Sello del peñismo: cargos públicos, negocios privados

Sello del peñismo: cargos públicos, negocios privados
Rodrigo Vera
Proceso # 1884, 9 de diciembre de 2012

La cauda de señalamientos y casos documentados de corrupción, nepotismo y represión en cuanto al pasado del equipo de Enrique Peña Nieto es tan larga como sus ambiciones político-económicas. Desde el Estado de México arrastra una carga: personajes cercanos a él mismo, en lo personal, y al grupo político, económico y familiar al que pertenece, muchos de ellos proclives a utilizar los puestos públicos para el usufructo y el beneficio particulares. Ahora está en manos de ellos nada menos que el apetecible poder federal.

TOLUCA, Méx.- Enrique Peña Nieto empieza su gestión en la Presidencia de la República con el grupo de políticos que lo acompañó durante su gobierno en el Estado de México, adscritos al mismo esquema nepotista, corrupto, represor e inclinado a los negocios privados al amparo del poder público.

De esta manera encuadra al equipo peñista Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, quien desde hace varios años ha denunciado los abusos de la clase política mexiquense.
Tres de los citados políticos –Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza y Luis Enrique Miranda Nava– fueron colocados en puestos clave del gabinete: Hacienda, Comunicaciones y Transportes y la Subsecretaría de Gobierno de la Segob. “Estos tres personajes conformaron un equipo que trabajó para el Grupo Atlacomulco cuando Peña Nieto fue gobernador. Ahora quizá vuelvan a cumplir las mismas funciones… pero ya desde el gobierno federal, lo cual es muy preocupante”, comenta Chavarría.
Detalla:
“Durante el gobierno de Peña Nieto en la entidad, Videgaray manejaba el dinero, Gerardo Ruiz hacía las grandes obras materiales y determinaba a qué empresarios amigos se las concesionaba, mientras que Miranda Nava se encargaba de darles el aval político. Había, pues, una estrecha relación entre ellos. Era la tercia que tenía el control económico, empresarial y político del estado.”
–¿Considera probable que vuelvan a hacer lo mismo?
–Sí, al parecer así será. Por esos nombramientos hechos en las mismas áreas, todo indica que Peña Nieto aplicará a nivel nacional el mismo tipo de gobierno que llevó en el Estado de México, cuyo principal objetivo fue utilizar los cargos públicos para hacer negocios multimillonarios y favorecer a los grandes grupos empresariales.
“Su gobierno se caracterizó por la corrupción, el compadrazgo, el nepotismo, la opacidad en los contratos de obra, el saqueo indiscriminado de los recursos naturales y la brutal represión a los opositores. El Estado de México fue el laboratorio donde se experimentó un estilo de gobernar que puede aplicarse a nivel nacional.
“¡Vaya! El mismo Peña Nieto es el personaje más representativo de la corrupción y el nepotismo. Se le preparó para eso. Cuando su tío Arturo Montiel gobernaba en el estado, lo nombró secretario de Administración para después heredarle el cargo. Y ya siendo gobernador, Peña Nieto repitió el mismo esquema de su tío: repartir los puestos públicos entre su parentela, violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México.”
Peña Nieto le dio a su primo Alfredo del Mazo Maza la Secretaría de Turismo; a su tía Marcela Velasco González la nombró titular de Desarrollo Urbano; a su prima Carolina Monroy del Mazo la hizo encargada de Radio y Televisión Mexiquense y después la nombró secretaria de Desarrollo Económico; a su primo Gustavo Cárdenas Monroy lo designó secretario del Medio Ambiente; a su tío Alfredo del Mazo González lo hizo presidente del Consejo Mexiquense de Infraestructura, y a su primo Ernesto Monroy Yurrieta lo puso al frente de la subsecretaría de Educación.
Los operadores mexiquenses
Sobre el gabinete actual de Peña Nieto, Arturo Chavarría empieza por Luis Videgaray:
“Es el típico tecnócrata, en este caso discípulo de Pedro Aspe, que fue a prepararse al extranjero para regresar y poner en práctica políticas depredadoras y corruptas al servicio de los grupos empresariales.”
Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Videgaray se doctoró en finanzas públicas por el Massachussets Institute of Technology (MIT). Fue asesor de Aspe en la Secretaría de Hacienda durante la administración de Carlos Salinas de Gortari; luego fue subdirector general en una de las empresas fundadas por Aspe: Protego Asesores Financieros en Banca de Inversión.
En el gobierno mexiquense, Peña Nieto lo hizo secretario de Finanzas, Planeación y Administración. Fue su enlace con la tecnocracia financiera conformada por figuras como Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz, Luis Téllez y Agustín Carstens.
A su vez, Ruiz Esparza, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, al ocupar la misma cartera en el gobierno mexiquense se encargó de realizar las grandes obras que fueron otorgadas en concesión a los grupos empresariales, entre los que destaca la trasnacional española OHL.
Explica Chavarría:
 “Ruiz Esparza es sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, lo cual le facilitó mucho el acceso al poder. Ha mantenido una estrecha relación con el actual presidente de OHL-México, José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el gobierno de José López Portillo. Esta amistad entre Ruiz Esparza y De Oteyza es la razón principal por la cual se le dio mucha obra a la trasnacional española.”
OHL consiguió las concesiones de las obras más importantes realizadas por Peña Nieto en el Estado de México, principalmente el Circuito Exterior Mexiquense, el Aeropuerto de Toluca y el Viaducto Bicentenario, el llamado “segundo piso” que corre de Cuatro Caminos a Cuautitlán. Fueron obras muy publicitadas para que Peña Nieto consiguiera la Presidencia de la República.
Sin embargo, para llevarlas a cabo Ruiz Esparza incurrió en violaciones a la ley y arbitrariedades contra comunidades campesinas y urbanas, por las que incluso fue demandado ante tribunales.
Por ejemplo, el Circuito Exterior Mexiquense –la costosa autopista de cuota que circunda gran parte de la Ciudad de México– lo tendió Ruiz Esparza sin haber llevado los procesos expropiatorios con los ejidos que cercenó, entre ellos los de Tultepec, Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo y Jaltengo.
Esa autopista se bordeó con vallas metálicas y altos taludes que incomunicaron a grandes centros de población, como Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco y Tultepec. Hubo movimientos de resistencia civil de pobladores y alcaldes que vieron mutilados sus territorios.
Los inconformes señalaban que el Circuito Exterior Mexiquense –de 113 kilómetros de longitud y cuyo costo fue de 24 mil millones de pesos– no era ni siquiera de utilidad pública, ya que Ruiz Esparza lo entregó en concesión a OHL para que lo explotara durante 40 años. A cada automovilista se le cobran actualmente dos pesos por cada kilómetro recorrido (Proceso 1802).
El Aeropuerto Internacional de Toluca –que en los hechos ya funciona como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México– también representa un jugoso negocio para OHL y empresarios del Grupo Atlacomulco, que lo tienen en concesión por 99 años.
Ruiz Esparza proyectó ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas más, para lo cual fue ganando terreno por la fuerza sobre el único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, ubicado en el costado oriente de la terminal aérea. El gobierno empezó por cortarles la luz y el agua a los ejidatarios para orillarlos a salir. Luego los presionó para que vendieran sus parcelas; algunos de ellos denunciaron incluso que recibieron amenazas de muerte; otros optaron por malbaratar su patrimonio: vendieron a 400 pesos el metro cuadrado, siendo que ahí el valor del suelo ya es de 18 mil pesos el metro cuadrado.
Algunos ejidatarios no se dejaron amedrentar. Asesorados jurídicamente por Arturo Chavarría y el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México (Proceso 1816), en septiembre de 2009 interpusieron una demanda contra Ruiz Esparza, Peña Nieto y otros funcionarios implicados en el despojo.
El subsecretario Miranda Nava
Y cuanto a Luis Enrique Miranda Nava, recién nombrado subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, dice Chavarría:
“Desde esa dependencia, Miranda Nava seguirá siendo uno de los principales operadores políticos de Peña Nieto, pese a que tiene un negro pasado plagado de escándalos por defraudación fiscal, corrupción y hasta acusaciones de haber sido el prestanombres de Arturo Montiel.”
Miranda Nava es hijo de Luis Miranda Cardoso, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y muy amigo de Arturo Montiel. Gracias a esta amistad, cuando Montiel fue gobernador le dio a Miranda Nava la coordinación de Asuntos Jurídicos, luego lo hizo subsecretario de Asuntos Jurídicos y finalmente le dio la Secretaría de Finanzas. Fue uno de los llamados golden boys protegidos de Montiel.
Desde 2005 fue acusado de ser el prestanombres de Montiel, por lo cual tuvo que comparecer ante el Ministerio Público, donde reconoció haber adquirido propiedades en el municipio de Tonatico, que posteriormente dijo haber vendido a dos hijos de Montiel: Arturo y Juan Pablo.
Ya siendo secretario general de Gobierno en la administración de Peña Nieto, se le acusó de haber aprovechado este puesto para regalarle a su padre, Luis Miranda Cardoso, la notaría pública número 16, ubicada en la capital mexiquense.
En 2008 Miranda Nava fue investigado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presunta defraudación fiscal, pues se le acusó de falsificar facturas y comprobantes fiscales dentro de los gastos erogados en su campaña electoral de 2006, cuando perdió la alcaldía de Toluca frente al panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
En 2010 se vio involucrado en la investigación en torno a la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, al acusársele de controlar algunas circunstancias de la indagatoria, con lo que dio un vuelco a la hipótesis del homicidio que tenía como principal indiciada a Lissete Farah, madre de la menor.
Al parecer, Miranda Nava intervino porque entonces era novio de una integrante de esa familia, Alma Saldaña Farah, con quien después contrajo nupcias en Ixtapan de la Sal.
Él fue uno de los firmantes del controvertido “pacto” con el secretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont, para evitar las alianzas entre el PRD y el PAN en los procesos electorales de 2011. Y desde la Secretaría de Gobierno era el responsable de toda la operación política, policiaca, de espionaje y hasta de compra de opositores (Proceso 1871).
El factor hidalguense
En el gabinete peñista Miranda Nava queda formalmente como subalterno de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, dependencia que se convierte en una supersecretaría al asumir las funciones que tenía la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública federal.
Se ha explicado la inclusión del hidalguense Osorio Chong por la alianza del Grupo Atlacomulco con los políticos de Hidalgo, que viene desde la época de Carlos Hank González y la dinastía de los Rojo Lugo.
Abunda Arturo Chavarría:
 “Peña Nieto y Osorio Chong hicieron buenos amarres cuando ambos eran gobernadores, este último del estado de Hidalgo. Ambos favorecieron y tejieron alianzas sobre todo con los grupos empresariales que están levantando conjuntos urbanos en las dos entidades colindantes. Comparten la misma visión empresarial de la política que les dejó el profesor Hank González.”
Sobre este punto, indica que otro gran negocio del gobierno peñista fue la construcción de las llamadas Ciudades Bicentenario, “grandes centros urbanos que empezaron a levantarse en seis municipios mexiquenses –Atlacomulco, Almoloya de Juárez, Huehuetoca, Jilotepec, Tecamac y Zumpango– para que las empresas constructoras hicieran miles y miles de diminutas viviendas de interés social –de 30 a 60 metros cuadrados–. Lo mismo, para que las grandes tiendas departamentales se instalaran ahí y tuvieran consumidores cautivos. Y las industrias, que ahí se proyectan construir, mano de obra barata”.
Un pago de cuota a estos desarrolladores inmobiliarios –dice Chavarría– es el nombramiento de David Korenfeld como director general de la Comisión Nacional del Agua. Alcalde de Huixquilucan durante el gobierno de Montiel, “Korenfeld es un empresario que se enriqueció especulando con el uso del suelo, al grado de que ya lo tasa en dólares. Puede darle un sesgo privatizador al tema del agua. Está muy ligado al exgobernador Alfredo del Mazo González, tío de Peña Nieto”, alerta Chavarría.
Y al hijo de Del Mazo González, Alfredo del Mazo Maza, se le dio la dirección del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Aspirante a la candidatura por el gobierno del Estado de México en la contienda del año pasado, este primo de Peña Nieto tuvo que renunciar como alcalde de Huixquilucan para incorporarse al gabinete federal peñista.
Del Mazo Maza estuvo implicado en un sonado escándalo de corrupción, ya que en el 2000 recibió ilegalmente 257 mil pesos de Pemex para que se fuera a la Universidad de Harvard a estudiar un posgrado. Por ese hecho, un juez federal condenó a dos años de cárcel al funcionario que le dio ese dinero: Juan José Domene Berlanga, quien se desempeñaba como director Corporativo de Finanzas de Pemex.
Del Mazo Maza empezó a trabajar en Pemex bajo las órdenes de Domene el 6 de junio de 2000. Tan sólo tres meses después se le dio esa beca “de manera especial” para que estudiara administración y finanzas en esa universidad estadunidense, según la averiguación 09/DAFMJ/2002.
Otro pariente de Peña Nieto, Ernesto Nemer Álvarez, fue nombrado subsecretario del ramo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que tuvo que renunciar al cargo de secretario de Gobierno del Estado de México. “Nemer es primo político de Peña Nieto, pues está casado con su prima hermana Carolina Monroy del Mazo”, dice Chavarría. Sus antecedentes lo colocan como un contrapeso destinado a mantener bajo control el desempeño de Rosario Robles.
Peña Nieto también se jaló a su gabinete a quien fue su secretario particular adjunto en el gobierno mexiquense, Roberto Padilla Domínguez, quien hoy es secretario técnico del gabinete.
De esta manera, resume Chavarría, “los principales operadores que tuvo Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México ya están instalados en las mismas áreas de su gobierno federal. Aparte, se les están dando cargos a su parentela y a políticos allegados a sus tíos Alfredo del Mazo González y Arturo Montiel, cuyas administraciones estuvieron igualmente marcadas por una red de complicidades y de protecciones mutuas, siempre tejidas alrededor de la corrupción”.
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