Revista
Proceso
# 2022, 1 de agosto de 2015...
RODRIGO VERA
El
escape del Chapo Guzmán sorprendió a todos por su aparentemente perfecta obra
de ingeniería. Pero luego comenzaron a surgir los interrogantes sobre la manera
en que fueron vulnerados los protocolos del penal de máxima seguridad del
Altiplano. Durante lustros, se sabe también, empresarios del Grupo Atlacomulco
–al que pertenecen Enrique Peña Nieto y su tío Arturo Montiel– impulsaron la
urbanización desordenada aledaña al centro de reclusión. No les importó violar
las normas de seguridad en torno al penal, comentan a Proceso especialistas en
el tema.
Según
la legislación correspondiente, los penales de ese tipo deben construirse en
zonas donde no haya desarrollos urbanos en por lo menos dos kilómetros a la
redonda para garantizar su aislamiento.
Sin
embargo, el incumplimiento de esa normatividad lo provocó en buena medida el
Grupo Atlacomulco –al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto–, que
desde hace años se ha dedicado al despojo de tierras ejidales, a la
especulación inmobiliaria y a la desaforada construcción de estos grandes
fraccionamientos con el propósito de hacer negocios.
Arturo
Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de
México, comenta al reportero:
“Esta
área de amortiguamiento también debe tener uso de suelo catalogado como ‘zona
protegida’, porque corresponde exclusivamente al Estado protegerla y vigilarla
por su alta peligrosidad. Cualquier urbanista conoce estos lineamientos porque
están claramente estipulados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
en su Sistema Normativo de Equipamiento.”
Por
su parte, el criminólogo Enrique Zúñiga Vázquez, autor de la investigación
Sistema penitenciario: el infierno como industria, señala que el sistema
carcelario sigue la misma norma. Explica:
“Para
tener la categoría de ‘máxima seguridad’, uno de los requisitos es que el penal
debe estar totalmente aislado en por lo menos un radio de dos kilómetros. Así
lo marcan los lineamientos para que la población externa no vulnere la
seguridad del penal. Y al revés; para que los motines y fugas de los reclusos,
así como los operativos policiacos, no afecten a la población de afuera. Es
lógico.”
–Sin
embargo, la casa por la que escapó El Chapo Guzmán, a través de un túnel
subterráneo, estaba a 1.5 kilómetros de distancia del penal de Almoloya…
–Sí.
La fuga del Chapo puso en evidencia que esa prisión no cumple con la
normatividad para los penales de máxima seguridad, dictada por la Secretaría de
Gobernación. Así de simple.
El
pasado 14 de julio, en una conferencia de prensa en la cual no se permitieron
preguntas, el alcalde de Almoloya de Juárez, el priista Vicente Estrada
Iniesta, informó que esa casa construida recientemente, sólo para la fuga del
narcotraficante, ni siquiera tenía permiso de construcción.
El
ayuntamiento, dijo, no clausuró la obra porque ni siquiera se percató de ella,
y mucho menos de que por ahí se sacaban toneladas de tierra producto de la
excavación del túnel.
El
inmueble se localiza en la colonia Santa Juanita, muy cerca también de una base
militar: el Octavo Regimiento Mecanizado, comandado por el general brigadier
David Enrique Velarde Sigüenza.
El
gran negocio inmobiliario
Según
Chavarría, el presidente municipal y el general brigadier estaban obligados a
conocer todos los detalles de esa construcción, por su peligrosa cercanía con
el penal. Y si no supieron de la construcción en Santa Juanita, dice, pudo ser
porque ya hay miles de viviendas levantadas, o en proceso de construcción, en
la franja prohibida que circunda al penal El Altiplano.
Exclama:
“¡Caray! Nosotros en el Colegio de Arquitectos y Urbanistas llevamos años
pidiendo que paren tanta construcción alrededor del penal. Pero las distintas
administraciones estatales y municipales nunca nos han hecho caso. Poco a poco
han ido despojando de sus tierras a los ejidatarios de la zona para especular
con el suelo, construir grandes conjuntos habitacionales y hacer negocio.
“El
Grupo Atlacomulco maneja esta presión empresarial que está acabando con las
áreas naturales y agrícolas. Controla totalmente a los presidentes municipales
de Almoloya de Juárez, que siempre han sido priistas. Por ejemplo, puso como
alcaldesa a Blanca Estela Gómez Carmona para el periodo 2009-2012. Ella es
diputada local. Y su esposo, Adolfo Solís Gómez, actual secretario del
ayuntamiento, acaba de ganar las elecciones para ser el próximo presidente
municipal.”
–¿Cuándo
empezó el boom inmobiliario en Almoloya?
El
entrevistado también menciona a los funcionarios de ambos gobiernos que, aparte
de varios alcaldes, fungieron como “operadores de estos intereses
empresariales” a través de sus respectivas secretarías.
En
el gobierno de Montiel, comenta, operaron dos secretarios de Desarrollo Urbano,
Enrique Riva Palacio y Benjamín Fournier, así como el secretario de Comunicaciones,
Óscar Gustavo Cárdenas Monroy; el secretario General de Gobierno, Manuel Cadena
Morales, y la secretaria de Ecología, Yolanda Sentíes Echeverría.
Y
en la administración de Peña Nieto estuvieron, en Desarrollo Urbano, José
Alfredo Torres Martínez; en Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, actual
titular del ramo a nivel federal; en la Secretaría General de Gobierno, Víctor
Humberto Benítez Treviño, y en Medio Ambiente, Mireille Roccatti Velázquez.
En
la actual administración estatal de Eruviel Ávila, dice, disminuyó mucho la
construcción de fraccionamientos; en sus primeros cuatro años de gobierno ha
autorizado 47 conjuntos urbanos.
Los
ejidatarios de Almoloya de Juárez relatan cómo vivieron esta avalancha
inmobiliaria. Cuentan que en 1992 los presidentes del comisariado ejidal de los
33 ejidos del municipio recibieron un oficio de la Secretaría de Gobernación en
el cual les pedían que, por razones de seguridad, no construyeran nada en dos
kilómetros a la redonda del penal federal.
Sin
embargo, testimonios publicados el pasado 19 de julio en el diario Milenio
señalaron que el mismo penal provocó un flujo migratorio, principalmente de
familias de los reclusos, que no fue regulado por las autoridades locales y dio
paso a la construcción de por lo menos una docena de conjuntos habitacionales.
Destacan
el Fraccionamiento Colinas del Sol, donde actualmente viven hacinadas miles de
personas en diminutas viviendas de 48 a 60 metros cuadrados. Las más pudientes
se fueron a vivir al vecino municipio de Metepec.
La
localidad también se fue llenando de elementos uniformados de la Gendarmería,
la Policía Federal y el Ejército. Y ganó incluso mala fama porque se le asocia
con el penal y la delincuencia.
Fondas,
restaurantes y pequeños comercios se asentaron justo enfrente del reclusorio,
en violación de la normatividad, mientras que los ejidatarios poco a poco
fueron vendiendo sus tierras. Ahora ya son contados los que se dedican a la
siembra de maíz y de haba. La tierra dejó de ser productiva.
Una
fuga anunciada
Así,
la fuga del Chapo, aunada a la caótica urbanización de la zona, ha puesto en
entredicho la seguridad del penal, que por cierto acaba de ser cuestionada por
The New York Times. El diario estadunidense asegura que Almoloya tiene idénticos
planos que el de Puente Grande, la otra prisión de máxima seguridad de donde se
escapó el capo sinaloense.
En
su edición digital del 24 de julio pasado, el diario mostró dos tomas
satelitales de ambos centros de reclusión en las que se aprecian las similitudes
en su diseño cuadrangular y en sus módulos interiores.
Las
imágenes eran parte del reportaje firmado por William Neumanjuly, quien
menciona que el narcotraficante logró conseguir una copia de los planos de
Puente Grande que lo ayudaron a escapar en 2001. Y ahora se fuga del Altiplano
por tener planos idénticos. “Salió dos veces de la misma prisión”, escribió.
El
senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad
Nacional, reparó en otra grave falla de la cárcel: el grosor de su piso es de
entre 10 y 12 centímetros, siendo que a él le tocó comprobar que algunos
penales del Distrito Federal, cuando fungía como secretario de Gobierno, tenían
un grosor de entre 40 y 80 centímetros. “Habrá que ver con qué especificaciones
se construyó”, declaró el senador al portal México Legisla el pasado 13 de
julio.
Para
el criminólogo Enrique Zúñiga, las nuevas cárceles tratan de subsanar algunas
deficiencias de los penales de máxima seguridad. Apunta:
“Los
nuevos penales que está construyendo la iniciativa privada bajo el esquema de
Centros de Prestación de Servicios ya están en zonas aisladas y a varios
kilómetros de los centros de población, pese a que no son de máxima seguridad.
Es el caso de las cárceles de Hermosillo, Sonora; Miahuatlán, Oaxaca; Ocampo,
Guanajuato, y Tapachula, Chiapas.”
A
diferencia de México, concluye, en Estados Unidos son muy rigurosos en cuanto
al aislamiento de sus prisiones: “Allá se clasifican en varias categorías. Hay
hasta de supermáxima seguridad, como la llamada Supermax de Colorado, que es
incluso subterránea. Y ni qué decir de la prisión militar de Guantánamo,
aisladísima, en territorio cubano”.
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