En
México, emergencia humanitaria/YETLANECI ALCARAZ
Revista
Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;
INTERNACIONAL
En
octubre próximo México será sometido al Examen Periódico Universal en el
Consejo de Derechos Humanos. De cara a este evento, un grupo de 40
organizaciones civiles entregaron a gobiernos de naciones europeas un informe
cuya conclusión es contundente: El Estado mexicano ha incumplido sus
obligaciones en materia de derechos humanos.
El documento cita datos abrumadores: 100 mil personas asesinadas, 25 mil
desaparecidas, cientos de miles de desplazados, periodistas y defensores de
derechos humanos perseguidos… En suma: una tragedia humanitaria.
BERLÍN.-
El Estado mexicano ha fallado en el cumplimiento a las recomendaciones en
materia de derechos humanos que hace cuatro años recibió del Consejo de
Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal. El contexto de
violencia generalizada que vive el país ha colocado a México en una emergencia
humanitaria –cerca de cien mil personas asesinadas, 25 mil desaparecidas,
cientos de miles de desplazados y periodistas y defensores de derechos humanos
perseguidos y/o asesinados– en la que esos derechos han enfrentado un severo
deterioro.
Tal
es la conclusión que se desprende de la lectura del Informe Conjunto presentado
por la Sociedad Civil Mexicana para la Segunda ronda del examen periódico
universal a México, elaborado por 40 organizaciones no gubernamentales
mexicanas y entregado a los gobiernos de Alemania, República Checa, Suiza,
Austria y representantes del Parlamento Europeo.
El
informe, del cual Proceso tiene copia, hace un balance de la situación de los
derechos humanos en México y de las acciones emprendidas por el Estado mexicano
para la defensa de éstos durante los últimos cuatro años y será uno de los
referentes en los cuales se apoyará el Consejo de Naciones Unidas para evaluar
al país en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
El
EPU es un mecanismo nuevo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a
través del cual el organismo vigila y evalúa de manera regular, cada cuatro
años, a los 192 Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones y
compromisos en materia de derechos humanos.
El
primer periodo de evaluación tuvo lugar en 2008 y concluyó en 2011. Al Estado
mexicano le tocó su turno en 2009 y será en octubre de este año cuando se
someta a la segunda evaluación.
Incumplimiento
En
una gira de trabajo que incluye las ciudades de Bruselas, Berlín, Múnich,
Praga, Ginebra, Berna, Viena y Londres, defensores de derechos humanos
mexicanos presentan ante los respectivos Estados el informe y plantean a
representantes de gobierno su visión sobre los avances y pendientes en la
materia del Estado mexicano.
“Desde
el 2009 no ha habido una implementación de las recomendaciones recibidas. Es
como si se hubieran escuchado y dejado de lado. Lejos de avanzar en la
implementación de las recomendaciones del EPU, lo que hubo fue un deterioro en
la situación de derechos humanos en el país a medida que avanzó el sexenio de
Felipe Calderón. Con la nueva administración (de Enrique Peña Nieto) tampoco
vemos algún tipo de indicio que nos haga suponer que se vaya a cumplir con las
recomendaciones del EPU”, dice en entrevista Georgina Vargas, del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Acompañada
durante la gira de trabajo por Maria Luisa Aguilar, del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlalchinollan y Daniel Joloy de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Vargas hace un balance de las
primeras reuniones con parlamentarios europeos y autoridades alemanas:
“Pareciera
que estamos en la situación en la que como hay un cambio de administración
entonces se está siendo un tanto condescendiente en la implementación de las
medidas o en la toma de decisiones porque acaba de cambiar el gobierno. Lo
importante es recordar que el EPU revisa los últimos cuatro años sin importar
la administración que ha pasado.
“Y
en ese sentido, vemos que los Estados están abiertos e interesados en evaluar
al país. Y si bien toman en cuenta los recientes cambios administrativos
también se muestran receptivos a nuestra información y están dispuestos a hacer
la evaluación”, comenta.
El
informe de las organizaciones mexicanas destaca los avances en materia
legislativa de los últimos cuatro años. Por ejemplo, la reforma constitucional
en materia de derechos humanos de junio de 2011 o aquella en materia de amparo
y la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, los esfuerzos resultan inútiles toda vez que “no se han expedido
las leyes secundarias necesarias, ni se ha avanzado en la armonización de las
constituciones locales”.
“Se
aprueban leyes importantes que en la práctica no se reflejan, pero que el
Estado mostrará como logros porque además fueron recomendaciones que se
hicieron en la primera evaluación. Pero es importante aclarar que una ley no
resuelve la problemática en derechos humanos y es en lo que hacemos hincapié
dentro del informe”, señala por su parte Danie Joloy.
Deficiencias
El
informe destaca cómo, a pesar de que nueve mecanismos internacionales de
derechos humanos han recomendado al Estado mexicano eliminar la figura del
arraigo de la práctica y de la Constitución por ser contraria a los estándares
internacionales en la materia, éste, junto con el cateo y la prisión preventiva
automática, permanecen como las “técnicas de investigación criminal” más
recurridas en el país.
Otra
deficiencia grave se ubica en el hecho de que la desaparición forzada sigue sin
contemplarse como delito. De acuerdo con el informe, sólo 15 estados de la
República lo han tipificado “con lagunas y deficiencias en la definición y la
determinación de los sujetos activos” y en el caso de la tortura, el estado de
Guerreo sigue siendo la única entidad que no lo ha tipificado en su código
penal.
En
materia de acceso a la justicia y reforma judicial el informe reporta un avance
casi nulo en la implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal.
A sólo tres años de entrar en vigencia, únicamente tres entidades (Chihuahua,
Estado de México y Morelos) lo han implementado en su totalidad, 10 más tienen
una implementación parcial y en las 19 entidades restantes, así como a nivel
federal, no existe avance.
El
acceso a la justicia para las mujeres también representa un asunto pendiente.
Las cifras presentadas son contundentes: de mil 235 casos de mujeres asesinadas
en sólo ocho estados entre enero de 2010 y junio de 2011, sólo 4% de los casos
han sido sentenciados, y se desconoce si las sentencias fueron condenatorias o
absolutorias.
El
fuero militar sigue representando un obstáculo para investigar y sancionar a
militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Tan sólo entre
2006 y 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 113
recomendaciones a la Sedena. El informe hace hincapié en que el desempeño de la
CNDH resulta insuficiente ante la magnitud del problema, pues de 7 mil 441
quejas presentadas ante dicha instancia en contra de las Fuerzas Armadas
mexicanas, sólo se han emitido recomendaciones en 1.5% de los casos.
El
balance respecto de las condiciones del sistema penitenciario en el país
tampoco es halagador. Según el informe, las prisiones registran una sobrepoblación
de casi 30% que genera, a su vez, hacinamiento y condiciones que fomentan el
autogobierno. De acuerdo con datos de la CNDH, citados por el informe, en 60%
de las cárceles del país tienen autogobierno y el resultado tan sólo entre los
años 2010 y 2011 es de tres mil motines, 992 riñas y 316 decesos.
Otro
dato: de 2009 a 2011 las quejas contra el Sistema Penitenciario Federal
interpuestas ante la CNDH crecieron en más de 100% de 473 a 928, siendo las más
frecuentes las relativas con atención médica deficiente, irregularidades al
otorgar la libertad anticipada, condicionamiento de visitas y traslados
arbitrarios.
La
militarización de los cuerpos de seguridad pública, intensificada a partir de
2007, también representa –en opinión de las ONG’s mexicanas– un factor que
detonó la violación de derechos humanos. En un periodo de seis años, de 2006 a
2012, la CNDH acumuló 7 mil 441 quejas al respecto. Y es que, en 14 de las 32
entidades los encargados de seguridad pública tienen antecedentes militares, en
seis más se trata de militares y en cuando menos 25 estados de la República hay
presencia de militares en activo o en retiro al frente de las corporaciones
municipales.
“En
al menos 17 de los 50 municipios que registran mayor número de homicidios en el
país (Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana, entre otros)
tienen como director de seguridad pública a un mando militar, sin que ello haya
repercutido directamente en la disminución de las ejecuciones registradas”,
señala el documento.
Respecto
a la desaparición forzada y tortura, la sociedad civil mexicana contrasta cómo
a pesar de que entidades de la República han comenzado a aplicar el Protocolo
de Estambul –un conjunto de reglas para identificar la tortura y sus
consecuencias–, esto no se traduce en sentencias condenatorias para los casos
comprobados de tortura.
Este
es un caso típico en el que la letra no coincide con la realidad: “Incluso en
estados que han adoptado el Protocolo de Estambul, las fiscalías no suelen
solicitarlo y por lo tanto no se cumple con los procedimientos de la
investigación de tortura. (Además) no hay expertos forenses calificados para
llevarlo a cabo y la calidad técnica de los exámenes es deficiente”.
La
desaparición forzada representa otro tema delicado ya que, asegura el informe,
“el Estado mexicano no tiene con certeza el número de víctimas pues en muchas
ocasiones se niega a calificarlo como tal y es clasificado como un delito
distinto”. Tan sólo en el estado de Chihuahua de enero de 2008 a marzo de 2012
se interpusieron 171 denuncias por desaparición forzada sin que hasta hoy se
tenga conocimiento de sentencia alguna.
Otro
rubro en el que durante los últimos cuatro años se ha agravado dramáticamente
la situación es el referente a defensores de derechos humanos y periodistas.
“Entre
2009 y mayo de 2012 sucedieron 44 ejecuciones extrajudiciales, 45
desapariciones forzadas y 309 privaciones de la libertad de defensores de
derechos humanos”. En cuanto a comunicadores, en 2010 se documentaron
agresiones en contra de 139 periodistas y 21 medios de comunicación de 25
estados de la República. En 13 de estos casos se trató de atentados con
explosivos o armas de fuego.
Y
aunque se reconoce que a partir de 2012 entró en vigor la Ley de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ésta “no incluye
medidas para una adecuada investigación y sanción a los responsables”.
El
informe de las ONG’s mexicanas abarca todos los rubros, en los que también se
incluyen medio ambiente, mujeres, migrantes, jóvenes e infantes y grupos
indígenas. En ninguno de los aspectos la situación es esperanzadora, por el
contrario. Y ninguno de los representantes de la sociedad civil plantea una
diferenciación entre la pasada administración de Felipe Calderón y la recién iniciada
de Enrique Peña Nieto.
“Los
números siguen iguales y no cambiarán por un simple cambio de administración,
que sólo varía el discurso. Las violaciones a los derechos humanos seguirán
sucediendo hasta que no haya un cambio estructural en la estrategia de
seguridad, en donde se ponga fin a la militarización, se saque a los militares
de las calles y se diseñe una política de seguridad pública basada en los
derechos humanos”, sentencia Daniel Joloy.
Por
lo que al trío de jóvenes defensores de derechos humanos respecta, su trabajo
en esta gira por Europa será, no sólo exponer el informe, sino también pedir a
los Estados plantear recomendaciones puntuales.
“En
el marco del EPU se hacen recomendaciones muy generales que no ayudan a ser
implementadas y pueden dar pie a que el Estado mexicano afirme que está
cumpliendo con las recomendaciones. Por ello, desde la sociedad civil
elaboramos a la par otro informe de preguntas y recomendaciones que estaremos
entregando a nuestros interlocutores para que cuenten con elementos más
concretos en su evaluación”, explica Joloy.
Así,
con este duro y poco halagador informe de la sociedad civil, el Estado mexicano
llegará hasta el Consejo de Naciones Unidas para ser evaluado en octubre en
Ginebra.
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