Elección garantista/Manuel Bartlett Díaz

13 de enero de 2011
Elección garantista/Manuel Bartlett Díaz
El Universal,
El ministro Juan Silva Meza fue elegido por sus pares presidente de la Suprema Corte de Justicia, cabeza de uno de los tres Poderes de la República responsable de controlar al Ejecutivo y al Legislativo, circunscribiendo sus actos a la Constitución. La Corte es un poder político, la función de contrastar una ley o un acto con las disposiciones generales de la Constitución y determinar si se apega a ésta, implica decidir en la práctica el sentido actual de su texto. Función descrita simplistamente por el juez estadounidense Hughes: “La Constitución dice lo que la Corte dice que dice”. Este mandato es determinante para nuestro sistema jurídico, económico y político.
Nuestra Constitución establece principios fundamentales, normas y responsabilidades de los Poderes; la Corte es responsable de que estos regulen efectivamente al Estado. Coordinar esta función es la encomienda del ministro Juan Silva Meza.
Es función política, el ideal de la separación absoluta entre derecho y política es relativo, si bien en la práctica, tiempos y métodos son diferentes, en el análisis del juzgador subyacen criterios políticos que inciden en el rumbo político de la nación.
No recibió la opinión pública a Silva Meza rutinariamente, lo escudriñó. Los medios destacaron sus votos, un periódico conservador opinó: “Un ministro de posturas radicales”; otro: “Un ministro con posturas liberales”. Se analizaron proyectos y votos, en mayoría o en minoría, congruentes, destacados, en lenguaje jurídico: liberales, progresistas, garantistas. Calificaciones que implican que frente a estas posturas hubo otras, ambas interpretando la misma Constitución.
La elección del ministro Silva Meza es trascendente; por su desempeño fue elegido con sólo un voto en contra. Si bien cada ministro es igualmente importante, la Presidencia no es cargo burocrático, es de inevitable liderazgo.
En el constitucionalismo comparado, los periodos de las cortes supremas se denominan por sus presidentes y sus tendencias. La estadounidense ha transitado en la oposición entre una concepción restrictiva, “estricto construccionismo” y una extensiva, de activismo judicial. Es célebre la Corte que facilitó las transformaciones del presidente Roosevelt, el New Deal; la Corte del juez Warren, instrumento de una política liberal progresista o la de Rehnquist y su línea “conservadora” de un jurisdicismo extremo. Ejemplo de politización es la actual Suprema Corte estadounidense del juez Roberts (The NY Times. 2011,12, 19), favorecedora de los intereses empresariales, resolviendo a su favor el 61% de los casos contra 42% desde 1953, resultado de presiones de la Cámara de Comercio que ha ganado recientemente 13 de los 16 casos más importantes, entre ellos en el que la Cámara urgió a la Corte a garantizar la “libertad de expresión corporativa” que eliminó las restricciones de gastos en campañas electorales, con lo que dicha Cámara pudo gastar cientos de millones de dólares apoyando a candidatos republicanos. Decisión política “defensora” del “sistema de libre empresa”, postura que recuerda la de la patronal en México, cuando se prohibió comprar propaganda política para garantizar la equidad electoral.
Llega a presidente de nuestra Suprema Corte un ministro calificado para defender la Constitución cuando la globalización, las hegemonías económicas persiguen la eliminación de los principios nacionalistas, de democracia social que estorba a su codicia irrefrenable que infecta a sectores relevantes de la sociedad. Silva Meza expreso al asumir el cargo: “El Estado de derecho… (es) aquel conjunto de principios que orientan la vida pacífica en una sociedad justa, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de opinar y de elegir gobernantes, la participación lícita en el desarrollo económico y la prosperidad en la sociedad…”. Concretar un “Poder Judicial legitimado por sus resoluciones a los ojos de la sociedad”. Enhorabuena.
mbartlett_diaz@hotmail.com

Ex secretario de Estado