La marcha de 2004, opinión de Rincón

Retrospetiva

El Estado y la marcha/Gilberto Rincón Gallardo

Artículo publicado en REFORMA el 26 de junio de 2004

El día de mañana, domingo 27 de junio, se celebrará la marcha ciudadana en la Ciudad de México para protestar contra la inseguridad y para exigir a todas las autoridades el cumplimiento de su obligación fundamental de garantizar seguridad y de combatir eficazmente a la delincuencia.Se trata de un llamado de la sociedad justo y digno de atención. Debe destacarse, en primer lugar, que se trata de un ejercicio civilizado y pacífico de los derechos democráticos a la expresión y manifestación. La gente en la calle, exigiendo que las autoridades cumplan con sus obligaciones primordiales, es una muestra, en efecto, de que las cosas no van bien en materia de seguridad pública; pero, a la vez, es una expresión de que se ha decidido utilizar los recursos pacíficos de la democracia para generar una voz colectiva que debe ser escuchada.

Se trata, desde luego, de una marcha política. La exigencia de un derecho es siempre una expresión política, porque participar en las cuestiones públicas es el ejercicio clásico de la política. Así que la acusación de que la marcha es ilegítima porque es política carece de sensatez. Pero si lo que se quiere decir es que las decenas de miles de ciudadanos que allí se congregarán son el instrumento de un grupúsculo de la ultraderecha para atacar a un proyecto político, entonces la acusación se hace absurda, pues, aunque sin duda existen, no hay grupo de ultraderecha capaz de movilizar, manipulándola, a tanta gente adulta. Lo cierto es que más allá de los usos que grupos de interés seguramente querrán darle a esta protesta, se trata de una expresión ciudadana genuina, respetable y atendible.Seguramente estará presente en esa marcha la llamada ultraderecha; como lo estará la derecha liberal, el centro, la izquierda y gente que ni siquiera se adscribe a visión política alguna. Seguramente, también, habrá quien trate de instrumentar la marcha para atacar políticamente a algún gobernante; pero el tema de fondo es si existe o no la situación de tragedia y alarma por la que se protesta; y lo cierto es que ésta existe y no hay manera sensata de ocultarla.

La inseguridad nos ha quitado a todos libertad, tranquilidad, bienestar y, a muchas personas, incluso a sus seres queridos. Ya existen demasiadas familias con daños irreparables a las que se debe una respuesta satisfactoria. La voz y la acción del Estado mexicano deben ser claras y eficaces, sin minimizar ni los problemas ni las exigencias de los afectados. Pero todavía estamos en el momento de aprovechar los cauces legales y las instituciones de justicia para demostrar que la democracia es el sistema que mejor resuelve los problemas sociales y que los atajos autoritarios son más gravosos a la postre, por muy atractivos que los hagan la desesperación y el miedo.

Este contexto hace entendible que la ciudadanía exija penas mayores para delitos como el secuestro o los asesinatos y que las condenas se cumplan completamente. En una entrevista reciente, el admirable ingeniero Gallo, cuya hija fue asesinada por sus plagiarios y quien logró que los criminales fueran no sólo detenidos sino también condenados, decía que existe una sola vía para hacer que un culpable sea condenado, pero muchísimas para revertir esta condena. Sin duda, las garantías procesales deben ser defendidas y preservadas, pero una revisión exhaustiva de nuestro sistema de justicia se ha convertido en una necesidad.

Es entendible, también, que en este ambiente de inseguridad y temor, mucha gente defienda hasta la pena de muerte como una solución a la criminalidad más abusiva y desalmada. El que la exigencia en sí misma pueda ser inaceptable, no nos exime de escuchar las razones que están detrás de ésta.Sería muy grave minimizar o ridiculizar estos temores y estas exigencias ciudadanas. Aunque un Estado democrático no puede permitirse actuar como vengador en vez de impartidor de justicia, y a sabiendas de que en otros países con sistemas de justicia más eficaces la pena de muerte no sólo es objeta le en términos éticos sino también en su capacidad de atajar la criminalidad, es necesario entender por qué la gente en México hace este tipo de exigencias.

La escasez de resultados por parte del sistema de justicia, el nivel de impunidad, la descoordinación visible entre instituciones y entre gobiernos, la tendencia de nuestra clase política a ir a remolque de los problemas y nunca adelantarse a ellos, generan, en conjunto, el caldo del cultivo para l desconfianza ciudadana y para el surgimiento de exigencias como las de la pena de muerte.

La conducta y expectativas de los ciudadanos son moldeadas por las instituciones que los rodean. En el caso de la criminalidad, si los ciudadanos no encuentran en las instituciones de justicia estímulos para creer en la ley y en los derechos humanos fundamentales, responderán con exigencias perfect mente lógicas de justicia sin mediaciones y de actos de venganza. Es tarea del Estado convencer a todos, con sus acciones, de que la ruta del derecho pleno es la única garantía de seguridad y tranquilidad, sin renunciar a derechos humanos fundamentales.

Nuestro país, y no sólo la zona metropolitana de la Ciudad de México, requiere de manera urgente una política de Estado en materia de seguridad pública. Es decir, una serie de acuerdos de cooperación, profesionalización, continuidad en el combate a la delincuencia, reforma al sistema de justicia y e construcción de estrategias integrales que debe mantenerse al margen de la lucha partidista; una serie de acuerdos que, no obstante, es de tipo político.

No partimos de cero para la construcción de estas estrategias. Por contraste entre regiones, destaca lo que sucede en estados como Sinaloa, Jalisco o Nuevo León, donde se ha reducido tanto la incidencia de secuestros como el peso social del crimen organizado. Esos ejemplos muestran que hay estrateg as locales que han funcionado, y nada sería más absurdo que no aprender de sus logros, por muy relativos que éstos pudieran ser. Una política de Estado en materia de seguridad pública no se construye de la noche a la mañana ni se genera sólo por la abundancia de declaraciones. Requiere no sólo volu tad política, sino trabajo, preparación e incluso generosidad. Por ello, sería un generoso tributo de las autoridades (todas, de todos los niveles) a la ciudadanía (toda, en todos sus niveles) que tal política se empezara a construir de inmediato; un tributo más que merecido por todo lo que esta ci dadanía ha tenido que padecer.

Esa es, en el fondo, la exigencia de la marcha de este domingo: que el Estado mexicano, más allá de cada una de sus partes, pero con todas las partes a la vez, sea capaz de demostrarle a la ciudadanía que puede cumplir con su obligación primordial de darle seguridad y certidumbre.