La
reforma: Historia de un engaño/JENARO VILLAMIL
Empiezan los jaloneos por las leyes secundarias/JENARO VILLAMIL
Revista
Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;
El
debate sobre la ley de telecomunicaciones fue una “pantomima”, además de que,
entre otras ligerezas, se abrió a los extranjeros el control de esta industria
vital y se fortaleció la dominancia de Televisa y TV Azteca. Esta es la opinión
del senador Manuel Bartlett en torno a lo que califica como una reforma
“tramposa”. En entrevista con Proceso explica: los beneficios que deberían
obtenerse gracias a la ley se dejan para una inasible ley secundaria. Y
sentencia: presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la
legislación secundaria es un engaño.
La
madrugada del 19 de abril, cuando se convocó al pleno del Senado para votar la
reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, el único de los
cuatro senadores que votó en contra –y argumentó en tribuna– fue Manuel
Bartlett, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del PT
en esa cámara.
“Es
una reforma tramposa” porque sólo combate a uno de los dos grandes monopolios,
el de la telefonía, mientras que “las televisoras no tienen los criterios
necesarios para ser declaradas dominantes” dice Bartlett a Proceso.
“Es
realmente un engaño”, insiste el
exgobernador de Puebla. Los beneficios que deberían obtenerse gracias a
la ley, explica, se dejan para una inasible ley secundaria.
“Pésima
actitud, perversa, de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a
ser la legislación secundaria. La técnica jurídica, política que se seguía
antes era: ‘Vamos a hacer una reforma constitucional que tiene necesidad de una
importante ley secundaria’; aquí es un galimatías que se aprueba, como hoy
estamos viendo”, denuncia.
A
casi tres meses de esa sesión en la madrugada –que se desahogó sin debate en
tribuna y con escasa cobertura de los medios–, Bartlett reitera que desde el
proceso de dictaminación se violó el reglamento del Congreso y se evitó
cualquier posibilidad de discutir asuntos importantes, como fue abrir 100% de
las telecomunicaciones a la inversión extranjera y 49% en televisión y radio.
Bartlett
relata que, a las 11:30 de la noche del 18 de abril, los integrantes de las
cuatro comisiones dictaminadoras terminaron de sesionar, pero sólo entregaron a
algunos senadores el paquete de casi 400 hojas que contenía el dictamen.
“El
reglamento dice que todos los senadores deben tener el dictamen. Ahí se violó
un aspecto sustancial. La mayoría desconocía lo que se iba a votar minutos
después”, indica.
A
las 00:15 horas del 19 de abril se inició la sesión del pleno del Senado, una
medida inusual en el Congreso mexicano. Sólo hubo 20 minutos de diferencia
entre la sesión de comisiones y la del pleno, recuerda Bartlett.
“Comenzamos
a discutir sin que nadie tuviera completo el dictamen. Fue monstruoso, cínico,
inconstitucional”, cuenta Bartlett, el mismo político que en 2006 encabezó,
junto a legisladores del PRD, del PAN y 11 del PRI, la acción de
anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa, aprobada sin que se le
modificara “una sola coma”.
Para
Bartlett, la modificación a la ley de telecomunicaciones fue otra reforma
constitucional impuesta por el Pacto por México y por las demandas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que desde
2011 recomendó abrir 100% la inversión extranjera directa en
telecomunicaciones, partir el conglomerado Telmex-Telcel y licitar otras dos
cadenas de televisión.
Irónico,
Bartlett recuerda que en tribuna argumentó que la aprobada “es una reforma
altamente técnica, que para conocerla, entenderla y saber cuáles serán sus
efectos se necesita una gran experiencia y se necesita de un traductor de
sánscrito para poder entender esto que se hace con mucha frecuencia, una serie
de conceptos técnicos que van a necesitar un diccionario tecnológico”.
En
entrevista con Proceso, Bartlett insiste en que su posición fue votar en contra
en lo general, porque había aspectos importantes que no estaban contenidos en
la reforma, como la misma regulación y los mismos requisitos para considerar
dominantes tanto a las televisoras como a Telmex.
Un
regalo al duopolio
Bartlett
asegura que “la reforma hace un regalo a Televisa y a TV Azteca de millones de
dólares. Automáticamente les deja vender 49% de sus concesiones. ¿Cuánto vale
eso? Es un regalo de miles de millones de pesos”.
–¿No
estaban en desacuerdo las televisoras con esta apertura de 49%? Algunos
legisladores metieron el candado de la reciprocidad para el país de origen –se
le comenta.
–Es
mentira que estuvieran en desacuerdo. Este es el gran acuerdo con las
televisoras y el gobierno: fomentar la inversión extranjera directa. Para que
no haya duda de que se trata de un brutal beneficio para Televisa ahí está el
spot a favor de la inversión extranjera, insertado en una de las telenovelas de
la empresa.
“Si
hoy tenemos una televisión rupestre, desnacionalizadora, imagínese qué tipo de
televisión tendremos si se adueñan de 49% de la producción y distribución de
contenidos”, alega.
Incluso,
cita una frase de Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Estados
Unidos en la época de Richard Nixon: “El verdadero poder estadunidense está en
su industria mediática y cinematográfica”.
El
tema de la apertura a la inversión extranjera apasiona al exprecandidato
presidencial priista en 1987 y 1999. Afirma que durante las sesiones de
consulta del Senado, el representante de la OCDE “nos vino a decir muy contento
que eso estaba muy bien”. También algunos especialistas, comenta, dijeron que
este sector ya estaba abierto en otras partes del mundo.
“Eso
es mentira. En Canadá no se permite que se adueñen de sus industrias
culturales. Canadá tiene muy clara su posición en la frontera con Estados
Unidos. ¿Qué dice Canadá? Abre las telecomunicaciones, con límites, pero no
abre la radiodifusión. Y lo explica muy claro: el tema de telecomunicaciones es
de recursos, de dinero, pero el de radiodifusión es un asunto político, de
poder y de defensa de la soberanía”, alega Bartlett.
El
senador del PT hace notar que en la exposición de motivos el tema de la apertura
a la inversión extranjera sólo está en 17 líneas. No hay, dice, mayor
argumentación ni justificación.
“No
puede ser un criterio jurídico decir que como está abierto en todos lados, aquí
también debe estarlo. Esto es una demanda de Estados Unidos a través de la
OCDE. Es una cuestión de poder político”, sentencia.
–Sin
embargo, hay otros especialistas que consideran que la televisión analógica ya
va de salida y que ahora lo importante será internet. ¿Qué opina usted de eso?
–La
televisión es de un valor enorme y seguirá siendo muy importante. Construye esa
infraestructura que te costó 50 años tener. Todo eso no se discutió durante la
sesión del Senado.
–El
mismo día que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de telecomunicaciones,
Carlos Slim anunció que obtenía los derechos de transmisión de las Olimpiadas.
¿No era una manera de demostrar que no le iba a afectar su interés de entrar a
la distribución de publicidad y de contenidos?
–Ahí
se trata de un evento. La reforma es un cambio estructural. Quien tenga 49% de
nuestra industria televisiva tendrá un poder enorme.
Críticas
silenciadas
–¿Qué
espera usted de las leyes secundarias en telecomunicaciones?
–Serán
arreglos de poder. El ejemplo de cómo se aprobó la reforma es atentatorio de la
Constitución. Y cómo se manejó en los medios: se silenciaron las críticas.
Bartlett
insiste en que lo más preocupante fue “el cinismo de la mayoría de los
legisladores. No existió un mínimo análisis de las consecuencias ni de lo que
se estaba aprobando”.
No
obstante, el coordinador de los senadores del PT anuncia que participará en la
legislación secundaria eligiendo algunos temas importantes, como, justamente,
el de la apertura a la inversión extranjera.
Pesimista,
Bartlett dice no esperar muchos cambios en lo que atañe a la concentración y el
dominio de Televisa y TV Azteca en la televisión. “Tenemos 10 años escuchando
que vienen las dos cadenas. Las dos cadenas son una expectativa, son algunos
elementos que sí, en efecto, van a tener alguna posibilidad de ir abriendo a
Televisa y TV Azteca, pero no es simétrica, ni siquiera simultánea la
apertura”, abunda.
Sobre
el derecho de réplica y la posibilidad de la radiodifusión indígena, el
exsecretario de Gobernación también recuerda que eso se está regulando desde
hace 10 años y “nos lo vuelven a presentar como una gran esperanza a futuro”.
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Empiezan los jaloneos por las
leyes secundarias/JENARO VILLAMIL
Revista
Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;
Con
la publicación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se
inicia un periodo de 180 días en que deberá elaborarse una ley convergente que
sustituirá o modificará ordenamientos anacrónicos. En entrevista con Proceso,
la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía, comenta que la nueva norma podrá terminar con las prácticas
monopólicas, anticompetitivas y de competencia desleal que los agentes
dominantes impusieron en el campo de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Pese a su optimismo, se espera que empiecen los verdaderos jaloneos.
“No
puedo garantizar que no vayan a darse intentos de cooptar a algún integrante
del Ifetel, o de que los grandes corporativos como Televisa o América Móvil no
intenten influir en la elaboración de la ley secundaria, pero sí les
dificultaremos esta posibilidad porque somos muchos y muy distintas
instituciones las que participarán en el nuevo proceso de legislación
secundaria”, plantea la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión
de Radio, Televisión y Cinematografía.
Al
entrar en vigor la reforma constitucional el miércoles 12, existe un plazo de
180 días para cumplir con una serie de compromisos impuestos por el propio
Congreso: la elaboración de una ley convergente que sustituya a la Ley Federal
de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como la
revisión y modificación de cerca de 14 ordenamientos que se verán impactados.
Durante
la ceremonia de publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial
de la Federación, Joaquín Vargas, concesionario de Grupo MVS, afirmó que este
periodo será “la madre de todas las batallas” porque se dará el verdadero
“jaloneo” entre los poderes involucrados en el sector.
Por
su parte, el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, uno de los
artífices de la reforma constitucional, declaró a la agencia Reuters que la
labor en los próximos seis meses equivaldrá a “demoler” y reconstruir “piedra
por piedra” el edificio de las telecomunicaciones en México.
En
entrevista con Proceso, Barrales comenta que la nueva ley convergente tiene “un
reto inmenso si tomamos en cuenta la regulación que deberá contener”. Explica:
“Durante los últimos 15 años ha imperado la autorregulación de los
concesionarios haciendo de las prácticas monopólicas, anticompetitivas y de
competencia desleal el terreno de juego de las telecomunicaciones y la
radiodifusión”.
–¿Cuáles
serán los ejes rectores de la legislación secundaria? –se le pregunta.
–La
reforma legislativa debe traducirse en calidad de contenidos, variedad en los
servicios y mejores tarifas. No estaremos cumpliendo con las expectativas si no
respondemos a estas demandas. Y habrá que sancionar a los concesionarios que no
cumplan con estas reglas.
–¿Qué
puede esperar de esta legislación secundaria la ciudadanía descontenta con los
contenidos de medios televisivos?
–Hay
que estar pendientes de que se cumpla el ordenamiento de garantizar los
derechos de las audiencias. Es un tema al alcance de la reforma y que incluimos
aquí en el Senado. Los ciudadanos deben demandar información de mejor calidad,
internet libre, que no es lo mismo que internet gratuito, y también cuidar la
programación para los niños.
–¿Existen
riesgos de que se quieran incorporar mecanismos para el control o censura de
las redes sociales?
–Puede
surgir la tentación de regular las expresiones de libertad y crítica en las
redes sociales. Precisamente en la sesión de la Comisión Permanente firmamos un
punto de acuerdo para exigir que se dé marcha atrás a la iniciativa de Nuevo
León que pretende censurar Twitter y otras redes. Nada más incongruente: justo
el día en que se promulga la reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones, en Nuevo León los legisladores quieren meter candados al
libre flujo en redes sociales. Debemos blindarnos ante todas estas tentaciones
de censura y hay que cuidar que internet no sólo sea mejor, sino libre.
–Otro
tema espinoso es el de las violaciones a los derechos de intimidad y privacidad
en redes sociales, a través del espionaje, como acaba de documentarse en
Estados Unidos. ¿Qué se hará en México para que esto no suceda?
–Así
como pugnamos para que no exista censura, también tenemos que defender la
privacidad e intimidad. Necesitamos armonizar ambos derechos hasta donde sea
posible. Nosotros lo intentamos en la Ley de Acceso y Protección de Datos
Personales en el Distrito Federal. No debemos frenar el proceso de avance
tecnológico y de comunicación a través de Facebook o de Twitter, pero hay que
darles también una personalidad jurídica a estos nuevos fenómenos.
En
torno a la reciente postergación del “apagón analógico” en Tijuana, a raíz de
las presiones de las televisoras, de la petición del IFE y de los errores en la
aplicación de la medida, Barrales considera que “sin duda se evidenció una
falta de planeación, pero es necesario replantear una ruta para ese apagón” a
fin de que no se dé marcha atrás en este proceso de adelanto tecnológico.
Cambios
a ordenamientos
Un
documento elaborado por la comisión que preside la senadora del PRD estableció
que entre los temas que debe regular la ley estarán los siguientes: derecho de
acceso a la información; libertad de expresión y difusión de las ideas;
derechos de los usuarios de telecomunicaciones y derechos de audiencias;
delimitación del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer
sus facultades, funcionamiento, consejo consultivo, procedimientos
regulatorios, y contraloría interna, entre otros.
La
parte más compleja será la regulación de las concesiones. Se eliminó la figura
de “permisos” y ahora se otorgará una concesión única que servirá tanto para
servicios de telecomunicaciones como para radiodifusión. En el primer caso se
trata de una industria con un valor anual cercano a los 40 mil millones de
dólares, y en el segundo de una actividad que representa 3 mil millones de
dólares anuales.
El
guión de la comisión presidida por Barrales incluye también el tema del must
offer y del must carry que reveló desde la redacción original del Pacto por
México la capacidad de Grupo Televisa para actuar en contra de sus competidores
en televisión satelital restringida, como es el caso del Grupo Dish, de MVS.
Asimismo,
considera la prohibición de publicidad encubierta; la prestación de servicios
de telecomunicaciones y los mecanismos para determinar a los agentes
predominantes; las medidas asimétricas para eliminar las prácticas monopólicas;
la desincorporación de activos, y las prácticas anticompetitivas.
La
nueva ley convergente deberá contener el Plan Nacional de Espectro
Radioeléctrico, infracciones y sanciones, así como mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas.
“La
reforma constitucional nos dijo qué era lo importante y ahora debemos
establecer cómo vamos a lograrlo. Será una etapa de tejido fino y estaremos muy
atentos a lo que se redacte porque impactará en 14 leyes distintas que deben
ser armonizadas”, puntualiza Barrales.
Entre
los 14 ordenamientos que se modificarán para armonizarlas con la reforma
constitucional se encuentran las siguientes: Código Penal Federal, para
tipificar y sancionar los delitos de prácticas monopólicas y fenómenos de
concentración; el decreto de creación del Organismo Público de Medios
Audiovisuales (OPMA), emitido por el gobierno de Felipe Calderón el 31 de marzo
de 2010 y que será sustituido por un nuevo organismo que regulará a los medios
públicos.
Para
regular el derecho de réplica tendrán que modificarse la Ley de Delitos de
Imprenta, el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de
concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de medios electrónicos.
A
fin de establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia
se modificará la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el Código
Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Se tratará de armonizar la
prohibición con las sanciones que se establezcan en estos ordenamientos. Este
tema fue impulsado de manera especial por el consejero electoral Alfredo
Figueroa durante la reforma constitucional.
Para
implementar los mecanismos de promoción a la producción nacional independiente
es necesario armonizar la Ley Federal de Cinematografía con la nueva ley
convergente.
Las
nuevas facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y las de
las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Educación y
Salud, principalmente, obligarán a una modificación de la Ley Orgánica de la
Administración Pública, especialmente en materia de otorgamiento de
concesiones, facultad que se le eliminará a la SCT.
Otras
leyes que se modificarán son la Ley de Planeación a fin de incluir en el Plan
Nacional de Desarrollo un programa sectorial en la materia; la Ley Federal de
Derechos, para adecuar las contraprestaciones por el uso de bienes de dominio
público; la Ley General de Vías de Comunicación, para eliminar la regulación
relativa a los “permisos”, figura que desaparece de la legislación; la Ley
General de Bienes Nacionales, una de las secundarias del artículo 27
constitucional.
También
se modificará y actualizará la Ley Federal de Competencia Económica. Entre los
legisladores “se tiene la disyuntiva de regular de manera general el tema de
competencia que deberá aplicar de igual forma el Ifetel, o bien establecer en
la ley convergente lo relativo a la competencia económica en telecomunicaciones
y radiodifusión”, plantea el documento de la comisión senatorial, cuya copia
obtuvo Proceso.
Asimismo,
cambiará la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para incluir
a los nuevos sujetos obligados, así como un catálogo mínimo de obligaciones en
materia de transparencia y rendición de cuentas.
La
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas tendrá que
adecuarse para garantizar el fomento a las lenguas indígenas, con base en el
nuevo régimen de concesiones sociales que incluye a las comunitarias e indígenas.
“No
es la ley del Pacto”
La
legisladora considera que con las modificaciones realizadas en el Senado y en
la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones no perdió sino que ganó en su paso por el legislativo.
“El
Congreso jugó un papel muy importante. El origen de la iniciativa fue el Pacto
por México, pero nunca fue una iniciativa de Enrique Peña Nieto o de un solo
grupo. La izquierda recogió planteamientos muy importantes y los incorporó en
esta ley”, sostiene.
–¿La
dinámica y los ritmos para la aprobación no fueron impuestos por el Pacto? –se
le pregunta a la senadora, que también forma parte del Consejo Rector de esta
iniciativa, a través del PRD.
–El
proceso en sí fue complejo. Una primera etapa fue generar el consenso sobre los
temas y después vino el proceso legislativo. Aquí en el Senado nos metimos al
detalle. Aquí propusimos las sesiones de consulta pública. Muchos creyeron que
se trataba de una estrategia para mandar la reforma al “túnel del tiempo”. Nada
de eso. Fue una jornada muy intensa. Días completos con representantes de los
medios de comunicación, con especialistas de la más amplia diversidad.
–¿Qué
fue lo más importante para usted de esas jornadas? ¿Lograron incorporar algo?
¿Algunos legisladores consideran que se trató sólo de cubrir un expediente?
–Para
mí fue todo un curso intensivo en la materia. Nadie puede decirse conocedor
completo de un tema tan complicado. Escuchar a los académicos y especialistas
fue muy importante. Pudimos incluir el derecho a la información y el derecho a
las audiencias.
–¿Hubo
alguien que les impusiera una “línea” para decir qué se aceptaba y qué no?
–No,
hablo por mí. La presión fue de otro tipo. Fue de tiempo.
–Joaquín
Vargas señaló que la verdadera “madre de todas las batallas” será ahora, con la
legislación secundaria. ¿Coincide usted?
–No será sencillo. La ventaja
es que ya tenemos un marco, un avance muy importante en la reforma
constitucional.
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