Los derechos hoy
La opción preferencial por los pobres/Arturo Zaldívar
Milenio, 7 de mayo
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En 1968 se reunió la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la ciudad de Medellín, Colombia. Por 13 días los obispos de la región reflexionaron sobre las profundas formas de injusticia que oprimen a las personas más pobres de América Latina. En su documento conclusivo —considerado el texto fundacional de la teología de la liberación— los obispos denunciaron una “miseria que margina a grandes colectivos” y que, “como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo”. Desde ese reconocimiento de justicia y dignidad postularon el principio de la opción preferencial por los pobres, que desde niño impactó profundamente en mi conciencia y en mis convicciones.
En los años posteriores, la teología de la liberación fue combatida al interior de la Iglesia por la derecha, al grado de que ahora prácticamente ha desaparecido, pero es en esa vertiente humanista que me formé desde muy joven, y es esa doctrina la que ha guiado mi actuar hasta el día de hoy. Por ello no es extraño que comparta, desde hace tiempo, los ideales del obradorismo, en cuya esencia se encuentra la misma convicción de servicio y el mismo anhelo de justicia social expresado en la máxima: por el bien de todos, primero los pobres.
¿Cómo se ha concretado este principio en los últimos seis años? ¿Qué ha significado su puesta en práctica para nuestro país?
En primer lugar, a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos de la derecha, la política social ya no se agota en programas temporales y clientelares, sino en la construcción de un auténtico Estado de bienestar con programas universales consolidados como derechos, sobre todo para quienes menos tienen.
En tal sentido, las brechas de desigualdad se han acortado y se ha avanzado de forma histórica en el combate a la pobreza. En efecto, entre 2018 y 2022, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza (Coneval, 2023) como resultado de una serie de políticas que incluyeron un aumento histórico del salario mínimo (de 88 pesos diarios en 2019 a 248.93 pesos diarios en 2024); así como programas sociales que beneficiaron a más de 28 millones de personas, incluyendo pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes, capacitación gratuita y apoyos para jóvenes, pequeños productores agrícolas, pescadores, niñas y niños de madres trabajadoras; la restricción del outsourcing (que permitió a más de 3 millones de trabajadores ingresar a la formalidad), una mejora sustancial en el reparto de utilidades, entre muchas otras medidas encaminadas directamente a transformar las condiciones materiales de vida de quienes menos tienen.
Hoy, que se aproxima la conclusión del sexenio, esa filosofía es retomada y fortalecida con lo que Claudia Sheinbaum denomina Prosperidad Compartida: la idea de que el desarrollo económico no solo debe mejorar los grandes indicadores macroeconómicos, sino ante todo ser útil para construir bienestar y justicia social.
Por ello, el proyecto de Claudia impulsa una profundización del Estado de bienestar que incluye la ampliación de los programas sociales convertidos en derechos, una pensión para mujeres de 60 a 64 años, la consolidación de una beca universal para la educación básica, el aumento de beneficiarias en el programa para hijos e hijas de madres trabajadoras, un Sistema Nacional de Cuidados, el incremento anual al salario mínimo por encima de la inflación en acuerdo con trabajadores y empresarios, y una estrategia nacional para la reducción de la pobreza extrema con una meta de pobreza multidimensional por debajo de 2 por ciento en 2030, entre otras políticas transformadoras.
Han pasado 56 años desde la fundación de la teología de la liberación, y de sus reclamos por atender a esa injusticia que clama al cielo. A pesar de los esfuerzos neoliberales por erradicar ese empeño, hoy sus ideales laten con fuerza en el proyecto de justicia social que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum.
Por ese país justo, próspero e igualitario, hoy sigue siendo válido desde el punto de vista filosófico, político y económico que por el bien de todos, primero los pobres.
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La Iglesia y lo social/Bernardo Bátiz V.
LA JORNADA, 6 de mayo de 2024
La Iglesia católica ha sido protagonista de nuestra historia patria; desde la Conquista, fueron los frailes quienes defendieron a los pueblos de abusos de conquistadores y encomenderos. Durante el virreinato, tuvo sus problemas. González Obregón, cronista de la Ciudad, recuerda en su libro México viejo (Librería de la Viuda de Ch. Bouret, México, 1900) un incidente en 1766 entre la Inquisición y el virrey Carlos Francisco de Croix. Resulta que, a este protagónico y activo virrey, con alguna intención que a otros hubiera aterrorizado, el poderoso Tribunal lo citó para interrogarlo, el virrey acudió a la Plaza de Santo Domingo para declarar, pero llegó acompañado de un batallón de soldados y una batería de artillería apuntando al histórico edificio; sobra decir que el interrogatorio duró menos de 10 minutos y el virrey salió del temido Tribunal sonriente y tranquilo.
Un año después el mismo marqués de Croix, por orden del rey Carlos III, expulsó a los jesuitas de la Nueva España y sus provincias, cerró sus conventos, colegios y misiones e interrumpió su obra educativa. La historia registra que por ese motivo hubo gran revuelo y hasta motines violentos; salieron del país 678 jesuitas y se cerraron instituciones tan prestigiadas como el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el de San Ildefonso, éstos en la capital, y otros en Puebla, Oaxaca, San Luís Potosí y Guanajuato; se interrumpieron las misiones en el noroeste, la Tarahumara en especial, lo que produjo descontento y un quiebre en nuestra historia.
Los jesuitas regresaron a principios del siglo XIX, volvieron a ser expulsados y regresaron; actualmente han recuperado sus actividades y participan en educación, cultura y defensa de los derechos humanos. Otras órdenes también lo hacen: dominicos, franciscanos, agustinos y el clero regular, todos destacados protagonistas de la historia de México.
Esto viene al caso para recordar que las relaciones entre las dos organizaciones sociales datan de mucho tiempo; no está por demás recordar que los principales caudillos de la Independencia, Hidalgo y Morelos, fueron clérigos; que las Leyes de Reforma por las que se retiró a la Iglesia el control de la vida civil y se expropiaron sus bienes provocaron primero la guerra de Tres Años entre liberales y conservadores y luego la Intervención Francesa.
Durante el porfiriato hubo relativa paz con pocos incidentes. En 1911, ya iniciada la Revolución, se fundó el Partido Católico que inicialmente apoyó a Madero y en los años 20 no podemos olvidar la Guerra Cristera que concluyó con los “arreglos” celebrados a espalda de los levantados en armas.
Durante el siglo XX las relaciones fueron tranquilas y se toleró la presencia de grupos y asociaciones con mayor o menor injerencia en lo social y a veces en lo político. Destacados prelados han estado activos y comprometidos, como Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca, Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera de Saltillo, conocidos por sus acciones en defensa de derechos humanos, pueblos originarios y migrantes.
Grupos sociales promovidos desde la Iglesia han estado activos: desde la legendaria Unión Nacional de Estudiantes Católicos de los años 20, la Unión Nacional Sinarquista, que se convirtió en partido político, la Acción Católica con sus diversas ramas y posteriormente otros como la Ancifem y el Dhiac, que, apoyados por empresarios, se incorporaron al PAN a finales del siglo XX.
Hemos sufrido también la existencia de grupos secretos, “paradójicamente muy conocidos”, como el MURO, el Yunque y el FUA, estos de extrema derecha. Otros más, de índole distinta, ni secretos ni violentos, son el Centro Universitario Cultural, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, todos ellos activos, abiertos a la opinión pública y comprometidos.
Hace poco, el 11 de marzo pasado, el Episcopado publicó un documento denominado “Compromiso por la Paz” con propuestas positivas y bien pensadas, que fueron recibidas por las candidatas y el candidato a la Presidencia, así como, en general, muy bien por la opinión pública.
El documento por la paz no toma partido ni se suma a los ataques concertados en contra del actual gobierno; sin embargo, no faltó quien desde un cargo eclesiástico se unió al “nado sincronizado” de fin de campaña y pidió no votar por un partido en específico.
Como ciudadano y como católico, creo que la participación de la Iglesia, cuyos fines son trascendentes, no puede comprometerse en favor o en contra de candidato o partido alguno; su papel es otro y entre sus fieles hay militantes de todas las tendencias que sustentamos propuestas congruentes con la moral católica. Su papel es de orientación a favor de la libertad, de la democracia y de la justicia, no alentar rivalidades y descalificaciones ni participar en campañas negativas. Recordemos los mensajes de la Fratelli Tutti.
jusbb3609@hotmail.com
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