Familiares de Joaquín Guzmán Loera, alías El Chapo, cruzaron a EU por frontera con Tijuana; BC, y allá los estaban esperando los US Marshals; compartieron además un video donde van con maletas e informaron que Griselda López Pérez , cruzó el viernes 9 de mayo a pie por la garita de San Ysidro junto con otras 17 personas, todas familiares, y del lado estadounidense ya los estaban esperando agentes federales, era alrededor del mediodía..
Griselda López Pérez, procreó 4 hijos con Guzmán Loera: Édgar, Joaquín, Ovidio y Grisel o Griselda Guadalupe. Édgar, de 22 años, fue asesinado en mayo de 2008 en un centro comercial de Culiacán, cuatro meses después de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo.
Todo apunta ser parte del acuerdo que hizo Ovidio Guzmán con la justicia norteamericana el pasado 6 de mayo,; cuando decidió cambiar su declaración de culpabilidad, señal de que alcanzó un acuerdo, y por eso están sus familiares.
La información la dio a conocer el periodista Luis Chaparro de acuerdo con una investigación de la web Pie de Nota..
"De momento se desconoce por qué se entregaron, pero el hecho de que se hayan entregado agentes que ya los esperaban probablemente esté vinculado con el trato que habría hecho Ovidio Guzmán con el Gobierno de los Estados Unidos la semana pasada.
"La familia habría llegado con varias maletas, al menos dos maletas de marca por cada integrante y entre todos llevaban más de 70 mil dólares en efectivo. La familia aterrizó desde Culiacán en Tijuana y se desplazaron a la garita de San Isidro, donde ya los esperaban agentes del FBI", reportó Luis Chaparro.
Según su relato, en la garita de San Isidro incluso había un francotirador, encargado de resguardar la integridad de la familia Guzmán..
Por la mañana, cuestionada sobre el tema Señaló que las autoridades estadounidenses tendrían que informar a sus pares en México..
Pregunté hoy en la mañana, porque vi la nota; no hay más información que la que ha salido en las notas, dijo, o sea los medios saben más que el gobierno., dijo CSP.
y agregó "Es importante decir, porque vale la pena y lo platicamos en su momento el día que estuvo el fiscal aquí: esta persona - se refiere a Ovidio-, fue extraditada por México, en el periodo del Presidente López Obrador, y el gobierno de EU también debe informar a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene sus carpetas de investigación en México, y por haber sido extraditado deben de estar enviando información de manera permanente
Entonces, entiendo que lo va a hacer el fiscal y ya cuando tenga manera de informarles les estará informando
- Entonces, ¿hasta este momento Estados Unidos no ha entregado esta información, digamos, de manera voluntaria como parte de la comunicación que debería de tener?-, le preguntan..
-¡No!. Debe entregarla a la Fiscalía, porque es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tiene que tener información coordinada con la Fiscalía General de la República.
O sea, no solamente no sabe nada de lo la visa sino de este asunto tan delicado…; EU no tiene confianza en las autoridades de México…
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Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno no fue notificado sobre el retiro de visa a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por lo que pidió a Washington que le informe por qué tomó esa decisión: "Ayer lo supimos por el comunicado que emitieron, que emitió la propia Gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información, no no nos vamos a adelantar", comentó en mañanera.
"Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados".
Es nota de primera plana, hoy. Nunca en la historia midera un gobernador fronterizo le había ocurrido algo así...
¿Por que? ¿Una asunto administrativo?, o hay algo fuerte, por ejemplo el huachicol.
Washington debe emitir posicionamiento, quizá no lo haga no está obligado, pero sería una cortesía al gobierno "amigo" de la cuatroté, pero EU no tiene amigos tiene intereses..
Kristi Noem vino a México en marzo, pasado, y mandó un mensaje, pero no lo supimos leer..
¿Y que tal si existen en la lista negra otros gobernadores ?
Pero como dice nuestra Presidenta ¡NO NOS ADELaNTEMOS!..
No es buena señal lo que vimos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, es Presidente de la Conago….
Quizá sea un mal entendido, quizá, ocurre con ciudadanos que los meten a la lista negra del OFAC, con lo que ello implica, y pueden salir por un proceso administrativo, pero ¡NUNCA EU! ofrece disculpas.
Reacciones
Marina del Pilar, gobernadora de BC, dio un mensaje a medios y afirmó que EU le retiró la visa por una decisión administrativa, pero que no le han comunicado la causa,,,
¿Entonces?
Durante su mensaje de escaso minutos, la c. Gobernadora recordó que una medida consular le impide tener visa de Estados Unidos.
"Que el Departamento de EU haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación, no hay delito, no hay una falta, no se ha comunicado la causa de esta medida, y cualquiera que sea la razón estoy tranquila, y con la conciencia limpia", dijo.
"Reconozco su facultad administrativa -de EU-, sé que la verdad y el tiempo pondrán las cosas en su lugar", afirmó, "he mantenido con el Gobierno de EU una relación institucional, basada en el respeto, y en la coordinación, estoy convencida de que así debe continuar siendo".
La Gobernadora insistió en que está sorprendida con la situación, y refirió que sufre de violencia de género, por lo que se ha dicho de ella sin pruebas.
"Sigo con las manos limpias, y el corazón en su lugar, no me han doblado, al contrario, me han recordado quién soy", expuso.
Ya no defendió a su esposo…, como si lo hizo hace dos días.
Las columnas políticas, hoy lunes 12 de mayo de 2025
Columna Estrictamente Personal
Gobernadora, persona non grata/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
Marina del Pilar Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen. El expresidente Andrés Manuel López Obrador decía que era “lo mejor que le había pasado a Baja California”, y la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que es muy buena gobernadora, sensible y está muy cerca de la gente. Estados Unidos piensa diferente. El fin de semana, el Departamento de Estado le revocó la visa a ella –cuyos dos hijos nacieron en California– y a su segundo esposo, el político Carlos Torres. La gobernadora no aclaró las razones de la anulación, y se limitó a describirla como “una situación” que estaba enfrentando y aclararía.
Es la primera política mexicana en funciones de la que públicamente se sabe que Estados Unidos le canceló la visa. Más allá de violaciones migratorias o antecedentes penales que son causales de esa acción, se puede revocar una visa a discreción por razones de seguridad nacional, o por ofensas criminales.
La gobernadora y su esposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace poco más de dos años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y Ávila, en una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA, fue una de las siete candidatas a gobernador en 2021 cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, después de las elecciones.
Sheinbaum sabía que esto vendría, aunque desconocía nombres y apellidos, pero no hizo nada. O no creyó que Estados Unidos lo haría, o como ha sido constante en el entendimiento de cómo está actuando la Administración Trump, calculó mal su estrategia. El lunes pasado, se publicó en este espacio que Estados Unidos tenía una lista negra de prominentes mexicanos y que iba a empezar a anular visas a funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el narcotráfico.
Esto fue anticipado por la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, durante su visita a Palacio Nacional el pasado 28 de marzo, dejando entrever que esperaban que la Fiscalía General abriera investigaciones y procesos penales contra ese segmento. Sin embargo, la única acción realizada fue iniciar el proceso contra el grupo Los Alegres del Barranco por hacer apología del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el caso de la gobernadora, su antecesor Jaime Bonilla, entregó pruebas en agosto de 2022 sobre la presunta relación de Ávila y su esposo con el crimen organizado, coincidiendo con la denuncia que hizo en el Senado acusándola de negociar con el CJNG. Tampoco se hizo nada, y la inseguridad se elevó.
En junio de 2023, se retomó en este espacio la violencia que azotaba a Tijuana por la lucha entre los cárteles de Sinaloa, CJNG y los remanentes del Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix. Como resultado, dijeron entonces funcionarios federales, del desmantelamiento emprendido por Bonilla de la red de protección institucional construida en el gobierno de su antecesor, Francisco Kiko de la Vega, que tenía en Torres, el esposo de Ávila, a uno de sus principales operadores. Bonilla deshizo el status quo prevaleciente, que fue restablecido por Ávila, de acuerdo con los reportes de inteligencia.
La génesis de aquella situación se dio en medio de los reacomodos que volvieron a realizarse con la llegada de Ávila a la gubernatura y el intento de restablecer lo que se había erradicado de la administración de Kiko de la Vega. El nuevo reacomodo fue un desastre al no poderlo manejar y administrar el gobierno de Ávila. De acuerdo con información de inteligencia, el reacomodo de los cárteles intensificó la guerra entre ellos.
En Tijuana y Ensenada fueron reducidos los herederos de los Arellano Félix, convirtiéndose en plazas en disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. En Mexicali, ante la debilidad del Cártel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero, que estaba separándose definitivamente de Culiacán y que había sido aliado táctico de los hijos de los Arellano Félix, estos se aliaron con el CJNG para enfrentar al de Sinaloa. El fiscal Iván Carpio, nombrado por Ávila sin cumplir con los requerimientos para el cargo –a quien conoció como policía y ministerio público en Mexicali, cuando fue alcalde–, tuvo que renunciar ante la violencia y la crisis de desaparecidos.
Los apoyos de Sheinbaum y López Obrador se dieron en el marco de este clima de violencia y desorden en Baja California. La revocación de la visa fue planteada por la gobernadora y su esposo como una acción que iba dirigida contra Torres, que “alcanzó” a Ávila. Torres dijo que no había ninguna acusación, investigación, ni señalamiento formal, lo que es relativo. De haberse concluido ese proceso, no le revocarían la visa, sino anunciarían que lo estaban imputando y pedirían su extradición. Pero esto no significa que no sepa de qué se trata.
En 2014, cuando el Departamento de Estado revocó la visa de Diosdado Cabello, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y actual ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que se la habían anulado por una denuncia de haber entregado un millón de dólares a Osama bin Laden. Cuando en 2019 se les canceló a 340 allegados a Maduro, se informó que fue por violaciones a los derechos humanos. Y cuando recientemente se anularon las visas a Los Alegres del Barranco, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que no iban a extender una alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas.
Ávila dijo que respaldaba personal, moral y también políticamente a su esposo, lo que sugiere que saben mucho más de lo que hicieron público y dejó abierta la conjetura del porqué actuaron contra ellos.
La anulación de la visa a una gobernadora en funciones coloca en una situación incómoda y delicada a Sheinbaum, que está obligada a fijar una posición. No puede fingir que nada pasó, pero su fraseo deberá ser cuidadoso. Lo más importante, sin embargo, es que tome con seriedad y apremio lo que advirtió Noem y revise los cabos sueltos en el régimen, para evitar más sorpresas y para encontrar un hoyo para salir del acorralamiento.
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Vaticano: qué pasó paredes adentro/Carlos Loret de Mola
El Universal 12/05/2025 |
En el momento en que alcanzó los 89 votos necesarios para convertirse en Papa, los 133 cardenales estallaron en un aplauso de pie para Robert Prevost. Cuando terminó la ovación, hubo que seguir contando los votos porque todavía faltaban algunos. Lo que pasa es que en la Capilla Sixtina, muchos de los clérigos van anotando el conteo de votos conforme se van abriendo las papeletas y leyendo los nombres. Al entrar a la sesión de ese jueves por la tarde, ya sabían que Prevost sería el nuevo papa. Todo se había ido decantando hacia él en las dos rondas electorales de la mañana. Era sólo cuestión de tiempo. Y no pasó mucho tiempo.
Ahora sabemos que, si bien eran más cardenales, no necesariamente eso se traducía en más papables. Francisco democratizó y expandió el cónclave, y al hacerlo, bajó las calificaciones tradicionalmente requeridas para llegar hasta ahí. Muchos de los cardenales llegados de sitios recónditos o en los que el catolicismo es testimonial, tienen grandes historias de evangelización incluso bajo persecución, pero no tienen roce con la curia, quizá no hablan italiano, no los conocen en Roma y ellos no conocen a casi nadie (llegaron a presentarse en pleno precónclave). Estos son factores que pesan. Milán y París, dos de las grandes reservas numéricas de católicos, no tienen cardenal. Pero sí lo tiene Mongolia, donde hay 2 mil creyentes.
Ahora sabemos que, por eso, el ala más dura de los cardenales nunca tuvo ninguna oportunidad de empujar un papado que retrocediera en las rutas de apertura impulsadas por el papa Francisco. No tenían los números. Necesitaban ser 45 para convertirse en una suerte de bloque opositor de la supermayoría. Ni cerca. Su mejor estrategia era empujar de entre los papables “liberales” al que les pareciera más aceptable.
Ahora sabemos que, durante los días previos al cónclave, en las congregaciones de cardenales, los electores fueron esculpiendo el perfil del nuevo papa: cercano a la gente y comprometido en lo social, buen administrador y gobernante, robusto académicamente. Benedicto, con una solidez teológica apabullante y un orden administrativo que urgía en la Iglesia, carecía del ingrediente de empatía. Francisco, menos ducho en lo académico, compensaba con un fascinante carisma.
Ahora sabemos que el considerado favorito, el cardenal Pietro Parolín no tiene experiencia de pastor, pues siempre ha trabajado desde la élite burocrática eclesiástica. Ahora sabemos que otro de los más mencionados, el filipino Tagle, sobrado en cercanía con la gente, tropezó con la administración de Cáritas cuando lo jaló Francisco para trabajar en el Vaticano. En cambio, dicen que Prevost tiene palomita en todos los casilleros. Y, además, lo conocían hasta los que no conocían a nadie: en el gabinete de Francisco era el poderoso encargado de evaluar a los candidatos a obispos, así que todos los cardenales tuvieron que pasar por su escritorio para cabildear. Y se ganó fama de tener buena mano izquierda, de no abusar de ese enorme poder. Además, tenía experiencia electoral: había ganado por votación la jefatura mundial de los agustinos (y hasta la reelección).
El nuevo papa ha sabido leer el papel de puente de unidad que le encomendaron sus electores. Ya mandó las primeras señales: en su primera aparición pública portó la muceta papal roja que va sobre los hombros, pero no se puso los zapatos del mismo color (es decir, a la mitad entre Benedicto y Francisco); y ya mandó acondicionar el Palacio Apostólico para volver a vivir ahí, dicen que sin lujos (de nuevo a la mitad). Su primera frase fue por la paz. Su primera bendición de domingo fue contra la guerra. Pero leyendo, para no tropezar con alguna declaración indeseada de la que luego se tenga que desdecir.
SACIAMORBOS
Es política intensa, sí, es ideología, geografía y simpatía, sí, pero se equivoca quien piense que no hay un ingrediente intangible, que escapa al raciocinio.
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Columna Razones/ Jorge Fernández Menéndez
Sin visas y detenidos, asoman las tramas
Trump lo que reclama es romper tramas de protección y corrupción.
Excelsior,
Dicen que saber gobernar es saber elegir, y la administración de Claudia Sheinbaum se está acercando al punto en que tendrá que elegir: ir contra las redes de protección y complicidad del crimen organizado o terminar en un choque inevitable con la administración de Donald Trump. Si la política se hace de gestos, tenemos muchos en los últimos días, a ambos lados de la frontera, que establecen ese rumbo de choque.
Este fin de semana, en un operativo de fuerzas federales, les fueron incautadas drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos al alcalde de Cuautempan, Puebla, Gerardo Cortés Caballero, de Morena-PT. El comunicado de la fiscalía estatal asegura que los operativos se realizaron “como resultado de labores de inteligencia y de campo realizadas ante reportes de diversas actividades ilícitas entre éstas, el cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar, el robo de mercancía a transportistas y a negocios, así como venta y distribución de droga”. El alcalde está prófugo.
Ayer mismo se informó que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Morena), y a su esposo, Carlos Torres, les fue retirada la visa para ingresar a Estados Unidos, ambos están siendo investigados. Es la primera gobernadora en funciones a quien se le retira la visa estadunidense.
Hace unos días, la agencia migratoria de Estados Unidos detuvo en Brownswille, Texas, al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, José Alberto Granados Fávila (Morena): fue detenido, interrogado durante horas, junto con sus acompañantes y le fue retirada y destruida su visa, cuando intentaba cruzar el puente internacional Brownsville-Matamoros.
Está siendo investigado por presuntos nexos con el Cártel del Golfo. Durante el interrogatorio, las autoridades estadunidenses cuestionaron a Granados Fávila sobre su relación con Édgar Alejandro “V”, empresario detenido en enero de 2025 en Brownsville, Texas, con 8.8 kilos de cocaína. Fuentes estadunidenses indicaron que el alcalde estaba siendo monitoreado desde hacía meses por presuntos vínculos con miembros de alto nivel del Cártel del Golfo.
La semana pasada fue detenido José Asunción Murguía Santiago (MC), presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, arrestado por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en relación con las investigaciones del rancho Izaguirre. Se presume que recibía pagos mensuales del cártel y facilitaba protección policial para las actividades ilícitas del grupo. Pero no nos engañemos, apenas se comience a investigar de verdad esa trama, el alcalde será sólo una hebra de una red de protección que opera en buena parte de Jalisco, Colima, parte de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Estado de México para el CJNG.
Desde enero, en Frontera Comalapa, Chiapas, fue detenido José Antonio Villatoro, alcalde interino, por corrupción y presuntos vínculos con grupos delictivos, desaparición forzada, extorsión y homicidio. Era parte, como muchos otros funcionarios estatales del gobierno de Rutilio Escandón, de los distintos cárteles que se asentaron en el estado los seis años anteriores. Y en una de las decisiones más extrañas que se han tomado en mucho tiempo, Rutilio Escandón, en vez de estar siendo investigado, es el cónsul de México nada menos que en Miami.
Se supone que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga actualmente a 17 alcaldes de Morelos por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque hasta ahora no se han reportado detenciones formales de alcaldes en este periodo, sino investigaciones en curso.
Cuauhtémoc Blanco, con todo tipo de denuncias sigue despachando en la Cámara de Diputados. Los mismo ocurre con los gobernadores de Tamaulipas y Sinaloa, o con exgobernadores de Tabasco.
En el Estado de México desde noviembre se lanzó la operación Enjambre con numerosos alcaldes acusados y detenidos. Ha avanzando, pero se esperaba mucho más; como que se estancó por decisiones políticas.
Se asegura que hay algunos gobernadores que se quedarán sin su visa estadunidense por sus presuntas relaciones con el crimen, como también le sucedió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a varios de sus familiares y funcionarios.
Hasta ahora no dejan de ser gestos y respuestas tímidas que inevitablemente se irán incrementando en la medida en que no haya respuestas contundentes. Más allá de los avances realizados por el gobierno federal en el ámbito de la seguridad, concentrados en puntos específicos del país, en otros se sigue desbordando la violencia y la administración de Trump lo que reclama es romper tramas de protección y corrupción que estiman que llegan a altos niveles, sobre todo de la administración anterior.
Y tienen muchos instrumentos para avanzar en ello: los acuerdos de culpabilidad de Ovidio y Joaquín Guzmán López, los próximos procesos de El Mayo Zambada (que busca también un acuerdo con la fiscalía) y el juicio, que será paradigmático, de Rafael Caro Quintero, más los de los otros 28 delincuentes enviados semanas atrás a la Unión Americana, le otorgan a la justicia de ese país un arsenal inagotable en los meses previos a la renegociación del T-MEC. La administración de Sheinbaum tendrá que elegir entre adelantarse a las presiones, o quedar constantemente a la defensiva, pagando costos cada vez mayores.
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Rumbo al desvisadero/Héctor De Mauleón
El. Universal
El rumor existe desde hace varias semanas y ya tuvo una primera confirmación con el retiro de la visa estadounidense al alcalde de Matamoros, el morenista Alberto Granados.
Una nueva bomba estalló la medianoche del sábado, cuando la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que el gobierno de Donald Trump les había retirado la visa a ella y a su esposo, el también morenista Carlos Torres Torres —coordinador de proyectos estratégicos en el gobierno de Ávila Olmeda.
Se trata de un escándalo mayor. A ningún gobernador mexicano en funciones Estados Unidos le había retirado la visa. Carlos Torres alegó en un comunicado que se trata de un simple procedimiento administrativo “que no implica acusaciones, investigaciones o señalamientos por parte de ninguna autoridad”. La gobernadora, sin entrar en detalles, apuntó por su parte que Torres Torres “ha enfrentado una situación” y que, como su esposa, “esa circunstancia también me ha alcanzado”.
La orden del retiro de visas para la mandataria y su esposo vino directamente desde el Departamento de Estado. Autoridades mexicanas de alto nivel fueron advertidas horas antes de lo que iba a suceder. Ha comenzado oficialmente el “desvisadero” de políticos y funcionarios mexicanos, como adelanto de investigaciones abiertas por agencias de seguridad estadounidenses desde los tiempos dorados de los “abrazos, no balazos”, y que involucran delitos como lavado de dinero y tráfico de personas, hidrocarburos y enervantes —entre los que sobresale el fentanilo.
Legisladores de Morena en Baja California no tardaron mucho tiempo en salir a respaldar a la gobernadora, que a partir del sábado gobierna un estado fronterizo sin tener visa estadounidense, y en el que se da el mayor número de cruces por una frontera que hay en el mundo. A partir de ese día, la gobernadora no puede acudir al país donde existen los mayores inversionistas y socios comerciales de Baja California.
El FBI emitió el 3 de abril de 2024 un boletín de búsqueda a nombre de Alejandro Fernández Félix o Juan José Ponce Félix, El Ruso, jefe de plaza en Baja California y Sonora de la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael El Mayo Zambada. Los cargos eran narcotráfico, toma de rehenes y blanqueo de dinero. Un tribunal federal estadounidense había emitido una orden de captura en su contra desde el lejano 2015.
De acuerdo con el FBI, El Ruso se hallaba en Mexicali cuando el boletín de búsqueda fue emitido, y su red abarcaba los estados de California y Oregon. El Mayo Zambada lo envió como jefe de plaza a fines de 2019: en poco tiempo se apoderó de Mexicali y puso bajo renta otras organizaciones criminales, que pagan por traficar drogas y migrantes.
Los hijos de El Chapo Guzmán dieron la instrucción de que lo sacaran de ahí. Comenzaron a llegar a Mexicali, y otras zonas del estado, células de La Chapiza que metieron en el infierno a la parte norte de Baja California y a San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.
El 19 de marzo del año pasado, 35 camionetas de Los Rusos llegaron a San Luis Río Colorado y se enfrentaron con Los Chapos. El jefe de plaza de este último grupo, Samuel Ibarra, El Pía, murió en el enfrentamiento.
Mexicali se sumergió en la peor ola de violencia de su historia. Narcomantas abandonadas por los grupos criminales acusaron a funcionarios del gobierno de Marina del Pilar de recibir 100 mil dólares cada mes de manos de la delincuencia organizada. Se acusó al director de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, al subdirector de inteligencia y a un comandante de estar recibiendo dinero de los dos grupos en pugna.
En agosto de 2024 otra narcomanta le dejó a la gobernadora un “último aviso”. Acusaba a su secretario de seguridad porque “agarra dinero de la contra”: esta última palabra contra iba acompañada por una bandera de Rusia, en clara referencia a Los Rusos. La funcionaria dijo que el mensaje no era para ella, “particularmente”.
Las causas por las que las visas les fueron retiradas a Marina del Pilar Ávila y a Carlos Torres no han sido informadas por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido informado de que otros altos políticos y funcionarios se encuentran ya rumbo al “desvisadero”.
La gobernadora está obligada a aclarar cuál es “la situación” que enfrenta su esposo, y que a ella también la ha “alcanzado”. La gobernadora está obligada a aclarar si en esas condiciones le es posible seguir gobernando Baja California. Y también Claudia Sheinbaum está obligada a aclarar. Va a ser una “mañanera” muy interesante.
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El caso de Marina del Pilar y las investigaciones en EU/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL, | 12/05/2025 |;
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sufrió un duro revés de las autoridades de Estados Unidos, las cuales cancelaron su visa para poder ingresar a ese país, al igual que a su esposo Carlos Torres Torres. La medida, calificada por la mandataria como producto de un “contexto binacional complejo”, es apenas el inicio de lo que la administración de Donald Trump está dispuesta a hacer contra gobernantes y funcionarios mexicanos investigados por asuntos de corrupción y/o colusión con grupos criminales, particularmente con los cárteles de la droga que son considerados organizaciones terroristas.
La decisión de Estados Unidos volvió a encender las alertas dentro del gobierno mexicano. Fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado.
Por lo pronto, la cancelación de su visa impedirá a la morenista Marina del Pilar regresar a su verdadero lugar de residencia: San Diego, California, a donde decidió mudar a su familia para protegerla de la inseguridad que prevalece en la entidad que gobierna.
Las fuentes confirman que la frecuencia con la que Ávila Olmedo y su esposo, el exdiputado panista Carlos Torres Torres, cruzan la frontera fue una de las razones por la que las indagatorias contra esta pareja son las primeras en hacerse públicas, además del arraigo que tienen en la comunidad californiana de Estados Unidos, donde serían los propietarios de diversos bienes raíces a través de prestanombres.
En Baja California el total de los bienes de la gobernadora se encuentran a nombre de su pareja y éste, a su vez, tiene una red de socios con los que comparte negocios y empresas, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, operadores de restaurantes y bares en el estado. A título personal, Marina del Pilar es socia de estos empresarios en la razón social denominada Vida Orgánica Tijuana, dedicada a la comercialización de productos orgánicos y veganos.
Las irregularidades en el patrimonio de Marina del Pilar y su posible relación con el crimen organizado ya habían sido denunciadas por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien terminó confrontado con su sucesora a pesar de pertenecer al mismo partido.
El desencuentro entre los morenistas se dio aun cuando el esposo de la gobernadora, entonces como diputado local panista, votó en 2020 a favor de la llamada “Ley Bonilla”, que buscaba extender de dos a cinco años el mandato del entonces gobernador. Las cosas no salieron como se esperaba y la relación se rompió, para dejar al matrimonio Torres-Ávila con un enemigo que al parecer se convirtió en informante del FBI para no ser investigado.
El hecho es que ya fue revelado el primer nombre de un gobernador –gobernadora en este caso– de la llamada “lista negra” de políticos y gobernadores mexicanos que se encuentran bajo investigación en Estados Unidos, y pronto se sabrán algunos más. La “lista” ha sido comentada en las reuniones del Gabinete de seguridad, de manera que la presidenta Claudia Sheinbaum está al tanto del problema que se puede desatar. El objetivo es dar golpes contra funcionarios mexicanos y políticos de alto nivel que sirvan como ejemplo para combatir la colusión de los gobernantes con los grupos criminales.
En la lista de nombres también hay funcionarios, mandatarios y exmandatarios de la oposición, así como un puñado de gobernadores morenistas en funciones; el más próximo a ser evidenciado sería Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
Posdata 1
El lunes pasado se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación con gobernadores y altos funcionarios de Morena. La convocatoria se hizo para enterarlos de los nombres de candidatos y candidatas que se busca impulsar en la próxima elección judicial del 1 de junio.
A los asistentes se les entregó una boleta simulada con los números de las y los candidatos, en el siguiente orden: Para el cargo de ministras: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz y María Estela Ríos González. Para el cargo de ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figuero Mejía y Arístides Guerrero García. En cuanto a las propuestas para el Tribunal de Disciplina Judicial están: Verónica De Gyves, Indira Isabel García, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Rufino H León Tovar. Y para la Sala Superior del Tribunal Electoral: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.
Aunque la reunión se realizó el lunes, fue el fin de semana cuando se comenzó a socializar la lista, considerada como una clara “línea” para la elección judicial, por lo que se han generado reticencias de gobernadores y gobernadoras, así como de algunos liderazgos de Morena, quienes impulsan a sus propios candidatos.
Por si fuera poco, para este lunes el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, convocó a sindicatos afines al régimen a “una reunión de trabajo en la que se abordarán temas prioritarios de la agenda laboral nacional”. La cita es a las 11 de la mañana en Gral. Zuazua No. 27, colonia San Miguel Chapultepec, donde se presentará la lista de candidatos y candidatas, para que igualmente sea apoyada por los sindicatos y centrales obreras del país.
Dos preguntas importantes: ¿La lista tiene el visto bueno de Palacio Nacional? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta alineación?
Posdata 2
La Convención Bancaria 88 dejó un buen sabor de boca a los asistentes, más allá del lugar donde se realizó (en el enorme y laberíntico complejo turístico del Grupo Vidanta en la Riviera Nayarit), por parte de dos personajes clave: el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador. El primero, porque habló franco sobre los retos del sector, tales como la incertidumbre jurídica que puede generar a la inversión privada la reforma judicial y la falta de tribunales especializados, así como la sobrerregulación y la baja de tasas de interés “por decreto” y no por las reglas de mercado; y el segundo por su apertura al diálogo con el sector financiero y con los medios de comunicación, así como por su pragmatismo para fijar su postura sobre las proyecciones de crecimiento económico de México y la inestabilidad que ha generado la política comercial de Estados Unidos, y por reconocer varios de los problemas que enfrenta el país, como el “huachicol fiscal”, las mermas que genera el contrabando y la corrupción en las aduanas, la tramitología gubernamental, entre otros temas que se comprometió a combatir con otras dependencias del gobierno federal y con las entidades federativas.
Posdata 3
Hoy es un día muy especial por la llegada de Pía Constanza.
@MarioMal
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365 días
Decrepitud/Ciro Gómez Leyva
Excelsior,
La imagen es ruinosa. Mediodía soleado en el barrio de Salamanca, Madrid. Veo venir a unos 50 metros, con paso lentísimo, a una pareja de ancianos, algo común en la ciudad. Él se apoya en el brazo de ella. A esa distancia parecen octogenarios en sus altos. Cuando quedo a su lado, lo reconozco. “Don Edmundo, buenas tardes”, lo saludo sin detenerme a incordiar. Me devuelve una reservada mueca de cortesía. Conté aquí el 12 de diciembre que faltaba un mes para que ese hombre hoy de penoso andar supuestamente asumiera la presidencia de Venezuela, pues, con las actas conocidas, había arrasado en las urnas al madurismo criminal. Conté que la imagen que daba en una conferencia de prensa en el mismo barrio de Salamanca ya era un tanto lastimera. O un mucho. Luego ocurrió lo que ocurrió. Edmundo González, 75 años, apostó por el bajo perfil en España, hizo una gira a medias luces por América Latina y Estados Unidos y, al final, no pudo pisar Venezuela. La semana pasada ingresó a un hospital en Madrid por un problema de baja tensión arterial. Dado de alta, caminaba trabajosamente ayer por una acera de esta hermosa ciudad. Un hombre de bien que quizá se equivocó en el momento en que era crucial seguir tomando riesgos. Optó por la cautela extrema. Hoy transmite decrepitud.
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