XXXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

• El caso de Iguala nos ha cimbrado a todos, nos ha cimbrado a las instituciones, ha cimbrado a la propia sociedad!

Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la 37 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. (están todas las intervenciones y acuerdos aprobados)
Los Pinos, a 19 de diciembre de 2014
Señoras y señores.

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Quiero agradecer a nuestros invitados especiales que estén aquí presentes, tanto al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, como de la Cámara de Diputados, quienes participan en esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública como invitados de honor.
Quiero saludar a los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan funcionarios y dependencias del Gobierno de la República.
De manera muy particular, nuestras Fuerzas Armadas, en la representación que de ellas tienen el General Secretario de la Defensa Nacional y el señor Almirante Secretario de Marina.
Saludar a los señores gobernadores de las distintas entidades federativas.
Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
A los señores representantes o, más bien, la representante de los gobiernos municipales de nuestro país.
A los consejeros permanentes o miembros permanentes representantes de la sociedad civil, de quienes hemos escuchado importantes reflexiones en esta reunión.
Y a los invitados que aquí hoy nos acompañan, que representan a instituciones o dependencias de seguridad pública y de procuración de justicia en las distintas entidades del país.
Y a miembros de la sociedad civil, a quienes saludo con respeto, y a quienes extiendo la más cordial bienvenida a esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Señores representantes de los medios de comunicación:
Sin duda, una responsabilidad fundamental, como lo dijera hace un momento Alejandro Martí, de un Estado democrático es proteger a su población.

De ahí, la importancia de garantizar el Estado de Derecho, y esto significa, porque cuando decimos el darle plena vigencia al Estado de Derecho pareciera una retórica común, y no alcanzamos a entender el alcance que esto tiene, es asegurar que la ley se cumpla puntualmente en todo el territorio nacional.
Y éste es el Consejo, ésta es la instancia superior de coordinación en materia de seguridad pública, y en donde todos sus integrantes compartimos esta responsabilidad prioritaria y fundamental del Estado mexicano.
Hace dos años, cuando me reuní por primera vez con ustedes, en mi carácter de Presidente de este Consejo, expresé que debíamos fijarnos metas claras, y que los objetivos prioritarios serían: reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
Y, sin duda, ha habido avances.
Hoy, son otros los rostros de varias regiones del país que, hasta hace muy poco enfrentaban condiciones de enorme violencia y, sobre todo, de alta criminalidad.
Podría referirme a regiones del Norte del país, como Chihuahua, como Nuevo León.
Aquí lo escuchamos en voz del Gobernador de Durango, en lo que hace a la región de La Laguna, en donde ha habido avances. Pero, sin duda, no son suficientes y menos nos sentimos satisfechos por lo que se ha logrado.
Hemos escuchado aquí las voces de la sociedad que, sin duda, siempre nos convocan a una reflexión y, sobre todo, a que asumamos pleno compromiso frente a lo que es nuestra responsabilidad.
En otras sesiones del Consejo, escuché la voz de Alejandro Martí, cuando en un momento de enorme consternación nacional por lo que ocurría en todo el país, por los altos y elevados índices de criminalidad, demandó de todas las autoridades que participamos en este Consejo, mostrar capacidad para dar respuesta a la demanda ciudadana.
Hoy, nuevamente escucho las voces de la sociedad; en María Elena Morera, en el propio Alejandro Martí, que bien señala lo que, sin duda, es el sentir o, más bien, son ustedes quienes expresan lo que siente una sociedad como la nuestra, que está lastimada, que está conmovida, que está enojada.
Y lo está por hechos tan dolorosos como los ocurridos en Iguala, de los que he referido, han sido actos de barbarie, inaceptables, y que evidencian la debilidad de nuestras instituciones, particularmente en el orden municipal.
Y que eso no significa que no haya debilidades en otros órdenes, estatal o en el mismo orden Federal. Pero sin duda, es en el orden municipal donde tenemos una mayor fragilidad.
Y como aquí lo dijera hace un momento el Gobernador de Morelos, efectivamente, se dotó a los gobiernos municipales de capacidades institucionales, al menos en el orden legal, para poder tener atribuciones en materia de seguridad pública.
En un México muy distinto al que hoy estamos viviendo en pleno Siglo XXI, las capacidades del crimen organizado son otras, mayores, sofisticadas y, en consecuencia, el Estado mexicano debe tener mayor capacidad para hacerle frente al crimen organizado.
Esta reflexión que aquí hoy les comparto, la hemos escuchado ya muchas veces.
Todos, digo, y me refiero a quienes representamos al Estado mexicano en la corresponsabilidad que tenemos de servir a toda la sociedad mexicana, estamos claros que las capacidades del crimen organizado son otras, y por eso la necesidad, y que yo celebro aquí se haya acordado en lo que dijera el Gobernador de Nuevo León, profesionalicemos a nuestras policías.
En el pasado pensamos que sólo certificar a nuestras policías, las de todos los órdenes sería suficiente. Y está muy claro que no.
En los hechos ocurridos en Guerrero un alto porcentaje de su policía estaba certificada en el tema de confianza y, sin embargo, ahí están los resultados, los muy lamentables hechos de Iguala.
Es claro que tenemos que hacer mucho más y que implica un proceso, un compromiso, pero también implica una responsabilidad de todos.
Muy bien lo dijo el señor Gobernador de Morelos: aquí no pueden caber excusas ni disculpas; ni suponer que alguien venga al relevo de la responsabilidad que cada orden de Gobierno puntualmente tiene.
Me adhiero, y con entusiasmo, porque lo veo, lo advierto y lo siento, y estoy muy cerca del gran compromiso que tienen nuestras Fuerzas Armadas.
Me adhiero al reconocimiento que aquí se ha hecho, porque efectivamente, ante la debilidad de nuestras instituciones encargadas de seguridad pública, han sido nuestras Fuerzas Armadas quienes han acompañado a las instituciones encargadas de la seguridad para cumplir con su deber, para no dejarlas solas, para darles mayor capacidad en cuanto al control territorial y, sobre todo, en la capacidad de fuerza para hacerle frente al crimen organizado; en lo que no debiera ser estrictamente su responsabilidad que no sea otra que la de la seguridad nacional y la defensa de nuestra soberanía.
Pero han trabajado y han cumplido puntualmente, y han asumido como compromiso propio, acompañar el esfuerzo del Estado mexicano para brindar seguridad pública a la sociedad mexicana.
Y lamentablemente han habido hechos aislados que han manchado a nuestras instituciones, y especialmente a nuestras Fuerzas Armadas.
Todo esto, lo expresado aquí, lo escuchado aquí, nos debe llevar a repensar. Repensar muy bien y más bien asumir plenamente, cada uno, su responsabilidad, porque ante lo ocurrido en Iguala, ante lo que evidenció, como ya lo compartí, es claro que entre la sociedad mexicana hay falta de credibilidad, hay desconfianza y hay una demanda muy clara: en dónde están nuestras instituciones, las del Estado mexicano, que nos generen un clima de tranquilidad, de paz y en la que cada mexicano pueda hacer lo que esté en su deseo realizar y materializar como proyecto de vida.
Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la tarea que tenemos quienes representamos al Estado Mexicano.
Está muy claro, y yo aquí reitero, y no quiero ser omiso, al contrario, retomo la línea de mi intervención en el amplio reconocimiento que merecen nuestras Fuerzas Armadas, porque durante ya muchos años han estado trabajando con gran esfuerzo, con los sacrificios, con el despliegue para acompañar tareas de las instituciones encargadas de la seguridad.
También es cierto que no estamos partiendo de cero. Es cierto que ha habido avances, en este espacio, en este Consejo, muchas veces, repito, he escuchado reflexiones, buena retórica, buenos discursos, buenas reflexiones, pero no pueden quedar todo y solamente en eso.
Debe ser un espacio de reflexión propia para un servidor y para quienes son gobernadores, para quien es Jefe de Gobierno, para quienes tienen responsabilidad en el área de seguridad y de procuración de justicia.
Para que plenamente asumamos nuestra corresponsabilidad. Que nadie escape y nadie suponga, como ya lo señalé, que vendrá otra instancia, de que vendrán las Fuerzas Armadas, de que vendrá la Policía Federal, para relevarnos de la tarea que es propia, en algunos casos, de los estados.
El caso de Iguala nos ha cimbrado a todos, nos ha cimbrado a las instituciones, ha cimbrado a la propia sociedad.
Será la Procuraduría General de la República quien termine de dar o de concluir la investigación que sobre este caso lleva y que, sin duda, le ha implicado, como se ha señalado, un enorme despliegue de la Procuraduría, de nuestras Fuerzas Armadas, de las Policías Federales en toda la investigación que este caso ha ameritado, quizá como no se tenga precedente en la historia reciente de nuestro país.
Pero a partir de ahí, y a partir de lo que resulte de esa investigación, y de las conclusiones a las que llegue la Procuraduría General de la República, está muy claro que México debe ser otro a partir de lo ocurrido en Iguala, así lo referí en mi intervención de hace algunas semanas.
Debe llevarnos a todas y a todos a realmente emprender ajustes y hacer de estos hechos tan lamentables, una oportunidad para reconducir, para reforzar y fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia.
De combatir la corrupción en este Sistema Nacional Anticorrupción que se ha propuesto, que el propósito no es sólo darle facultades sancionadoras, sino de impulsar políticas públicas que nos permitan combatir la corrupción en todos los niveles y, sobre todo, en aquellos lugares cercanos a la población que más les lastima.
Y de revertir una cultura ancestral a la que hiciera referencia el propio Alejandro Martí.
Yo he señalado que el tema de la corrupción es un tema de orden cultural que tenemos que revertir entre todos.
Es cierto, es la autoridad la que tiene la principal responsabilidad en la creación de instituciones, como las que propone el Sistema Nacional Anticorrupción, para crear mecanismos, herramientas, que nos permitan, realmente, prevenir y evitar corrupción; pero, a final de cuentas, es una tarea de autoridades y de una sociedad en general.
Que en nuestro diario actuar debemos convertirnos en fiscalizadores, precisamente, de autoridades y de agentes sociales que estén implicados en temas de corrupción. Es una tarea de todos.
A nosotros, como sociedad y como Gobierno, nos toca modelar el México que queremos.
No deseo que lo que aquí estoy expresando sea una más de las varias reflexiones que aquí se han hecho, más bien, propongo y deseo que lo que aquí he compartido, lo que ustedes han expresado, la sociedad: las autoridades que han participado en esta Sesión de Consejo, nos lleve a cada uno a asumir con gran compromiso nuestra tarea de servirle a la sociedad mexicana, especialmente en un tema tan crítico y tan sensible, como es el de la seguridad y el de la procuración de justicia.
No vamos a bajar la guardia.
Éste es espacio para reafirmar de manera categórica el compromiso que tiene el Gobierno de la República para seguir trabajando en alcance a los acuerdos que deriven de esta Sesión de Consejo, y de otras más para lograr condiciones de mayor seguridad.
A partir de escuchar la voz ciudadana, a partir de escuchar la representación social al interior de este Consejo, y también, implique el compromiso de las autoridades estatales, como lo refiriera el Gobernador de Morelos, para que cada uno asuma, también, su propia tarea.
Cumplir en materia de seguridad y en materia de procuración es una corresponsabilidad; es una tarea compartida de todos los órdenes de Gobierno.
Y yo deseo, realmente, que lo que aquí se ha compartido, lo que aquí se ha expresado, lo que aquí se ha reflexionado, nos marque, nos comprometa y nos lleve realmente a lograr el objetivo de un México libre de violencia, de un México libre de impunidad, libre de corrupción, y de un México en el que la sociedad mexicana pueda alcanzar sus anhelos y sus propios sueños.
Ese es mi deseo y ese es el compromiso que asumo como responsable de la titularidad del Ejecutivo Federal.
Celebro los acuerdos tomados en esta Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que, estoy seguro, contribuyan a este objetivo.
Convenio de Marco de Mando Único, en tanto se logra la aprobación a la propuesta que habrá de debatirse y, seguro estoy, enriquecerse en el Congreso de la Unión.
La Estrategia Nacional de Desarrollo Policial, que el Acuerdo para que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia elabore protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura.
Agradezco la presencia aquí del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es integrante, también, de este Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Que se cuente con una nueva metodología para medir la incidencia delictiva y elevar la calidad de la información.
Nadie quiere que se oculte datos, ni información que no sólo deba de ser pública, sino que norme el actuar de las instituciones encargadas de seguridad.
Nos importa conocer la verdad, información veraz, clara, por dura que pueda ser.
Yo celebro que se haya acordado aquí, definido la metodología que, insisto, eleve la calidad de la información.
Y que el hecho de que se adopten las medidas necesarias por contar con un número único de emergencias en todo el país, como lo propuse en el decálogo de medidas, hace apenas algunas semanas.
Proceso que, sin duda, es complejo; de ser fácil ya se hubiese instrumentado.
Tomará semanas, quizá algunos meses, en tanto se logran integrar y conectar las distintas plataformas de servicios de emergencia, pero es algo que estamos resueltos a hacer que se logre.
Y que México tenga un número único de emergencias, como ocurre en los países de mayor desarrollo, y eventualmente sea el mismo que se emplea en aquellos países.
Esto es parte de los acuerdos que aquí se han tomado. Yo los felicito.
Y reconozco la muy puntual y yo creo que oportuna participación, especialmente de los representantes de la sociedad civil, en este Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Porque nos hace reflexionar, a quienes tenemos responsabilidad, pero sobre todo debe llevarnos a comprometernos aún más en a favor de la seguridad.
Es una tarea que además es medible y es medible espacio por espacio, entidad por entidad, entendiendo muy bien las diferenciadas condiciones que tienen las distintas regiones y entidades del país, pero a final de cuentas, medible.
Y eso me parece que debe ser algo que motive, que aliente y comprometa el esfuerzo de todas y de todos.
Concluyo mi intervención, señores, deseándoles felices fiestas decembrinas, a ustedes y a sus familias, pero sobre todo, que 2015 depare a México un horizonte mucho más promisorio, en el que el trabajo compartido, el compromiso resuelto que aquí hemos expresado nos lleve a seguir construyendo un México más libre, un México más democrático, un México que permita la realización plena de todos los ciudadanos de este país, de cada mexicana y de cada mexicano.
Muchísimas gracias.
Y muchas felicidades.
Dije que había concluido pero me faltó clausurar, que fue el motivo de mi intervención.
Y por ello, me resulta muy grato, hoy 19 de diciembre de 2014, declarar clausurada esta 37ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la certeza, y así lo deseo, que los acuerdos alcanzados contribuyan a fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano en materia de seguridad pública y de procuración de justicia, por el bien de todo México.
Muchas gracias, y felicidades.
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Diversas intervenciones durante la 37ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
-MODERADORA: Para moderar los trabajos de esta sesión, queda en uso de la palabra el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Contador Público Jorge Carlos Hurtado Valdez.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: De conformidad con el registro de asistentes, se constata que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del Consejo, por lo que con base en el Artículo 15 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe quórum para celebrar la 37ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Para iniciar los trabajos, me permito someter a la consideración de los integrantes del consejo el Orden del Día para su aprobación, el cual se hizo de su conocimiento con anticipación y se encuentra en sus carpetas de trabajo.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.
Muchas gracias.
La Orden del Día ha sido aprobada.
En el mismo sentido, me permito poner a la consideración de los integrantes de este Consejo el Acta de la 36ª Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de agosto de este mismo año, misma que se hizo de su conocimiento con anticipación.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.
Muchas gracias, señores Consejeros.
Una vez que ha sido aprobada el Acta en estos términos, el acuerdo final es el siguiente:
Acuerdo 01/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprueba en sus términos, el Acta de la 36ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el pasado 22 de agosto del año 2014.
Para iniciar con la agenda temática de la sesión, hará uso de la palabra el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.
-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Con su autorización, señor Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto.
Señor Presidente del Senado de la República; de la Cámara de Diputados; señor Jefe de Gobierno; señores Gobernadores; señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República; señores representantes de la sociedad civil; señoras y señores:
Para asegurar condiciones de tranquilidad y dar plena vigencia al Estado de Derecho en todo el territorio nacional, debemos asumir en conjunto la tarea impostergable de consolidar nuestras instituciones.
Esa es la ruta para que toda autoridad, sin importar en qué región del país se encuentre, pueda cumplir con su primera y más importante obligación: garantizar la seguridad de los mexicanos.
Por eso, como es su instrucción, señor Presidente de la República, seguiremos trabajando en coordinación con los gobiernos locales, para fortalecer sus capacidades institucionales. Para que cuenten con mejores herramientas de prevención y persecución del delito y desarrollen mecanismos más eficaces de procuración de justicia.
Para que desde la corresponsabilidad, entreguemos los resultados que la sociedad nos demanda y nos exige.
Y es así, porque sólo alineando esfuerzos podemos generar soluciones de fondo y de largo plazo ante el momento que vivimos.
Se trata de que en cada municipio del país, sin importar que tan alejado esté, los ciudadanos cuenten con instituciones sólidas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.
Con corporaciones de seguridad profesionales que la respalden, que sean confiables y que nunca actúen al margen de la ley, para que jamás la colusión entre crimen y autoridad vuelva a lastimar a las familias mexicanas.
Lograrlo, requiere trabajo conjunto, de unidad, sin politizarse, de los órdenes de Gobierno, de los Poderes y de la sociedad, porque si bien hay avance en regiones y estados, en municipios, es necesario que redoblemos el paso para que sus efectos se sientan en cada comunidad y en cada municipio del país.
Y para alcanzar este objetivo prioritario, todos, absolutamente todos, debemos asumir a plenitud la necesidad de acelerar los trabajos.
Y ese es, precisamente, el objetivo que fijó el Presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 27 de noviembre, al presentar 10 medidas puntuales para consolidar nuestro Estado de Derecho en todo el país.
Son medidas que, sin duda, se fortalecen con el trabajo permanente de este Consejo y con los compromisos conjuntos que aquí hemos consensuado.
Si me lo permite, señor Presidente, daré cuenta del cumplimiento de los acuerdos que alcanzamos en nuestra última sesión.
Como primer punto. Señalo que ya ha quedado instalada la Comisión Especial de Desarrollo Policial, instancia colegiada que ampliará y articulará los esfuerzos en la materia.
Más adelante el Presidente de la Comisión informará sobre el diseño de este modelo, así como las acciones necesarias para su implementación.
En segundo lugar. Y como muestra clara de la valiosa participación de la sociedad civil en este Consejo, se han difundido a nivel nacional, las medidas para prevenir el robo de teléfonos celulares.
Se trata de brindar información a la ciudadanía para que sepa cómo obtener el número de identidad internacional de su equipo móvil, y que pueda reportarlo en caso de robo o extravío, a fin de que sea bloqueado, y se evite su mal uso.
La campaña se lanzó a nivel nacional el pasado martes 25 de noviembre, y destaco que desde entonces y hasta el día de ayer, se han alcanzado alrededor de 150 mil impactos en radio y cerca de 35 mil en televisión.
En tercer lugar. También a partir de una propuesta ciudadana, y en atención al compromiso presidencial de informar mensualmente la incidencia delictiva, acordamos mejorar la manera en que se recaba y se reporta la estadística que generan las instituciones de seguridad pública.
Para avanzar en ello, se diseñó una nueva metodología de registro y análisis de información, que hoy se someterá a la aprobación de este pleno. Esto permitirá homologar a la clasificación de los delitos a nivel nacional, y sentar las bases para una rendición de cuentas más efectiva.
Asimismo, por su relevancia, destaco tres de los acuerdos que se propondrán a este pleno el día de hoy. En seguimiento a lo anunciado por el Presidente de la República, el pasado 27 de noviembre, se pondrá a consideración de este Consejo las medidas para la adopción de un número único de emergencias, que opere en forma homologada, oportuna y eficaz en todo el territorio nacional.
Se trata de contar con un servicio estandarizado a nivel nacional que reduzca los tiempos de respuesta y mejore la calidad de atención a la sociedad. Para alcanzar este objetivo, el Secretariado Ejecutivo habrá de definir las acciones, metas y tiempos que los tres órdenes de Gobierno deberán cumplir.
Asimismo, a la par del análisis que realiza el Congreso de la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, sobre Policía Única, hoy se propondrá un acuerdo para coordinar los esfuerzos que las entidades federativas actualmente realizan en la materia.
Se trata de aprovechar lo que se ha realizado en el marco de los convenios de colaboración y de los acuerdos que se han tomado en este Consejo. Concretamente, se solicitará al Secretariado Ejecutivo diseñar y proponer un convenio marco de Policía Única, que permita a aquellas entidades que así lo decidan, homologar su instrumentación.
Así como elaborar un modelo de estructura orgánica mínima estatal, que incluya lineamientos y procesos uniformes. Esto permitirá fortalecer la capacidad de las instituciones locales, y si el Congreso así lo dispone, estos esfuerzos serán puestos a su consideración.
La policía estatal es una fórmula de corresponsabilidad para ser más eficientes, que no significa restar, sino multiplicar, que no significa reducir, sino potenciar nuestras capacidades.
Y esto se complementa con un tercer acuerdo que destaco, que es la propuesta para que el Secretariado Ejecutivo elabore un diagnóstico sobre la remuneración, prestaciones y nivel académico que deben tener todos los policías del país.
Porque los trabajos en desarrollo policial deben continuarse y profundizarse, pues son la base para que todas las corporaciones estén a la altura de lo que los mexicanos demanden, porque profesionalizar a los elementos, también es dignificar su labor y ello se traduce, sin duda, en una protección más efectiva de la población y, muy importante, una mayor confianza ciudadana.
Garantizar la seguridad en todo el país es una obligación primordial que nos exige fortalecer las estructuras institucionales del Estado mexicano.
Hoy los mexicanos nos llaman a todos a redoblar esfuerzos, tomar decisiones y emprender los cambios que son necesarios para lograrlo.
Y en esta tarea, señor Presidente, seguiremos sus instrucciones, actuando con firmeza, con la urgencia que el momento amerita y con la visión de largo plazo que las soluciones de fondo requieren.
Muchas gracias.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Muchas gracias, señor Secretario.
Para desahogar el punto cinco del Orden del Día comunico a los integrantes de este Consejo Nacional que el Secretariado Ejecutivo ha presentado su informe correspondiente al presente periodo de sesiones, así como ha recibido los informes de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, así como los Informes de las Comisiones Permanentes de Información, de Certificación y Acreditación y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dichos informes se encuentran en el disco anexo que está en sus carpetas.
De conformidad con los protocolos establecidos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, someto a su consideración el siguiente acuerdo:
Acuerdo 02/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentados los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las Comisiones Permanentes, así como de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal.
Los miembros del Consejo que estén por la afirmativa para la aprobación de este acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano.
Se aprueba.
Muchas gracias, señores Consejeros.
A continuación, para desahogar el punto seis del Orden del Día, cedo el uso de la palabra al licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Presidente de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, y Gobernador del Estado de Coahuila.
-GOBERNADOR RUBÉN MOREIRA VALDEZ: Buenas tardes, señor Presidente; compañeros del Consejo.
En este año 2014, hemos sumado esfuerzos y voluntades entre los gobiernos de las entidades federativas y los municipios con el Gobierno de la República para avanzar en una nueva etapa de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia; hacerlas más modernas, confiables, y que ofrezcan resultados.
A nombre de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, procedo a rendir el Informe sobre el Cumplimiento de Evaluaciones de Control de Confianza y Certificación del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.
Esta comisión, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, ha dado cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativo al proceso de evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública al 30 de octubre del presente año.
Por primera vez en la historia de las instituciones de seguridad pública en el país, se ha logrado instaurar un programa de evaluación en control de confianza permanente, bajo un modelo homogéneo a nivel nacional, operado a través de 38 centros acreditados; tres Federales y 35 estatales.
Dichos centros realizaron 855 mil 465 evaluaciones de control de confianza a aspirantes y elementos en activo; es decir, una cifra de evaluaciones superior al doble de los elementos que integran las fuerzas en activo.
Al cierre de las fecha establecida por la Reforma del Artículo Tercero Transitorio de la Ley en comento, los Centros de Evaluación y Control de Confianza Federales, reportaron un avance del 100 por ciento de sus servidores públicos evaluados; es decir, que todos los elementos activos cuentan con al menos una evaluación; el 93 por ciento del personal en activo evaluado obtuvo la certificación al aprobar los exámenes de control de confianza.
Para dar cumplimiento al Artículo Cuarto Transitorio de la mencionada ley, las dependencias federales han iniciado el proceso de depuración de tres mil 516 elementos que no aprobaron las pruebas.
Al cierre de la fecha estipulada en la Reforma a la que he hecho mención, del 99 por ciento de las entidades federativas, 31 alcanzaron el 100 por ciento de la plantilla activa evaluada de las instituciones de seguridad pública.
El 88 por ciento de los elementos en activo obtuvo la certificación, porcentaje del cual el 90 por ciento corresponde al ámbito estatal y el 86 por ciento al municipal.
Las entidades federativas prosiguen con la depuración de los 38 mil 698 elementos que no aprobaron las evaluaciones.
Estas acciones continuarán en un esquema de corresponsabilidad de manera permanente en concordancia con lo que establece la Ley General, y como parte de la construcción de una nueva cultura de fortalecimiento de las instituciones al servicio de la ciudadanía y del país.
Señoras y señores:
Éste es el informe de la Comisión que integramos y el compromiso de mantener la depuración de los cuerpos de policía.
Gracias, señor Presidente.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Muchas gracias, señor Gobernador.
Para exponer lo referente al punto siete, hará uso de la palabra el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, Presidente de la Comisión Especial de Desarrollo Policial y Gobernador del Estado de Nuevo León.
-GOBERNADOR RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ: Muchas gracias.
Muy buenos días.
Con su permiso, señor Presidente.
Integrantes de este Consejo.
A continuación procederé a leer la justificación y el acuerdo correspondiente a la Comisión que me toca honrosamente coordinar.
México requiere de corporaciones con elementos debidamente capacitados y fortalecidos para el ejercicio de sus funciones, con vocación de servicio, honestos, con sentido de lealtad al ciudadano y que estén a la altura de las circunstancias que estamos viviendo.
Por tal motivo, consideramos que es inaplazable la definición de un modelo de desarrollo policial en todo el país, que busque reducir las asimetrías entre las corporaciones policiales en cada uno de los estados, pero sobre todo, basado en resultados que la gente pueda apreciar.
Por lo tanto, es necesario que las corporaciones cuenten con el mínimo en número de elementos por habitantes, conforme a los estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Que los elementos policiales tengan acceso a condiciones laborales, profesionales y humanas que fortalezcan su desarrollo profesional, que perciban un salario digno que satisfaga sus necesidades y las de sus familias, así como un conjunto de prestaciones e incentivos que garanticen la permanencia y desarrollo de los elementos en una carrera profesional de servicio policial.
Todas las corporaciones deben garantizar que los elementos de nuevo ingreso y en activo cuenten con formación inicial pertinente, además del nivel educativo que exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto, para lograr un desempeño profesional de los elementos.
Se debe contar con mecanismos claros y transparentes para las promociones y ascensos en la escala de mandos, con base a la constante profesionalización, pero, sobre todo, con base en los resultados positivos hacia la ciudadanía.
Se requiere compromiso en la profesionalización, que consiste en el fortalecimiento de la doctrina policial y el régimen disciplinario en las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia para promover la ética profesional, la cultura de la legalidad y el sentido de pertenencia a la institución.
Asimismo, es urgente la evaluación constante de las habilidades, desempeño y resultados de la formación policial.
En el marco de los trabajos realizados por la Comisión Especial de Desarrollo Policial, y con el objetivo de que siga contribuyendo de manera activa y propositiva al fortalecimiento y dignificación de la carrera policial en el país, el Consejo Nacional adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Elaborar un diagnóstico detallado sobre los sueldos y el catálogo de prestaciones que actualmente reciben las policías municipales y estatales, para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presente al Consejo Nacional de Seguridad una propuesta de salario mínimo policial nacional y de prestaciones básicas, entre las cuales deberán considerarse: seguro de vida, seguro de gastos médicos, becas para hijos de policías, programas de vivienda, programa de retiro y apoyos para las familias de policías caídos en cumplimiento del deber.
Elaborar un Programa de Nivelación Académica que contribuya a elevar el nivel académico de los policías en activo, y garantice el cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en este tema.
Impulsar el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de las academias estatales y municipales de seguridad pública.
Fortalecer la instrucción de los elementos policiales en materia de doctrina policial en las corporaciones de seguridad pública del país.
Desarrollar un programa para el fortalecimiento de las comisiones en ascenso.
Impulsar la consolidación y funcionamiento efectivo del régimen disciplinario en las instituciones policiales.
Desarrollar un programa que permita establecer mecanismos claros y transparentes para la sociedad, y para las propias instituciones policiales, en el caso de promociones de los elementos.
Promover evaluaciones de habilidades, pero, sobre todo, del desempeño de todos los elementos policiales.
Lo anterior, respaldado por una estrategia basada en resultados y a la baja de los índices delictivos, que es, al final, lo que espera la ciudadanía.
Muchas gracias.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Muchas gracias, señor Gobernador.
Se pone a consideración de los señores Consejeros que esta propuesta formulada por el Presidente de la Comisión Especial de Desarrollo Policial, el Gobernador Rodrigo Medina, de Nuevo León, pase como número de Acuerdo Número 03/37/14, para lo cual les solicito a ustedes que los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano.
Muchas gracias.
Queda aprobado este acuerdo relacionado con el desarrollo policial.
A continuación, para atender el siguiente punto del Orden del Día y en cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en referencia a incluir la participación de la sociedad civil en este órgano colegiado, cedo el uso de la palabra a la doctora María Elena Morera de Galindo, invitada permanente a este Consejo.
-DRA. MARÍA ELENA MORERA DE GALINDO: Muchas gracias. Buenas tardes.
Señor Presidente; señores miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública; amigos de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
Éste es el discurso más difícil que me ha tocado pronunciar, con mis palabras quiero caminar en una línea muy delgada entre la legítima indignación y la necesidad de construir.
Somos muchos mexicanos y mexicanas doblemente agraviados.
Primero. Por los hechos de: Tlatlaya, Ayotzinapa, de las casas y esta semana de la Ruana, en Michoacán, entre otros.
Segundo. Por la limitada respuesta de las autoridades ante estos hechos.
Sin embargo, también hay que reconocer que algunas autoridades han actuado y hay que reconocer la necesidad desde la sociedad civil de tener esperanza y apoyar al Gobierno, no para administrar la crisis, no para esconder los temas debajo de la mesa, sino para transformar las instituciones nacionales y forjar un país distinto, reconstruyendo también el tejido social.
Sabemos todos que existe un círculo de corrupción, simulación e impunidad que impide que tengamos cambios de fondo en nuestro país y que en este círculo todos estamos inmersos o la gran mayoría de los mexicanos.
Si no logramos cambiar esta ecuación, no tendremos policías profesionales, ni ministerios públicos honestos, ni un sistema judicial que nos permita construir un verdadero Estado de Derecho.
El caso de Iguala es la versión extrema y más dolorosa de este problema, donde las autoridades locales actuaron mal, muy mal, y las federales quizá por omisión, también lo hicieron.
Sin embargo, aquí también hay que reconocer el trabajo que hizo la Policía Federal y la Procuraduría General de la República para encontrar a los culpables y ponerlos en la cárcel, para tratar de encontrar a las víctimas y para apoyar a las familias. Sin embargo, este trabajo aún no está cerrado y esperamos que pronto así lo sea.
Sin embargo, también tenemos muchos otros casos, como en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, el Estado de México, Morelos, Veracruz, entre otros, que no podemos ni debemos dejar de ver, ni olvidar a las víctimas que no están siendo debidamente atendidas por todas sus autoridades.
Lo que hoy ocurre en Guerrero, es un ejemplo contundente de la erosión institucional que sufre el Estado por este binomio inseparable de corrupción y de criminalidad. Las mismas redes de opacidad, que protegen y permiten que un Presidente Municipal, un Gobernador o un funcionario federal aproveche su cargo público para beneficio propio, son las mismas carreteras por las que los delincuentes penetran e infiltran los distintos órganos de autoridad.
Es por eso que las acciones para combatir la corrupción deben atender a sus causas y dejar a un lado la simulación pues se trata de un problema estructural en el que todos tenemos algo que hacer.
Y en este sentido, nos preocupa que la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue impulsada desde la sociedad civil por organizaciones y expertos, esté detenida en el Legislativo por la insistencia de algunos partidos de querer meter un consejo de ética o uno de integridad pública, y me refiero al PAN y al PRI.
Consideramos que esto rompería con la credibilidad del esfuerzo, ya que no es concebible que quienes son sujetos obligados, también sean juez y parte.
El problema es que la corrupción debilita la seguridad nacional, poniendo en riesgo la solidez y la sustentabilidad del Estado mexicano y fomenta la inseguridad pública llenando de miedo la vida de los ciudadanos.
En esta materia, los policías son el primer y más importante eslabón de los ciudadanos con el Gobierno.
Una policía que debería ser respetada y que debería darse a respetar, pero no. La mayoría de los ciudadanos la ven como una institución represora, reactiva, abusiva y desvinculada.
Pero ellos, los policías, también son víctimas de atropellos por parte de los ciudadanos, como lo hemos visto en Guerrero o en el Distrito Federal en los últimos meses sin que la autoridad haga nada y simplemente se queda callada, al igual que los ciudadanos. También, muchas veces son víctimas de sus propios superiores, por esto es la necesidad de diseñar una política pública de seguridad pensando en la policía, pero en la policía que queremos.
En este sentido, coordinar 32 policías es más sencillo que mil 800, indudablemente. Sin embargo, esto no sugiere un cambio de fondo o no solamente con esto vamos a tener un cambio de fondo, sino que es un cambio gerencial. Y no necesariamente hay razones para creer que podemos confiar más en un Gobernador que en un Presidente Municipal.
Yo, la verdad, no le encargaría la seguridad de mi familia al ex Gobernador de Tamaulipas, o al de Guerrero o al de Michoacán, como tampoco se lo confiaría al Presidente Municipal de Iguala o de Ecatepec.
Lo importante son los pesos y contrapesos, la certificación institucional, no sólo quién es el jefe de la policía.
Con respecto a la iniciativa de ley no hay una posición unificada dentro de la sociedad civil, creemos que se debe de analizar por el cambio que implica, por los recursos económicos que se requieren, por el tiempo para lograrlo y principalmente saber cuál es el objetivo para hacerlo.
Recordemos que hemos tenido muchísimos cambios respecto a nuestro sistema de seguridad desde 1994 y hoy no estamos mejor.
Estamos convencidos que las soluciones no solamente se dan por ley o por decreto, y además, mientras esta discusión de la ley sigue adelante, creemos que podemos avanzar mucho y para lograrlo, como dijo el Secretario Osorio, hay un trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades y éste es fundamental en la construcción de un México seguro.
Por ejemplo, desde Causa en Común, hemos tenido la apertura de los gobiernos estatales para acompañar a las policías estatales en su desarrollo policial; hemos identificado instituciones policiales, como la de Baja California o la de Nuevo León, con un sistema de desarrollo policial aceptable, muy aceptable, y que se refleja, por supuesto, en la seguridad de sus ciudadanos, mientras que otros, como Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur y Zacatecas, han sido incapaces de atender el desarrollo de sus policías.
Lo que tenemos que hacer es ver cómo sí se puede lograr. Y una forma de avanzar, como ya lo dijo el Gobernador Medina, es estableciendo estándares mínimos, que sean comunes a todas las policías del país.
Esto se va a traducir en que cualquier policía en la calle respetará y protegerá nuestros derechos, pero también significará que él o ella tengan la certeza de que las instituciones a las que pertenecen también respetan los suyos.
Al respecto, nos dio gusto conocer los avances de la Comisión Especial de Desarrollo Policial, pero agregaríamos que se requiere un mecanismo para garantizar su cumplimiento y que le pongan tiempo, porque sin tiempos nada se cumple.
Abracemos a nuestros policías y garanticemos que tengan una carrera profesional y no un trabajo como última opción.
En suma. Proponemos la legislación e implementación efectiva de un sistema nacional anticorrupción sin consejos.
Segundo. El rediseño institucional del Secretariado Ejecutivo, a fin de que no solamente administre recursos, sino que sea una instancia que genere y evalúe política pública.
Tercero. La implementación efectiva del desarrollo policial.
Cuarto. El establecimiento de estándares profesionales.
Quinto. La certificación institucional. No es suficiente la certificación individual.
Sexto. La creación de un mecanismo de supervisión externa.
Y por supuesto, reconocemos que el Presidente incluyó la Clave Única de Identidad en su decálogo.
Señoras y señores:
La confianza institucional se construye. No basta con que nuestras autoridades identifiquen que estamos haciendo reclamos. Es impostergable que actúen en consecuencia.
Comencé esta intervención refiriéndome a la legítima indignación, la cual no significa asumir una actitud derrotista ni violenta, sino que es una oportunidad de construir un México más seguro, teniendo memoria de los acontecimientos ocurridos para que nunca más se presenten, generando instituciones transparentes y cercanas a los ciudadanos, no sólo en papel sino en lo cotidiano.
Muchas gracias.
-CP. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Muchas gracias, doctora María Elena Morera.
Continuamos con el Punto 9 del Orden del Día para lo cual cedo la palabra al licenciado Jorge Herrera Caldera, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernador del Estado de Durango, quien hablará sobre el tema del Mando Único.
-GOBERNADOR JORGE HERRERA CALDERA: Muchas gracias.
Señor Presidente Enrique Peña Nieto; distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad; señoras y señores.
La seguridad pública es una tarea de todos. En este reto no caben diferencias por colores políticos, ni existe espacio para el protagonismo y la demagogia. El momento nos reclama una respuesta certera, oportuna, sensible y a la altura de las circunstancias por parte de las instituciones de la República.
En este sentido, quienes integramos la Conferencia Nacional de Gobernadores expresamos nuestro firme respaldo al decálogo presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto, en favor de la seguridad, la justicia, la paz y el desarrollo.
En particular, reafirmamos nuestro decidido compromiso para respaldar y concretar el modelo de Mando Policial Único en las 32 entidades federativas del país.
Se trata de dar un salto cuantitativo y cualitativo en el modelo policial que actualmente opera en el país, que traerá beneficios como la nivelación académica de los policías, la homologación salarial, sus prestaciones, un nuevo sistema penal acusatorio, mayor y mejor infraestructura y equipamiento, y capacitación para los mandos policiales.
Con todo ello, vamos a trabajar juntos para cambiar la multiplicidad de mandos. La fragilidad institucional de mil 800 policías municipales, por la creación de 32 corporaciones confiables, profesionales y eficaces.
Vamos a unificar para fortalecer. Vamos a trabajar unidos por la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas.
El modelo de Policía Único ya ha generado casos exitosos.
En la Comarca Lagunera, hace dos años, con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto, construimos el Mando Único que opera en los municipios de los estados de Coahuila y de Durango.
Gracias a la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, y un trabajo que ha dirigido acertadamente el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, se creó lo que es el Mando Especial, que está a cargo del Ejército Mexicano, a quien hoy expreso mi reconocimiento, porque en la región lagunera, a dos años de implementar esta estrategia, se ha disminuido en un 85 por ciento el índice de homicidios dolosos, y en un 80 por ciento los secuestros.
Debo resaltar que esta exitosa estrategia va acompañada de la aplicación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, impulsado, también, por el Gobierno de la República.
El mensaje es claro: impulsar el modelo de Mando Único y conformar 32 corporaciones policiacas; éste es el camino correcto.
Por ello, los Gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal nos sumamos a esta propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto.
Estamos listos para dar los pasos necesarios y acelerar la implementación de este nuevo modelo, y contribuir, con ello, a la construcción de un México en paz y de prosperidad para todos.
Asimismo, y por la importancia que significa para la Agenda Nacional este tema, hacemos una atenta invitación al Legislativo Federal para que se lleve a cabo las reformas pertinentes que hagan posible la Policía Única en cada una de las entidades federativas.
Éste es un gran paso para lograr la paz y la seguridad de México.
Quienes integramos la Conferencia Nacional de Gobernadores, respaldamos esta propuesta para hacer posible que se genere la paz; una paz con justicia en nuestro país.
Muchísimas gracias.
C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Me voy a permitir dar lectura a la propuesta de acuerdo que nos hicieron llegar los señores Gobernadores, respecto de este punto.
Acuerdo 04/37/14. En seguimiento a los acuerdos adoptados en el seno de este Consejo, relacionados con la firma de convenios de colaboración para la coordinación del Mando Policial, se acuerda:
Uno. Se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diseñar y proponer a este Consejo Nacional un convenio marco de modelo único que permita homologar, a nivel nacional, la instrumentación del modelo Mando Único Estatal.
Las entidades federativas que así lo determinen, suscribirán en su oportunidad y, en su caso, los convenios modificatorios a los convenios de mando único que tengan celebrados.
Punto dos. En el marco del convenio antes mencionado, se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a proponer a este Consejo Nacional de Seguridad Pública, el modelo de estructura orgánica mínima estatal, así como las bases y procesos homologados de operación, conforme al modelo de mando único estatal y de certificación de los integrantes de las instituciones policiales en las competencias profesionales básicas.
Para el efectivo cumplimiento de los acuerdos antes referidos, las comisiones especiales de desarrollo policial y la de mando único del Consejo Nacional de Seguridad Pública, participarán en el seguimiento de su implementación.
Estas acciones se llevarán a cabo en tanto el Congreso de la Unión discute y, en su caso, aprueba la iniciativa de reformas a la Constitución para establecer el Mando Único.
Señores integrantes de este Consejo se pone a consideración el mismo y los que estén por la afirmativa les solicitamos que por favor, lo manifiesten levantando la mano.
Muchas gracias, señores Consejeros.
El acuerdo ha sido aprobado.
Continuamos con el punto 10 del Orden del Día, para lo cual cedo la palabra al licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del Estado de Morelos, quien expondrá su experiencia en la implementación del modelo de mando único en su entidad.
-GOBERNADOR GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU: Muchas gracias, señor Secretario.
Señor Presidente, miembros del Gabinete, representantes de la sociedad civil, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señores Presidentes de las Cámaras de Diputados y del Senado de la República:
Yo creo que los acuerdos que hemos propuesto y hemos resuelto del modelo policial, de la propuesta hecha por el Gobernador Rodrigo Medina, a nombre de esta Comisión; la del Gobernador Jorge Herrera, a nombre de la CONAGO.
Y la expresión que me llama la atención de María Elena Morera, creo que debe ser considerada en el marco de un reconocimiento que aquí no puede ser regateado por nadie.
Tenemos una profunda crisis del Estado mexicano en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia. Ésta es una crisis prolongada por más de 20 años, que se manifiesta dramáticamente en el caso de Iguala, en el ajusticiamiento en San Fernando de migrantes, en los hechos últimos de La Ruana y en las expresiones como Tlatlaya y otras.
Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Esa es la consecuencia, no la causa de un deterioro prolongado. Y seguimos caminando en una visión estratégica de la emergencia y creo que ha llegado el momento de asumir con valentía y responsabilidad una modificación de esta estrategia.
La emergencia no puede convertirse en normalidad y la hemos convertido en normalidad. El estar incorporando en esta emergencia como un problema de seguridad nacional, la crisis de la seguridad pública, llamando a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México a sustituir responsabilidades que competen al poder público, expresado en la Constitución en materia de seguridad pública, no es lo mejor.
Hay que tener decisión firme, todos, en que ha llegado el momento de darle su lugar que deben tener las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Nacional y no en funciones de seguridad pública. Ellos no son la policía. La policía es responsabilidad nuestra, señor Presidente, y de los 32 representantes de las entidades federativas, como Gobernadores, con la legitimidad de haber sido electos como tales. Es nuestra responsabilidad.
Usted ha echado mano, como otros Presidentes lo hicieron en su momento, y algunos me parece que con una impronta de guerra, totalmente equivocada, a una situación de violencia en el país, donde más de 100 mil mexicanos han perdido la vida y 30 mil han sido desaparecidos o están en calidad de desaparecidos.
Cada vez más estamos desgastando nuestras Fuerzas Armadas en hechos de violación de derechos humanos, que no merecen tener ellos, porque son fuerzas leales al país y sacrifican todo para mantener la integridad de nuestra Patria.
Por lo tanto, yo creo que ha llegado también, como dice María Elena, cambiar la ecuación. La ecuación es que en 1999 decidimos darle facultades en el Congreso a los municipios en seguridad pública.
Y el Constituyente del 17, en el 115, estableció con claridad, las facultades de bandos de buen gobierno, policía y buen gobierno a los ayuntamientos.
Y como decía hace rato, nuestro amigo el Procurador, qué país era el que teníamos en el 17, pero qué visión del Constituyente de dejar en manos de ayuntamientos solamente, facultades de buen gobierno y policía, pero no dotarlos lo que hicimos en 99.
Yo creo que nos equivocamos. Hoy tenemos más de dos mil policías en este país, dos mil municipios en este país, que no tienen capacidad técnica policial. Hoy tenemos, en los que puedan tener capacidad, dudas de que tengan lealtad con la ciudadanía.
Estamos ante un fenómeno con muchos recursos financieros, con armas hipócritamente dotadas desde el lado Norteamericano, que nos exigen cuentas a nosotros, nos califican, pero hay 36 millones de consumidores diarios en ese país, y ahí no pasa nada, solamente pasa en nuestras fronteras, en nuestro país, allende a las fronteras de ellos.
Nosotros necesitamos tomar una decisión estratégica, y creo que es definitivamente, reconocer la penetración que existe del crimen organizado en policías municipales, como en policías estatales, también; como en jueces, como en ministerios públicos.
Se trata de una beligerancia criminal, que se ha consolidado en cárteles y en grupos y células delictivas, que están desafiando al Estado mexicano.
Iguala qué nos presenta, el hecho de delincuentes policías o policías delincuentes. Ellos colocan al Estado mexicano contra la pared, atentando contra estos jóvenes.
Pero es el Estado, gritan por todas partes, es el Estado. Efectivamente y tenemos que reconocerlo, pero no somos los responsables, si no actuamos con firmeza y decisión los que somos hoy, perdón, responsables de actuar, señor Presidente.
Y Presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, no hay que escamotear en esto.
La urgencia está en tomar decisiones y fortalecer el Estado de Derecho, porque la experiencia de Morelos y en otras entidades del país, es que hemos hecho convenios con los policías municipales para asumir el mando de las policías, ante la evidencia de la penetración del crimen en estas entidades, pero si no fortalecemos el Estado Derecho y revisamos las facultades funcionales de qué sirve el modelo policial planteado ahorita por la Comisión; con qué recursos si estamos dispersando los fondos en municipios y entidades.
Un Fondo Nacional Único para fortalecer un modelo único de policía.
Y segundo. Hay que ser claros, en este sentido, que respondamos 32, no que se diluyan tres mil 800.
Que demos la cara los 32, que somos parte de la gobernabilidad, junto con el Ejecutivo Federal.
El viejo presidencialismo del Presidente mandamás no existe más en este país.
Este presidencialismo ya pasó a la historia. Hoy somos corresponsables con usted, Presidente, de la gobernabilidad, nosotros.
Y hay que dar la cara los Gobernadores y el Jefe de Gobierno que tiene la particularidad constitucional por su situación, como capital de la República, de tener un mando de policía que responde, en nuestra ciudad con todas las dificultades que tiene, pero responde.
Creo que nosotros los que hemos caminado en este modelo, lo hemos hecho con los esfuerzos, pero no con los recursos.
Lo hemos hecho con decisión política y voluntad, pero no tenemos el marco legal, Presidente.
Y compañeros del Consejo, ha llegado la hora de cambiar el paradigma. No podemos seguir sosteniendo a las Fuerzas Armadas en este desgaste peligroso para el país y para el Estado mexicano.
La crisis si llega hasta allá, va a ser de graves consecuencias.
Hoy está en nosotros pararla, está en ustedes Senadoras, Senadores, está en ustedes Diputadas y Diputados.
Está en los Presidentes Municipales dar el paso también.
Por ello, yo creo, señores.
Amigas y amigos:
Que ha llegado la hora de tener 32 policías estatales en nuestro país únicas, y responderle al país y a la sociedad, los Gobernadores, el Jefe de Gobierno y los Gobernadores.
No porque no respondamos, sino porque requerimos la facultad constitucional de hacerlo y que el Ejército Mexicano y la Armada, Marina Armada de México cumpla sus funciones esenciales de seguridad nacional y de salvaguardar la soberanía de México.
Ya no más desgaste en nuestras Fuerzas Armadas. Mejor nos enfrentamos nosotros al problema y lo resolvemos.
Hay condiciones y la gente exige respuestas.
Podemos estar en acuerdo o no en los temas, pero lo sustantivo es eso: tomar la decisión, dar el paso y dar la cara, los que estamos aquí, ante la sociedad.
Muchas gracias.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Muchas gracias, señor Gobernador.
Tiene la palabra el Gobernador del Estado de México, licenciado Eruviel Ávila Villegas.
-GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señoras y señores Consejeros; señoras y señores todos:
Hoy, los Gobernadores del país, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, queremos pronunciarnos en favor de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Expresar un reconocimiento sentido, sincero, al Ejército Mexicano, a la Fuerza Aérea Mexicana, a la Marina Armada de México, a la Policía Federal, que son integrados por mujeres y hombres comprometidos a salvaguardar los valores más sagrados de la Nación y, lo más importante proteger la vida y la integridad de los mexicanos.
Los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país son nuestros héroes modernos.
Con su trabajo, sacrificio y lealtad a toda prueba, dan la lucha por mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra seguridad. Protegen nuestras instituciones, aseguran la vigencia del Estado de Derecho y resguardan las libertades de los mexicanos.
Las Fuerzas Armadas de nuestro país son una de las instituciones de mayor confianza, de acuerdo a estudios que se han realizado en México.
Gracias a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Federales, se han podido atender y superar las deficiencias en algunos municipios, dada su debilidad institucional.
Gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas: a nuestro Ejército, a la Marina, hemos logrado, en varias entidades federativas, reducir en forma considerable la incidencia delictiva.
Por éstas y por otras razones, y muchas razones, queremos expresar este reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas; nuestro agradecimiento, porque exponen su vida y dan lo mejor de sí para proteger a los mexicanos y, especialmente, a quienes habitan en nuestras respectivas entidades federativas.
Nuestro agradecimiento sentido y sincero.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Muchas gracias, señor Gobernador.
Para atender el punto 11 del Orden del Día, cedo el uso de la palabra a la licenciada Martha Hilda González Calderón, Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, y Alcaldesa de Toluca.
-LIC. MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN: Con su permiso, señor Presidente de la República.
El municipio en México se constituye en pieza fundamental de toda estrategia de seguridad, no sólo por la consabida cercanía que tiene con la comunidad, sino por su papel insoslayable en toda política pública que tenga como escenario el ámbito local.
Se trata de potenciar esfuerzos y de asumir responsabilidades compartidas, pero, yo diría, se trata de ir todavía más allá. También, se trata de estar a la altura de las circunstancias que hoy tenemos en México.
Y en este parteaguas, el campo de la prevención contra la delincuencia, avanzando también, simultáneamente en la disminución de las desigualdades sociales para romper el círculo de inequidad, violencia, inseguridad, creemos que ese es el ámbito del nivel municipal.
Por lo anterior, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, integrada en este Sistema Nacional, recibe, y recibió con mucho interés y beneplácito el plan de iniciativas dadas a conocer en fechas recientes por usted.
La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal se pronunció, en su momento, por la consideración que deben tener los cuerpos policiacos en materia de desarrollo humano y de valores.
No basta con una capacitación técnica que permita el mejor desempeño cotidiano, si éste no tiene una orientación nutrida por la ética y el compromiso social de nuestros elementos policiacos.
Solicitamos, de manera respetuosa, que las políticas públicas en materia de seguridad sigan involucrando cada vez más a los municipios del país.
Señor Presidente:
Queremos ser parte de la solución y no de problema.
Queremos, también, y lo hemos platicado al interior de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, que los alcaldes seamos permanentemente evaluados en el ejercicio de nuestro encargo, para garantizar ser instancias certificadas y, en consecuencia, confiables para la ciudadanía a la cual servimos.
Muchos presidentes municipales al interior de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, también hemos coincidido en que la unidad es importante, y los cientos de cuerpos de policía municipal existentes en el país, representan un mosaico favorable por su diversidad a la delincuencia organizada.
Al adagio de: divide y vencerás, que seguramente pregonan los delincuentes, debemos de oponer el: unidos venceremos.
La Policía Estatal Única que usted propuso, señor Presidente, nos permitirá pasar de más de mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser contaminadas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que serán más confiables, más profesionales y más eficaces.
No es un paso fácil para el nivel municipal, señor Presidente, pero la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal está a las órdenes de la República, para estar a la altura de las circunstancias que requiere México.
Muchas gracias.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Muchas gracias por su intervención.
Para desahogar el punto siguiente del Orden del Día, una vez consensuados con los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública la fórmula y criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mejor conocido como FASP, para el ejercicio fiscal 2015, se pone a su consideración el siguiente acuerdo.
Acuerdo 05/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprueba los criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que serán aplicados en el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo con el Anexo 1 que forma parte de este acuerdo, e instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para publicar en el Diario Oficial de la Federación, la información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación en los términos dispuestos en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
De igual manera, se aprueban los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal que serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 2015 y subsecuentes, según se establece en el Anexo 2, que también forma parte de este acuerdo.
Este Consejo Nacional de Seguridad Pública autoriza también que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, puedan ser utilizados como aportación estatal dentro de la modalidad de copago, prevista en los lineamientos para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero del año 2014.
En este sentido, las entidades federativas que opten por lo anterior, deberán cumplir con los lineamientos que emita en su oportunidad el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Solicito a los integrantes de este Consejo que estén por la afirmativa, lo manifiesten, por favor, levantando la mano.
Aprobado, señor Presidente.
Muchas gracias, señores Consejeros.
A continuación en el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la palabra el licenciado Alejandro Martí García, invitado Permanente de este Consejo.
-LIC. ALEJANDRO MARTÍ GARCÍA: Con su permiso, señor Presidente.
Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad.
Señoras y señores:
Recientemente miles de personas han salido a las calles en forma pacífica a manifestarse, al menos es la cuarta ocasión en los últimos cuatro sexenios que hay manifestaciones populares en materia de seguridad y justicia.
El común denominador de todos los que se manifiestan independientemente de cómo lo verbalicen es demandar: orden, justicia, seguridad y crecimiento con oportunidad para todos.
Qué más noble reclamo ante el derecho que a los ciudadanos les confiere un país democrático.
Es claro, que existen grupos de diversa índole que aprovechan la oportunidad de ante una muy digna manifestación para generar el caos, la anarquía y el desorden.
No hay duda, que lo que buscan es aumentar la percepción que la violencia no está siendo controlada.
Pero también es claro que somos muchos más los que pacíficamente y con propuestas reclamamos los mismos derechos de manera corresponsable.
Entendemos que en la desgracia del caso Iguala, el Gobierno Federal tuvo que actuar supliendo las carencias y omisiones de algunas autoridades del Estado de Guerrero, asumiendo también los costos ´políticos que esto representa, se lo reconozco, señor Presidente.
Hoy es día de que cada quien en todos y cada uno de los órdenes de Gobierno cumpla y asuma con su responsabilidad.
Orden y más orden pedimos los ciudadanos. El orden genera entendimiento entre gobernantes y gobernados, las reglas claras, las responsabilidades definidas y las consecuencias precisas.
El reclamo ciudadano, es la vigencia y la aplicación irrestricta de la ley, para lograr el Estado de Derecho que toda democracia exige.
El poeta comunista Eraclio Zepeda Ramos, Medalla Belisario Domínguez, quien antes tomó las armas y ha vivido en Cuba, China y la antigua Unión Soviética, que por experiencia propia, él sabe cómo terminan esos excesos, así lo alertó el lunes en el Senado.
Por grande que sea el dolor, el crimen no se combate con más crimen, la arbitrariedad, la violencia, la destrucción de instituciones y propiedades de particulares, y el acoso a los trabajadores y a la ley, al grado de poner en peligro su propia integridad es inaceptable.
Hoy cuestiono, con base en lo expresado por el poeta Eraclio Zepeda, cuáles son las consecuencias para quien golpea a un policía en nuestro país, hasta causarle daño cerebral, consciente de que no habrá autoridad que lo impida.
Los derechos humanos deben imperar mientras no afecten a los humanos derechos.
Todos en las manifestaciones también reclamamos justicia, digno es el exigir al sistema judicial como poder independiente que se regule, porque éste no puede ser juez y parte, no hay duda que debe de actuar conforme a la ley, pero con la sensibilidad suficiente, porque este país hoy es un país de víctimas.
La tarea de los jueces, es impartir justicia en base a la ley, hoy se abocan a aplicar estrictamente la ley sin importar la justicia.
Los ciudadanos estamos hartos de tanta impunidad, hartos de juicios que no son ni prontos ni expeditos, y lo peor de todo, liberaciones, amparos y demás formas para liberar a delincuentes.
Los abogados de los criminales conocen más los vericuetos legaloides que nuestros Ministerios Públicos, que por cierto, están rebasados por la cantidad de trabajo.
En aras del debido proceso nuestros jueces y magistrados atropellan a las víctimas liberando al criminal y no reponiendo el proceso como debería de ser.
En México no basta el sufrir como víctima, sino también se sufre cuando se libera al victimario.
Muestras existen de sobra en nuestro país, algunas tristemente célebres como el amparo liso y llano con el que se liberó a la secuestradora Cassez; y no digamos hoy del olvidado, pero muy reciente y muy vergonzoso, caso de Caro Quintero.
Ejemplos sobran y cada día generan más impunidad. Impunidad aprovechada por los delincuentes liberados, que se vuelven cada vez más sanguinarios y crueles, al sentirse intocables.
Urgen policías dignos, sí, y que también a ellos se les respeten sus derechos humanos. Ministerios públicos bien preparados, abogados tanto de oficio como independientes colegiados, con códigos morales estrictos y castigos ejemplares en caso de violarlos.
Jueces, Magistrados y ministros, con un sistema de supervisión y regulación que impidan las atrocidades del descuido, incompetencia o corrupción.
Señores miembros del Consejo Nacional de Seguridad:
Un tema olvidado, y que es verdaderamente urgente, es la reforma integral al Sistema Nacional Penitenciario.
Decía Gustav Radbruch, si se desea conocer la esencia de una sociedad, se deben conocer sus instituciones penales, como sus códigos y sus cárceles.
¿Cómo están nuestras prisiones?, ¿Tenemos coordinación municipal, estatal y federal?, ¿Tenemos los mismos estándares?
Para todos es conocido que de ahí opera la propia delincuencia. El secuestro, la extorsión, la corrupción y las drogas.
Las cárceles federales pueden pasar el examen, pero las estatales y municipales, salvo algunas ejemplares excepciones, son cuarteles generales para todo tipo de delincuentes.
Está demostrado que donde hay cárceles malas, el índice de delincuencia sube.
También, todos reclamamos seguridad.
Mucho se ha logrado, sin duda. Mucho se ha invertido, desde luego. Contamos hoy con una Policía Federal y una recién formada Gendarmería que se ha dado con atino y con mucha inversión.
Sin embargo, esta institución no representa más del 10 por ciento de las fuerzas policiales del país. Si bien es cierto que hay municipios ejemplares, con buenos Presidentes Municipales y muy buena policía, hay municipios en que las policías ya no sólo permiten la actuación a organizaciones delictivas, sino que están a su servicio.
Estas organizaciones ya no paran en la compra de la policía, sino que van a la cabeza, a los Presidentes Municipales y, por ende, a los directores de seguridad del municipio.
Señor Presidente:
Usted instruyó el mando único estatal que todos esperábamos. Sin embargo, la sociedad organizada está ávida de advertir y coadyuvar a que esto se realice rápidamente, sí, pero contemplando la múltiple acepción que el caso requiere.
También, se reclama crecimiento con oportunidades para todos en un país que, lamentablemente, todavía esto no existe. La falta de oportunidades y la frustración que genera la pobreza, fomenta, también, la delincuencia.
Sin una transición al Estado de Derecho, las modernizaciones económicas y políticas quedarán incompletas, y el desarrollo del país será más lento y desigual.
Usted, señor Presidente, ha propuesto una Ley Anticorrupción que contempla la creación de un fiscal anticorrupción, nombrado por el Senado, pero se necesita algo más para combatir este mal endémico enraizado desde La Colonia.
Es fundamental entender que no podemos pretender limpiar a nuestro país de la corrupción y la impunidad, sino empezamos por nuestra propia casa.
Un Legislador recientemente lo dijo en tribuna: Es hora de poner fin al fuero.
Empecemos en nuestra casa, empecemos ya, porque si no lo hacemos ya, abrimos la posibilidad de que las libertades sigan tutelando la impunidad y que la democracia se prostituya en el altar de las ganancias. Todos, somos sabedores de que el tema no es trivial, porque cada acto de corrupción le resta a los ciudadanos riqueza o calidad de vida.
Los temas que reclamamos los ciudadanos son, hoy: orden, justicia y seguridad con crecimiento. Quizá esto opaca las históricas reformas que usted ha encabezado; pero, también, representan la oportunidad histórica, porque sabemos que usted es hombre de compromisos y que, bajo su liderazgo, estamos con usted.
El tiempo se agota. La desesperación crece, pero hoy pueden ser un parteaguas. Estamos seguros que la estadista se crecerá ante la adversidad, y genere, de la crisis, el inicio firme de la recomposición estructural, conductual y moral de nuestro amado México.
Hoy, más que nunca, debemos unirnos, todos, en torno a este primordial proyecto que la ciudadanía demanda.
Muchas gracias.
-C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ: Agradecemos su participación al licenciado Alejandro Martí.
A continuación, en el siguiente punto del orden del día, me voy a permitir dar lectura a las propuestas de los siguientes cinco acuerdos que fueron previamente consensuados entre los miembros de este Consejo y los cuales pongo a su consideración.
Acuerdo 06/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública ratifica su compromiso con la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la seguridad pública, para lo cual se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a hacer públicos los instrumentos de coordinación que suscriba con las instancias beneficiarias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, así como de los subsidios Federales destinados a apoyar la seguridad pública en los órdenes estatal y municipal.
Los miembros del Consejo que estén por la afirmativa de la propuesta, les solicito manifestarlo levantando la mano.
Aprobado, señor Presidente.
Propuesta de Acuerdo 07/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a evaluar los programas con prioridad nacional, a efecto de presentar ante este Consejo su análisis y propuesta de actualización, la cual incluya las estrategias necesarias para mejorar y fortalecer las instituciones de Seguridad Pública del país conforme a las necesidades del momento.
Asimismo, en atención a la propuesta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a incluir dentro de la cobertura del programa con prioridad nacional denominado Sistema Nacional de Información en el Ejercicio Fiscal 2015, la implementación y desarrollo de las unidades de análisis de información en las instancias de procuración de justicia a nivel nacional en el marco del acuerdo 08/36/14 de este Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Los miembros de este Consejo que estén por la afirmativa de esta propuesta, favor de manifestarlo levantando la mano.
Se aprueba, señor Presidente.
Propuesta de Acuerdo 08/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública solicita que en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se trabaje en la elaboración de los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y tortura, que serán de aplicación nacional y que deberán contemplar las mejores prácticas en el plano internacional.
Asimismo, a que desarrollen y lleven a cabo los programas necesarios para capacitar a los integrantes de las instituciones de procuración de justicia del país, en la implementación de dichos protocolos, los cuales deberán ser presentados en la próxima sesión de este Consejo.
Los miembros que estén por la afirmativa, a favor de este acuerdo, les solicito por favor, manifestarlo levantando la mano.
Se aprueba.
Propuesta de Acuerdo 09/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruye se establezca una nueva metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva, que permita homologar la clasificación de los delitos a nivel nacional, que se actualice de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y sea acorde con los cambios establecidos en el nuevo sistema de justicia penal.
Ello se realizará de conformidad con los formatos aprobados por la Comisión Permanente de Información de este Consejo, y se implementará en los términos y plazos que determine el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las instancias responsables del suministro de esta información, en los tres órdenes de gobierno, cumplirán con esta nueva metodología, adecuarán sus sistemas y procesos para el adecuado registro, acopio, integración y reporte de los datos, y fortalecerán sus áreas de información y estadística, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 08/36/14 del pasado 22 de agosto.
Los señores Consejeros, miembros de este Consejo que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.
Muchas gracias, señores Consejeros.
Se aprueba.
Propuesta de Acuerdo 10/37/14. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprueba la consolidación de un servicio homologado para la atención de llamadas de emergencia en todo el país, que opere de manera estandarizada a nivel nacional, reduzca los tiempos de atención y mejore la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Para ello, se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a realizar un diagnóstico a nivel nacional y con base en éste, diseñar el programa que definirá las acciones y metas que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, deberán de cumplir, a fin de ejecutar dicho acuerdo, así como las etapas y tiempos para la homologación del servicio y la desaparición progresiva de los números de atención de emergencia actuales.
Solicito a los miembros de este Consejo, que estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Muchas gracias.
Se aprueba.
Una vez concluidos los temas del Orden del Día, solicito respetuosamente al señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nos dirija su mensaje como Presidente de este Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como se sirva a efectuar la Declaratoria de Clausura, de los trabajos de esta 37ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.