YPF, una inversión de
riesgo/José Ramón Arboledas, profesor del IESE.
Publicado en El
Periódico | 20 de abril de 2012
Un experto en inversiones internacionales hubiera calificado
la inversión de Repsol en YPF como de riesgo. ¿Por qué? Hay razones
geoeconómicas, de sector y de desarrollo de la empresa inversora.
La geoeconomía combina geografía física y economía. Pero no
solo se ocupa de la distribución espacial de los recursos naturales o los
mercados. También debe estudiar las instituciones y la cultura de los
territorios. Su trabajo debe ser completado con la geopolítica institucional.
Un estudio de Sudamérica llevaría a la conclusión histórica
de que en Argentina hay inseguridad jurídica derivada de la organización
peronista del Estado. Por eso algunas inversiones se pueden calificar de alto
riesgo. La llamada viveza criolla, aducida por los argentinos como excelente,
permite dar la vuelta a situaciones diversas en provecho propio; incluso, a
costa de crear un clima de inseguridad jurídica e incertidumbre económica.
Argentina es el país número 100 en la calificación de
percepción de la corrupción de la oenegé Transparencia Internacional (entre
Malaui y Santo Tomé y Príncipe) de un total de 182. Si añadimos la complejidad
institucional del justicialismo (el partido de Perón y Kirchner), la
inseguridad jurídica convierte a ciertas inversiones en ese país en inversiones
de riesgo.
Si se conjugan estas circunstancias, para que la inversión
valga la pena tiene que ser de muy alta rentabilidad y rápida recuperación. A
la larga, ni los propios argentinos confían en su economía. El corralito macó
el imaginario colectivo. Hasta la clase media coloca sus ahorros fuera. En el
2011 entraron más de 100.000 millones de dólares, pero salieron cerca de
60.000. Sangría que indica que el grado de confianza en la economía de
Argentina es bajo incluso entre sus nacionales.
YPF, como Repsol, pertenece al sector extractivo de materias
primas, centrado en el petróleo. Este sector tiene mala fama. Salvo que se
explique muy bien su aportación al país, da la impresión de que su negocio es
sacar riqueza del territorio para llevársela a otro. La tentación de intervenir
estas actividades es alta, porque manejadas por políticos populistas los sacan
coyunturalmente de apuros.
El sector extractivo, junto con sectores regulados, como las
eléctricas o telefónicas, y los financieros, como la banca, suelen gozar de
escasa popularidad. En los sectores regulados el peligro viene por la fijación
de tarifas bajas; en banca y extracción el riesgo es la nacionalización, so
capa de recobrar la soberanía nacional.
Las empresas nacen nacionales, luego exportan. Una empresa
internacional tiene su base e instalaciones productivas y/o comerciales en
otros territorios. Luego pueden pasar a ser multinacionales, en las que sus
centros en diferentes países tienen su propio peso, cierta autonomía e
influencia en la central; si esta autonomía crece respecto a la del país de
origen se convierten en transnacionales. El último paso es cuando el poder se
reparte entre diferentes territorios. Entonces, la empresa transnacional se
convierte en global. La imagen de la empresa frente a los poderes políticos
depende también del tipo de empresa. En las internacionales es menor que en las
multinacionales, y en estas menor que en las transnacionales. Las que mejor
manejan sus intereses son las globales.
Las empresas españolas, en muchos casos son multinacionales,
si no son aún internacionales. Su relación con los gobiernos de otros países
está en un proceso de aprendizaje. En las empresas globales, el departamento de
asuntos públicos es clave en su estrategia. Dominar esta materia es una
cuestión de experiencia acumulada. Las empresas españolas, casi recién nacidas
a un mundo global, están aprendiendo esta delicada especialidad. Cuando se
produjo la inversión en YPF, las empresas españolas estaban iniciando su
andadura internacional como inversoras; la experiencia de más de un siglo de
las empresas globales tarda en adquirirse.
Por estas razones la inversión de Repsol en YPF era una
inversión de riesgo: inversión en un país complejo, inversión en un sector
goloso para los poderes locales e inversión de difícil manejo en sus asuntos
públicos.
Hecho este análisis, es de justicia aclarar que el
comportamiento de Argentina no ha estado ajustado a derecho ni ha transcurrido
por los cauces de la racionalidad. Pero una sorpresa, realmente una gran
sorpresa, no debe ser para quienes hayan estudiado estas tres características.
Por eso, los asuntos públicos respecto a las instituciones argentinas eran tan
importantes. Lástima que no hayan tenido el éxito necesario. Ahora queda el
itinerario jurídico para reparar el daño.
Un aviso de futuro: no hay que extrañarse si dentro de un
tiempo aparecen los chinos de alguna manera en los yacimientos de Vaca Muerta;
tampoco si eso conlleva un negocio extraordinario para algunos argentinos
cercanos al poder. Eso lo explicaría también la geoeconomía institucional.
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