La Silla Rota.., INFORME
CONFIDENCIAL | OPINIÓN | 2015-08-02 17:40:00
Este
lunes la procuradora general de la República, Arely Gómez, pregonará, en los
hechos, que el gobierno del presidente Peña Nieto, como el de sus dos
antecesores, decidió despreciar el drama que hace de México uno de los países
más peligrosos para practicar el periodismo.
Hoy
se tiene programado presentar al nuevo titular de la fiscalía creada en la PGR
por Vicente Fox para perseguir los agravios contra la libertad de expresión. Se
trata de Ricardo Nájera, un oscuro agente del Ministerio Público habilitado en
años recientes como vocero. Su puesto más reciente fue ese, en la Procuraduría
del DF, donde como en otras posiciones, se ha desempeñado con nula empatía
respecto de la misión de la prensa.
Sin
un balance de lo hecho hasta ahora y sin explicar los motivos del cambio, la
llegada de Nájera sólo revela pago de favores burocráticos y desprecio por los
periodistas.
Se
trata de una nueva evidencia de que el Estado mexicano se burla del reclamo
generalizado para avanzar en un tema que castra al periodismo por la vía del
terror, silencia a los medios, daña el derecho de la sociedad a saber y acentúa
el mensaje al mundo de que México vive una barbarie en materia de derechos
humanos.
La
fiscalía federal, que ha dirigido media docena de responsables, la más reciente
de ellos Laura Borbolla, ha carecido por una década del respaldo mínimo
–político, institucional y jurídico- para hacer su tarea, a diferencia de lo
ocurrido en naciones como Colombia, Argentina o Italia, que entendieron, tras
mucho sufrimiento, que soslayar el asesinato de periodistas lastra las normas
elementales de la convivencia democrática.
Y
si las instancias federales creadas en este ámbito han sido virtualmente
inútiles –hay que incluir al Mecanismo creado en 2012 en la Secretaría de
Gobernación-, en el nivel de los gobernadores el problema genera sólo ha
atraído simulación, cinismo y, en no pocas ocasiones, complicidad.
En
días pasados funcionarios de Gobernación federal se declararon exasperados
luego de una reunión con el gobernador de Veracruz, Javier Durante, en cuya gestión han sido
asesinados 15 comunicadores, el más reciente de ellos Rubén Espinosa, quien el
pasado fin de semana apareció muerto, junto con cuatro mujeres jóvenes, en un
departamento de la ciudad de México; activista social y fotógrafo corresponsal
de Proceso y la agencia Cuartoscuro en Xalapa, la capital veracruzana.
Durante
el referido encuentro, se dijo a este espacio, Duarte se obstinó en subestimar
el problema; alegó que muchas de las víctimas no eran en realidad periodistas,
y argumentó que su administración ha creado organismos para atender este asunto
–igual de inútiles-, lo que incluye una comisión gubernamental y otra en el
Congreso local (formada por legisladores que a la vez son dueños de medios,
todos denunciados por explotar a sus periodistas; entre esos dueños se cuenta
un pariente de la esposa del gobernador, Karime Macías). La reunión concluyó
con un extrañamiento formal al mandatario, cuya gestión parece de suyo ir en
tobogán bajo señalamientos de corrupción, quiebra financiera e incompetencia.
El
propio gobierno de Veracruz emitió anoche un comunicado de dos párrafos sobre
la muerte del fotoperiodista Espinosa, con el que busca subrayar que la
responsabilidad de investigar esto hechos recae en el gobierno capitalino de
Miguel Ángel Mancera, pero evade que el trabajo de Espinosa en Veracruz deberá
ser una de las líneas de trabajo principales en las indagatorias.
Otra
línea será las presuntas ligas de Espinosa y de al menos una más de las
víctimas encontradas con él, con activistas sociales en Veracruz que atacaron
instalaciones del INE antes de los comicios. Estos grupos, autodenominados
“Bloque Negro”, fueron a su vez agredidos brutalmente por un comando
paramilitar, al que se le atribuyen
ligas con el gobierno estatal. Varios de esos jóvenes identificados en su
mayoría como universitarios, acabaron en el hospital con lesiones graves.
Autoridades
capitalinas analizaban anoche la posibilidad de que pistoleros veracruzanos se
hayan trasladado al DF para perpetrar el múltiple homicidio, lo que coincidiría
con evidencias recogidas por la revista Proceso de que podría haberse planeado
un ataque similar contra reporteros suyos que investigan el asesinato de su
corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, ocurrido en abril de 2012.
Es
necesario decir en este momento, cuando la muerte de un colega más golpea al gremio periodístico, que en este
gremio precisamente recae parte de la responsabilidad de que este problema no
esté debidamente colocado en la agenda nacional, como sí lo está en la citada
Colombia, o en Brasil y en otros países donde los profesionales del oficio
exhiben mayores capacidades de organización y
menos protagonismos.
Este
domingo hubo una marcha de periodistas en la ciudad de México por la muerte
de Rubén Espinosa, y se generaron
oportunos comunicados al respecto. No ha sido el único reclamo callejero con el
grito de “ni uno más”. Pero habrá muchos más mientras no exista una reacción de
los periodistas mexicanos más estructurada y coherente, como ocurre desde hace
años con la FLIP colombiana o con los bloques de prensa que en otras naciones
latinoamericanas han logrado avances en este y otros temas.
Es
evidente el fracaso de los periodistas y los medios en tres rutas básicas:
discutir internamente los niveles éticos en las salas de redacción mexicanas,
impulsar mejores condiciones laborales de los periodistas. Y especialmente,
lograr que la sociedad esté del lado del buen periodismo; que entienda que
cuando un periodista es silenciado, la comunidad toda ve cercenado uno de sus
derechos más importantes, el derecho a saber, el que nos permite funcionar como
ciudadanos.
robertorock@lasillarota.com
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