Lunes, 27 de Agosto de 2012
Durante inauguración del Curso Nacional en Materia de Prevención, Sanción, Investigación y Erradicación de la Tortura en México, en INACIPE
Estimado
amigo doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, tu presencia en este curso no sólo en la
inauguración, sino en la conferencia magistral con que iniciará este curso,
muestra sin duda el compromiso tan enorme que tienes en la protección de los
derechos humanos y en esta Comisión Nacional, que tanto ha trabajado en estos
temas y que tanto hemos trabajado juntos, muchas gracias por tu compromiso y
por tu participación y colaboración en este curso.
Estimado maestro Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Doctor Alejandro Bustos, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República.
Distinguidos representantes de las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías de las Entidades Federativas.
Estimados especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Nacional de Ciencias Penales; del Poder Judicial de la Federación; Subprocuradores, titular de la Policía Federal Ministerial, coordinadores, fiscales, directores generales, todos servidores públicos de la Procuraduría General de la República.
Orlando Camacho, representante de la organización civil presidida por nuestro amigo Alejandro Martí, gracias por tu presencia.
Distinguidas y distinguidos miembros de los medios de comunicación.
Buenos días a todas y a todos.
Agradezco su amable presencia e importante compañía a este trascendental evento, donde tenemos la oportunidad de juntos inaugurar el Curso Nacional en materia de Prevención, Sanción, Investigación y Erradicación de la Tortura en México.
Este esfuerzo es muestra fehaciente del compromiso del Gobierno Federal, así como de los gobiernos locales y de los diversos sectores sociales, por lograr una plena protección, promoción y salvaguarda de los Derechos Humanos de todas y todos los mexicanos.
Porque es cierto que no basta con prohibir aquello que nos lastima como sociedad, es necesario trabajar incansablemente para asegurarnos que esas prácticas vejatorias sean sólo parte de un pasado en el total olvido.
Debemos oponernos con firmeza a toda acción violenta, porque como dijo Gandhi "lo que se obtiene con violencia, solamente puede mantenerse con violencia".
Los mexicanos hemos construido y fortalecido nuestro Estado democrático de derecho, a través de la fuerza de la razón que nos otorga el Derecho, por ello nuestro Estado se mantendrá y vivirá por siempre bajo la sombra de la paz y honrando la justicia.
Razón por la cual es de sumo interés para la Procuraduría General de la República, que a partir de la generación de foros académicos, profesionales e institucionales, a los cuales concurran diversos expertos y especialistas comprometidos, puedan plantearse soluciones concretas a los desafíos que representa la erradicación de cualquier tipo de tortura que pudiera presentarse en nuestro país.
En efecto, sobre pocas cuestiones existe un consenso tan amplio como lo es, el de la prohibición de todo acto de tortura.
Ésta, la tortura, cuenta con una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que condenan su utilización.
Así como un catálogo extenso de derechos protegidos por diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por supuesto, nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La expresión de la comunidad internacional muestra una contundente y efectiva condena contra la tortura mediante la creciente celebración, ratificación y cumplimiento de numerosos tratados, cuyo objeto es la prevención y erradicación de dicha práctica.
En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla desde el constituyente de 1917, en su artículo 22 la prohibición de las penas de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y otras penas inusitadas y trascendentes, proscribiendo además en los artículos 20 y 29 de manera absoluta y explícita este acto insostenible en un Estado moderno.
En este sentido, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha dado especial importancia al cumplimiento de los instrumentos internacionales en la materia, como la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, brindando las facilidades institucionales a los organismos internacionales responsables de las tareas de supresión de los actos de tortura.
Así, el Estado mexicano ha asumido de manera ejemplar ante la comunidad internacional y ante sus propios gobernados, su compromiso indeclinable de establecer los mecanismos que permitan salvaguardar plenamente las libertades públicas.
Por ello, en congruencia con dicha política, México ha venido desarrollando acciones concretas que permitan alcanzar esos objetivos.
Un ejemplo claro de esto, es este curso, cuyo objetivo es mejorar las capacidades institucionales de investigación de casos vinculados a tratos crueles, inhumanos, degradantes y de tortura.
De tal modo que los organismos nacionales e internacionales especializados en la protección y respeto de los Derechos Humanos, se han pronunciado respecto a la necesidad de implementar programas y cursos obligatorios de capacitación sobre el tema, dirigidos a los servidores públicos federales y estatales, particularmente a los agentes del Ministerio Público, Policía y Peritos; al personal del sector salud que por motivo de sus funciones sean llamados a atender a las víctimas de tortura.
Por ello, en la vigésimo séptima Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, llevada a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 24 y 25 de mayo del presente año, la Procuraduría General de la República, sometió a la consideración de todas las Procuradurías y Fiscalías estatales, asumir una serie de compromisos encaminados a dar cumplimiento estricto a las recomendaciones nacionales e internacionales en esta materia.
Entre dichos compromisos se encuentra la capacitación necesaria para la aplicación e interpretación del Protocolo de Estambul, tendiente a acreditar el delito de tortura y la armonización del respectivo tipo penal.
Como respuesta a la aceptación unánime de todas las instituciones, la Procuraduría General de la República, elaboró y envió a cada una de las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas, una propuesta de tipo penal basada en los instrumentos internacionales, a fin de que se diseñe e implemente el tipo penal idóneo en cada uno de los estados.
Con ello, pretendemos que el tipo penal se homologue y lograr una mejor y más adecuada prevención, investigación y sanción del delito de tortura a escala nacional.
Además, como parte de las acciones con impacto directo en la progresividad normativa que en materia del delito de tortura ha habido en México, podemos destacar que atendiendo a una instrucción del señor Presidente de la República, el 28 de febrero de 2012, los titulares de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, suscribimos un convenio de colaboración, en el que las partes, en el ámbito de su competencia, reconocemos los acuerdos o directrices expedidas en materia de cadena de custodia, detención y puesta a disposición y uso legítimo de la fuerza.
Derivado de ello, el 23 de abril de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el citado convenio, así como los acuerdos o directrices de cada dependencia en dichas materias a partir de las cuales se han desarrollado importantes trabajos de capacitación.
A fin de prevenir actos de tortura, y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad en los centros de detención, tanto en el ámbito federal como local se han realizado campañas de difusión dirigidas al personal de las fuerzas de seguridad y custodia de detenidos, así como a las personas detenidas, con base en los siguientes rubros: prevención y diagnóstico de la tortura, derechos de las personas arraigadas, derechos de las personas migrantes, cartilla de derechos del ciudadano y derechos humanos.
Hoy, celebro que eventos como éste, en los que se cuenta con la participación de los expertos nacionales en materia de prevención y sanción de tortura, reafirmen la obligación de las autoridades de cumplir con su responsabilidad como garante de los derechos humanos.
Asimismo, reiterar la oportunidad de someter al escrutinio de los participantes, el reto que el Estado mexicano tiene en materia de combate a la tortura.
Como resultado, esperamos dejar trazado el camino para continuar avanzando en este tema, con la intención de hacer del respeto a los derechos humanos una realidad absoluta que no admita retroceso.
Por todo lo anterior, me llena de satisfacción inaugurar el presente curso y reiterar el compromiso del Estado, en la defensa de los derechos humanos y específicamente en la erradicación de cualquier práctica que atente contra las personas.
De manera personal e institucional quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno de los asistentes y ponentes. Su presencia, disposición y entusiasmo han hecho de este evento por sí mismo, importante y trascendente en el fortalecimiento de las Instituciones, algo muy especial y digno de recordar.
Si me lo permiten, antes de concluir, quiero agradecer muy sinceramente el apoyo y la solidaridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representada por nuestro distinguido y estimado Doctor Raúl Plascencia Villanueva, con quien siempre hemos contado para garantizar y promover los derechos humanos en la procuración de justicia.
De igual manera, reconozco y valoro la presencia del maestro Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su gran apoyo cada día y por hacer posible también su presencia en este evento, muestra de su compromiso y solidaridad en estas tareas.
Señoras y señores, tengan la seguridad de que la Procuraduría General de la República seguirá incansablemente trabajando a su lado para garantizar que los derechos humanos en México se mantengan como una realidad palpable para todos.
Finalmente, aprovecho este espacio para dejar muy clara la instrucción dirigida a todo el personal de la Procuraduría General de la República a mi cargo, no he permitido, ni permitiré un sólo abuso ni violación a un derecho fundamental, tortura o trato inhumano en el país en agravio de cualquier persona, quien lo cometa tenga la plena seguridad que se actuará hasta sus últimas consecuencias.
Creo firmemente en que la justicia se debe y se tiene que lograr sin violencia, esta tarea a veces parece complicada, pero nada impide el cumplimiento de nuestro deber cuando nos asiste la fe de la razón.
Muchas gracias y les agradezco se pongan en pie. Siendo las 11:40 horas del lunes 27 de agosto de 2012, declaro formalmente inaugurado el Curso Nacional en Materia de Prevención, Sanción, Investigación y Erradicación de la Tortura en México.
En buena hora y muchas gracias a todos por su participación, gracias.
Estimado maestro Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Doctor Alejandro Bustos, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República.
Distinguidos representantes de las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías de las Entidades Federativas.
Estimados especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Nacional de Ciencias Penales; del Poder Judicial de la Federación; Subprocuradores, titular de la Policía Federal Ministerial, coordinadores, fiscales, directores generales, todos servidores públicos de la Procuraduría General de la República.
Orlando Camacho, representante de la organización civil presidida por nuestro amigo Alejandro Martí, gracias por tu presencia.
Distinguidas y distinguidos miembros de los medios de comunicación.
Buenos días a todas y a todos.
Agradezco su amable presencia e importante compañía a este trascendental evento, donde tenemos la oportunidad de juntos inaugurar el Curso Nacional en materia de Prevención, Sanción, Investigación y Erradicación de la Tortura en México.
Este esfuerzo es muestra fehaciente del compromiso del Gobierno Federal, así como de los gobiernos locales y de los diversos sectores sociales, por lograr una plena protección, promoción y salvaguarda de los Derechos Humanos de todas y todos los mexicanos.
Porque es cierto que no basta con prohibir aquello que nos lastima como sociedad, es necesario trabajar incansablemente para asegurarnos que esas prácticas vejatorias sean sólo parte de un pasado en el total olvido.
Debemos oponernos con firmeza a toda acción violenta, porque como dijo Gandhi "lo que se obtiene con violencia, solamente puede mantenerse con violencia".
Los mexicanos hemos construido y fortalecido nuestro Estado democrático de derecho, a través de la fuerza de la razón que nos otorga el Derecho, por ello nuestro Estado se mantendrá y vivirá por siempre bajo la sombra de la paz y honrando la justicia.
Razón por la cual es de sumo interés para la Procuraduría General de la República, que a partir de la generación de foros académicos, profesionales e institucionales, a los cuales concurran diversos expertos y especialistas comprometidos, puedan plantearse soluciones concretas a los desafíos que representa la erradicación de cualquier tipo de tortura que pudiera presentarse en nuestro país.
En efecto, sobre pocas cuestiones existe un consenso tan amplio como lo es, el de la prohibición de todo acto de tortura.
Ésta, la tortura, cuenta con una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que condenan su utilización.
Así como un catálogo extenso de derechos protegidos por diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por supuesto, nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La expresión de la comunidad internacional muestra una contundente y efectiva condena contra la tortura mediante la creciente celebración, ratificación y cumplimiento de numerosos tratados, cuyo objeto es la prevención y erradicación de dicha práctica.
En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla desde el constituyente de 1917, en su artículo 22 la prohibición de las penas de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y otras penas inusitadas y trascendentes, proscribiendo además en los artículos 20 y 29 de manera absoluta y explícita este acto insostenible en un Estado moderno.
En este sentido, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha dado especial importancia al cumplimiento de los instrumentos internacionales en la materia, como la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, brindando las facilidades institucionales a los organismos internacionales responsables de las tareas de supresión de los actos de tortura.
Así, el Estado mexicano ha asumido de manera ejemplar ante la comunidad internacional y ante sus propios gobernados, su compromiso indeclinable de establecer los mecanismos que permitan salvaguardar plenamente las libertades públicas.
Por ello, en congruencia con dicha política, México ha venido desarrollando acciones concretas que permitan alcanzar esos objetivos.
Un ejemplo claro de esto, es este curso, cuyo objetivo es mejorar las capacidades institucionales de investigación de casos vinculados a tratos crueles, inhumanos, degradantes y de tortura.
De tal modo que los organismos nacionales e internacionales especializados en la protección y respeto de los Derechos Humanos, se han pronunciado respecto a la necesidad de implementar programas y cursos obligatorios de capacitación sobre el tema, dirigidos a los servidores públicos federales y estatales, particularmente a los agentes del Ministerio Público, Policía y Peritos; al personal del sector salud que por motivo de sus funciones sean llamados a atender a las víctimas de tortura.
Por ello, en la vigésimo séptima Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, llevada a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 24 y 25 de mayo del presente año, la Procuraduría General de la República, sometió a la consideración de todas las Procuradurías y Fiscalías estatales, asumir una serie de compromisos encaminados a dar cumplimiento estricto a las recomendaciones nacionales e internacionales en esta materia.
Entre dichos compromisos se encuentra la capacitación necesaria para la aplicación e interpretación del Protocolo de Estambul, tendiente a acreditar el delito de tortura y la armonización del respectivo tipo penal.
Como respuesta a la aceptación unánime de todas las instituciones, la Procuraduría General de la República, elaboró y envió a cada una de las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas, una propuesta de tipo penal basada en los instrumentos internacionales, a fin de que se diseñe e implemente el tipo penal idóneo en cada uno de los estados.
Con ello, pretendemos que el tipo penal se homologue y lograr una mejor y más adecuada prevención, investigación y sanción del delito de tortura a escala nacional.
Además, como parte de las acciones con impacto directo en la progresividad normativa que en materia del delito de tortura ha habido en México, podemos destacar que atendiendo a una instrucción del señor Presidente de la República, el 28 de febrero de 2012, los titulares de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, suscribimos un convenio de colaboración, en el que las partes, en el ámbito de su competencia, reconocemos los acuerdos o directrices expedidas en materia de cadena de custodia, detención y puesta a disposición y uso legítimo de la fuerza.
Derivado de ello, el 23 de abril de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el citado convenio, así como los acuerdos o directrices de cada dependencia en dichas materias a partir de las cuales se han desarrollado importantes trabajos de capacitación.
A fin de prevenir actos de tortura, y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad en los centros de detención, tanto en el ámbito federal como local se han realizado campañas de difusión dirigidas al personal de las fuerzas de seguridad y custodia de detenidos, así como a las personas detenidas, con base en los siguientes rubros: prevención y diagnóstico de la tortura, derechos de las personas arraigadas, derechos de las personas migrantes, cartilla de derechos del ciudadano y derechos humanos.
Hoy, celebro que eventos como éste, en los que se cuenta con la participación de los expertos nacionales en materia de prevención y sanción de tortura, reafirmen la obligación de las autoridades de cumplir con su responsabilidad como garante de los derechos humanos.
Asimismo, reiterar la oportunidad de someter al escrutinio de los participantes, el reto que el Estado mexicano tiene en materia de combate a la tortura.
Como resultado, esperamos dejar trazado el camino para continuar avanzando en este tema, con la intención de hacer del respeto a los derechos humanos una realidad absoluta que no admita retroceso.
Por todo lo anterior, me llena de satisfacción inaugurar el presente curso y reiterar el compromiso del Estado, en la defensa de los derechos humanos y específicamente en la erradicación de cualquier práctica que atente contra las personas.
De manera personal e institucional quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno de los asistentes y ponentes. Su presencia, disposición y entusiasmo han hecho de este evento por sí mismo, importante y trascendente en el fortalecimiento de las Instituciones, algo muy especial y digno de recordar.
Si me lo permiten, antes de concluir, quiero agradecer muy sinceramente el apoyo y la solidaridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representada por nuestro distinguido y estimado Doctor Raúl Plascencia Villanueva, con quien siempre hemos contado para garantizar y promover los derechos humanos en la procuración de justicia.
De igual manera, reconozco y valoro la presencia del maestro Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su gran apoyo cada día y por hacer posible también su presencia en este evento, muestra de su compromiso y solidaridad en estas tareas.
Señoras y señores, tengan la seguridad de que la Procuraduría General de la República seguirá incansablemente trabajando a su lado para garantizar que los derechos humanos en México se mantengan como una realidad palpable para todos.
Finalmente, aprovecho este espacio para dejar muy clara la instrucción dirigida a todo el personal de la Procuraduría General de la República a mi cargo, no he permitido, ni permitiré un sólo abuso ni violación a un derecho fundamental, tortura o trato inhumano en el país en agravio de cualquier persona, quien lo cometa tenga la plena seguridad que se actuará hasta sus últimas consecuencias.
Creo firmemente en que la justicia se debe y se tiene que lograr sin violencia, esta tarea a veces parece complicada, pero nada impide el cumplimiento de nuestro deber cuando nos asiste la fe de la razón.
Muchas gracias y les agradezco se pongan en pie. Siendo las 11:40 horas del lunes 27 de agosto de 2012, declaro formalmente inaugurado el Curso Nacional en Materia de Prevención, Sanción, Investigación y Erradicación de la Tortura en México.
En buena hora y muchas gracias a todos por su participación, gracias.
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