Un buen negocio privado!
Los Cusaem,
terror al servicio de políticos/JENARO VILLAMIL
Revista
Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;
Hace
un par de años, diputados mexiquenses denunciaron los excesos de los agentes de
los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Los
calificaron de ser un miniejército privado al servicio del entonces gobernador
Enrique Peña Nieto, de comportarse como una franquicia y de actuar sin control
fiscal. Hasta ahora nadie ha metido en cintura a esa corporación administrada
por 110 comandantes y que hoy vuelve a ser motivo de escándalo tras el
asesinato de una arquitecta en un fraccionamiento de Atizapán, hecho en el que
están implicados ocho policías de ese temible cuerpo de seguridad.
La
ejecución de la arquitecta Alicia Rivera Ugalde el domingo 9 por la madrugada
en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, Atizapán, vuelve a poner en la mira
a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), un
verdadero miniejército privado al servicio de políticos mexiquenses del equipo
de Enrique Peña Nieto.
Ocho
de los nueve agentes involucrados en el crimen pertenecen a esa corporación y
sólo uno a la Policía Municipal de Atizapán, según el procurador estatal Miguel
Ángel Contreras Nieto. El funcionario dijo que el disparo que recibió Rivera
Ugalde se debió a una “confusión”, ya que los uniformados perseguían a un
presunto asaltante denunciado por un vecino.
Durante
la investigación se detectó que ninguno de los integrantes de los Cusaem
contaba con la certificación de control de confianza de ley, la cual incluye
exámenes de desempeño, poligráficos, psicológicos, socioeconómicos, médicos y
toxicológicos para dar los servicios profesionales de seguridad.
Los
vecinos de la llamada Zona Esmeralda de Atizapán –donde se ubican 13
fraccionamientos– se muestran preocupados porque, dicen, la seguridad corre a
cargo de los Cusaem; éstos funcionan como negocio privado que renta sus
servicios lo mismo a conjuntos habitacionales que a dependencias
gubernamentales en el Estado de México y la zona metropolitana de la Ciudad de
México.
Y
aunque la organización asegura contar oficialmente con 14 mil 162 elementos, en
su página electrónica menciona “una cifra superior a los 17 mil” agentes,
mientras que otras fuentes mexiquenses reportan 35 mil.
Desde
2009 esta auténtica “mina de oro” –que no es fiscalizada ni auditada conforme a
la ley– ofrece servicios de vigilancia a dependencias federales, como Liconsa
(a la que cobraba 3 millones 300 mil pesos mensuales) y el Sistema de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo
fue responsable de la custodia de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro,
a la cual le cobró 80 millones de pesos durante la administración de Sergio
Hidalgo Monroy Portillo (Proceso 1829 y 1831).
También
ha ofrecido sus servicios de vigilancia a las secretarías de Desarrollo Social
y de Gobernación, al IFE, así como a decenas de empresas y personajes que
suelen contratar a elementos de los Cusaem para traslado de valores, servicios
de escolta o el llamado paquete VIP denominado Travel Security Service, que
incluye guardaespaldas de élite a un costo de 250 a 330 dólares por día.
Informes
obtenidos por Proceso revelan que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, contrató a cerca de 300 elementos de los Cusaem para la
protección de la dependencia, aunque se desconoce el costo mensual y el tipo de
servicios que ofrecen esos agentes.
Dirigentes
del PAN y del PRD en el Estado de México señalan al subsecretario de
Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava –compadre de Peña Nieto y exsecretario
general de Gobierno en la entidad–, como uno de los tres políticos que
mantienen el control de los fondos de ese miniejército privado.
Los
otros dos responsables del manejo de los fondos y de la operación de la
corporación son Alfonso Navarrete Prida, exprocurador mexiquense y actual
secretario del Trabajo, y Manuel Cadena Morales, secretario de Gobierno durante
la administración de Montiel. Los tres forman parte del Consejo de
Administración del organismo.
La
ruta delictiva
La
opacidad y la falta de rendición de cuentas domina en los Cusaem, formado por
tres cuerpos: el de Guardias de Seguridad Bancaria y Comercial, creado en 1948;
el de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial, constituido en
1985, y el de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.
Para
el exalcalde panista de Atizapán Carlos Madrazo Limón, los Cusaem son “una
especie de ornitorrinco: Cuando les conviene a las autoridades estatales y
federales, son una policía pública; cuando no, son una policía privada”.
La
fiscalización de sus recursos es opaca y el control lo tiene un grupo de 110
comandantes que lo administran como si fuera “una franquicia de servicios de
seguridad”.
En
los últimos cuatro años, esa corporación ha estado involucrada en actos
delictivos. El 9 de junio de 2009, la edición local de Uno más uno, propiedad
del empresario Naim Libien Kaui, la acusó de ser un “centro de reclutamiento”
de sicarios de Los Zetas.
En
esa misma fecha fueron capturados en Jalisco y Querétaro varios pistoleros de
esa organización, nueve de los cuales portaban armas y credenciales firmadas
por el entonces director de los Cusaem, Ciro Mendoza Becerril, protegido por
Enrique Peña Nieto, a la sazón gobernador del Estado de México.
También
los escoltas que acompañaron al narcotraficante José Jorge Balderas El JJ en la
riña que protagonizó contra el futbolista Salvador Cabañas en el Bar-Bar, al
sur de la Ciudad de México, portaban credenciales de esa corporación.
A
raíz de ese caso, en enero de 2010 distintos medios mexiquenses documentaron
que el entonces director de los Cusaem, Mendoza Becerril, sabía de las
operaciones de narcomenudeo del JJ y del Cártel de los Beltrán Leyva en los
municipios mexiquenses de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y
Tecamachalco. Casualmente, en todas estas localidades están contratados los
elementos de ese organismo de seguridad privada para distintas actividades.
El
escándalo provocó la destitución de Mendoza Becerril, quien estuvo al frente de
la corporación de abril de 2008 a marzo de 2010. Peña Nieto designó a su exjefe
de ayudantía, Orlando Seguel, como sucesor de Mendoza.
En
el gobierno de Eruviel Ávila los indicios de corrupción y de vínculos con el
crimen organizado en la corporación no disminuyeron, a pesar de una reforma
cosmética para hacer depender a este miniejército de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, que sustituyó a la Agencia de Seguridad Estatal.
En
marzo de 2013, dos meses y medio después de ser designado director de los Cusaem,
José Luis García Figueroa, El Panda o El Puma, fue asesinado. Al funcionario se
le señaló como uno de los patrocinadores de la campaña presidencial de Peña
Nieto en 2012.
García
Figueroa fue arrojado desde el balcón de un cuarto piso del Centro de Exposiciones
de Banamex, en Santa Fe, Distrito Federal, durante una boda, según la
averiguación previa CUJ2/T1/205/13-03 iniciada por la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.
Algunas
versiones periodísticas en el Estado de México señalaron que el homicidio de
García Figueroa pudo haber sido un “ajuste de cuentas” del crimen organizado.
El Panda ya era investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la
DEA, que lo señaló como uno de los presuntos apoyos del cártel de los Beltrán
Leyva y de La Familia Michoacana.
Un
documento privado citado por la revista Contraste en su edición de la primera
semana de marzo último señala que García Figueroa trabajó para José Sergio
Manzur Quiroga, actual diputado federal priista; para José Manzur Ocaña,
exdelegado de la PGR en el Estado de México, y para Eduardo Manzur, exdirector
de la Policía Judicial en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. También lo
hizo para Germán Ávila Villegas, hermano del actual gobernador mexiquense
Eruviel Ávila, quien lo nombró al frente de los Cusaem.
La
investigación de la DEA acusó a El Panda de proporcionar las credenciales al
JJ, del clan de los Beltrán Leyva, “para que se pudiera mover por todo el país
y sobre todo en el Estado de México, sin que fuera molestado por ninguna
autoridad”.
“La
protección de que era objeto (el JJ) era porque organizaba festines y bacanales
a jefes policiacos, políticos y funcionarios de diversos niveles de gobierno,
encerronas en las que había mujeres, drogas y alcohol”, señala el documento
citado por Contraste.
La
mina de oro
Aun
cuando no se ha comprobado la presunta vinculación de algunos directivos y
comandantes de los Cusaem con el crimen organizado, la corporación es una
auténtica mina de oro, cuyos fondos no son fiscalizados.
Su
denominación fiscal es ambigua y el número de sus elementos varía entre 17 mil
y 35 mil, lo que la convierte en la segunda más grande del país, sólo debajo de
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Tiene más de 3 mil clientes, a los
cuales ofrece servicios de guardias intramuros para proteger instalaciones y
manejo de situaciones de contingencia; custodia de mercancías en movimiento,
que incluye a agentes con licencia de portación de armas, y escoltas.
Asimismo,
cuenta con el Grupo Atenea –creado en agosto de 2008 con elementos de élite
femenil–, que se encarga de brindar servicios de escolta y protección a
empresarios y políticos; mientras el Travel Security Services –“el VIP” de los
Cusaem– salvaguarda la integridad física de empresarios, industriales,
embajadores, diplomáticos y artistas en la Zona del Valle de México; tiene
también un grupo canino y servicios de “tecnologías”. En otras palabras,
sistemas de escucha y espionaje.
En
su página web www.cusaem.gob.mx presume las siguientes “ventajas competitivas”:
elementos con licencia de portación de armas de fuego, estado de fuerza
superior a los 19 mil elementos, armamento de punta “legalmente registrado”;
frecuencia de radio con la Policía Estatal, parque vehicular superior a las 600
unidades de servicio y patrullaje, así como análisis de riesgos “previo a la
contratación”.
De
acuerdo con información de la propia corporación, un servicio VIP que incluya
escoltas de élite puede costar de 250 a 330 dólares por día. Un escolta con
equipo de radiocomunicaciones se alquila en 250 dólares diarios, mientras que
un guardaespaldas armado con un fusil AR-15 se consigue en 330 dólares.
Una
camioneta Hummer, Nitro o Durango con blindaje “nivel cuatro”, resistente a
impactos de bala de AK-47, se renta en 400 dólares por día, y un vehículo sin
blindaje se renta en 350 dólares. Estos servicios incluyen “un asistente
políglota que domina el inglés, francés italiano o mandarín”.
En
octubre de 2011, a raíz de varias denuncias en el Congreso mexiquense por las
irregularidades en la operación de los Cusaem, el nuevo titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México (SSC), Salvador Neme
Sastré, se comprometió a regular estos cuerpos policiacos, pero omitió hablar
sobre la posibilidad de fiscalizar sus millonarios ingresos.
Durante
la discusión de la Ley de Seguridad Estatal, el mismo mes los diputados
panistas Carlos Madrazo Limón y Gustavo Parra Noriega, así como el priista
Carlos Iriarte Mercado promovieron un artículo transitorio que obligaba al
Ejecutivo estatal a “expedir disposiciones administrativas” para regular a
policías auxiliares de la corporación.
El
entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, José Manzur, afirmó:
“No sé por qué satanizan tanto el trabajo del Cusaem, de 20 mil o 22 mil
policías que están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas
empresas, y que están trabajando bien” (Proceso1829).
José
Manzur es al mismo que señalaban como amigo y protector de José Luis García
Figueroa.
El
exdiputado local panista Carlos Madrazo Limón también refiere a este semanario
que la principal resistencia es a la eventual realización de auditorías al
manejo de los fondos y a los ingresos de la corporación, los cuales ascienden
por lo menos a 2 mil millones de pesos anuales.
Muchos
agentes de la corporación mencionada han denunciado el manejo irregular de
recursos aportados al Fideicomiso de Administración e Inversión de los Cusaem,
creado en junio de 2006, cuando Wilfrido Robledo Madrid fue el titular de la
Agencia de Seguridad Estatal mexiquense.
La
Secretaría de Finanzas del Estado de México asegura no tener conocimiento del
monto que integra el fideicomiso, pues afirma que no tiene facultades para
conocer sobre una corporación que no pertenece al gobierno de la entidad.
Tampoco
se sabe a dónde van a parar los millones de pesos de presuntas prestaciones que
se les descuentan, entre ellas el servicio médico en el Seguro Social del
Estado de México, préstamos, pagos de tiempo extra y fraudes cometidos por los
comandantes y directivos a través de rifas organizadas para aplicar mejoras a
las prestaciones de los trabajadores.
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