Sinaloa en caída libre/Cristina Ibarra

Sinaloa en caída libre/Cristina Ibarra 

REFORMA, 18 enero 2025

Según los datos del empleo formal ante el IMSS, el 2024 es el único año, además de la pandemia, en el que Sinaloa presenta un crecimiento negativo interanual de puestos de trabajo durante varios meses. Desde agosto a diciembre 2024 los registros se han reducido, en agosto se perdieron 1,144 empleos, en septiembre 4,408 y diciembre cerró con un saldo negativo de 2,394.

Las empresas, emprendedores y muchos sectores de trabajadores han resentido fuertemente los efectos económicos de la narcopandemia, mientras que los gobiernos estatal y federal se han empeñado en manifestar que son pocas las pérdidas, pero el comparativo con 2023 nos muestra el tamaño del efecto. Durante el 2023, aún con la sequía y la caída del 15% de la agricultura, el estado generó más de 9 mil nuevos puestos de trabajo formales. Tan solo de diciembre 2023 a enero 2024 se crearon 12 mil empleos formales, mientras que el 2024 cerramos en negativo y en enero se espera que tampoco haya cifras positivas ya que el cierre de empresas continúa, muchas de ellas esperaban diciembre para recuperarse y poder liquidar empleados.

A pesar del llamado de los líderes empresariales y la información disponible para mostrar la importancia de las pérdidas, el gobierno ha destinado recursos muy limitados para la reactivación económica. Del programa "Sinaloa late fuerte" -apoyos directos a emprendedores, ambulantes, músicos, comerciantes y otras pequeñas empresas-, se repartieron apenas casi 150 millones de pesos. Algunas empresas recibieron hasta 20 mil pesos, si tienen más de 20 empleados, mil pesos por empleado... ¿De qué sirve ese apoyo tras cuatro meses de malas o incluso nulas ventas para pagar la totalidad de gastos fijos, impuestos, seguro social y demás prestaciones?

El pasado 8 de enero el gobernador del estado presentó al Congreso estatal un plan de reactivación económica, que contempla principalmente acciones de obra pública, para lo que solicitó un empréstito de 2,300 millones de pesos. Se argumentó que el gobernador anterior dejó una deuda de ese tamaño con el SAT, pero no se aclaró si hay una investigación por tal acto. Además, hay que decirlo, ninguna de esas obras dará de comer a los músicos que siguen sin trabajar, a bares, salones de fiestas, meseros y demás empresas que han sido afectadas por la violencia, la cual arreció a partir del 3 de enero, con nuevas quemas de viviendas, camiones, bloqueos y cierre de empresas.

Además de la obra pública el plan del gobernador presenta los programas sociales como reactivación, así como proyectos de inversión extranjera añeja. Pero los primeros se dan con o sin violencia y los segundos tienen años de gestión y peligran en medio de toda la situación que se vive. Entonces, ¿cuál reactivación económica? Muchas de esas obras se tratan de saneamiento y obras contenidas en el plan estatal de desarrollo, y éstas apenas iniciarían una vez que se pasen los trámites para el préstamo; la generación de empleos será solo en el sector de la construcción y eso no atiende de ninguna manera las necesidades del tan golpeado tejido empresarial.

Si esos 2,300 millones de pesos se emplearan directamente con las empresas afectadas y los desempleados de la narcopandemia, eso sí podría llamarse reactivación económica. Incluso, si se destinara una parte importante para la atracción de nueva inversión extranjera. Pero no, las peticiones de empresas, emprendedores y trabajadores afectados no fueron prioridad. Lo importante fue utilizar la coyuntura y fuerza en el Congreso local para aprobar un empréstito, que si bien abonará a la infraestructura local, no salvará a las empresas que siguen cerrando.

Aun si se les repusieran las millonarias pérdidas a todas las empresas en el estado, mientras que la seguridad no se restablezca, nada podrá salvar a la economía sinaloense que va en caída libre y aún nos falta ver los estragos de la sequía.

La autora es doctora en Economía por la Universidad de Glasgow, profesora e investigadora en la UAS, UNICAF y presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.