Aprobar las iniciativas de AMLO, prioridad de la próxima Legislatura/
JESUSA CERVANTES
Luego del abrumador voto ciudadano que lo instalará en la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador está obligado a mantener su alianza con los partidos del Trabajo y Encuentro Social en el Congreso de la Unión para sacar adelante los proyectos de cambio que ha preconizado en los últimos 12 años y en su reciente campaña. Los retos son enormes e incluyen la abrogación de las reformas estructurales de la administración peñanietista.
En Cámara de Diputados la coalición Juntos Haremos Historia contará con 303 legisladores, según las proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), suficientes para echar atrás el gasolinazo y hacer un recorte de 125 mil millones de pesos al gasto público a fin de cumplir el compromiso de otorgar una pensión universal a los adultos mayores, así como becas a los jóvenes.
Esos tres conceptos son el reto inmediato de la coalición, que deberá confeccionar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2019, cuya aprobación deberá efectuarse a más tardar el 15 de diciembre.
Los integrantes del nuevo Congreso de la Unión –500 diputados y 128 senadores– rendirán protesta el 31 de agosto, por lo que sólo tendrán tres meses y medio para analizar números y modificar partes sustanciales de los documentos base en los cuales se sostiene la distribución del ingreso y gasto para pobres, ricos y la clase media.
Sin embargo, el equipo económico del presidente Enrique Peña Nieto, que incluye al subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas, recibió la instrucción de que no inicie contactos con los integrantes del grupo de transición de López Obrador.
Carlos Urzúa, quien se perfila como próximo secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el titular de la dependencia, José Antonio González Anaya, iniciarán sus proyecciones cuando AMLO reciba la constancia de mayoría, lo cual ocurrirá a más tardar el 5 de septiembre.
En San Lázaro –donde se aprueba la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos–, Morena, PES y PT contarán con 303 escaños, y si bien la mayoría de los futuros diputados carece de experiencia, las demás bancadas son exiguas: la de Por México al Frente, conformada por el PAN, el PRD y MC, tiene 140; mientras PRI-PVEM-Panal, partidos que impulsaron a Meade, sólo alcanzaron 57.
De acuerdo con las proyecciones del INE, la Cámara de Diputados se conformará de la siguiente manera: Morena, 185; PAN, 92; PT, 62; PES, 56; PRI, 40; MC, 29; PRD, 19; PVEM, 15, y Panal sólo dos.
Y aun cuando el cómputo distrital concluye el miércoles 11, es probable que haya impugnaciones. De ocurrir así, el Tribunal Electoral tendrá la última palabra.
Gasto, ley de seguridad interior, amnistía…
Durante sus tres campañas presidenciales López Obrador invocó de manera constante los postulados de José María Morelos y Pavón alusivos a la moderación de la indigencia y la opulencia, así como los de Benito Juárez relativos a la honestidad administrativa, para lograr, dijo, una República liberal y democrática.
De lo anterior surgió la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que el 13 de octubre de 2009 presentaron Ifigenia Martínez, Jaime Cárdenas Gracia, Mario di Costanzo, Ricardo Monreal y Adán López Hernández bajo las siglas del Partido del Trabajo, cuya bancada se asumió como defensora e impulsora de las propuestas enarboladas por López Obrador en 2006.
Esa iniciativa incluyó la reducción de los sueldos de los altos funcionarios, la cancelación de la pensión a los expresidentes de la República, así como terminar con privilegios administrativos, la reducción de fideicomisos, la compactación de compras y varios aspectos más que estuvieron a cargo del entonces diputado Di Costanzo. Con ello, según las proyecciones, en 2010 se lograría un ahorro de 250 mil millones de pesos.
De acuerdo con la exposición de motivos de aquella ley de 42 artículos, los ahorros serían “no sólo para resolver la crisis económica o generar recursos presupuestales para el desarrollo productivo y la realización de programas sociales en beneficio de más personas, sino porque –señalaba el documento– estamos convencidos de que una manera de generar equilibrio y justicia en la sociedad reside en alentar políticas de mayor igualdad salarial entre todos los sectores del país”.
Asimismo, asentó lo que López Obrador mantuvo a lo largo de 12 años: que “México es un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones. El sistema político e institucional está diseñado para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”.
El próximo Congreso y la mayoría simple en la Cámara de Diputados –integrada por Morena, PES y PT– contempla ahorros en rubros similares a los de aquella ley, que PAN, PRI y PRD bloquearon. Por eso ahora los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia están obligados a impulsar la nueva iniciativa, que prevé ahorros por 412 mil millones de pesos.
Tan sólo en la reducción de sueldos el ahorro estimado será de 56 mil millones, otros mil 872 millones en Comunicación Social, 98 mil millones en una reducción gradual de fideicomisos por mejores condiciones en las compras del gobierno y adquisición de servicios, así como 62 mil millones en otros rubros.
Carlos Urzúa asegura que para implementar el programa de becas para jóvenes se requieren 90 mil millones de pesos y otros 35 mil millones para la pensión a los adultos mayores; es decir, 125 mil millones de pesos.
El martes 3, López Obrador dijo al término de su encuentro con Enrique Peña Nieto en Los Pinos: “En el presupuesto 2019 viene el aumento en la pensión a los adultos mayores; apoyo a estudiantes para garantizar el derecho al estudio y trabajo, ajuste a los sueldos de altos funcionarios, empezando por el sueldo del (futuro) presidente: ganaré menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto”.
Para lograrlo, comenta a Proceso el exdiputado Jaime Cárdenas Gracia, quien participará en la redacción de la Ley de Austeridad Republicana, los diputados de la coalición deberán discutir y aprobar.
Otros retos
De los ajustes a los salarios y los demás rubros se obtendrán los recursos para el pago de las pensiones y el otorgamiento de becas, dice Cárdenas Gracia, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También llama la atención sobre otro tema prioritario: el de los gasolinazos.
Al respecto, Urzúa declaró que se mantendrá el precio de los combustibles y que los aumentos irán acordes con el índice inflacionario.
Para lograrlo, expuso, hay varias vías; una de ellas, regresar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
El precio al libre mercado y el aumento del IEPS se aprobó en la Ley de Ingresos para 2017, aunque esa liberación, acordada en la reforma energética de diciembre de 2013, se adelantó para el 1 de enero de 2017, cuando debió establecerse en 2018.
Gracias a esos cambios, aprobados por el PAN y el PRI en San Lázaro, el gobierno federal incrementó sus ingresos en 166 mil millones de pesos, sólo por concepto de IEPS a combustibles.
En el primer año de su gobierno, Peña Nieto obtuvo 30 mil 321 millones de pesos por concepto de IEPS; en 2017 la recaudación fue de 284 mil 884 millones.
El reto para AMLO y su bancada, indica Cárdenas, es bajar el precio de los combustibles. Si lo hace eliminando el incremento del IEPS de aquel año, es factible que provoque un descontrol fiscal. Otra opción es reducirlo, vía subsidio, o restableciendo el periodo de gracia de 14 meses, que se adelantó en 2017. En esos 14 meses podrían explorarse otras formas de ofrecer gasolinas más baratas.
Otra reforma inmediata, dice, será modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública para desincorporar las tareas de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación, así como diseñar el reglamento de la nueva Secretaría de Seguridad Pública.
Un punto urgente que demanda la sociedad, añade, es echar atrás la Ley de Seguridad Interior, aunque Alfonso Durazo dijo que esperarán a que la Corte se pronuncie sobre el tema.
Los próximos diputados también tendrán que confeccionar, junto con las organizaciones de la sociedad civil, la Ley de Amnistía; les corresponde asimismo modificar la Ley de Extinción de Dominio, para que lo incautado a los narcotraficantes se constituya en un fondo, parte del cual se distribuya entre los cuerpos policiacos encargados de combatir el narco. “Eso ayudaría a detener alianzas entre policías e integrantes del crimen organizado”.
Otra ley a modificar es la de Adquisiciones y Obras públicas, “para que las licitaciones sean públicas y transparentes. Las que no se ciñan a ese parámetro, deberán anularse, dice.
A la próxima Legislatura le toca también debatir y aprobar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para acabar con el traslado de partidas, la discrecionalidad con que actúa la SHCP y para evitar que en los estados se cambie el destino de esas partidas.
Los legisladores que entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre también deberán discutir la reforma educativa y cancelarla, como dijo López Obrador durante su campaña.
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