La Hidra de Tijuana/reportaje
Ricardo Ravelo, reportero.
Revista Proceso 1640, 6/04/2008;
Ricardo Ravelo, reportero.
Revista Proceso 1640, 6/04/2008;
Con un triunfalismo policiaco de resonancias mitológicas, un funcionario de la DEA se refirió así a la aprehensión del líder del cártel de Tijuana, Javier Arellano Félix, El Tigrillo, en 2006: “Hemos arrancado la cabeza de la serpiente”. Alrededor de un año y medio después, en marzo de 2008, quedaría en plena libertad el mayor de los hermanos narcotraficantes, Francisco Rafael (preso varios años en México y extraditado a EU por Calderón), quien podría burlar los afanes “hercúleos” de la DEA, la PGR y los gobiernos de México y Estados Unidos…
El 14 de agosto de 2006, Michael Braum, jefe de operaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), anunció “el descabezamiento” del cártel de Tijuana y festejó con siete palabras la captura de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo.
“Hemos arrancado la cabeza de la serpiente”, expresó en medio del júbilo bilateral en el que se fundieron altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la DEA tras la aprehensión de quien era considerado el líder del cártel más poderoso y violento de México.
Pero el 4 de marzo último, es decir, 19 meses después de la detención de El Tigrillo, un juez estadunidense le suturó una nueva cabeza a “la serpiente” del cártel de Tijuana al poner en libertad a Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos, quien fue regresado a México sin ninguna causa penal en su contra, a pesar de que apenas en abril de 2007 había sido extraditado a Estados Unidos bajo los cargos de posesión de cocaína y asociación delictuosa.
Esta liberación –que puso en entredicho los sistemas de justicia de México y Estados Unidos– se concedió en medio de la guerra que libra Felipe Calderón contra el narcotráfico y que ha costado cerca de 3 mil ejecuciones.
Con su nuevo jefe, el cártel de Tijuana inicia así su etapa de rearticulación cuando parecía agonizar tras la muerte o captura de unos 600 integrantes (operadores y gatilleros), incluyendo el asesinato de Ramón y la detención de Benjamín y Francisco Javier.
Según informes de la DEA y reportes de la PGR, a pesar de la caída de esos tres personajes –considerados en su momento como los más violentos y sanguinarios del grupo criminal–, el cártel de Tijuana mantuvo actividades dentro y fuera de su feudo, bajo el control de la contadora pública Enedina Arellano Félix (según la PGR) y con la participación del menor de los hermanos, el médico Eduardo.
Al respecto, la PGR y la DEA se contradijeron: la primera sostenía la tesis de que Eduardo tenía dotes de líder y le atribuía capacidad para recomponer al cártel, mientras la segunda daba como un hecho el exterminio de la organización con la captura de El Trigrillo. Inclusive, un análisis psicológico difundido en Washington por Michael Braum caracterizaba a Eduardo como “un tipo gris y sin luz propia”.
Un largo litigio
A principios de los años ochenta, Francisco Rafael Arellano Félix y sus hermanos Benjamín y Ramón comenzaron a colocar los cimientos de la organización que, en su etapa de esplendor (1982-2004), fue considerada la más poderosa y violenta, con una estructura horizontal (y no piramidal, como el resto de los cárteles competidores) que seguía el diseño narcoempresarial puesto de moda en los setenta por el líder del cártel del Pacífico, Miguel Ángel Félix Gallardo.
Su enorme poder y capacidad de fuego fueron evidentes desde el arranque de su vida criminal. Con sus escándalos callejeros y las balaceras que protagonizaban en discotecas y bares lujosos de Tijuana y Culiacán (los Arellano Félix son oriundos de Sinaloa), pronto saltaron a la fama como un grupo de vándalos que cruzaban cargamentos de mariguana hacia Estados Unidos. En aquella época les llamaban Los Narcojuniors.
El grupo, que gozaba de una férrea protección policiaca, asesinaba, secuestraba y movía cuantiosos cargamentos de droga sin que nadie lo molestara. Después, ante su fulgurante ascenso económico, enfrentó la necesidad de invertir sus ganancias, y entonces apareció la figura de Jesús Labra Avilés, El Chuy Labra, tío de los Arellano.
De acuerdo con expedientes históricos de la PGR –gracias a los cuales pudo ser capturado Labra Avilés en 2000–, éste se convirtió en el principal consejero y estratega de sus sobrinos para “lavar” las ganancias del narcotráfico, las cuales invertían, según las investigaciones iniciales, en bienes raíces y en casas de cambio.
El éxito financiero del cártel de Tijuana llegó a tal punto que tejió toda una red de lavado de dinero en Perú, de acuerdo con informes de las autoridades peruanas, e inclusive trabó relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero para entonces la buena estrella de Francisco Rafael Arellano ya tenía tiempo de haberse extinguido: en 1980 cruzó a Estados Unidos, como lo hacía habitualmente, para entregar alrededor de 250 gramos de cocaína a un consumidor que resultó ser un agente encubierto de la DEA. Su nombre: Ramón Torresillos Rendón.
Al poner en las manos del comprador la bolsa con el polvo blanco, éste le entregó el pago correspondiente, y cuando Arellano contaba el dinero fue arrestado.
Ante la Corte Federal del Sur de California, que integró la causa 80CR0561K, Francisco Rafael narró así el momento de su captura:
“Fui miembro de una organización para distribuir cocaína en 1980 y que negoció la venta a un individuo que en realidad era agente encubierto de la DEA (…) Fui uno de los cuatro individuos que entregó nueve onzas de cocaína. Yo mismo recogí el pago por la droga, y cuando estaba contando el dinero unos agentes me comunicaron que estaba bajo arresto.”
Francisco Rafael estuvo entonces preso en Estados Unidos sólo del 7 de agosto al 12 de septiembre de 1980, cuando salió libre bajo fianza. Pero cometió un error: decidió no agotar el juicio y regresar a México, donde continuó en las andanzas del resto de sus hermanos.
Siempre discreto –aunque no por ello pacífico– y admirador del exboxeador Julio César Chávez –con quien sus hermanos solían convivir y festejar sus triunfos–, Francisco Rafael Arellano siguió disfrutando de la impunidad y de su riqueza en la época en que la mayoría de los grupos de narcotraficantes –actualmente antagónicos– estaban unidos.
En Tijuana y Culiacán son ampliamente conocidos los convivios que los hermanos Arellano solían tener con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, entre otras celebridades.
“Todos convivían como una familia”, dijo una fuente allegada al cártel de Tijuana que fue testigo de aquellos “días felices”, cuando “el pastel se repartía en partes iguales y todos obtenían jugosas ganancias”.
Pero de pronto sobrevino la guerra: Los Arellano Félix echaron de Baja California a El Chapo “y le arrebataron el territorio (Mexicali) que le había heredado Félix Gallardo”, el capo de capos de la historia reciente.
El cártel vivía tiempos de esplendor cuando, en 1993, Francisco Rafael fue capturado bajo los cargos de posesión de armas y cohecho. Por estos delitos fue sentenciado a 11 años y tres meses de prisión. (En México nunca fue acusado de narcotráfico.)
El festejo de la extradición
Durante su encarcelamiento, Francisco Rafael Arellano Félix vivió un infierno. Desde el interior del penal de Almoloya –hoy del Altiplano– vio cómo se derrumbó su imperio criminal con el asesinato de su hermano Ramón, quien en un arranque se enfundó una pistola y abordó un Volkswagen sedán con un firme propósito: viajar a Mazatlán para matar a Ismael Zambada García, El Mayo.
“Me lo voy a quemar”, dijo a sus hermanos, a quienes les exigió la parte de dinero que según él le pertenecía y, tras un acuerdo, le entregó su fortuna a su esposa, quien se marchó con sus hijos a Estados Unidos.
Ramón llegó a Mazatlán en pleno carnaval. El 10 de febrero de 2002, cuando iba al encuentro de El Mayo, se desató una balacera y un policía asestó un balazo a una persona desconocida. Al revisar el cuerpo, las autoridades hallaron un documento que identificaba al muerto como Jorge Pérez López. Pero la PGR y la DEA confirmaron, horas después, que se trataba de Ramón Arellano Félix.
La tragedia de los Arellano no terminó ahí: poco después cayó prisionero Benjamín, quien fue recluido en La Palma. En ese tiempo, Francisco Rafael libraba todavía una ardua batalla legal a la que buscaba poner fin mediante sus relaciones políticas.
Y es que Francisco Rafael pudo haber sido liberado en México desde marzo de 2000, ya que en esa fecha la Secretaría de Gobernación elaboró un proyecto para otorgarle su preliberación debido a su buena conducta y a su participación en tareas educativas y otras labores dentro del penal. Por aquellas fechas, el titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social era Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con una publicación del diario Reforma el 24 de mayo de 2002, la Comisión Dictaminadora de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, en una sesión efectuada el 3 de marzo de 2000, analizó la valoración jurídico-criminológica de Rafael Arellano y emitió una conclusión contundente: que el proceso de readaptación (de Rafael) “ha sido favorable y (…) es oportuna su incorporación a la sociedad”.
Aunque nunca se firmó, el dictamen fue reforzado con otros elementos que catalogaban positivamente a Rafael: “Para otorgarle este beneficio, se tomó en consideración su buena conducta y participación en tareas educativas y laborales y, como lo indica el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, en la opinión positiva que consta en el oficio 310 del 2000”.
Mediante sus defensores, Rafael Arellano promovió un amparo ante un juez federal, pero le fue negado. Así, la batalla legal continuó seis años más hasta que, en septiembre de 2007, fue absuelto de los delitos de posesión de armas y cohecho, lo que puso en evidencia –otra vez– las fallas de la PGR en la integración de las averiguaciones previas con las que consignaron al primogénito de la familia Arellano Félix.
Derrotada la PGR en los tribunales y exhibidas sus inconsistencias legales, Rafael se preparaba así para abandonar el penal de La Palma. Sin embargo, desde febrero de 2004 el gobierno de Estados Unidos había solicitado su extradición por el delito pendiente cometido en 1980 y, horas antes de salir de la cárcel, le fue notificada una nueva orden de aprehensión, esta vez con fines de extradición.
El trámite de extradición se inició ante la PGR cuando el titular del área jurídica e internacional era Alejandro Ramos Flores. Por medio del oficio ASJ-4566 del 26 de febrero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo del conocimiento de la PGR que el gobierno de Estados Unidos requería la extradición de Francisco Rafael Arellano Félix.
El gobierno estadunidense, a través de Jerry K. Mitchell, ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en México, entregó a la cancillería (y a la PGR) la nota diplomática 175, en la que ese país se comprometía a no imponer a Rafael Arellano Félix “la sanción de pena de muerte ni cadena perpetua en caso de que sea extraditado”.
El oficio CJA1/094 retrata a Rafael como un sujeto sumamente peligroso, a diferencia de lo que consideraba la Secretaría de Gobernación en el proyecto de preliberación de marzo de 2000. El gobierno de Estados Unidos lo requería por ser un sujeto “buscado para ser procesado por delitos federales contra la salud. El reclamado está sujeto al proceso 80CR561-K de fecha 13 de agosto de 1980”.
Los delitos: asociación delictuosa y posesión de cocaína con la intención de distribuirla. Según la nota diplomática 174, el 12 de septiembre de 1980 Francisco Rafael cubrió una fianza y se le notificó que su juicio quedaba programado para el 8 de octubre, pero el procesado no compareció, por lo que se giró en su contra una orden de aprehensión.
Así, tras ser absuelto en México de todos sus cargos, el mayor del clan Arellano fue extraditado a Estados Unidos el 17 de septiembre de 2006. Un mes antes, promovió un amparo contra la inminente extradición, el cual le fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras ese fallo, tanto la PGR como el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, festejaron la extradición de quien es considerado “el capo mayor” de los Arellano Félix.
“Soy el primero en señalar ejemplos en los que se puede hacer mucho más (…) Esta extradición es otro paso significativo en el camino de la cooperación entre Estados Unidos y México respecto a la continua batalla contra las drogas y la violencia”, dijo Garza, quien meses atrás también había celebrado con un brindis la extradición de una veintena de capos, ordenada por el presidente Felipe Calderón en enero de 2007 a pesar de que muchos de ellos (Osiel Cárdenas, Ismael Higuera, El Mayel, entre otros) aún compurgaban sentencias en México.
Pero Rafael Arellano Félix volvió a salirse con la suya. Mediante un arduo litigio, librado en la Corte Federal del Sur de California, sus abogados vaticinaron: “Pronto estará en libertad”. Y cumplieron, pues Rafael sólo estuvo preso seis meses en Estados Unidos y salió libre por una reducción de pena y debido a que el delito de 1980 estaba prescrito.
Según el abogado mexicano Américo Delgado de la Peña, defensor de Rafael Arellano Félix, la extradición de su cliente no procedía, y a pesar de ello –dice– se “aventaron el tiro” de enviarlo a Estados Unidos.
–¿Por qué no procedía la extradición? –se pregunta al veterano defensor.
–De conformidad con la ley de extradición, no procede el envío de una persona cuando está prescrita la acción, ya que en el caso los hechos sucedieron en el año de 1980, pero la Suprema Corte resolvió, a mi juicio, con cálculos equivocados.
“Ante el tribunal estadunidense, el señor Arellano se declaró culpable de haber participado en la operación de venta menor (de cocaína), exclusivamente. No se le pudo juzgar por el desacato a las obligaciones de la fianza por virtud de que no fue materia de la extradición porque este hecho no fue materia del juicio de extradición.”
Así, el cártel de Tijuana –considerado por la DEA como “una serpiente sin cabeza” tras la captura de Francisco Javier, El Tigrillo– vuelve a tener en Francisco Rafael un líder potencial. La toma de Cancún/reportaje
Ricardo Ravelo, reportero
El 14 de agosto de 2006, Michael Braum, jefe de operaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), anunció “el descabezamiento” del cártel de Tijuana y festejó con siete palabras la captura de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo.
“Hemos arrancado la cabeza de la serpiente”, expresó en medio del júbilo bilateral en el que se fundieron altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la DEA tras la aprehensión de quien era considerado el líder del cártel más poderoso y violento de México.
Pero el 4 de marzo último, es decir, 19 meses después de la detención de El Tigrillo, un juez estadunidense le suturó una nueva cabeza a “la serpiente” del cártel de Tijuana al poner en libertad a Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos, quien fue regresado a México sin ninguna causa penal en su contra, a pesar de que apenas en abril de 2007 había sido extraditado a Estados Unidos bajo los cargos de posesión de cocaína y asociación delictuosa.
Esta liberación –que puso en entredicho los sistemas de justicia de México y Estados Unidos– se concedió en medio de la guerra que libra Felipe Calderón contra el narcotráfico y que ha costado cerca de 3 mil ejecuciones.
Con su nuevo jefe, el cártel de Tijuana inicia así su etapa de rearticulación cuando parecía agonizar tras la muerte o captura de unos 600 integrantes (operadores y gatilleros), incluyendo el asesinato de Ramón y la detención de Benjamín y Francisco Javier.
Según informes de la DEA y reportes de la PGR, a pesar de la caída de esos tres personajes –considerados en su momento como los más violentos y sanguinarios del grupo criminal–, el cártel de Tijuana mantuvo actividades dentro y fuera de su feudo, bajo el control de la contadora pública Enedina Arellano Félix (según la PGR) y con la participación del menor de los hermanos, el médico Eduardo.
Al respecto, la PGR y la DEA se contradijeron: la primera sostenía la tesis de que Eduardo tenía dotes de líder y le atribuía capacidad para recomponer al cártel, mientras la segunda daba como un hecho el exterminio de la organización con la captura de El Trigrillo. Inclusive, un análisis psicológico difundido en Washington por Michael Braum caracterizaba a Eduardo como “un tipo gris y sin luz propia”.
Un largo litigio
A principios de los años ochenta, Francisco Rafael Arellano Félix y sus hermanos Benjamín y Ramón comenzaron a colocar los cimientos de la organización que, en su etapa de esplendor (1982-2004), fue considerada la más poderosa y violenta, con una estructura horizontal (y no piramidal, como el resto de los cárteles competidores) que seguía el diseño narcoempresarial puesto de moda en los setenta por el líder del cártel del Pacífico, Miguel Ángel Félix Gallardo.
Su enorme poder y capacidad de fuego fueron evidentes desde el arranque de su vida criminal. Con sus escándalos callejeros y las balaceras que protagonizaban en discotecas y bares lujosos de Tijuana y Culiacán (los Arellano Félix son oriundos de Sinaloa), pronto saltaron a la fama como un grupo de vándalos que cruzaban cargamentos de mariguana hacia Estados Unidos. En aquella época les llamaban Los Narcojuniors.
El grupo, que gozaba de una férrea protección policiaca, asesinaba, secuestraba y movía cuantiosos cargamentos de droga sin que nadie lo molestara. Después, ante su fulgurante ascenso económico, enfrentó la necesidad de invertir sus ganancias, y entonces apareció la figura de Jesús Labra Avilés, El Chuy Labra, tío de los Arellano.
De acuerdo con expedientes históricos de la PGR –gracias a los cuales pudo ser capturado Labra Avilés en 2000–, éste se convirtió en el principal consejero y estratega de sus sobrinos para “lavar” las ganancias del narcotráfico, las cuales invertían, según las investigaciones iniciales, en bienes raíces y en casas de cambio.
El éxito financiero del cártel de Tijuana llegó a tal punto que tejió toda una red de lavado de dinero en Perú, de acuerdo con informes de las autoridades peruanas, e inclusive trabó relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero para entonces la buena estrella de Francisco Rafael Arellano ya tenía tiempo de haberse extinguido: en 1980 cruzó a Estados Unidos, como lo hacía habitualmente, para entregar alrededor de 250 gramos de cocaína a un consumidor que resultó ser un agente encubierto de la DEA. Su nombre: Ramón Torresillos Rendón.
Al poner en las manos del comprador la bolsa con el polvo blanco, éste le entregó el pago correspondiente, y cuando Arellano contaba el dinero fue arrestado.
Ante la Corte Federal del Sur de California, que integró la causa 80CR0561K, Francisco Rafael narró así el momento de su captura:
“Fui miembro de una organización para distribuir cocaína en 1980 y que negoció la venta a un individuo que en realidad era agente encubierto de la DEA (…) Fui uno de los cuatro individuos que entregó nueve onzas de cocaína. Yo mismo recogí el pago por la droga, y cuando estaba contando el dinero unos agentes me comunicaron que estaba bajo arresto.”
Francisco Rafael estuvo entonces preso en Estados Unidos sólo del 7 de agosto al 12 de septiembre de 1980, cuando salió libre bajo fianza. Pero cometió un error: decidió no agotar el juicio y regresar a México, donde continuó en las andanzas del resto de sus hermanos.
Siempre discreto –aunque no por ello pacífico– y admirador del exboxeador Julio César Chávez –con quien sus hermanos solían convivir y festejar sus triunfos–, Francisco Rafael Arellano siguió disfrutando de la impunidad y de su riqueza en la época en que la mayoría de los grupos de narcotraficantes –actualmente antagónicos– estaban unidos.
En Tijuana y Culiacán son ampliamente conocidos los convivios que los hermanos Arellano solían tener con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, entre otras celebridades.
“Todos convivían como una familia”, dijo una fuente allegada al cártel de Tijuana que fue testigo de aquellos “días felices”, cuando “el pastel se repartía en partes iguales y todos obtenían jugosas ganancias”.
Pero de pronto sobrevino la guerra: Los Arellano Félix echaron de Baja California a El Chapo “y le arrebataron el territorio (Mexicali) que le había heredado Félix Gallardo”, el capo de capos de la historia reciente.
El cártel vivía tiempos de esplendor cuando, en 1993, Francisco Rafael fue capturado bajo los cargos de posesión de armas y cohecho. Por estos delitos fue sentenciado a 11 años y tres meses de prisión. (En México nunca fue acusado de narcotráfico.)
El festejo de la extradición
Durante su encarcelamiento, Francisco Rafael Arellano Félix vivió un infierno. Desde el interior del penal de Almoloya –hoy del Altiplano– vio cómo se derrumbó su imperio criminal con el asesinato de su hermano Ramón, quien en un arranque se enfundó una pistola y abordó un Volkswagen sedán con un firme propósito: viajar a Mazatlán para matar a Ismael Zambada García, El Mayo.
“Me lo voy a quemar”, dijo a sus hermanos, a quienes les exigió la parte de dinero que según él le pertenecía y, tras un acuerdo, le entregó su fortuna a su esposa, quien se marchó con sus hijos a Estados Unidos.
Ramón llegó a Mazatlán en pleno carnaval. El 10 de febrero de 2002, cuando iba al encuentro de El Mayo, se desató una balacera y un policía asestó un balazo a una persona desconocida. Al revisar el cuerpo, las autoridades hallaron un documento que identificaba al muerto como Jorge Pérez López. Pero la PGR y la DEA confirmaron, horas después, que se trataba de Ramón Arellano Félix.
La tragedia de los Arellano no terminó ahí: poco después cayó prisionero Benjamín, quien fue recluido en La Palma. En ese tiempo, Francisco Rafael libraba todavía una ardua batalla legal a la que buscaba poner fin mediante sus relaciones políticas.
Y es que Francisco Rafael pudo haber sido liberado en México desde marzo de 2000, ya que en esa fecha la Secretaría de Gobernación elaboró un proyecto para otorgarle su preliberación debido a su buena conducta y a su participación en tareas educativas y otras labores dentro del penal. Por aquellas fechas, el titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social era Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con una publicación del diario Reforma el 24 de mayo de 2002, la Comisión Dictaminadora de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, en una sesión efectuada el 3 de marzo de 2000, analizó la valoración jurídico-criminológica de Rafael Arellano y emitió una conclusión contundente: que el proceso de readaptación (de Rafael) “ha sido favorable y (…) es oportuna su incorporación a la sociedad”.
Aunque nunca se firmó, el dictamen fue reforzado con otros elementos que catalogaban positivamente a Rafael: “Para otorgarle este beneficio, se tomó en consideración su buena conducta y participación en tareas educativas y laborales y, como lo indica el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, en la opinión positiva que consta en el oficio 310 del 2000”.
Mediante sus defensores, Rafael Arellano promovió un amparo ante un juez federal, pero le fue negado. Así, la batalla legal continuó seis años más hasta que, en septiembre de 2007, fue absuelto de los delitos de posesión de armas y cohecho, lo que puso en evidencia –otra vez– las fallas de la PGR en la integración de las averiguaciones previas con las que consignaron al primogénito de la familia Arellano Félix.
Derrotada la PGR en los tribunales y exhibidas sus inconsistencias legales, Rafael se preparaba así para abandonar el penal de La Palma. Sin embargo, desde febrero de 2004 el gobierno de Estados Unidos había solicitado su extradición por el delito pendiente cometido en 1980 y, horas antes de salir de la cárcel, le fue notificada una nueva orden de aprehensión, esta vez con fines de extradición.
El trámite de extradición se inició ante la PGR cuando el titular del área jurídica e internacional era Alejandro Ramos Flores. Por medio del oficio ASJ-4566 del 26 de febrero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo del conocimiento de la PGR que el gobierno de Estados Unidos requería la extradición de Francisco Rafael Arellano Félix.
El gobierno estadunidense, a través de Jerry K. Mitchell, ministro consejero de la embajada de Estados Unidos en México, entregó a la cancillería (y a la PGR) la nota diplomática 175, en la que ese país se comprometía a no imponer a Rafael Arellano Félix “la sanción de pena de muerte ni cadena perpetua en caso de que sea extraditado”.
El oficio CJA1/094 retrata a Rafael como un sujeto sumamente peligroso, a diferencia de lo que consideraba la Secretaría de Gobernación en el proyecto de preliberación de marzo de 2000. El gobierno de Estados Unidos lo requería por ser un sujeto “buscado para ser procesado por delitos federales contra la salud. El reclamado está sujeto al proceso 80CR561-K de fecha 13 de agosto de 1980”.
Los delitos: asociación delictuosa y posesión de cocaína con la intención de distribuirla. Según la nota diplomática 174, el 12 de septiembre de 1980 Francisco Rafael cubrió una fianza y se le notificó que su juicio quedaba programado para el 8 de octubre, pero el procesado no compareció, por lo que se giró en su contra una orden de aprehensión.
Así, tras ser absuelto en México de todos sus cargos, el mayor del clan Arellano fue extraditado a Estados Unidos el 17 de septiembre de 2006. Un mes antes, promovió un amparo contra la inminente extradición, el cual le fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras ese fallo, tanto la PGR como el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, festejaron la extradición de quien es considerado “el capo mayor” de los Arellano Félix.
“Soy el primero en señalar ejemplos en los que se puede hacer mucho más (…) Esta extradición es otro paso significativo en el camino de la cooperación entre Estados Unidos y México respecto a la continua batalla contra las drogas y la violencia”, dijo Garza, quien meses atrás también había celebrado con un brindis la extradición de una veintena de capos, ordenada por el presidente Felipe Calderón en enero de 2007 a pesar de que muchos de ellos (Osiel Cárdenas, Ismael Higuera, El Mayel, entre otros) aún compurgaban sentencias en México.
Pero Rafael Arellano Félix volvió a salirse con la suya. Mediante un arduo litigio, librado en la Corte Federal del Sur de California, sus abogados vaticinaron: “Pronto estará en libertad”. Y cumplieron, pues Rafael sólo estuvo preso seis meses en Estados Unidos y salió libre por una reducción de pena y debido a que el delito de 1980 estaba prescrito.
Según el abogado mexicano Américo Delgado de la Peña, defensor de Rafael Arellano Félix, la extradición de su cliente no procedía, y a pesar de ello –dice– se “aventaron el tiro” de enviarlo a Estados Unidos.
–¿Por qué no procedía la extradición? –se pregunta al veterano defensor.
–De conformidad con la ley de extradición, no procede el envío de una persona cuando está prescrita la acción, ya que en el caso los hechos sucedieron en el año de 1980, pero la Suprema Corte resolvió, a mi juicio, con cálculos equivocados.
“Ante el tribunal estadunidense, el señor Arellano se declaró culpable de haber participado en la operación de venta menor (de cocaína), exclusivamente. No se le pudo juzgar por el desacato a las obligaciones de la fianza por virtud de que no fue materia de la extradición porque este hecho no fue materia del juicio de extradición.”
Así, el cártel de Tijuana –considerado por la DEA como “una serpiente sin cabeza” tras la captura de Francisco Javier, El Tigrillo– vuelve a tener en Francisco Rafael un líder potencial. La toma de Cancún/reportaje
Ricardo Ravelo, reportero
Revista Proceso, 1640, 6/04/2008;
Diversos expedientes y testimonios de testigos protegidos revelan que la plaza más codiciada por los ocho cárteles del país, Cancún, originalmente en manos del cártel de Sinaloa, fue tomada en 2004 por Los Zetas con el apoyo de funcionarios y agentes de la PGR. Los propios documentos indican que el titular de esta dependencia, Rafael Macedo de la Concha, obligado a hacer frente a la violencia, concentró su atención en acusaciones prefabricadas contra el personal de la delegación de Quintana Roo, sin frenar aquella cruenta ocupación de exmilitares mexicanos y exkaibiles contratados al efecto.
MÉRIDA, YUC.- A finales de 2004, Los Zetas decidieron ampliar sus dominios territoriales y pusieron la mira en una de las plazas más boyantes en el negocio del narcotráfico: Cancún, Quintana Roo, considerada la puerta de entrada de cuantiosos cargamentos de droga provenientes de Colombia y de otros puntos de Sudamérica.
Con apoyos oficiales que, según testimonios contenidos en el expediente 11/2005, fueron aportados por la PGR y la SIEDO, el grupo armado de Los Zetas arremetió contra la célula encabezada en Cancún por Ismael El Mayo Zambada, a quien desplazaron con el apoyo de una veintena de exkaibiles, todos ellos desertores del ejército guatemalteco, que habían sido contactados en la ciudad de Petén, Guatemala.
Para la ocupación de la plaza más codiciada por los ocho cárteles que operan en el país, Los Zetas dispusieron además de un fuerte respaldo de altos mandos de la PGR, pues según se desprende del expediente AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/329/2004, tenían buenas relaciones con funcionarios de primer nivel cuando el titular de la PGR era el general Rafael Macedo de la Concha.
Tras dominar el estado de Tamaulipas –su feudo– y ocupar otras plazas como Campeche, Tabasco y Veracruz, Los Zetas concibieron su plan de llegar a Quintana Roo, dominado por el cártel de Juárez, primero, y por el de Sinaloa, después.
Para lograr sus objetivos, Jorge Briceño López, El Cholo, dispuso que otros tres miembros de Los Zetas, sólo identificados como El Talibán, El Talibancillo –hermano de aquél– y El Chamoy, se desplazaran de Tamaulipas a Cancún con una misión: entrar en contacto con la policía para obtener protección y posteriormente perpetrar “levantones”, secuestros y asesinatos de personas dedicadas a la venta de droga.
–Nos vamos a chingar a todos –decían los sicarios protectores de Los Zetas, quienes se dieron a la tarea de rentar casas e investigar a empresarios vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Estas actividades no podían ejecutarse sin el apoyo policiaco. Y, tanto a nivel federal como local, lo obtuvieron.
En pocas semanas, es decir, de septiembre a noviembre de 2004, Cancún y buena parte de la Península de Yucatán ya estaba plagada de Zetas y exkaibiles. Y comenzó la guerra por la plaza: se enfrentaron a sus rivales sinaloenses y a un nutrido grupo de agentes federales de investigación que en principio se resistieron a trabajar con el llamado “ejército del narco”, según dijeron, “porque ya estaban arreglados con el cártel de Sinaloa”.
De acuerdo con el expediente ya citado, fue el 25 de noviembre de 2004, para ser precisos, cuando estalló la guerra: nueve personas fueron ejecutadas, entre ellas tres agentes de la AFI (Roberto Alcántara Pérez, Luis Octavio Guzmán Ruiz y Fernando Pérez Nájera), presuntamente ligados al cártel del Golfo, quienes aparecieron tirados en un paraje cercano al aeropuerto de Cancún con el tiro de gracia.
Otras cuatro personas fueron encontradas en la cajuela de un Stratus completamente calcinadas, aunque nunca fueron identificadas.
Así mismo, dos personas más –Eduardo Solís Flores y Óscar Leonardo Martín Flores– que se hacían pasar como “afis” fueron identificadas como “madrinas” al servicio de los policías ejecutados.
Un día después, el 26 de noviembre, Los Zetas presuntamente secuestraron a dos “afis” más, José Ramón Pérez y José Guadalupe Chagoya Martínez, quienes aparecieron cerca de Playa del Carmen con tiros en las piernas, aunque más tarde testimonios del expediente 11/2005 reforzaron la versión de “autosecuestro”.
PGR contra PGR
A pesar de que los expedientes revelan que eran Zetas, exkaibiles y exmilitares mexicanos desertores del Ejército los causantes de las ejecuciones de “afis” y de otras personas protectoras de unos mil expendios de cocaína, el procurador Macedo de la Concha sólo ordenó a José Luis Santiago Vasconcelos integrar la averiguación para consignar a todos los funcionarios de la delegación de la PGR en Quintana Roo, incluido el delegado, Miguel Ángel Hernández Castrellón.
Así, el 1 de marzo de 2005 un juzgado federal ejercitó acción penal contra 27 agentes y altos funcionarios de la PGR en Quintana Roo, por su presunta participación en el asesinato de tres agentes de la AFI; también se les acusó de delitos contra la salud, en la modalidad de protección al narcomenudeo, así como de delincuencia organizada.
Las cabezas de ese grupo de agentes y funcionarios, presuntamente protectores del narcomenudeo, de acuerdo con la PGR, eran Gustavo Mendoza González y Jesús Arturo Herrera Villarreal, agentes del Ministerio Público Federal, y el delegado de la PGR, Miguel Ángel Hernández Castrellón, quien permaneció en el cargo de febrero de 2002 a diciembre de 2004.
Hernández Castrellón es oriundo de Durango. Fue director del Ministerio Público Especializado en las oficinas centrales de la PGR y trabajó al lado del subprocurador Jorge Campos Murillo, a quien Macedo de la Concha incorporó a la PGR a pesar de su dudosa reputación.
A tres años de estos hechos, sólo 10 personas han recobrado su libertad al desmoronarse la investigación por inconsistente. Los otros 17 detenidos esperan sentencia, que podría ser condenatoria y llegar hasta los 25 años de cárcel, a pesar de que la mayoría de los testigos protegidos utilizados por la PGR para reforzar la investigación han reconocido que nada de lo que declararon inicialmente les consta y que todo fue parte de un ardid fraguado dentro de la SIEDO.
Por ejemplo, en el expediente 11/2005 aparece la declaración de un testigo de cargo identificado con la clave “María”, cuyo verdadero nombre es Carlos Armando Cazola Cabrera. Dice conocer a varios de los entonces funcionarios de la delegación de la PGR en Quintana Roo, como Armando Alfredo Villalobos Valdés, coordinador regional de la AFI, así como a María del Carmen Gómez, La Prieta; Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, El Rayo, y Everardo Castro Colorado, El Colorado, quienes, afirma, brindaban protección a las “tienditas” expendedoras de cocaína, adonde iban a cobrar agentes estatales, municipales “y varios ‘afis’”.
Ante el agente del Ministerio Público Federal, “María” amplió sus declaraciones, y allí se le preguntó sobre la relación del delegado de la PGR, Hernández Castrellón, con el narcotráfico.
–(…) En razón de que manifestó no conocer al licenciado Miguel Ángel Hernández Castrellón, ¿por qué hace imputaciones en su contra?
–(…) Un amigo al que conozco como Carlos, quien es gerente del hotel “Girasol”, ubicado en la zona hotelera, me manifestó que una persona de nombre Raúl Martins, quien era dueño del centro nocturno The One, le manifestó que le daba la atención al delegado y a diversos agentes; que la atención consistía en dinero, sin que me dijera la cantidad, y además le brindaba las mujeres que trabajaban en dicho sitio; pero de manera personal no me consta que el entonces delegado (Hernández Castrellón) hubiera recibido dinero o favor alguno de parte del señor Raúl Martins.
–(…) Que diga si sabe si el jefe regional de la Agencia Federal de Investigación, Armando Alfredo Villalobos Valdez, haya recibido cantidad alguna de dinero por protección…
–No.
–Que diga por qué Armando Alfredo Villalobos Valdez excluía la organización de los hermanos Arellano Félix para negociar protección.
–Que porque eran órdenes de México, sin decirme nada más…
Para la PGR, que investigaba a los funcionarios federales y no a Los Zetas y exmilitares, no fue suficiente lo dicho por el testigo “María” y, para ampliar los datos del caso, ordenaron un careo entre Hernández Castrellón y su testigo de cargo:
En la diligencia, Hernández Castrellón cuestionó:
–Que diga mi careado si alguna vez participó conmigo en la comisión de algún ilícito o estuvo presente cuando yo lo cometí.
–(…) No estuve presente y tampoco participé con mi careado en la comisión de algún ilícito –respondió “María”.
Otro testigo, cuya clave es “Samantha” –cuyo verdadero nombre es Ana Margarita Aguilar Loroño–, acusó a Hernández Castrellón de proteger al narco y de haber participado con otros colaboradores en la preparación del aterrizaje de una avioneta con droga, descargada en una zona de pescadores conocida “como Isla Blanca o Isla Arenas” y entregada a un sujeto llamado El Pollo.
Al ser careada con Hernández Castrellón, “Samantha” –quien había sido contratada por el entonces delegado de la PGR como escribiente en la delegación– incurrió en contradicciones, y Hernández aclaró que la avioneta cayó en la isla Holbox y que la droga se la entregaron los pescadores a una persona conocida como El Huevo, además de que los pescadores fueron arraigados y posteriormente procesados por esos hechos.
Lo que la PGR no investigó –y estas omisiones colocan al exprocurador Rafael Macedo de la Concha y a la SIEDO bajo la sospecha de haber brindado protección a Los Zetas, según se desprende del expediente criminal– es cómo el grupo armado del cártel del Golfo (la mayoría de ellos son exmilitares) planearon la ocupación de la plaza de Cancún.
Los preparativos
En el auto de término constitucional 10/2006, el presunto narcotraficante guatemalteco William Mendoza González o Pablo Sub Tiul, conocido como El Dando, El Cerebro o El Kaibil, refiere en su declaración ministerial rendida ante un juzgado federal de Puente Grande, Jalisco, que se retiró del ejército de Guatemala y aguardó en su casa el momento de ser llamado por Los Zetas para operar en México.
Narra que un amigo de nacionalidad guatemalteca, también exkaibil y al que había conocido en el Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, Eduardo Morales Valdez –quien ahora dice llamarse Juan Carlos Fuentes Castellanos–, alias El Trinquetes o El Stanley, le preguntó si quería ir a trabajar a México como encargado de dar seguridad a un empresario.
Según su testimonio, su amigo le aseguró que recibiría 3 mil pesos quincenales para empezar y que luego de algunos meses de trabajo le aumentarían el sueldo. Como a William Mendoza le pareció atractivo el ofrecimiento, dijo que sí, y su amigo le indicó que posteriormente le avisaría cuándo partirían…
Para concretar el plan, William Mendoza recibió más tarde la instrucción de acudir al domicilio de un sujeto llamado El Ponchado, ubicado en el barrio de Santa Fe, municipio de Poptum, departamento de Petén, Guatemala. Al domicilio –indica Mendoza en su relato– fueron llegando más sujetos, hasta completar 13, exkaibiles guatemaltecos 12 de ellos.
William Mendoza detalla los pormenores de aquel encuentro:
El Ponchado nos dijo que trabajarían para darle seguridad a un empresario mexicano y a su empresa, pero sin decir en qué lugar de México, lo que todos aceptaron porque les pagarían 3 mil pesos cada 15 días y aumentarían el sueldo cada seis meses, de manera que acordaron que el 12 de mayo de 2004 viajarían a México.
Al llegar esa fecha, los 12 exkaibiles y exmiembros de la Policía Nacional de Guatemala volvieron a reunirse en la casa de El Ponchado, de donde, como a las 11:00 de la noche, partieron para llegar a la frontera con Tenosique, Tabasco, en México; al llegar a la garita donde está la aduana de México, las autoridades aduanales dieron permiso por 62 horas para pasar a México…
Luego un sujeto pasó por ellos para llevarlos al puerto de Veracruz, donde pernoctaron. Dos días después llegó el resto del grupo y partieron hacia Tampico, Tamaulipas. Nos hospedamos en un hotel, donde fueron recogidos por dos sujetos, quienes nos dijeron que éramos bienvenidos al grupo de Los Zetas.
El grupo de exkaibiles fue sometido a entrenamiento riguroso en territorio tamaulipeco, al amparo del poder político local. Por varias semanas estuvieron en los municipios de Valle Hermoso bajo las órdenes de un sujeto apodado El Cholo, cuyo nombre real es Jorge Briceño López.
Luego El Cholo les dijo que iban “a cambiar de estaca” (célula o grupo), por lo que el conjunto se desplazó hacia Cancún para ocupar la plaza. Entre los dirigentes de Los Zetas apareció El Chamoy, sujeto que trasladó a los exkaibiles a Quintana Roo, entidad a la que arribaron el 20 de noviembre de 2004.
La historia de William Mendoza especifica:
El Chamoy nos juntó a El Vives, El Mili (exmilitares) y se entrevistó con El 50, alias Talibán, quien junto con su hermano, El 52, alias El Talibancillo, La Canica, El Packman y La Avispa habían llegado a Cancún desde septiembre de 2004 con el fin de controlar la plaza de Cancún, para lo cual estaban en pláticas con la ley, es decir, con los diferentes cuerpos de policía del lugar.
Para empezar, El 50 tenía problemas para controlar la plaza, porque los elementos de la Agencia Federal de Investigación no querían trabajar con él, ya que estaban arreglados con la contra, al parecer, con la gente del Mayo Zambada. El 50 tenía dos informantes que trabajaban en las oficinas de la AFI en Cancún. Por esos informantes, se supo que los de la AFI se metieron a la casa de El 50, la cual catearon; se llevaron seis kilos de cocaína y entre 10 y 15 mil dólares americanos, por lo que El 50 le pidió a sus informantes que le llevaran a los policías a un lugar que se localiza a la salida de Cancún.
En dicha casa se encontraron silenciadores, droga, dinero y emblemas militares; gorras, camisetas manchadas de sangre, producto de algunas torturas y muertes perpetradas en ese lugar. Los Zetas, según el expediente de este caso, apoyados por exkaibiles, ejecutaron las matanzas que mantienen en la cárcel a más de 20 altos funcionarios de la PGR, entonces a cargo de la delegación de esa dependencia en Quintana Roo.
Conforme al expediente y a la información proporcionada por varios testigos protegidos, el procurador Rafael Macedo de la Concha omitió investigar a Los Zetas y exmilitares mexicanos que penetraron en la plaza de Cancún y arremetió legalmente contra altos funcionarios de la PGR que hoy exigen sentencia y “un juicio justo” porque, aseguran, “lo que nos hicieron fue una maniobra de muy mala fe”.
–¿La PGR protegió a Los Zetas? –se pregunta a los implicados.
–El expediente es muy claro. Ni duda cabe.
MÉRIDA, YUC.- A finales de 2004, Los Zetas decidieron ampliar sus dominios territoriales y pusieron la mira en una de las plazas más boyantes en el negocio del narcotráfico: Cancún, Quintana Roo, considerada la puerta de entrada de cuantiosos cargamentos de droga provenientes de Colombia y de otros puntos de Sudamérica.
Con apoyos oficiales que, según testimonios contenidos en el expediente 11/2005, fueron aportados por la PGR y la SIEDO, el grupo armado de Los Zetas arremetió contra la célula encabezada en Cancún por Ismael El Mayo Zambada, a quien desplazaron con el apoyo de una veintena de exkaibiles, todos ellos desertores del ejército guatemalteco, que habían sido contactados en la ciudad de Petén, Guatemala.
Para la ocupación de la plaza más codiciada por los ocho cárteles que operan en el país, Los Zetas dispusieron además de un fuerte respaldo de altos mandos de la PGR, pues según se desprende del expediente AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/329/2004, tenían buenas relaciones con funcionarios de primer nivel cuando el titular de la PGR era el general Rafael Macedo de la Concha.
Tras dominar el estado de Tamaulipas –su feudo– y ocupar otras plazas como Campeche, Tabasco y Veracruz, Los Zetas concibieron su plan de llegar a Quintana Roo, dominado por el cártel de Juárez, primero, y por el de Sinaloa, después.
Para lograr sus objetivos, Jorge Briceño López, El Cholo, dispuso que otros tres miembros de Los Zetas, sólo identificados como El Talibán, El Talibancillo –hermano de aquél– y El Chamoy, se desplazaran de Tamaulipas a Cancún con una misión: entrar en contacto con la policía para obtener protección y posteriormente perpetrar “levantones”, secuestros y asesinatos de personas dedicadas a la venta de droga.
–Nos vamos a chingar a todos –decían los sicarios protectores de Los Zetas, quienes se dieron a la tarea de rentar casas e investigar a empresarios vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Estas actividades no podían ejecutarse sin el apoyo policiaco. Y, tanto a nivel federal como local, lo obtuvieron.
En pocas semanas, es decir, de septiembre a noviembre de 2004, Cancún y buena parte de la Península de Yucatán ya estaba plagada de Zetas y exkaibiles. Y comenzó la guerra por la plaza: se enfrentaron a sus rivales sinaloenses y a un nutrido grupo de agentes federales de investigación que en principio se resistieron a trabajar con el llamado “ejército del narco”, según dijeron, “porque ya estaban arreglados con el cártel de Sinaloa”.
De acuerdo con el expediente ya citado, fue el 25 de noviembre de 2004, para ser precisos, cuando estalló la guerra: nueve personas fueron ejecutadas, entre ellas tres agentes de la AFI (Roberto Alcántara Pérez, Luis Octavio Guzmán Ruiz y Fernando Pérez Nájera), presuntamente ligados al cártel del Golfo, quienes aparecieron tirados en un paraje cercano al aeropuerto de Cancún con el tiro de gracia.
Otras cuatro personas fueron encontradas en la cajuela de un Stratus completamente calcinadas, aunque nunca fueron identificadas.
Así mismo, dos personas más –Eduardo Solís Flores y Óscar Leonardo Martín Flores– que se hacían pasar como “afis” fueron identificadas como “madrinas” al servicio de los policías ejecutados.
Un día después, el 26 de noviembre, Los Zetas presuntamente secuestraron a dos “afis” más, José Ramón Pérez y José Guadalupe Chagoya Martínez, quienes aparecieron cerca de Playa del Carmen con tiros en las piernas, aunque más tarde testimonios del expediente 11/2005 reforzaron la versión de “autosecuestro”.
PGR contra PGR
A pesar de que los expedientes revelan que eran Zetas, exkaibiles y exmilitares mexicanos desertores del Ejército los causantes de las ejecuciones de “afis” y de otras personas protectoras de unos mil expendios de cocaína, el procurador Macedo de la Concha sólo ordenó a José Luis Santiago Vasconcelos integrar la averiguación para consignar a todos los funcionarios de la delegación de la PGR en Quintana Roo, incluido el delegado, Miguel Ángel Hernández Castrellón.
Así, el 1 de marzo de 2005 un juzgado federal ejercitó acción penal contra 27 agentes y altos funcionarios de la PGR en Quintana Roo, por su presunta participación en el asesinato de tres agentes de la AFI; también se les acusó de delitos contra la salud, en la modalidad de protección al narcomenudeo, así como de delincuencia organizada.
Las cabezas de ese grupo de agentes y funcionarios, presuntamente protectores del narcomenudeo, de acuerdo con la PGR, eran Gustavo Mendoza González y Jesús Arturo Herrera Villarreal, agentes del Ministerio Público Federal, y el delegado de la PGR, Miguel Ángel Hernández Castrellón, quien permaneció en el cargo de febrero de 2002 a diciembre de 2004.
Hernández Castrellón es oriundo de Durango. Fue director del Ministerio Público Especializado en las oficinas centrales de la PGR y trabajó al lado del subprocurador Jorge Campos Murillo, a quien Macedo de la Concha incorporó a la PGR a pesar de su dudosa reputación.
A tres años de estos hechos, sólo 10 personas han recobrado su libertad al desmoronarse la investigación por inconsistente. Los otros 17 detenidos esperan sentencia, que podría ser condenatoria y llegar hasta los 25 años de cárcel, a pesar de que la mayoría de los testigos protegidos utilizados por la PGR para reforzar la investigación han reconocido que nada de lo que declararon inicialmente les consta y que todo fue parte de un ardid fraguado dentro de la SIEDO.
Por ejemplo, en el expediente 11/2005 aparece la declaración de un testigo de cargo identificado con la clave “María”, cuyo verdadero nombre es Carlos Armando Cazola Cabrera. Dice conocer a varios de los entonces funcionarios de la delegación de la PGR en Quintana Roo, como Armando Alfredo Villalobos Valdés, coordinador regional de la AFI, así como a María del Carmen Gómez, La Prieta; Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, El Rayo, y Everardo Castro Colorado, El Colorado, quienes, afirma, brindaban protección a las “tienditas” expendedoras de cocaína, adonde iban a cobrar agentes estatales, municipales “y varios ‘afis’”.
Ante el agente del Ministerio Público Federal, “María” amplió sus declaraciones, y allí se le preguntó sobre la relación del delegado de la PGR, Hernández Castrellón, con el narcotráfico.
–(…) En razón de que manifestó no conocer al licenciado Miguel Ángel Hernández Castrellón, ¿por qué hace imputaciones en su contra?
–(…) Un amigo al que conozco como Carlos, quien es gerente del hotel “Girasol”, ubicado en la zona hotelera, me manifestó que una persona de nombre Raúl Martins, quien era dueño del centro nocturno The One, le manifestó que le daba la atención al delegado y a diversos agentes; que la atención consistía en dinero, sin que me dijera la cantidad, y además le brindaba las mujeres que trabajaban en dicho sitio; pero de manera personal no me consta que el entonces delegado (Hernández Castrellón) hubiera recibido dinero o favor alguno de parte del señor Raúl Martins.
–(…) Que diga si sabe si el jefe regional de la Agencia Federal de Investigación, Armando Alfredo Villalobos Valdez, haya recibido cantidad alguna de dinero por protección…
–No.
–Que diga por qué Armando Alfredo Villalobos Valdez excluía la organización de los hermanos Arellano Félix para negociar protección.
–Que porque eran órdenes de México, sin decirme nada más…
Para la PGR, que investigaba a los funcionarios federales y no a Los Zetas y exmilitares, no fue suficiente lo dicho por el testigo “María” y, para ampliar los datos del caso, ordenaron un careo entre Hernández Castrellón y su testigo de cargo:
En la diligencia, Hernández Castrellón cuestionó:
–Que diga mi careado si alguna vez participó conmigo en la comisión de algún ilícito o estuvo presente cuando yo lo cometí.
–(…) No estuve presente y tampoco participé con mi careado en la comisión de algún ilícito –respondió “María”.
Otro testigo, cuya clave es “Samantha” –cuyo verdadero nombre es Ana Margarita Aguilar Loroño–, acusó a Hernández Castrellón de proteger al narco y de haber participado con otros colaboradores en la preparación del aterrizaje de una avioneta con droga, descargada en una zona de pescadores conocida “como Isla Blanca o Isla Arenas” y entregada a un sujeto llamado El Pollo.
Al ser careada con Hernández Castrellón, “Samantha” –quien había sido contratada por el entonces delegado de la PGR como escribiente en la delegación– incurrió en contradicciones, y Hernández aclaró que la avioneta cayó en la isla Holbox y que la droga se la entregaron los pescadores a una persona conocida como El Huevo, además de que los pescadores fueron arraigados y posteriormente procesados por esos hechos.
Lo que la PGR no investigó –y estas omisiones colocan al exprocurador Rafael Macedo de la Concha y a la SIEDO bajo la sospecha de haber brindado protección a Los Zetas, según se desprende del expediente criminal– es cómo el grupo armado del cártel del Golfo (la mayoría de ellos son exmilitares) planearon la ocupación de la plaza de Cancún.
Los preparativos
En el auto de término constitucional 10/2006, el presunto narcotraficante guatemalteco William Mendoza González o Pablo Sub Tiul, conocido como El Dando, El Cerebro o El Kaibil, refiere en su declaración ministerial rendida ante un juzgado federal de Puente Grande, Jalisco, que se retiró del ejército de Guatemala y aguardó en su casa el momento de ser llamado por Los Zetas para operar en México.
Narra que un amigo de nacionalidad guatemalteca, también exkaibil y al que había conocido en el Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, Eduardo Morales Valdez –quien ahora dice llamarse Juan Carlos Fuentes Castellanos–, alias El Trinquetes o El Stanley, le preguntó si quería ir a trabajar a México como encargado de dar seguridad a un empresario.
Según su testimonio, su amigo le aseguró que recibiría 3 mil pesos quincenales para empezar y que luego de algunos meses de trabajo le aumentarían el sueldo. Como a William Mendoza le pareció atractivo el ofrecimiento, dijo que sí, y su amigo le indicó que posteriormente le avisaría cuándo partirían…
Para concretar el plan, William Mendoza recibió más tarde la instrucción de acudir al domicilio de un sujeto llamado El Ponchado, ubicado en el barrio de Santa Fe, municipio de Poptum, departamento de Petén, Guatemala. Al domicilio –indica Mendoza en su relato– fueron llegando más sujetos, hasta completar 13, exkaibiles guatemaltecos 12 de ellos.
William Mendoza detalla los pormenores de aquel encuentro:
El Ponchado nos dijo que trabajarían para darle seguridad a un empresario mexicano y a su empresa, pero sin decir en qué lugar de México, lo que todos aceptaron porque les pagarían 3 mil pesos cada 15 días y aumentarían el sueldo cada seis meses, de manera que acordaron que el 12 de mayo de 2004 viajarían a México.
Al llegar esa fecha, los 12 exkaibiles y exmiembros de la Policía Nacional de Guatemala volvieron a reunirse en la casa de El Ponchado, de donde, como a las 11:00 de la noche, partieron para llegar a la frontera con Tenosique, Tabasco, en México; al llegar a la garita donde está la aduana de México, las autoridades aduanales dieron permiso por 62 horas para pasar a México…
Luego un sujeto pasó por ellos para llevarlos al puerto de Veracruz, donde pernoctaron. Dos días después llegó el resto del grupo y partieron hacia Tampico, Tamaulipas. Nos hospedamos en un hotel, donde fueron recogidos por dos sujetos, quienes nos dijeron que éramos bienvenidos al grupo de Los Zetas.
El grupo de exkaibiles fue sometido a entrenamiento riguroso en territorio tamaulipeco, al amparo del poder político local. Por varias semanas estuvieron en los municipios de Valle Hermoso bajo las órdenes de un sujeto apodado El Cholo, cuyo nombre real es Jorge Briceño López.
Luego El Cholo les dijo que iban “a cambiar de estaca” (célula o grupo), por lo que el conjunto se desplazó hacia Cancún para ocupar la plaza. Entre los dirigentes de Los Zetas apareció El Chamoy, sujeto que trasladó a los exkaibiles a Quintana Roo, entidad a la que arribaron el 20 de noviembre de 2004.
La historia de William Mendoza especifica:
El Chamoy nos juntó a El Vives, El Mili (exmilitares) y se entrevistó con El 50, alias Talibán, quien junto con su hermano, El 52, alias El Talibancillo, La Canica, El Packman y La Avispa habían llegado a Cancún desde septiembre de 2004 con el fin de controlar la plaza de Cancún, para lo cual estaban en pláticas con la ley, es decir, con los diferentes cuerpos de policía del lugar.
Para empezar, El 50 tenía problemas para controlar la plaza, porque los elementos de la Agencia Federal de Investigación no querían trabajar con él, ya que estaban arreglados con la contra, al parecer, con la gente del Mayo Zambada. El 50 tenía dos informantes que trabajaban en las oficinas de la AFI en Cancún. Por esos informantes, se supo que los de la AFI se metieron a la casa de El 50, la cual catearon; se llevaron seis kilos de cocaína y entre 10 y 15 mil dólares americanos, por lo que El 50 le pidió a sus informantes que le llevaran a los policías a un lugar que se localiza a la salida de Cancún.
En dicha casa se encontraron silenciadores, droga, dinero y emblemas militares; gorras, camisetas manchadas de sangre, producto de algunas torturas y muertes perpetradas en ese lugar. Los Zetas, según el expediente de este caso, apoyados por exkaibiles, ejecutaron las matanzas que mantienen en la cárcel a más de 20 altos funcionarios de la PGR, entonces a cargo de la delegación de esa dependencia en Quintana Roo.
Conforme al expediente y a la información proporcionada por varios testigos protegidos, el procurador Rafael Macedo de la Concha omitió investigar a Los Zetas y exmilitares mexicanos que penetraron en la plaza de Cancún y arremetió legalmente contra altos funcionarios de la PGR que hoy exigen sentencia y “un juicio justo” porque, aseguran, “lo que nos hicieron fue una maniobra de muy mala fe”.
–¿La PGR protegió a Los Zetas? –se pregunta a los implicados.
–El expediente es muy claro. Ni duda cabe.
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