “nadaba de a muertito” o que habitaba en el limbo, porque con su “recomendación” a los legisladores para aprobar la reforma electoral del Presidente, opositores confirmaron que su designación estuvo manchada por el incumplimiento de que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debería tener filiación política alguna, como se comprobó en las páginas de EL UNIVERSAL. Ahora, nos afirman, nuevamente piden su destitución y que comparezca en la Cámara de Diputados. Veremos si vuelve a pasar la aduana con la ayuda de Morena y sus aliados.
Escalas difíciles para Adán Augusto
Aunque la mayoría de los Congresos estatales aprobó la reforma que extiende hasta 2028 la participación militar en tareas policiacas, el presidente Andrés Manuel López Obrador esperará el voto de las 32 legislaturas para promulgarla, nos adelantan. Esto, a fin de darle al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, espacio para que termine su recorrido por el país, para “dialogar” con los diputados locales. El tabasqueño visitó algunos congresos en los que Morena no tiene mayoría, como los del Estado de México y Durango, pero su prueba de fuego será hoy, nos hacen notar, cuando acuda a Nuevo León, y el viernes a Chihuahua ante legislaturas adversas a la llamada Cuarta Transformación. Ahí se verá, nos dicen, si López echa más gasolina al fuego.
Urnas electrónicas: larga discusión
A propósito de las votaciones presidenciales del domingo en Brasil, nos recuerdan que la discusión sobre el empleo de urnas electrónicas lleva tiempo en el Instituto Nacional Electoral, sin que hasta el momento se haya adoptado en nuestro país. Sin embargo, hay casos a nivel local, como el de Jalisco que fue pionero en el uso de esta tecnología. Veremos si los consejeros le dan un nuevo impulso en las próximas semanas.
Temen otro elefante blanco
Aunque se anunció con bombo y platillo la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), colectivos de familiares de personas desaparecidas, nos informan, advierten que esa nueva institución puede convertirse en un elefante blanco sin recursos presupuestales suficientes. Las instalaciones del CNIH son remodeladas y acondicionadas en un inmueble de Xochitepec, Morelos, pero los familiares de víctimas de la violencia que prevalece en zonas del país señalan que todavía existe incertidumbre sobre su funcionamiento, sobre la efectividad de sus tareas y acerca del presupuesto anual para la operación.
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Los delitos de Encinas/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
La investigación del Caso Ayotzinapa está dando tumbos y provocando descrédito para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Las invenciones del subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, siguen acumulando críticas y haciendo cada vez más evidente que el funcionario, si no ahora cuando todavía lo protege el Presidente, podría terminar en la cárcel por una serie de delitos acumulados en varios de los cuales, él mismo los ha confesado públicamente.
López Obrador le encargó la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a fin de cumplir su promesa a los padres de los jóvenes de que habría justicia, pero los resultados para cerrar el caso en agosto pasado y proceder a detenciones de funcionarios de los tres niveles de gobierno, se están cayendo a pedazos. La joya de su investigación, pantallazos de chats que usó para sustentar su afirmación que había sido un “crimen de estado”, resultó ser una falsa evidencia.
El último clavo de los que probablemente faltan por colocársele, se lo puso ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI, que descalificó la prueba madre de Encinas. Claudia Paz y Paz, la experta guatemalteca, dijo que el grupo no conoció previamente las pruebas que presentó el jefe de la comisión presidencial para el Caso Ayotzinapa, y que una vez que las hizo pública y les entregó las capturas de pantalla, realizaron un peritaje informático forense, que arrojó que “esta evidencia inconsistente y no puede ser considerada como tal de un proceso judicial”.
Paz y Paz dijo que para saber cómo fue obtenida esa “evidencia” y las circunstancias “irresponsables de su realización”, debe haber una investigación. Esa “evidencia” fue obtenida por la comisión presidencial. No está claro si la obtuvo originalmente Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, reclutado por Encinas después de haber sido secretario técnico del GIEI, o del propio subsecretario, que por sus propias confesiones, realizó tareas más allá de lo que le marcaba la ley y usurpó funciones en varias oportunidades.
La investigación que propuso el GIEI, de llevarse a cabo, podría encontrar no sólo el origen de las capturas de pantalla, sino los contubernios detrás de ellas. Por confesión de Encinas, los pantallazos se los dio un solo testigo, presuntamente uno de los asesinos de los normalistas perteneciente a Guerreros Unidos, y pese a saber que si los entregaba a la Fiscalía General de la República serían sujetos a peritajes forenses, se los ocultó por temor a una filtración. Sólo en esta acción y su declaración correspondiente, Encinas puede señalársele como un delincuente confeso.
Lo primero, como establece un experto en la materia, la obtención de esa “prueba” no fue obtenida por una autoridad competente. Encinas no es ministerio público, y tampoco existe una autorización judicial para la extracción de información de equipos de telefonía y de intervención de comunicaciones privadas. A la ilegalidad en la que incurrió, se le añade un elemento que no está tipificado: incompetencia acompañada de dolo. No se le ocurrió, o no quiso hacer un peritaje forense para poder determinar la veracidad de esas capturas de pantalla. Esto habría sido ilegal, de haberlo realizado, pero le hubiera evitado ser un mentecato. Su pecado es doble.
Tampoco buscó corregir. Quien debió haber recibido esa “evidencia” era el ministerio público, al que mantuvo en la oscuridad por el temor, como lo admitió, a una “filtración”. Al marginarlo, eliminó a quien tenía competencia para obtener y conocer del material de prueba, con lo que rompió la cadena de custodia. Esto, aunque hubieran sido reales las capturas de pantalla, generaba una prueba viciada de origen que la convertía en nula al haber sido expuesta sin estar judicializada.
¿En qué estaba pensando Encinas? Como se describió en este espacio el lunes, en sus ajustes de cuentas contra el Ejército. Pero el hambre de sentarlo en el banquillo de los acusados, paradójicamente, lo blindó judicialmente -aunque no del daño a su imagen pública- de ello, por haber contaminado el caso contra cuatro militares del 27º Batallón de Infantería acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada por la Fiscalía General, a partir de una petición de Encinas.
En la conferencia de prensa este lunes, el GIEI dio a conocer los resultados de los peritajes que realizaron a los mensajes en las capturas de pantalla, tras lo que concluyeron que no existía confiabilidad en las imágenes y tampoco podían considerarse una prueba digital para ser judicializada. O sea, no sirven para nada.
Aunque no se sabe quién entregó los pantallazos a la comisión presidencial, tampoco coinciden con los chats de Guerreros Unidos que proporcionó la DEA al gobierno mexicano, del amplio seguimiento que hicieron de la organización criminal en 2014, y que mostraban que quien ordenó el asesinato de los normalistas no fue ninguno de los militares detenidos a instancias de Encinas, sino Gildardo López Astudillo, El Gil, jefe de plaza en Iguala la noche del crimen, y que el subsecretario reclutó como su testigo estrella, con el nombre de “Juan”.
“La confusión, la falta de claridad o de consistencia genera una mayor incertidumbre en los familiares y la propia sociedad”, señaló la abogada Paz y Paz, “lo que lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”. Todavía es más grave. Lo que hizo Encinas demostró que lo importante no era la verdad para encontrar a los criminales, sino fabricar criminales a modo, exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y militares, inventando pruebas y engañando a todos.
Lo que hizo, por confesión de él mismo, es mucho más grave que aquello por lo que acusó al exprocurador general, Jesús Murillo Karam, implicado de manera circunstancial, por testigos de oídas. Encinas, y quien resulte responsable del engaño nacional, tendrían que acabar en la cárcel de haber justicia. Sus delitos no dan margen para que se declare inocente. Los hizo con dolo, malicia y perversión.
twitter: @rivapa
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La crisis de Sheinbaum con la Fórmula 1/Carlos Loret de Mola
El Universal,
El martes hizo crisis la oficina de Claudia Sheinbaum. En medio del furor por el fin de semana de la Fórmula 1 en México, que congregó a 400 mil personas y generó una derrama económica de 15 mil millones de pesos en la capital del país, la jefa de Gobierno había hecho declaraciones hostiles en contra del Gran Premio: “Es un evento bastante fifí… a mí no me gusta ir a esos eventos”.
Las redes sociales se le fueron encima, en los medios de comunicación tradicionales se amplificó la agresión y esto encendió todas las alarmas en el Palacio del Ayuntamiento porque habían detectado no sólo molestia en el llamado “círculo rojo” de opinión pública, sino también de empresarios turísticos, patrocinadores de la Fórmula 1 y lo que más les preocupa: potenciales votantes. La aspirante a la candidatura presidencial de Morena estaba atacando de nuevo a la clase media capitalina, que disfruta muchísimo el evento.
Según fuentes con información de primera mano, desde la oficina de Sheinbaum, al más alto nivel, se hizo contacto con los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México. La súplica de la “corcholata” favorita del presidente López Obrador era sencilla: Necesitamos apagar esta crisis, ayúdenme, qué podemos hacer.
Este prejuicio de Sheinbaum sobre la Fórmula 1 empata con la ignorante concepción del presidente López Obrador: así como creen que todo el empresariado nacional son los 40 hombres más ricos de México, creen que todos los aficionados a la Fórmula 1 son los que van al Paddock Club. No entienden que el 99% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas. Y cuando por ejemplo en la pandemia se exigía apoyar a los empresarios, no era subsidiar al ingeniero Slim, sino respaldar a esos pequeños negocios para que no quebraran y sus empleados se quedaran sin qué comer. En México, el 72% de los empleos los dan ese tipo de empresas chicas. Esto nunca lo han comprendido el presidente y los suyos: consideran que cada empresario es un delincuente impune, así como con la Fórmula 1, que creen que todos los que van pagan 100 mil pesos por un boleto.
Así que cuando los asesores de campaña le explicaron a la jefa de Gobierno que estaba atacando también a la clase media (que les propinó la derrota electoral en la Ciudad de México en el 2021), su tablita de salvación fue buscar a los organizadores del Gran Premio.
En esa comunicación, se ideó que saliera el miércoles a declarar a favor del Gran Premio, a tratar de explicar que la habían malinterpretado y aprovechar la aparición pública con el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, agendada para el jueves, para mandar un mensaje de apoyo a la Fórmula 1 que mitigara la animadversión de cientos de miles de fanáticos y diera calma y certidumbre a los inversionistas y empresarios patrocinadores. Así sucedió.
Los propios organizadores ya habían hecho trabajo de cabildeo con patrocinadores y empresarios mandando un mensaje de estabilidad. El remate: el mismo jueves se anunció que la Fórmula 1 firmaba contrato para mantener en el calendario la carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez hasta el 2025.
historiasreportero@gmail.com
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Excrementicio papel de la CNDH/EL ASALTO A LA RAZÓN/ Carlos Marín
Milenio.
Ayer, uno de los lamesuelas con derecho de apartado en Palacio que se ostenta “periodista” sacó así el tema del insolente y faccioso ataque de la CNDH al Instituto Nacional Electoral:
- Esta recomendación generó de inmediato una ola de agresivos ataques de la derecha y de sus adversarios contra la CNDH, y sobre todo contra la presidenta de la misma, Rosario Piedra Ibarra. ¿Cuál es su postura sobre esta recomendación?, ¿ya sabía de ella?, pero sobre todo la postura de los ataques de la derecha en contra de la presidenta y de la Comisión…
AMLO tomó en serio la servicial estupidez:
“Pues es que los defraudadores, los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas. Lo cierto es que ellos dominan el INE y el Tribunal (…). Siempre han tenido ellos el control del INE y del Tribunal”.
Aunque nadie con sentido común atribuye a esas instituciones la democracia de que se goza en el país, se fue de largo:
“No es cierto que por el Tribunal y por el INE haya democracia en México, no. Hay democracia en México o se (ha) avanzado para que haya una auténtica democracia por la gente, por el pueblo, no por ellos. Ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados.
“¿Y el caso de Rosario?, pues no la quieren desde que se propuso (…). ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto?”.
Nadie que yo sepa.
“¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales…?”.
Fraudes que no se avalan al menos desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura del gobierno capitalino.
“¿Quién no está de acuerdo en que solo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales?”.
Yo, entre millones de ciudadanos que aquilatamos lo construido en decenios y no lo queremos centralizado ni pervertido.
Al cometer la inconstitucional impudicia de entrometerse en asuntos electorales y sumarse al asalto pandilleril que la 4T ha emprendido contra el INE, la sectaria titular de la CNDH confirma que no solo es capaz de degradar una otrora respetable institución autónoma del Estado que para desgracia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tiene a su cargo, sino de usarla como cachiporra contra la democracia, la inteligencia y la dignidad de las personas que proclama defender con el equivocado y demagógico lema ¡Defendemos al pueblo! (su responsabilidad es proteger a la población civil de todos los estratos de los agravios cometidos por servidores públicos).
Sin competencia para inmiscuirse en “asuntos electorales y jurisdiccionales” (Artículo 102 de la Constitución), la señora cree que puede inclusive, como lo hizo ya, aplaudir la militarización del país.
Pero compensa su ignorancia supina con el respaldo pleno de quien el 6 de abril de este año, traicionando su juramento al asumir la Presidencia de la República, proclamó el preocupante apotegma: “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley…”.
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El GIEI termina de hundir a Encinas/Héctor De Mauleón
La actuación de Encinas está en duda. Lo que sigue es la incertidumbre de los familiares de las víctimas, “el malestar y la pérdida de confianza”
El Universal,
El informe sobre el caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en agosto pasado nació muerto. Y ayer le tocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, hacerle la autopsia.
Encinas presentó en agosto un informe cargado de “nuevas pruebas” sobre la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Se trataba de un conjunto de 467 capturas de pantalla que supuestamente contenían conversaciones de WhatsApp sostenidas por presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.
Involucraban a varios militares en los hechos.
Señalaban, por ejemplo, que el entonces coronel del 27 Batallón José Rodríguez Pérez había dado la orden de eliminar a seis estudiantes que cuatro días después de los hechos seguían con vida en una cueva, que un subteniente de apellido Pirita “ya se había encargado de los paquetes” y que el capitán José Martínez Crespo se había llevado a algunos al campo militar, donde “nadie entra”, para ver, al rato, “dónde los echamos”.
El informe sufrió el primer resquebrajamiento la semana pasada. La lluvia de fuego que le cayó encima no vino de la oposición, ni de los defensores de la llamada “verdad histórica”, sino el propio Alejandro Encinas, quien declaró a The New York Times que la fuente que le había proporcionado aquellas capturas de pantalla podría haberlas fabricado.
En esa misma entrevista Encinas admitió que la investigación del caso se había realizado en forma exprés, para darle una salida política y satisfacer las presiones del presidente López Obrador.
Quería decir que las capturas de pantalla no habían sido verificadas: que la comisión que él encabeza había dado por buenas pruebas sin sustento.
Tras el escándalo que siguió, Encinas, cobijado por el presidente, adoptó la ruta de la victimización: acusó una campaña de descalificaciones “al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados”.
La puntilla al informe, cuya parte medular eran las capturas “hechizas” de Alejandro Encinas, la propinó ayer el GIEI, cuyos expertos consideraron “una torpeza” haber presentado un reporte plagado de supuestas evidencias “que no son fiables y no son confiables”.
Tras someter dichas pruebas a análisis pericial forense, el GIEI detectó que al menos 181 tienen discrepancias tecnológicas. Una de ellas es que la doble palomita azul que aparece en algunos de los pantallazos no había sido creada en los días en que, supuestamente, los mensajes fueron enviados.
“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron captados en imágenes o mediante registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de las fichas su autenticidad”, dictaminó el GIEI.
Según los expertos, los resultados del peritaje informático forense “llevan a considerar esta evidencia como inconsistente”. Además de ello, “no puede ser considerada como tal en un proceso judicial”, aseguraron.
El informe del GIEI termina de cavar la tumba de la comisión presidida por Encinas y coloca a este funcionario en un predicamento mayor.
Porque de la presentación de esos pantallazos falsos y de su entrega oficial a la Fiscalía General de la República derivan delitos contra la administración de la justicia (entre otros, desvío de una indagatoria), y derivan también responsabilidades penales para quienes los fabricaron, para quienes se los entregaron al subsecretario, y también para Encinas mismo, quien los dio por válidos y fundó a partir de ellos acusaciones sin fundamento y sin pruebas.
Tras el reporte del GIEI se le cierran a Encinas las salidas. Está obligado a aclarar cómo se obtuvieron los mensajes, quién los fabricó, quién los entregó y por qué se dieron por ciertos.
El GIEI terminó de cavar la tumba de Encinas. Él podrá seguir en su puesto. Pero ya está enterrado.
Alguien quiso empatar los pantallazos con las versiones que había dado a la fiscalía su testigo estrella: El Cabo Gil.
Finalmente, el informe de Encinas fue una farsa. Hoy, su actuación está en duda y es seriamente cuestionada. Lo que sigue es la incertidumbre de los familiares de las víctimas, “el malestar y la pérdida de confianza”.
Durante años todo lo dicho por el GIEI ha sido elevado al rango de palabra sagrada. Los mismos que le dieron ese rango hoy tendrán que hacerse cargo de lo dicho en la parte primordial de su nuevo informe: las pruebas de Encinas no son auténticas y el gobierno de López Obrador, a través del fiscal general Alejandro Gertz, ha decidido sacar al Ejército de las indagatorias.
Qué vueltas da la vida.
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Lula con alfileres/ Jorge Zepeda P
Milenio
En muchos sentidos la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil es una noticia que se agradece incluso en sitios no necesariamente afines a Lula da Silva. Las posiciones beligerantes y negacionistas del hasta ahora presidente en temas climáticos y de derechos humanos, y su tirante relación con los vecinos, frente al carácter conciliador del viejo líder sindicalista, proporcionan un momentáneo respiro. Más allá de las agendas ideológicas de uno y otro, por lo general la comunidad internacional suele preferir a un dirigente abierto al diálogo que a uno encasillado en posiciones ultras.
Se afirma, con razón, que una ola roja de izquierda recorre América Latina y ahora gobierna, entre otros, en los cinco países más importantes de la región. No hay casualidad en ello. Forma parte de la reacción que con muchos matices ha surgido en los últimos años en el mundo, en respuesta a los desequilibrios y el desencanto social producidos por los excesos de la globalización y el modelo neoliberal.
Pero dicho lo anterior, lo que sigue en Brasil es un recorrido en terreno minado. No solo porque la elección partió a ese país en dos mitades, sino porque esas dos mitades están confrontadas con la intensidad que caracteriza la polarización de nuestros días. Malos tiempos para gobernar. El país amazónico, como ahora Estados Unidos, Francia, Italia, México, Ecuador, Colombia y muchos otros, experimentan tal confrontación, entre bandos que se asumen irreconciliables, que empantana las posibilidades de intervención presidencial. Tal parálisis en algunos casos es resultado natural de sociedades que son cada vez más binarias, pero también se trata de boicots políticos o económicos diseñados puntualmente. Lo que ha sucedido con Gustavo Petro en Colombia o Gabriel Boric en Chile constituye un presagio de lo que podría esperar Lula. No se habían apagado los últimos acordes de la fiesta del triunfo electoral en estos dos países, cuando ya había comenzado el golpeteo, la pérdida de apoyos y un achicamiento significativo en el margen de operación de ambos presidentes; sus niveles de aprobación en este momento son peligrosamente bajos.
Lula tiene a su favor una base social más sólida y amplia de la que gozan sus dos jóvenes colegas. Pero un triunfo de 51 contra 49 revela que la mitad del país no lo apoya, y para su desgracia, en esa mitad se encuentra la mayor parte de los actores de poder de la sociedad brasileña. El día de las elecciones el voto de un albañil o un obrero vale lo mismo que el de un empresario, y eso es lo que permitirá a Lula asumir la presidencia. Pero a partir del día siguiente el impacto de los actos y decisiones entre un empresario millonario y un empleado modesto será radicalmente distintos, en detrimento del nuevo presidente.
A la hora de cerrar esta columna, Bolsonaro aún no había reconocido el triunfo de su rival; se asume que en algún momento habrá de hacerlo y aceptará dejar el poder el 1 de enero del próximo año, de acuerdo a lo que establece la ley. Pero nada es descartable considerando la beligerancia de algunos de sus seguidores. En todo caso, está claro que harán lo imposible por ponerle las cosas difíciles a Lula. En las últimas horas, organizaciones de transportistas han montado 70 bloqueos de carreteras en protesta por el resultado electoral, afectando a 11 estados y en particular el paso entre Sao Paulo y Río de Janeiro.
Más allá de la coincidencia de gobiernos progresistas en el continente, las consecuencias tendrían que matizarse. El fenómeno está siendo impactado por la precaria gobernabilidad que afecta la vida de tantos países en el mundo. Hay una crisis del entramado institucional de la democracia en buena parte de las naciones modernas. Italia e Inglaterra se encuentran agarrotados por la fragmentación y la fragilidad de alianzas que derivan en un Poder Ejecutivo maniatado y potencialmente efímero. En Estados Unidos la Casa Blanca ha terminado siendo rehén de la correlación de fuerzas en las cámaras, influida a su vez por las agendas mezquinas de legisladores empeñados en reelegirse indefinidamente, entre otras calamidades.
El caso de México, en donde López Obrador mantiene un sólido apoyo popular (consistentemente por encima de 60 por ciento), es inusual, aunque no sea el único. Su partido y aliados gozan de las mayorías en ambas cámaras y gobiernan en la mayor parte de las entidades del país. Pero más importante aún, a diferencia de sus colegas en otras naciones, la oposición civil y partidista mexicana se encuentra desdibujada. En ese sentido, la gobernabilidad o la estabilidad política no están en riesgo. Resulta tema para otra ocasión analizar qué está haciendo AMLO con esta capacidad para operar, que no existe en otros países y desde luego no en el Brasil de Lula.
Por lo pronto la derrota de Bolsonaro es tranquilizante; días para festejar el triunfo del viejo luchador social en Brasil, aun cuando lo que siga no será fácil.
@jorgezepedap
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DUDA RAZONABLE
El GIEI y la Sedena/CARLOS PUIG
Milenio,
Fue hasta este sexenio cuando la Sedena, por compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó a abrir sus documentos y expedientes sobre el caso Ayotzinapa. En su tercer informe de actividades dado a conocer hace unas semanas, aunque estaba hecho desde febrero de este año, se detallan nuevas evidencias contenidas en los archivos del Ejército al que el grupo tuvo acceso.
El tercer capítulo de ese informe hace una exhaustiva descripción de lo que aquellos documentos dicen, pero ya se señalaba ahí también que la Sedena no había entregado otros documentos que el GIEI considera claves y que son referidos en varios de los archivos revisados.
Ayer, Ángela Buitrago fue bastante clara: “el GIEI ha seguido insistiendo en que se necesita proporcionar toda la información existente en los archivos de inteligencia de Sedena y en el Centro Regional de Inteligencia y otros que puedan tener información clave para la búsqueda que incluyen los monitoreos o escuchas telefónicas en tiempo real del 26/09/2014 y de los días subsiguientes, incluido el 04/10/2014. Entre otras, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales de los archivos de Sedena, que muestran que se tenía un conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando. Dichos mensajes del Centro Regional de Inteligencia no han sido proporcionados a pesar de que se afirma que no existen, pero el GIEI tiene información de su existencia. El GIEI ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene la presentación de toda la información de dichos archivos y el acceso al lugar donde se encuentran, sin lo cual se obstaculiza la búsqueda de los desaparecidos”.
Buitrago hizo un resumen de lo que ya está en el III informe, de cómo los miembros del 27 batallón estuvieron al tanto de lo que sucedía, que fueron testigos de las detenciones y que como controlaban el C4 tenían reportes de lo que estaba pasando.
Más: “personal militar tenía relación estrecha con Guerreros Unidos, como han mostrado las interceptaciones telefónicas de Chicago y otros documentos y testimonios de testigos protegidos. A la luz de estas informaciones, se hacen inconsistentes sus explicaciones de que desconocían la gravedad de los hechos y por ello no habrían intervenido”.
Ya veremos cómo queda la nueva versión del GIEI anunciada ayer.
Por lo pronto está claro que, esta vez, el GIEI que existió, con la Sedena topó.
@puigcarlos
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DÍA CON DÍA
Afantasmando la justicia/HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
Milenio,
El encallamiento de Ayotzinapa en el mar de los sargazos de la incredulidad mexicana, capaz sin embargo de creer cualquier cosa, es el eslabón más reciente del desfile histórico de abusos y manipulaciones que ha sido entre nosotros la procuración de justicia.
Ayotzinapa pinta para volverse un hoyo grande, del tamaño de los crímenes del 2 de octubre del 68, el asesinato de Colosio del 94 o la matanza de Acteal del 97.
Uno más de los grandes hoyos negros que van sembrando en la memoria colectiva las abusivas capacidades del Estado para acusar o para absolver, y su correlativa incapacidad de investigar y de probar casi nada, ni de lo que acusa, ni de lo que absuelve.
El gobierno puede acusar y encarcelar a quien quiera, con delitos reales o inventados, pero puede probar poco o nada de los crímenes que imputa.
Y puede absolver también, pasar por alto, los mayores crímenes imaginables, como vemos hoy todos los días en las masacres que sacuden al país, sin que la autoridad mueva un dedo para investigarlas y castigarlas.
La justicia es un reino de hechos flojos, falsos o inconcluyentes, donde mandan la política, la influencia y el dinero, frente a la indefensión total de la sociedad que no tiene poder, influencia ni dinero para defenderse, con el solo amparo de la ley y la verdad.
Se trata de un reino de justicia fantasmal del que salen sin embargo sentencias fulminantes, que tienen llenas las cárceles de personas sin sentencia, de culpables fabricados y de delincuentes que delinquen desde la prisión.
La barbaridad de este reino de verdades dudosas y opresiones ciertas creció con la ampliación reciente de los delitos que pueden castigarse con prisión preventiva, aberración jurídica que permite encarcelar a alguien con sólo acusarlo.
Hay además muchos casos de ciudadanos no encarcelados pero sí amagados con prisión, para obligarlos a una determinada conducta: un pago de impuestos, una renuncia, una obediencia al gobierno.
La lista de amagos y prisiones de estos años es larga. Su efecto neto es agregarle impunidad a la conducta judicial del gobierno y afantasmar en la sociedad el valor, el rigor y la credibilidad de la justicia.
hector.aguilarcamin@milenio.com
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EN PRIVADO
Y le fueron con el cuento de que la ley es la ley/JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
Milenio
¿Cuál es el femenino del delfín? ¡Ah, sí! Delfina.
Florestán
La recomendación 46/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra, denuncia que el INE es un instrumento para sabotear la voluntad del pueblo y llama al Congreso a su transformación por ser antidemocrático, y que ayer fue respaldada por el presidente López Obrador, es una violación a la Constitución que impide a ese organismo intervenir en asuntos electorales.
Y así, quien el 1 de diciembre de 2018, en su toma de posesión, protestó guardar y hacer guardar la Constitución, celebró y apoyó que la CNDH la haya violado con su recomendación, lo que además deja ver el origen gubernamental de dicho documento.
La CNDH, en su nota, se remite a las violaciones cometidas entre ¡1951 y 1965! y pide que se fortalezca la democracia mexicana, se garantice un INE autónomo, tal cual era la demanda de las víctimas de la represión y violencia política por parte del Estado en aquellos años, insiste, y llama a los legisladores a revisar la legislación electoral y construya una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones y la imparcialidad de los órganos electorales, una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar.
Esta recomendación retrata, por sí misma, lo que no podemos permitir que le suceda al INE, que esté como está hoy la CNDH, al servicio del Presidente.
No es solo que viole la Constitución, no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley, es que hay que defender al INE y al Tribunal Electoral de las palaciegas ambiciones de poder y control.
Y eso es ahora o nunca.
RETALES
1. MENTIRA. El sábado en Navojoa, Sonora, el doctor Jorge Alcocer afirmó ante el presidente López Obrador que el nuevo modelo de salud pública en México es único, que no existe en ningún otro lugar del mundo. Así, con esa cara dura, sabiendo que lo que dijo es una mentira, pero con la cara dura tan propia ahora;
2. BOMBA. El GIEI activó la bomba que el gobierno, y el mismo López Obrador, nunca vieron venir: el vuelco, desastroso, en las investigaciones de su Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa. El que Alejandro Encinas aceptara que una tercera parte de los mensajes que sirvieron para girar, a partir del 18 de agosto, 83 órdenes de aprehensión y a liberar decenas de personas no estuvieran respaldados por la verdad, prendió la mecha del cartucho que le tiraron en su palacio; y
3. LULA. El primer jefe de Estado en felicitar al Lula el domingo, apenas habían cerrado las urnas en Brasil, fue el presidente López Obrador. Esta fiesta contrasta su estrategia con Joe Biden, a quien tardó ¡38 días! en saludar su triunfo electoral, en noviembre de 2020, diciendo que no se había oficializado su victoria. La de Lula, el domingo, tampoco. Pero son sus dos pesos y sus dos balanzas en política exterior.
lopezdoriga@milenio.com
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