¿Cuáles son las opciones del Chapo Guzmán ante la justicia de Estados Unidos?/
Por ALAN FEUER
The New York Times, 25 de enero de 2017;
NUEVA YORK — Ahora que Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, el líder del Cartel de Sinaloa, ha sido extraditado desde México y se ha declarado como no culpable en Brooklyn por los delitos de dirigir el imperio del narcotráfico más grande del mundo, la acción penal en su contra entrará en una fase crucial.
Claro, eso siempre y cuando no logre escapar excavando otro túnel de la cárcel de alta seguridad en Manhattan en la que está preso.
Dos preguntas clave definirán lo que viene: ¿Guzmán decidirá ir a juicio? Y de hacerlo, ¿qué tipo de defensa montará para contrarrestar la que parece ser una montaña de evidencia en su contra?
Robert Capers, fiscal de Estados Unidos en Brooklyn, hizo un resumen del caso del gobierno en contra de Guzmán en una conferencia de prensa el viernes, cuando parecía incapaz de disimular su sonrisa de satisfacción. Esa mañana, la oficina de Capers había presentado un memorando que describía a detalle la historia del ascenso de Guzmán, quien pasó de ser un agricultor de marihuana adolescente a convertirse en un capo internacional cuya pistola tenía incrustaciones de diamante. Además, el fiscal señaló que decenas de testigos estaban haciendo fila para rendir testimonio y corroborar lo que los procuradores describieron como extensas grabaciones secretas en las que Guzmán negociaba sus transacciones de drogas.
Varios abogados que han defendido a líderes del narcotráfico en el pasado dijeron que el tono beligerante del informe sugiere que, al menos por ahora, los fiscales federales tomaban en serio el juicio de Guzmán y que era poco probable que le ofrecieran un acuerdo de culpabilidad negociada. Guzmán de por sí enfrenta cadena perpetua por el delito grave de dirigir una organización delictiva.
“El gobierno ha dejado claro que va con todo”, dijo David O. Markus, quien en 2006 negoció la declaración de culpabilidad de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los hermanos colombianos que ayudaron a fundar el Cartel de Cali. “Para el Chapo, no hay ninguna oferta sobre la mesa, y si vas a recibir cadena perpetua en el juicio o casi perpetua si te declaras culpable, la decisión es fácil: ve a la corte”.
Sin embargo, probablemente surjan varios asuntos complicados antes de que Guzmán tenga que tomar esa decisión. Dado que no solo enfrenta acusaciones en Brooklyn, sino también en otros seis distritos federales, su equipo legal podría cuestionar si lo están procesando en la jurisdicción adecuada. Algunos abogados también podrían atacar la forma en que fue enviado a Nueva York y poner en duda si su extradición se llevo a cabo de la manera adecuada.
Asimismo, está la pregunta de si debe contratar a un abogado privado. Por el momento, dos defensores públicos experimentados, Michael Schneider y Michelle Gelernt, están a cargo del caso de Guzmán. Aunque hay una “narcofirma” de abogados que usualmente defiende a integrantes de carteles, principalmente en Florida y Texas, muchos ya representan a gente que podría ser testigo en el juicio de Guzmán.
Algo que complica todavía más al asunto es que el gobierno estadounidense ha declarado que quiere incautar 14 mil millones de dólares en ganancias que Guzmán dijo haber obtenido mientras dirigía el Cartel de Sinaloa, lo cual deja en incertidumbre su situación financiera.
“Muchos buenos abogados defensores en el ámbito penal pueden alejarse de este caso no solo debido a la conducta que se imputa, sino además porque es difícil que les paguen si el gobierno argumenta que todo ese dinero está ‘contaminado’”, comentó Benjamin Brafman, uno de los abogados defensores más importantes de Nueva York.
Pero si Guzmán al final no se presenta ante un jurado, Brafman y otros abogados dicen que podría copiar una táctica de múltiples juicios de la mafia en Brooklyn y defenderse al atacar la credibilidad de los testigos del gobierno.
De acuerdo con el memorando de la fiscalía, “una larga camarilla de testigos cooperativos” —entre ellos, miembros de los carteles colombianos, transportistas de la droga mexicanos y distribuidores radicados en Estados Unidos— está lista para rendir testimonio sobre cada aspecto de la organización de Guzmán, incluyendo los sobornos pagados a políticos y asesinatos de narcotraficantes rivales y funcionarios gubernamentales y de procuración de justicia.
“Me parece inconcebible que estas personas no tengan cola que les pisen”, dijo Brafman, “si, como dicen, fueron parte de la organización durante tanto tiempo”.
El caso de Vicente Zambada Niebla –el hijo de Ismael “el Mayo” Zambada García, quien durante mucho tiempo fue el principal lugarteniente de Guzmán en el Cartel de Sinaloa– ofrece otro posible camino para la defensa. Zambada Niebla fue arrestado por las autoridades mexicanas en 2009 y extraditado a Chicago, donde se suponía que enfrentaría un juicio como el encargado de la logística del Cartel para el contrabando de drogas a esa ciudad.
No obstante, luego de algunos años en el caso, sus abogados alegaron de manera repentina que no podía ser procesado en Estados Unidos debido a que había trabajado como informante de la DEA.
Aunque posteriormente el gobierno estadounidense aceptó que agentes de la DEA se habían reunido con Zambada, negó que hubieran negociado algún acuerdo. A pesar de ello, en 2014, la DEA anunció que Zambada no iría a juicio porque se había declarado culpable de los delitos de narcotráfico y estaba trabajando como informante del gobierno.
La posibilidad de que Guzmán pueda también convertirse en informante resulta compleja.
Dado que en los documentos judiciales pesan sobre él acusaciones de secuestro, tortura y la responsabilidad por la muerte de miles de personas, algunos abogados dicen que sería difícil imaginar que el gobierno estadounidense le permita cooperar. Salvo que, tal vez, tenga información confiable y nociva contra funcionarios mexicanos de alto nivel. Otros dicen que dudan que se vuelva informante dada la imagen de Guzmán como héroe al estilo Robin Hood en su tierra natal.
“Lo respalda un legado mítico”, afirmó W. Rob Heroy, abogado de Carlos Ramón Castro Rocha, un mexicano que en 2014 se declaró culpable de producir y distribuir heroína en Estados Unidos. “Tal vez el gobierno lo quiera como informante, pero no me imagino al Chapo poniendo trabajando como informante para luego irse a trabajar a un Starbucks en Omaha”.
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