Dictamen sobre la Ley de Seguridad Nacional

La dirigencia nacional del PRD y sus bancadas en ambas cámaras exigieron que la reforma a la Ley de Seguridad sea turnada a un periodo extraordinario luego de un debate público en el que participen organizaciones civiles y especialistas en el tema.

En conferencia de prensa efectuada en la Cámara baja, la dirigencia del sol azteca aseguró que la prisa que el PRI tiene en sacar este proyecto es para volver a los Gobiernos autoritarios que lo caracterizaron en el pasado.

El coordinador de los perredistas, Armando Ríos Piter, consideró que el tricolor busca nueva lógica para aplicar en cualquier momento el estado de excepción en cualquier zona del País. "Lo que este proyecto hace es trastornar el equilibrio de Poderes, da poder al Ejecutivo sin pasar por el Congreso y por los estados.

"Apostemos a un periodo extraordinario, pues se requiere de un amplio consenso y de la aprobación de todas las fuerzas políticas", explicó.

También pidió a los presidentes de las comisiones, a las que fue turnada la minuta del Senado, que exijan a los integrantes de sus equipos dictaminar, pues, no existe en el reglamento la figura de declinar a realizar este trabajo.

Por su lado, el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete, dijo que el documento que impulsa el PRI regresa todas las figuras anticonstitucionales que tenía la propuesta del Ejecutivo y que quitaron en la Cámara alta luego de dos años de trabajo. Igual que Rios Peter exhortó a especialistas y organizaciones a participar en un debate público para evitar que se logre la dictaminación en lo que queda del periodo.

En la conferencia, en la que estuvieron presentes el líder nacional perredista, Jesús Zambrano, y la secretaria General, Dolores Padierna, los legisladores del sol azteca llamaron a sus homólogos priistas a que lean el proyecto para que descubran la intención de implementar un estado totalitario.  Zambrano señaló que el PRI añora la vieja época en la que tenía todo el poder y callaba toda expresión que no consideraba afin a sus intereses.

Ayer martes el partido del Sol Azteca, emitió el siguiente comunicado

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Exigen activistas parar ley de seguridad
Se reúnen Javier Sicilia, Eduardo Gallo, Alejandro Solalinde y Julián LeBarón con la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados

Integrantes de la Comisión de la Comisión de Defensa Nacional se reunieron con representantes de la sociedad civil, encabezados por Javier Sicilia y Eduardo Gallo, quienes demandaron reconsiderar la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Nacional sin el previo consenso de la sociedad.

Durante la reunión, el poeta Javier Sicilia solicitó que la ley no sea aprobada hasta que la sociedad no sea escuchada, por lo que pidió abrir los canales de comunicación con los diputados. “Tenemos miedo de que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional sin que se nos consulte a nosotros que somos la ciudadanía”, dijo.

Por su parte, el ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo, exhortó a los legisladores a revisar detenidamente la Ley de Seguridad Nacional. “Aprobar una Ley de Seguridad como la que ustedes recibirán en los próximos días, es simplemente la forma en la que se busca seguir violentando los derechos humanos de los mexicanos”.

El defensor de migrantes centroamericanos, el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, consideró que aprobar dicha ley sería un agravio que amenaza a la sociedad civil con más violencia, “el gobierno se ha acostumbrado a actuar sin el pueblo, no hay una vinculación efectiva y constante de los representantes con su pueblo ni del pueblo con sus representantes”.

Asimismo, el defensor de los derechos humanos de Chihuahua, Julián Lebarón, demandó que antes de aprobar estas reformas, se verifique el apego con las garantías individuales de los mexicanos para que no se cometan más abusos y muertes.

Por lo anterior, el secretario de la Comisión, Luis Alejandro Guevara Cobos (PRI) propuso una reunión con otros representantes de la sociedad mencionados para el día 27 de abril, “Para nosotros lo más importante es conocer todas las propuestas”, aseguró.

Por su parte, la diputada panista Gabriela Cuevas propuso que se cree un grupo ciudadanos para analizar y opinar sobre la Ley de Seguridad.

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Claudia Salazar y Armando Estrop, reporteross.

Reforma, 26 abril 201).- Activistas de derechos humanos y personalidades afectadas por la inseguridad exigieron a los diputados frenar la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, con la que se darían mayores atribuciones al Ejército para luchar contra el crimen organizado.

Al final de una reunión de la Comisión de Defensa Nacional, el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en Morelos, reprochó la falta de información que hay sobre el tema y reconoció que existe miedo de que se apruebe tal reforma sin consultar a la ciudadanía.

"La desinformación es atroz y nos da miedo que no nos consulten a nosotros y ustedes son nuestros servidores, abran bien los canales y los oídos porque les vamos a hablar bien claro", expresó.

Eduardo Gallo, ex presidente de la organización México Unido Contra la Delincuencia, afirmó que los mexicanos están hartos de los errores y estupideces que ha cometido el Gobierno en la lucha contra el crimen, pues han creado un baño de sangre en el País.

"Vengo a decirles que como ciudadanos estamos hasta la madre de las fallas, errores y estupideces que se cometen en el Gobierno, que nos ha puesto en un baño de sangre a todos los mexicanos", afirmó.

"Validar una ley de seguridad como la que recibirán es simplemente la forma en que se está pretendiendo validar algo que afecta a todos los mexicanos".

El sacerdote Alejandro Solalinde, protector de migrantes, dijo que estaba de acuerdo con quienes lo precedieron en la palabra, pues consideró inaceptable que le den más atribuciones al Ejército, con lo que se podrían violar derechos humanos.

"Sería un agravio que la sociedad civil se sabrá cobrar, no es una ley cualquiera, es una amenaza a la sociedad civil, es más violencia contra nosotros, es poner en el camino más rápido la corrupción para el Ejército", sostuvo.

En tanto, Julián LeBarón, cuya familia fue secuestrada y asesinada por oponerse al crimen organizado, afirmó que en el norte del País se viven a diario retenes y asesinatos.

Asimismo, exigió que la decisión que se tome respecto a la reforma sea consultada con los ciudadanos.

"Hemos sufrido cosas terribles y lo último que queremos es que nos quiten nuestra libertad, necesitan incluir a la ciudadanía de las decisiones que toman", exigió.

Los reproches de los activistas se dieron ante la ausencia del diputado del PRI y presidente de la Comisión, Rogelio Cerda, quien se disculpó con ellos con el argumento de que debía registrar en la Mesa Directiva el dictamen que se había aprobado sobre ascensos en el Ejército.

El legislador Jesús Ramírez Rangel, del PAN, reconoció que aún no conocían a fondo el proyecto de reforma que se discute por un grupo de diputados de las diferentes bancadas en el Congreso.

En tanto, la también panista Gabriela Cuevas invitó a los activistas a expresar sus puntos de vista en la reunión del grupo parlamentario de su partido, pero rechazaron esta propuesta.

Hora de publicación: 20:47 hrs.

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Explican a priistas Ley de Seguridad

El tricolor rechaza que la reforma faculte en exceso al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas

Nota de Claudia Salazar

Reforma, 27 abril 2011.- La coordinación del PRI en la Cámara de Diputados distribuyó a sus legisladores el proyecto de dictamen de las reformas a la Ley de Seguridad y un resumen con el que trata de desmitificar los cuestionamientos de otros partidos a la propuesta que se pretende votar esta semana.

En total son 14 puntos en los que se explica a los legisladores el contenido de la reforma, con los que ya se consideran los últimos ajustes respecto a que prevalecerá el fuero civil en caso de que haya delitos contra la población en las acciones en las que intervengan las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen.

"Se limita la discrecionalidad del Presidente de la República en el ejercicio del Artículo 89 fracción sexta en la Constitución", señala el documento.

Es falso por ello que faculte en exceso al Ejecutivo, por el contrario, lo reglamenta. En ese sentido la propuesta impide que las Fuerzas Armadas actúen en asuntos que no son de su competencia (hacer funciones de Policía)".

Añade que cuando el Ejecutivo o las entidades le pidan al Presidente hacer uso de Fuerzas Armadas se establece un procedimiento que garantiza el pleno respeto a los derechos humanos.

Explica que tal procedimiento consiste en la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en tres periódicos locales del lugar en donde se efectuará la llamada Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior, con la que se prevé la intervención de las Fuerzas Armadas; se deja clara la razón que motivó la orden, el tiempo de duración, la autoridad responsable, la forma en que otras autoridades colaborarán y las medidas que deben adoptarse para mantener la vigencia de garantías individuales.

Se indica además que en la Declaratoria deberá notificarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a los organismos estatales de derechos humanos e informarse a la comisión bicameral del Congreso para que dé seguimiento.

Como una adición incorporada ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad de la Declaratoria de Afectación.

"Queda claro con ello que para utilizar al Ejército se están poniendo candados claros y buscando respetar absolutamente los derechos humanos y sus garantías", resalta el texto distribuido a los priistas.

También se menciona que en el Consejo de Seguridad Nacional se añade la participación de las Secretarías de Salud y de Comisiones y Transportes.

"Con ello las decisiones de movilización de tropas en tiempos de paz se vuelve colegiada en la opinión, lo que demuestra que es falso que se dé un poder excesivo al Ejecutivo", señala.

"Esto no inhibe que el Ejecutivo federal pueda y deba adoptar medidas rápidas y urgentes para atender una afectación a la seguridad interior en lo que se busca que las decisiones sean informadas y bajo una agenda de seguridad nacional".

El documento precisa que las actividades de las Fuerzas Armadas en operativos y funciones de inteligencia estarán al mando del Ministerio Público.

"Queda claro que el fuero que rige es el civil y es falso pensar siquiera que pudiera darse el fuero militar", reitera.

Se espera que sea hasta mañana cuando el grupo parlamentario del PRI discuta el proyecto, para que tenga el aval de la fracción y sea llevado a comisiones, por lo que el fin de semana se presentará en el Pleno.

Hora de publicación: 10:13 hrs

Martes, 26 de Abril de 2011 20:54 

NO A LA APROBACIÓN FAST TRACK DE LA INICIATIVA DE LEY SOBRE SEGURIDAD NACIONAL: PRD

•    implicaría un retroceso de 50 años  en la vida democrática del país, de aprobarse la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

•    Se criminalizarían los movimientos sociales y políticos.

•    No nos  oponemos  a que haya un  combate  efectivo contra el crimen organizado; pero con la iniciativa tal cual se coartarán libertades políticas e individuales  violando  preceptos  constitucionales.

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que este instituto político no aceptará una aprobación fast track de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados, por considerarla regresiva (pues implicaría un retroceso de 50 años) y además, sería violatoria de las garantías  constitucionales de los mexicanos.

En conferencia de prensa, el Presidente Nacional y la Secretaria General del PRD, Jesús Zambrano Grijalva y Dolores Padierna Luna, respectivamente, señalaron que la propuesta a discutir esta semana en el seno de la Cámara Baja, pretende  conceder más facultades al Jefe del Ejecutivo para utilizar al Ejército de manera indiscriminada y, con ello, tener pretexto para la violación de los Derechos Humanos, además que se pretende criminalizar a los movimientos sociales y  hacer del Estado Mexicano, un ente policial con el argumento de combatir al crimen organizado y el narcotráfico.

“Nadie nos  oponemos  a que haya un  combate  efectivo contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico –responsable de la situación en el país  a partir de una estrategia  equivocada por parte del Gobierno Federal- pero, en lugar de regular  adecuadamente esta participación del Ejército para lograr  una mayor  protección  de la sociedad, se coartarán libertades políticas e individuales, incluso brincando y violando  preceptos  constitucionales”, acusó Zambrano.

Esta iniciativa, otorga al Presidente facultades  discrecionales para  usar al   Ejército y al CISEN para declarar “Estado de  excepción” sin  consulta del Legislativo, fustigó Dolores Padierna, quien añadió que también facultaría al Jefe del Ejecutivo para reprimir y acudir al espionaje de ciudadanos que considere que son un peligro para la seguridad  interior.

“Es una iniciativa altamente inconstitucional con  puntos muy  peligrosos y  muy autoritarios porque puede usarse al Ejército contra movimientos sociales, conflictos  políticos electorales, de  índole  laboral o social. Faculta al Ejército, a los marinos, a los  agentes del CISEN para hacer intervenciones telefónicas; integrar expedientes confidenciales para restringir la  circulación de mercancías o de vehículos; revisar las pertenencias a particulares en las calles; para requerir información  bajo cualquier tipo de herramienta y muchas otras cuestiones”, refirió.

Luego de señalar que  se crearían  condiciones para una criminalización y en contra de la oposición política  social,  laboral, además de que legalizaría una represión  ante las luchas legítimas de la sociedad, Zambrano y Padierna llamaron a las organizaciones sociales y políticas a estar atentas y evitar un albazo.