Paraiso de los medios

Refugio electrónico
Anne Marie Mergier
Revista Proceso 1763, 15 de agosto de 2010;
El pasado 15 de junio el Parlamento de Islandia aprobó una legislación que garantiza la transparencia de la información y protege a periodistas e investigadores de demandas judiciales interpuestas por gobiernos y grupos empresariales. Basta con “hospedar” en los servidores de ese país cualquier material “explosivo” para protegerlo de la censura y asegurar su difusión. Si bien la nueva ley no promueve el asilo político para periodistas perseguidos, sí asegura el “refugio electrónico” para sus textos. La diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir resume el espíritu de la iniciativa: “Quizá maten al mensajero, pero ya no podrán aniquilar el mensaje”.
PARÍS.- ¿Realizará Islandia la utopía de Criptonomicón, mítica novela de ciencia ficción en la que el escritor estadunidense Neal Stephenson imaginó un “paraíso informático” inviolable llamado Kinakuta? ¿Se convertirá esa minúscula isla ubicada en el norte del Océano Atlántico en el primer santuario de la libertad de expresión en el mundo?
El pasado 15 de junio, aglutinados por Birgitta Jónsdóttir, poeta anarquista, pionera de internet en su país, activista de armas tomar y diputada por el Movimiento Ciudadano, el Parlamento islandés aprobó por unanimidad la Iniciativa Islandesa de Medios de Comunicación Modernos (IMMI, por sus siglas en inglés).
Ese proyecto legislativo contiene un arsenal jurídico único en el mundo. Su meta es proteger contra los ataques de gobiernos y de grandes grupos empresariales a los periodistas, sus fuentes, los medios de comunicación y las páginas web de denuncia e información. Aspira a brindar apoyo y refugio electrónico tanto a los investigadores islandeses como a los extranjeros.
En su preámbulo la IMMI especifica: “Esta iniciativa legislativa busca crear un ámbito atractivo que permita a organizaciones internacionales de prensa, nuevas empresas de comunicación, ONG de defensa de los derechos humanos y centros electrónicos de datos, registrarse en nuestro país y operar a partir de nuestro territorio”.
Precisa: “Queremos también dar a conocer de manera amplia los cambios que impulsamos, creando el primer Premio Internacional de Libertad de Expresión”.
“Suiza de los bits”
¿Por qué de pronto se movilizó con tanta determinación el Parlamento islandés?
Todo empezó en 2008 con la crisis financiera que llevó a Islandia al borde de la bancarrota y dejó traumados a sus 320 mil habitantes. Jónsdóttir decidió dejar su activismo marginal para involucrarse de manera más directa en la vida política de su país. Fue electa diputada en los comicios legislativos de marzo de 2009 y de inmediato bregó a favor de cambios democráticos profundos. Su primer caballo de batalla fue el tema de la libertad de prensa.
Con el terremoto financiero que sacudió a los islandeses, éstos entendieron que el gobierno y los bancos ejercían enormes presiones sobre los medios de comunicación del país, impidiendo investigaciones a fondo acerca de la corrupción que gangrenaba a esa pequeña nación y que la llevó al precipicio.
Peor aún, después del colapso tampoco se pudo ahondar en el tema. El 31 de julio de 2009, WikiLeaks –sitio especializado en filtraciones con contenido sensible y el cual acaba de dar a conocer miles de documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Afganistán (Proceso 1761)– difundió en internet, desde Suecia, revelaciones demoledoras sobre operaciones turbias realizadas por los directivos del banco islandés Kaupthing. Fue éste uno de los tres bancos que llevaron a Islandia hacia la ruina.
Tres días más tarde, el 2 de agosto de 2009, el noticiario de la televisión estatal islandesa RUV se aprestaba a presentar un reportaje sobre la información difundida por WikiLeaks cuando una orden judicial emitida a petición del banco Kaupthing interrumpió el programa. Los periodistas sólo pudieron exhibir la página de presentación de la página web y su dirección electrónica.
Semejante censura enardeció aún más a los islandeses y movilizó a un grupo de diputados que decidió elaborar un ambicioso proyecto de defensa de la libertad de expresión. Se juntaron con la Asociación Islandesa para la Libertad Digital que llevaba años trabajando sobre el tema. Fueron asesorados por juristas internacionales y, sobre todo, por Julian Assange, fundador y director de WikiLeaks.
Jugó también un papel importante John Perry Barlow, gurú estadunidense de la Red y autor, entre múltiples escritos, de la Declaración de independencia del ciberespacio. Fue Barlow quien lanzó la idea de convertir a Islandia en la “Suiza de los bits”; o sea, en santuario de la libertad de información.
La Iniciativa Islandesa de Medios de Comunicacion Modernos nació en los primeros días de enero de 2010.
Luego todo se aceleró: el 17 de febrero, Jónsdóttir y 18 diputados más inscribieron la IMMI en la agenda del Parlamento. Siete días después el tema fue debatido en sesión plenaria y el proyecto fue turnado a un comité ad hoc para su examen. Entre marzo y junio se discutió cada punto del proyecto y se introdujeron enmiendas. El 15 de junio el Parlamento aprobó la IMMI por unanimidad.
Ahora falta realizar un delicado trabajo legislativo, ya que la IMMI implica modificar unas 13 leyes islandesas. Jónsdóttir estima que todo estará listo para finales de 2010 y que la IMMI podrá entrar en vigor a comienzos de 2011.
“Será una revolución”, anuncia.
Julian Assange comparte su entusiasmo y ya empezó a registrar parte de los inmensos archivos de WikiLeaks en Islandia, así como algunos de los 20 servidores que tiene esparcidos en el mundo.
Periódicos como The Guardian no descartan la posibilidad de registrarse también en Islandia si ese país se convierte realmente en la “Suiza de los bits”.
La prensa británica es a menudo amordazada por las drásticas leyes de double injunction, mediante las cuales se ejercen presiones sobre los medios de comunicación para que no publiquen investigaciones explosivas y además se les prohíbe mencionar que fueron victimas de censura. Ni siquiera la muy prestigiada cadena de radio y televisión BBC ha podido escapar a esa guillotina periodística.
“Turismo de difamación”
En la presentación de la iniciativa, Jónsdóttir explicó: “Nuestros modelos fueron los paraísos fiscales que adoptaron las legislaciones más opacas del mundo para favorecer todo tipo de operaciones financieras nebulosas y delictivas. Hicimos justo lo contrario: nuestra meta es la transparencia de la información. Por lo tanto seleccionamos las leyes más favorables a la libertad de expresión y a la circulación de información que existen en el mundo”.
Entre éstas destacan la ley belga de 2005 que garantiza la confidencialidad de la comunicación entre un periodista y su fuente; las leyes de Suecia, Noruega y Estonia que dan a los ciudadanos el derecho de tener acceso a todos los documentos gubernamentales; la ley francesa según la cual sólo se puede demandar a un órgano de prensa en los tres meses siguientes a la publicación de un texto considerado como difamatorio.
Esa lista dista de ser exhaustiva. Pero una de las leyes de la IMMI tiene importancia capital. Se inspira en la New York’s Libel Terrorism Protection Act, adoptada en 2008 en el estado Nueva York y en 2009 en Florida.
Esa medida legislativa crea un antecedente de primer orden en la lucha contra el creciente desarrollo del llamado “turismo de difamación” (libel tourism), arma favorita de gobiernos y grandes grupos empresariales para impedir la publicación de investigaciones, artículos o libros que destapan sus operaciones turbias.
El principio del “turismo de difamación” es simple: los demandantes escogen a países cuyas legislaciones son más restrictivas con la libertad de prensa y de imprenta. Muchos eligen a Gran Bretaña. Basta que escasos ejemplares de un artículo o de un libro circulen en ese país para lanzar una demanda judicial por difamación contra los autores. No se necesita que el demandante ni que el demandado residan en ese país.
Los acusadores suelen ganar el juicio. Obtienen la destrucción de todos los ejemplares del libro o la desaparición del reportaje. Y por si eso fuera poco cobran altas compensaciones financieras por supuestos daños morales.
Uno de los casos más sonados y que, de hecho, estuvo en el origen de la New York’s Libel Terrorism Protection Act, ocurrió en 2005 y afectó a Rachel Ehrenfeld, una reconocida académica estadunidense. Ella escribió Financiando al diablo, un libro en el que acusó al jeque Khalid bin Mahfuz, un poderoso hombre de negocios saudita, de financiar a Al Qaeda. No quedó un solo ejemplar del libro y la autora tuvo que pagar 150 mil dólares al riquísimo jeque.
La New York’s Libel Terrorism Protection Act se opone a la aplicación de las sentencias de la justicia británica en el estado de Nueva York y en La Florida si ellas van en contra de la libertad de expresión de los sancionados.
De igual forma, la IMMI permite que los libros, documentos o escritos difundidos a partir de servidores electrónicos albergados en Islandia, o archivados en éstos, escapen al alcance internacional de las decisiones judiciales que limitan la libertad de información.
En varios casos la justicia británica obligó, inclusive a medios de prensa como The Guardian o la BBC, a retirar de sus archivos materiales cuya publicación había sido objeto de un fallo adverso en contra de sus autores. La nueva ley islandesa pretende contrarrestar estos abusos.


Recalca Jónsdóttir: “Los censores internacionalizaron su esfera de acción. Los defensores de la libertad de expresión hacemos lo mismo”.


Los periodistas de investigación no tendrán que exiliarse en Islandia para gozar de la protección de la IMMI, les bastará alojar su material en un servidor islandés. De hecho, el Parlamento se opuso a un artículo de la versión inicial de la iniciativa islandesa que preveía brindar asilo político a todos los periodistas perseguidos en el mundo y se limitó a otorgarles refugio electrónico.
Jónsdóttir reconoce que es uno de los puntos débiles de la IMMI: “No somos magos. Islandia no podrá impedir que se siga matando a periodistas. Sólo garantizamos que una investigación albergada en nuestro país no desaparezca. Quizá maten al mensajero, pero ya no podrán aniquilar el mensaje”.
“Paraíso de la información”
Assange explica también la importancia de contar con un “paraíso de la información” en Islandia. Entre los múltiples pleitos judiciales que un número creciente de empresas y gobiernos han interpuesto en su contra desde hace cuatro años, le gusta recordar el problema que enfrentó en 2008 con la Comisión Sudafricana de la Competencia (SAAC, por sus siglas en inglés).
WikiLeaks publicó en internet un informe de 590 páginas que destapó un acuerdo secreto entre cuatro de los principales bancos de ese país. La SAAC, que había impedido que la prensa sudafricana reseñara el documento, amenazó con demandar a WikiLeaks para obligarlo a identificar a su fuente. Assange se rió de esas exigencias. Había tomado el cuidado de hospedar sus documentos en Suecia y Bélgica, dos países en los que la comunicación entre el periodista y sus fuentes es inatacable. La SAAC tuvo que renunciar a enviar investigadores a Suecia y Bélgica, donde hubieran corrido riesgos penales.
Insiste Jónsdóttir: “Desde que trabajábamos sobre el IMMI nos han contactado numerosas ONG de defensa de los derechos humanos o de lucha contra la corrupción. Nos cuentan que las demandas judiciales lanzadas en su contra frenan su trabajo, limitan la difusión de sus denuncias y les cuestan muchísimo dinero. Muchas acabaron hospedándose en Suecia, cuya Press Freedom Act es muy protectora. Ahora esperan que el IMMI entre en vigor para mudarse a Islandia”.
Los promotores de la IMMI están convencidos de que numerosos medios de prensa, centros internacionales de investigación y editoriales acabarán abriendo sucursales en Islandia. Recalcan que, además de su futura legislación única en el mundo, el país cuenta con una tecnología de comunicación de punta, un costo energético muy bajo, una población altamente preparada y con buen dominio del inglés y muchas ganas de trabajar para salir cuanto antes del hoyo económico en el que su élite corrupta la hundió.
Existen, sin embargo, algunos escépticos. Si bien no dudan de la belleza ni de la importancia del proyecto, no dejan de percibir la resistencia que genera semejante “santuario” entre gobiernos y poderosos. Temen sus reacciones.
Una de ellas podría ser de orden financiero: un boicot económico no declarado pero estricto podría sofocar a esa pequeña isla aún convaleciente después de la crisis de 2008.
Otra podría venir de la Unión Europea (UE). Desde el año pasado Islandia es candidata a ser miembro de ese bloque. No faltaran argumentos para demostrar que la muy liberal IMMI resulta incompatible con muchas reglas de la UE.
De hecho, el pasado 12 de julio Jón Vilberg Guójónsson, asesor jurídico del ministro de Cultura de Islandia, reconoció que ciertos artículos de la IMMI contradicen los acuerdos internacionales firmados por el país.
Y expresó otro temor: “Los servicios secretos de un país extranjero afectado por la publicación de un material hospedado en servidores islandeses podrían tener la tentación de bloquear estos servidores y hacer correr ciertos riesgos a quienes destapan estos documentos…”.
Henry Porter, novelista británico, especializado en temas relacionados con la libertad de prensa y columnista del semanario británico The Observer, va más lejos.
Explica: “El año pasado Estados Unidos creó un quinto campo de acción militar. Ahora, además de los cuatro ya existentes –mar, tierra, aire y espacio– existe el del ciberespacio. Y entre otras cosas el Pentágono creó una unidad especial, el Comando 24 Cibernético de las Fuerzas Aéreas (Afcyber, por su acrónimo en inglés) que tiene su sede en San Antonio, Texas, y el cual se va dotando de un arsenal tecnológico defensivo y ofensivo para neutralizar a quienes, a su juicio, amenazan la seguridad en internet.
No es difícil imaginar lo que a muy corto plazo será capaz de hacer el Afcyber para impedir la difusión en la red de un video en el que se ve a soldados estadunidenses matando a civiles iraquíes desde un helicóptero como si estuvieran divirtiéndose con un videojuego”.
Porter alude así a un material que difundió WikiLeaks en abril pasado, el cual tomó desprevenido al Pentágono.
¿Qué hará Islandia si sitios en interntet que hospeda y que su legislación protege sufren ataques del Afcyber? ¿Considerará estos atropellos como casus belli?
Por otra parte, juristas temen que grandes grupos empresariales busquen sofocar a la justicia islandesa multiplicando demandas en contra de quienes los denuncian. No les será muy difícil ya que todas las instancias judiciales del país están sobrecargadas de trabajo. Desde 2008 miles de víctimas del derrumbe financiero del país se encuentran enfrascadas en complejas acciones legales para identificar y juzgar a los responsables del desastre.
Jónsdóttir, sin embargo, no se deja desa­nimar. Cree en la IMMI y se dice convencida de que la transformación de su país en “paraíso off shore de la libertad de información” no sólo sacará a Islandia de su coma financiero, sino que jugará un papel de pionero en esta era globalizada, sobre todo en lo que toca a la defensa del trabajo de investigación periodística que tantas fuerzas buscan impedir o aniquilar en el mundo. l