El diezmo en Sedesol

Mordida sobre mordida, reportaje
MARCELA TURATI, reportera.
Revista Proceso # 1714, 6 de septiembre de 2009

Funcionarios locales de la Sedesol en Guerrero exigieron “diezmo” a empresarios para adjudicarles el programa Piso Firme; sus familiares y amigos se convirtieron en proveedores únicos; “jinetearon” el presupuesto; los extorsionaron para liberarles recursos, en contubernio con la banca privada, y hasta llegaron a secuestrar a uno de ellos. Ninguna queja valió para que el secretario Ernesto Cordero frenara las anomalías en torno de su delegado. Hoy, los contratistas padecen represalias y están quebrados, pero dispuestos a denunciar. Mientras, las comunidades pobres pagan los platos rotos.
CHILPANCINGO, Gro.- La cita se fijó en la habitación de un hotel de esta ciudad y fue a cortina cerrada. Ninguno de los constructores guerrerenses contratados en 2008 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para ejecutar el programa Piso Firme en las comunidades más pobres quiso que nos viéramos en un lugar público. Tenían miedo.
Uno a uno y por separado, los cuatro constructores dijeron a este semanario que la primera promesa del presidente Felipe Calderón hacia los más pobres, la de encementar viviendas, se incumplió en Guerrero por culpa de los funcionarios locales de la secretaría que los extorsionaron al grado de impedirles avances o quebrarlos. Uno de ellos, incluso, aseguró que lo secuestraron y ya denunció penalmente.
Con matices, los contratistas relataron que en esta trama de corrupción jugaron un papel protagónico los parientes del delegado de la Sedesol que se convirtieron en proveedores únicos de cemento; los verificadores del encementado que exigían sueldo, viáticos, camionetas, mordidas y computadoras para hacer su trabajo; el subdelegado que pedía hasta 100 mil pesos por liberar cheques necesarios para continuar las obras y abrió a cada uno cuentas bancarias mancomunadas con la Sedesol para despistar a Hacienda, y el gerente de banco que se prestó a “secuestrar” el dinero de esas cuentas.
Coincidieron en que el delegado estatal, Luz Antonio González Justo, no escuchó las quejas contra sus parientes y subalternos que le llevaron los contratistas. Y a quien lo amenazó con denunciarlo en México, no le amplió el contrato o le dijo que lo vetaría en todas las dependencias federales.
También fueron castigados los que no quisieron “cooperar” para los refrigeradores o televisiones que se les pidió para Navidad.
Los entrevistados se animaron a dar su testimonio luego de leer el reportaje sobre el fraude de los pisos firmes en ese estado (Proceso 1711). Se identificaron ante esta reportera, accedieron a que la entrevista fuera grabada y proporcionaron copias de documentos que la Sedesol también tiene en su poder, pero no quisieron que se publicara su nombre por miedo a ser vetados como contratistas del gobierno o a poner en peligro su vida.
“La corrupción de éstos es muy descarada; hemos hecho unas 10 reuniones desde el año pasado y le explicamos al delegado el problema, pero no hace nada. Somos como 18 empresas las que estamos dispuestas a ir a México a hablar con el secretario” Ernesto Cordero, dice uno de ellos.
La primera carta de denuncia enviada a las oficinas centrales de la Sedesol está fechada en mayo. A partir de junio, algunos viajaron al Distrito Federal para denunciar la situación. Otros hicieron saber las anomalías a través de correos electrónicos o comentándolas con diputados.
Pero no hubo ningún cambio en la delegación. Si Cordero se enteró, no hizo nada.
“Hemos recibido llamadas de la Sedesol federal, nos piden que expliquemos la situación, dicen que lo van a resolver y no hacen nada. Todas las empresas están muy desesperadas, algunas salieron quebradas: pusieron de su bolsillo lo que se les debe y el doble”, afirma otro en su turno.
Tres de los contratistas aceptan que ganaron la licitación ofreciendo “la mochada” o “el diezmo”, ese acuerdo sobreentendido que exige pagar a los funcionarios públicos la décima parte del costo de la obra en agradecimiento por haber elegido a su empresa (la misma costumbre que en días pasados el presidente Calderón criticó porque entorpece el desarrollo del país).
La molestia generalizada se debe a que la delegación de la Sedesol no se conformó con “el diezmo” y siguió exigiendo dinero a grados de extorsión que impidió a varios cumplir el contrato que beneficiaría a los más pobres, ya sea porque no alcanzó el material para todas las viviendas o porque se hicieron pisos de mala calidad. Los que cumplieron tuvieron que poner de su dinero.
Los nombres que mencionan como cómplices del ilícito fueron los mismos: el delegado Luz Antonio González Justo, su hermano René y su amiga Naiví Ramírez (distribuidores de Cemex en la entidad). También el subdelegado José Cruz Rétiz junto con el subcoordinador del programa, Eduardo Acevedo; el excoordinador de Microrregiones, Víctor Manuel Mendoza; el coordinador del programa Tres por Uno, Eduardo Andraca, y el asesor Juan Manuel Tinoco, a quienes acusan de cobrar las mordidas o recoger el dinero o “ablandar” a los empresarios renuentes.
“Es una lástima, porque el programa es bueno y están engañando al presidente. Este es el primer año que la Sedesol licita y éstos se sirvieron con la cuchara grande, se llevaron como 60 millones de pesos”, calcula uno de ellos con base en el hecho de que la delegación manejó un presupuesto de 650 millones en licitaciones.
Los más perjudicados, como siempre, fueron los más pobres, si se toma en cuenta que en comunidades marginadas, como las de La Montaña guerrerense, con índices de desarrollo similares a los africanos, la corrupción asesina. Ahí tener piso de cemento hace la diferencia entre vivir o morir: puede salvar a un bebé que gatea de una diarrea mortal por tragar tierra, o de ser picado por un animal venenoso que saltaría a la vista entre el cemento, o evitaría que sus alimentos se llenaran de polvo de la tierra por donde se arrastran animales.
En su pasado informe presidencial Felipe Calderón presumió la dotación de “pisos firmes” a los pobres. Sin embargo, los testimonios de estos empresarios, los documentos que presentaron, las denuncias de políticos y el recorrido que realizó Proceso por La Montaña de Guerrero ponen al descubierto que la promesa presidencial no se cumplió entre los más pobres de entre los pobres.
Doble “diezmo”
Según explica el empresario que dio la primera entrevista, la corrupción empezó desde que se publicó el concurso.
“Estábamos entre los tres primeros lugares, éramos el precio ganador, pero el fallo se pospuso varias veces porque estaban esperando que negociáramos para que nos lo dieran. Ofrecimos 12% y lo ganamos”, confiesa este contratista que encementó en La Costa.
Durante el transcurso de la obra se dio cuenta de que se incluyeron municipios que no eran de los más pobres y que el cemento no alcanzó en los que son considerados prioritarios por su miseria, como Metlatónoc. En algunas zonas, los padrones fueron levantados por gente inexperta y cerca de 20% de los indígenas fueron excluidos.
Luego se percató de que había caído en la trampa del cemento:
“Desde el principio, Naiví (la distribuidora de Cemex) te engancha diciéndote que te da más barato el cemento y que te lo van a dejar en las comunidades, pero es mentira; tú tienes que acarrearlo y eso te sale más caro. Si uno no le compra a la señora, le compra a René (el hermano del delegado), y al final no te suministran porque quieren que les liquides. ¿Y cómo iba a hacerlo si la Sedesol no te libera el dinero que tienes en el banco?”
Por la corrupción, los retrasos de los distribuidores, las retenciones bancarias, las lluvias y las “negociaciones” que tuvo que hacer con los grupos armados de La Costa no terminó a tiempo y se metió en problemas.
“A pesar de que dejamos una fianza que cubre el cumplimiento de la obra y empeñamos escrituras y propiedades, en la Sedesol no nos quieren pagar, nos traen de vuelta en vuelta. Así llevo cinco meses, y encima quieren demandarme”, explica.
En total, dice que pagó 1 millón 600 mil pesos de “diezmo”, 200 mil al residente que no tenía conocimientos técnicos para que supervisara las obras y 300 mil al subdelegado Rétiz para que avalara las supervisiones.
Él es uno de los que están dispuestos a viajar a México para denunciar todo ante el secretario, aunque, por un dicho del subdelegado, duda que le hagan caso.
“A principios de agosto nos reunió Rétiz y nos dijo: ‘No se equivoquen, estamos más plantados que un árbol porque mi hermano es diputado federal (Ezequiel Rétiz, por Coyoacán) y nosotros le ayudamos mucho en la campaña’. Se siente inamovible, como el delegado.”
Se dijo preocupado porque Rétiz y Tinoco convocaron a empresarios de su confianza para ofrecerles contratos para la próxima etapa de Piso Firme y les dijeron que este año ejercerán más recursos. Los inconformes fueron excluidos.
Cuentas secuestradas
“Uno trabaja para ganar un poquito, pero aquí fue perder mucho”, comienza así su testimonio el segundo contratista.
“Aunque dimos la mochada de 10% les valió un comino, y cada vez que nos liberaban un cheque pedían 50 mil o hasta 100 mil pesos de lo que nos daban. Entre mochada y mochada, dimos 20% de la obra, y a eso súmale 15% del IVA para Hacienda”.
Él comenta lo mismo que todos: cuando venció el año fiscal de 2008, Hacienda podía quitarle esos recursos a la Sedesol por subejercicio; entonces, los funcionarios pidieron a todos los empresarios que abrieran cuentas en Bancomer bajo el entendido de que el dinero que les apareciera en nómina no podrían retirarlo hasta que comprobaran toda la obra.
“Me imagino que, mientras tanto, tuvieron todo ese dinero en una cuenta de ellos y que ganaron muchos intereses. Por los tres meses que las tuvieron secuestradas, sacaron un lanononón”, afirma este hombre con contrato en la zona de La Costa.
Cuando comenzaron a comprobar el término de la obra, aparecieron nuevos requisitos para no dejarlos retirar el dinero.
“Acevedo nos ponía trabas para no pagarnos: pedía primero cartas de cada pueblo diciendo que no se debía nada; luego, cartas de cada beneficiado de que no debemos mano de obra. Entendimos que querían alargar el dinero”, dice.
Aunque los empresarios entregaron a la Sedesol cheques firmados que avalaban el costo equivalente del contrato, a la fecha a varios no les han devuelto sus garantías ni liberado su pago.
Cuando otros empresarios fueron a retirar parte del dinero depositado por la dependencia para comenzar a pagar sus deudas, se encontraron con que había orden en el banco de no soltarles su dinero, pese a que en la Sedesol ya les habían firmado la obra como terminada. Al momento en que intentaban sacar dinero, el gerente del banco avisaba al subdelegado y desaparecía el dinero de las cuentas. Cuando se aclaraba que el empresario sí tenía derecho de sacarlo, al poco tiempo volvía a aparecer el dinero en su cuenta.
“Si fue medio millón de pesos lo que te habían depositado y luego te habían quitado y luego vuelto a depositar, vamos a tener que pagar IVA e ISR por doble partida como si hubiéramos ganado el doble”, refiere este contratista. “Así nos terminaron de dar el tiro de gracia”.
Secuestrado por la residente
“Cuando supe que la Sedesol me había designado una mujer como supervisora, me alegré, porque pensé que iba a ser más bondadosa y trabajadora, pero me fui para atrás cuando vi que su método consiste en tomar de rehén a los empresarios”, comenta un contratista que ganó una licitación en la zona de La Montaña, hacia Chilapa.
Para ayudarla a cumplir su trabajo, le prestó vehículo y pagó viáticos porque sabía que la dependencia da pocos recursos a sus empleados. Cuando empezó a encementar (de 32 a 45 metros cuadrados por casa, como indica el contrato), ella le exigía que echara sólo 25 y dejara islotes de cemento.
También le impugnó el material usado, aunque no es una profesional de la construcción, y él tuvo que avalarlo con un laboratorio de la Secretaría de Comunicaciones para que ella le permitiera continuar.
“¡Me dejó tirados 300 viajes de material, como 300 mil pesos! ¡Imagínese lo que es volver a subir ese material porque el otro se echó a perder en lo que ella se convencía!.”
Por cada aprobación de tramo tuvo que darle de 10 mil a 50 mil pesos y luego una laptop con tal de que apurara su firma porque podía detener hasta un mes la obra. En diciembre le obligaron a regresar a las comunidades a “parchar” los pisos que ella había ordenado dejar incompletos. Eso le costó otros 300 mil pesos.
Aunque se quejó con el delegado y le pidió que sustituyera a la supervisora, ahí la mantuvo.
“Lo típico es que unos bajen la calidad de la obra para descontar el dinero que van poniendo de mordidas, pero yo tuve dos revisiones de la federación y me felicitaron por la calidad y a ella la regañaron. Ni así la quitaron”, dice
El colmo fue un día en que ella lo citó en el municipio donde trabajaban. Al llegar, lo esperaban el presidente municipal y cientos de indígenas que lo acusaban de adeudarles el pago de mano de obra. Él regresó a los dos días con sus comprobantes, cotejaron, aclararon y terminó pagando 120 mil pesos extras. Sin embargo, la gente lo retuvo toda la noche y alguien llamó a su casa a las dos de la mañana para exigirle a su esposa 5 millones de pesos en 40 minutos si no quería que lo mataran.
Por intermediación de un político, la policía fue a rescatarlo.
“La denuncié penalmente por el secuestro. Ella estuvo ahí, me convocó a la reunión y era la única persona en ese lugar que tenía mi teléfono particular. La acusé también con el delegado porque, por su bloqueo y todo lo que exigió, tengo un déficit de casi 2 millones de pesos en una obra que era de 17 millones. Y ni con la denuncia la removió, lo hizo hasta que fui a México a quejarme.”
Hasta el momento no ha podido comprobar el término de la obra ni cobrar: el supervisor que le acaban de asignar está midiendo cada piso porque la residente retuvo los comprobantes.
El monopolio cementero
“No quiero que se publique mi nombre, tengo familia e hijos”, advierte el cuarto entrevistado, quien llevaba una carta que envió al subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Luis Mejía, para exponerle su caso.
Se quejó de que, aunque firmó cheques que respaldaban el costo de 30% de la obra y contrató una afianzadora, la Secretaría le depositó el dinero con mes y medio de retraso y le quiso quitar el contrato por no haber empezado con sus propios recursos. Pidió una prórroga pero se le negó, y desde ahí comenzaron sus pérdidas.
Su otro dolor de cabeza fue el cemento.
“Al concurso dejaron entrar a Naiví a que nos diera un precio de cemento que consiguió con un acuerdo entre la delegación y Cemex: ofrecían la tonelada a mil 650, aunque cuesta 2 mil, y nos amarraron a todos”, explica.
“Como ella era la única proveedora, un día no pudo abastecer y nos pegó a todos y al programa. A mí me inventaron que ya me habían surtido lo que había pedido y por el enojo me hicieron entrar en la dinámica de comprarle el cemento al hermano del delegado que traía el mismo precio y tardó un mes en surtirme.”
A esto se le sumó que le asignaron un solo residente que tenía que medir y revisar la calidad de sus 2 mil 500 pisos en una treintena de comunidades. Eso retrasó más.
Una vez que comprobó en la dependencia que todo estaba en orden, le apareció el depósito en el banco. “Cuando fui a Bancomer no me dejaron sacar el dinero, que porque el hermano del delegado decía que le debía, aunque eso ya lo habíamos aclarado entre él y yo. Me enojé tanto que les dije: ‘O me descongelas mi cuenta o tú, banco, te vas a meter en problemas con el consejo bancario, y a ustedes, los de la Sedesol, los voy a acusar con la Contraloría’. Y como me fui a México, la liberaron”.
No le quisieron ampliar la obra el 25% al que tenía derecho, y esa fue su última pérdida, la que terminó por quebrarlo. Hoy se lamenta por haber invertido.
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Deshonestidad oficial
MARCELA TURATI
Revista Proceso # 1714, 6 de septiembre de 2009O

METEPEC, Gro.- Quien viera hoy a Romana Josefa Mateos Laguna –menudita, tímida, de hablar quedo– no pensaría que es una ingeniera que se propuso probar la corrupción que prevalece en el programa Piso Firme en Guerrero, y para ello viajó a pie a 14 comunidades de La Costa, midió cada uno de los pisos construidos en mil 687 casas, escuchó quejas, tomó fotografías y levantó actas de los ilícitos.
Su esfuerzo resultó contraproducente: en vez de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la considerara una empleada ejemplar por enterar de las irregularidades al subsecretario Luis Mejía, la ingeniera perdió su trabajo como residente (supervisora de obras) y ahora tiene miedo de que alguien atente contra su vida.
Su desventura comenzó cuando le asignaron supervisar el tramo final del encementado de las viviendas en el municipio de Igualapa y encontró que la empresa María del Carmen Atrixco Reynoso, ganadora de la licitación, había hecho pisos que incumplían con la calidad especificada y que los residentes anteriores no los habían impugnado.
La ingeniera se negó a firmar la obra como terminada, lo que implicaba que la Secretaría no le transfiriera el último pago hasta que subsanara las irregularidades. La empresa le ofreció 450 mil pesos por su firma, ella los rechazó.
El delegado de la Sedesol en Guerrero, Luz Antonio González Justo, el subdelegado Filiberto Gutiérrez Mayo y el excoordinador Víctor Manuel Mendoza, en lugar de apoyarla, la presionaron para que firmara la obra como concluida. Tampoco aceptó y decidió revisar piso por piso, aunque en eso se le fueron sus únicos ahorros: 16 mil pesos.
“En la delegación nos decían que firmáramos todo y no hiciéramos problema, que no nos metiéramos con Piso Firme. Pero yo no iba a dejar a un lado mi honorabilidad y todo mi prestigio; tenía que estar segura de lo que iba a firmar, porque mi trabajo era revisar si se cumplía con la promesa de mejorar la calidad de vida de la gente”, explica a Proceso.
Lo que la ingeniera Romana encontró en su odisea es patético, considerando que se trata de los recursos públicos destinados al programa más importante del gobierno de Felipe Calderón para los más pobres y que Guerrero es el estado con los municipios más marginados del país.
Las fotografías que tomó muestran jacales con boquetes a medio piso y casas donde el cemento no se completó, tiene grietas, está a punto de desmoronarse o quedó granulado. El colmo son las viviendas que aún tienen suelo de tierra porque el cemento se puso en el chiquero, para el disfrute de los cerdos, o los pisos construidos donde ni siquiera había casas o en cocheras para autos.
Esas mismas fotos las mostró el 14 de mayo en las oficinas centrales de la Sedesol al subsecretario Luis Mejía. También le llevó los expedientes que muestran los faltantes de cemento por vivienda. Ella contó 5 mil metros cuadrados menos.
“El subsecretario decía ‘no se vale, es indignante, es una burla’. Se veía muy sorprendido”, recuerda sobre su encuentro con Mejía, el subsecretario michoacano que ejerce las obras de la Sedesol, un panista de antaño que fue amigo íntimo del padre del presidente y lo sigue siendo de la familia Calderón Hinojosa.
A la reunión con el subsecretario acudió otro residente, del que Romana se reservó su nombre, quien denunció que la empresa SYSCO, del arquitecto Juan Manuel Tinoco, había quedado en el lugar 12 del concurso de la licitación, pero el delegado la hizo ganadora de las obras en Marquelia y Juchitán. Este trabajador agregó que tanto el delegado como el subdelegado José Cruz Rétiz pedían a los empresarios dinero “para el partido”, y eso molestó mucho al subsecretario.
Mejía “me pareció una persona honesta, platicamos en confianza, nos identificamos porque somos de la misma profesión. Me dijo que me sintiera protegida, que iba a tomar acciones para corregir el problema, que no iba a perder mi trabajo”, relata.
Tras la denuncia, una legión de abogados, ingenieros y técnicos enviados desde México –acompañados por Romana– revisó las obras de los municipios de Igualapa, Juchitán y Marquelia, entre el 18 y el 26 de mayo, y encontró que las empresas ejecutoras habían cobrado a Sedesol 15 mil metros cuadrados de cemento más de los que habían echado y que 40% de los pisos tenían algún defecto de grosor, acabados, medidas o colocación.
Cuando la misión abandonó Guerrero, el delegado notificó a Romana que acababa de perder su empleo, como consta en el oficio 1320100/215, y finiquitó el total de la obra a la empresa defraudadora, dando sus pisos como terminados.
La ingeniera contestó el oficio con las siguientes palabras: “Con todo respeto, creo que no he fallado; al contrario, creo que me han fallado a mí, ya que en ningún momento he recibido apoyo económico ni moral (viáticos o gastos) de parte de ustedes, y para colmo en el presente año el sueldo se nos redujo de 12 mil a 8 mil pesos mensuales, y aun así seguí haciéndome cargo de los dos municipios. Doy por hecho que realicé una labor casi titánica y con tanta lealtad a la institución”.
Un mes después, el jefe de Microrregiones y coordinador nacional de Piso Firme, Germán Palafox, envió una carta al delegado en la que señalaba que la ingeniera “demostró una conducta profesional y honesta al no aceptar firmar dichas estimaciones, por lo que le solicito tenga a bien prorrogarle el contrato, además de cumplimentar públicamente su labor y actitud para que sirva de ejemplo de trabajo y compromiso institucional que quisiéramos tener para todo nuestro personal”.
Sin embargo, desde hace dos meses ella no recibe salario de la Sedesol; se mantiene con su sueldo de maestra en el Instituto Tecnológico de Ometepec. Tampoco ha dejado de cumplir su trabajo: se ha dedicado a visitar 144 escuelas con el fin de calcular cuánto costaría llevarles agua, baños y drenaje para cumplir la promesa del presidente de habilitarlas para cuando la influenza rebrote.
No se arrepiente de lo que hizo porque cumplió con la invitación del presidente Calderón a denunciar la corrupción, pero tiene miedo:
“No sé cómo vaya a actuar esa gente… en Guerrero pasan tantas cosas. No sé, he llegado a pensar que me pueden hacer daño por decir lo que dije y que quieran callarme para siempre.” l