Reflexiones a propósito del Día del Abogado/Moisés Moreno Hernández

Texto leído por Fred Alvarez a nombre del Dr. Moisés Moreno en el desayuno del día 14 de julio en el restaurante La Casserole, con motivo del día del abogado...
SOBRE LA JUSTICIA PENAL Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Reflexiones a propósito del Día del Abogado/  por Moisés Moreno Hernández, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM).

Estimadas y estimados Colegas, Abogadas y Abogados todos:

1. La importante función del abogado:

El 12 de julio de 2018 se cumplieron 58 años de celebrar el Día del Abogado en México, que fue instituido en 1960 por el Presidente López Mateos, en recuerdo que un 12 de julio de 1553 se estableció en la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del Derecho en nuestro país, en la Real y Pontificia Universidad de México, hoy UNAM.
El día de hoy estamos reunidos aquí muchos abogados, amigos todos, para recordar ese importante hecho; pero, lo hacemos no tanto para festejarnos a nosotros mismos, sino con el propósito de reconocer la importancia que tiene la función del “Abogado”, en sus diversas manifestaciones y en los diversos campos en que dicha función tiene injerencia; asimismo, destacar el papel que juega el“derecho”, como instrumento valioso que el hombre ha ideado como sustento del Estado y de la vida ordenada en comunidad; de ahí que hablemos de “Estado de derecho”, de “derechos humanos”, de “justicia”, entre otras tantas cosas que revisten un valor fundamental.

Es decir, el “derecho” es un instrumento que el hombre ha ideado y depositado en manos del Estado para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones; y, en un Estado de derecho, ese instrumento tiene la función de garantizar los derechos humanos frente al despotismo, procurando que el ejercicio del poder del gobernante no se extralimite ni se haga de manera arbitraria, sino que se desarrolle siempre dentro de ciertos límites y en beneficio del gobernado, es decir, de quienes le dan legitimación; y corresponde principalmente a los Abogados, en su desempeño –como legisladores, juzgadores, académicos o litigantes-, que esos grandes objetivos se hagan realidad.



Por ello, consideré que para esta ocasión podrían ser oportunas algunas reflexiones sobre los importantes temas que ahora pongo a su amable consideración.

2. Sobre la guerra y la paz:
El día de ayer, mientras acomodaba algunos papeles en la oficina, casualmente me encontré con una vieja nota periodística de Jesús Silva-Herzog Márquez (Reforma,14/12/09), que habla “sobre la guerra justa”, al referirse al discurso pronunciado por el presidente Barack Obama tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo (2009)2. Y, al leer esta nota, vi la oportunidad de vincular el tema de “la guerra y la paz” con los temas nuestros, como “la guerra contra el narcotráfico” y sus consecuencias, y exponerlo ante ustedes, que tal vez podría ser de interés. 
En efecto, con relación al rol de Obama como presidente de los Estados Unidos de América y el Premio Nobel de la Paz, Silva-Herzog se formula las siguientes y agudas interrogantes: ¿cómo se recibe un premio inmerecido en tiempos en que se atenta, aparentemente, contra los valores de ese premio?; ¿cómo puede celebrar la paz quien dirige una guerra?;¿quién ha dicho al recibir un premio Nobel de la Paz que “los instrumentos de la guerra tienen un papel para preservar la paz”?

Para ver qué respuestas hay a esas interrogantes, que parecen encerrar grandes contradicciones, pues se habla de la guerra en el festival del pacifismo, acudí al texto completo del discurso del presidente y seguí el razonamiento de Silva Herzog, quien destaca cómo Obama fue construyendo razones sobre “la gravedad del poder”, “el carácter trágico de la historia”, “la dureza de las decisiones morales” y, al mismo tiempo, “trazar una ruta hacia la justicia asequible”. Es decir, él destaca su“capacidad para hacer embonar lo aparentemente incompatible, para encontrarequilibrios donde imperan absolutos y reconocer el amplio espacio de la paradojaen el territorio de los hombres”.
Las palabras de Obama y las reflexiones de Silva-Herzog me sirvieron de inspiración para aplicarlas a los problemas que aquejan a la actual realidad mexicana, como los de: la “enorme inseguridad provocada por el delito”; el “combate a la delincuencia organizada para garantizar la seguridad pública y sus consecuencias”; la “la forma deficiente de funcionar del sistema de justicia penal”, yel “déficit en la protección de los derechos humanos”; los cuales tienen que ver con el fundamento y los límites del ejercicio del poder penal, en los que sin duda el papel del Abogado es fundamental.

3. Sobre la “guerra” contra la delincuencia organizada:
Me pareció muy interesante hacer un simil de la “guerra”, propiamente dicha, con la“guerra” o “lucha contra la delincuencia organizada” o “contra el narcotráfico”, ya que en ambos casos hay una confrontación o un enfrentamiento entre dos fuerzas, entre dos o más personas o grupos de personas, y tanto en una como en otra se aplican tácticas o estrategias de reacción y se utilizan medios para enfrentarse. En efecto, por lo que hace a la “guerra”, propiamente dicha, se trata de una lucha armada entre dos o más Estados, es decir, entre dos o más potencias (beligerantes); mientras que, con relación a la lucha contra la delincuencia, tenemos por un lado a los miembros de organizaciones criminales, cuyos comportamientos perturban la paz, y por otra el Estado que reacciona contra la delincuencia
organizada a través de sus diversos medios o mecanismos de poder; lo que implica una confrontación entre ellos. 
Ciertamente, mientras el delito provoca afectaciones graves a importantes bienes jurídicos que requieren ser protegidos por el estado y por el derecho, y de ahí que se prohíban y sancionen penalmente las conductas delictivas, así como que se persigan y se juzguen, entre otros mecanismos de reacción social frente al delito, para garantizar tanto la protección de esos bienes jurídicos como la paz pública y la vida ordenada en comunidad; las reacciones del Estado, a su vez, también pueden traducirse en afectaciones a otros bienes jurídicos igualmente importantes, sobre todo cuando dichas reacciones se hacen con medios violentos.

Es decir, para lograr la “convivencia pacífica”, que ha sido alterada por el delito, sobre todo por el “delito violento”, como es la delincuencia organizada, también se ha considerado conveniente el uso de medios de reacción que puedan enfrentarlos,entre los que se encuentra el “uso de la fuerza pública”, que a su vez puedetraducirse en “violencia” y, por ende, en una gran contradicción, si el objetivo es mantener la paz. Esta confrontación hace que la lucha contra la delincuencia, sobre todo la delincuencia violenta, se asemeje a una especie de “guerra”; y de ahí que en la jerga político-criminal se usen expresiones como “guerra contra la delincuencia organizada”, “guerra contra las drogas”, o “lucha” o “combate” contra la corrupción, etcétera, etcétera; expresiones que, por supuesto, no han sido pacíficamente aceptadas, prefiriéndose los eufemismos. Pero, de todos modos, se produce una aparente incompatibilidad, porque esta política implica “combatir la violencia con la violencia”.

4. Las alternativas político-criminales frente a la delincuencia organizada:
Pero, habrá que reconocer que desde casi siempre se ha considerado al delito comoun “mal”, que se ha combatido con otro mal, que es la pena; y es evidente que hasta ahora esa idea no ha cambiado, aún cuando al lado de la pena se hayan ensayado otras respuestas, según que concurran ciertas circunstancias, como la de tenderle un “puente de plata” al que finalmente decide no apartarse de la norma penal, esto es, cuando la persona decide ajustar su conducta a las exigencias de la norma; o lade seguir ciertas tendencias “premiales”, o la de promover la conciliación o la negociación entre víctimas y victimarios, como ya sucede en el nuevo sistema procesal penal mexicano; que, en definitiva podrían englobarse en lo que ahorasuele caracterizarse como “política de pacificación”, con independencia de sus puntos cuestionables.

Sin embargo, también habrá que reconocer que, en principio, contra la delincuencia organizada “de todos modos estamos en guerra”, en la que frente a la violencia desplegada por el lado “malo”, es decir, por el lado de los grupos criminales, por lo general hay una reacción del Estado que resulta igualmente “violenta” y que, como se dijo, tiene el propósito de restablecer o garantizar la “paz perturbada”. Y es precisamente en este punto donde se plantea la cuestión sobre la responsabilidad del Estado y, más concretamente, de quienes toman la decisión de ordenar la respuesta a través de la fuerza pública frente a la delincuencia organizada, así como la cuestión sobre sus fundamentos y alcances, si esa forma de reaccionar se justifica o no. Ya que el despliegue de la fuerza pública puede traducirse en el uso de armas de fuego, incluso de alto calibre, de donde –siguiendo el razonamiento de Obama- seguramente “algunos matarán” (los “malos”) y otros (los “buenos) “resultarán muertos”, o viceversa, como en la realidad así sucede. Es decir, el“conflicto armado” necesariamente tendrá sus “costos”, que en este caso tiene quever con la “pérdida de vidas”, que son consecuencias directas, indirectas ocolaterales de la violencia desplegada como ataque y como reacción, o incluso como contrarreacción; pero –como dice Obama- todas llenas de “difíciles interrogantes sobre la relación entre la guerra y la paz”; y recomienda que el esfuerzo debe encaminarse a “reemplazar una por la otra”.

En la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas se hace valer, además de los bienes jurídicos tradicionales, como la vida, la libertad, la salud pública, la seguridad pública, entre otros, también el de la “seguridad nacional” y de las “instituciones propias de Estados democráticos de derecho”, que a su vezgarantizan la observancia de los “derechos humanos”. Por ello, el combate a la delincuencia organizada se justifica para garantizar tales bienes jurídicos, dichas instituciones democráticas y, por ende, los derechos humanos, ante los peligros actuales o inminentes. Es decir, la “guerra” contra el crimen organizado, de una forma u otra, se hace necesaria por razón de “fines importantes” y, por lo mismo, nohabría razón para “cuestionar su moralidad”, si a tales bienes jurídicos se les concede un cierto valor; por lo que, igualmente habría que ver con cierta“normalidad” el uso de medios, mecanismos o medidas político-criminales para el combate a la delincuencia organizada, aún cuando ellos impliquen el uso de la fuerza y la violencia, si ésta se hace de manera razonable y procurando observar los límites que imponen ciertos principios fundamentales.
En los sistemas penales de estados democráticos de derecho, se ha establecido que las medidas político-criminales de reacción frente al delito deben revestir ciertas características y orientarse por ciertos criterios y principios que le pongan límites al ejercicio del poder penal, para que su uso produzca los menores efectos negativos y que cada vez se haga menos uso de la “violencia”. Por ello, con el tiempo los códigos penales han procurado controlar la violencia en el uso del poder penal, regulando tales principios –entre los que destacan: el principio de legalidad, de legitimidad, de ultima ratio, de acto, de lesión del bien jurídico, de culpabilidad, de racionalidad y proporcionalidad de la pena, etcétera-, haciendo valer la idea de que la violencia del crimen organizado también puede combatirse con mecanismos democráticos y dentro de los límites democráticos.

5. La guerra justa y la política criminal democrática:
De ahí que, -así como con relación a la “guerra” Obama señaló cómo surgió el concepto de "guerra justa", “que proponía que la guerra solamente se justifica cuando cumple con ciertas condiciones previas: si se libra como último recurso o en defensa propia; si la fuerza utilizada es proporcional y, en la medida posible, si no se somete a civiles a la violencia”-, también en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada se ha hecho valer la idea de que las drásticas medidas represivas de carácter penal y el uso de la fuerza sólo se justifican como “último recurso”, y siempre y cuando de por medio está la necesidad de proteger bienes jurídicos de fundamental importancia ante esos ataques intolerables que implica la violencia de la delincuencia organizada.

Pero, de la misma manera como “durante gran parte de la historia pocas veces se ha cumplido con ese concepto de guerra justa”, lo propio ha sucedido con elconcepto de “política criminal de corte democrático”. Ciertamente, con relación a la“guerra justa”, Obama apuntó que, entre esas pocas veces, destacan las dos guerras totales que se dieron en el transcurso de treinta años, pues –afirmó- “es difícil pensar en una causa más justa que la derrota del Tercer Reich y las potencias del Eje”. Y resaltó que, “como consecuencia de esa destrucción y con la llegada de la era nuclear, quedó claro para vencedores y vencidos, por igual, que el mundo necesitaba instituciones para evitar otra guerra mundial”; por lo que, “Estados Unidos lideró al mundo en el desarrollo de una estructura para mantener la paz: un Plan Marshall y Naciones Unidas, mecanismos para regir la manera en la que se libran guerras, los tratados para proteger los derechos humanos, evitar el genocidio y restringir las armas más peligrosas”. Por lo que hace al campo de la política criminal frente a la delincuencia organizada, nacional y transnacional, ante el crecimiento de ésta y sus efectos también destructivos, la ONU igualmente generó instrumentos internacionales para regir la manera de combatirla, entre los que destacan la Convención de Viena (1988) y la Convención de Palermo (2000), en las que también se reitera la idea de respetar las instituciones y principios propios de Estados democráticos de derecho.

Pero, habrá que reconocer que, así como con relación a los conflictos bélicos, “lacapacidad de los seres humanos de idear nuevas maneras de matarse unos a los otros resultó ser inagotable, como también nuestra capacidad para tratar sin ninguna piedad a quienes no lucen como nosotros o le rinden culto a un Dios diferente” (Obama), también el fenómeno delictivo sigue evolucionando por razón de los propios avances de la ciencia y la tecnología, o porque el hombre de igual modo ha ideado nuevas maneras sofisticadas de delinquir, con consecuencias cada vez de mayores alcances. Lo que ha motivado que los tradicionales instrumentos para su combate con el tiempo han mostrado sus pocos rendimientos y, por ello, han determinado a su vez la búsqueda y el diseño de nuevas alternativas político- criminales; muchas de las cuales se han caracterizado por su mayor endurecimiento en el ejercicio del poder penal estatal, incluso en detrimento de derechos humanos y de garantías.

Ahora bien, si por lo que hace a las “guerras” que se han librado, éstas “han sido terribles y se han cometido atrocidades”, los esfuerzos e instrumentos antes señalados –según lo destacó Obama- “de muchas maneras fueron exitosos”, porque “se derrumbó un muro” y “no ha habido una Tercera Guerra Mundial”; asimismo, “miles de millones han salido de la pobreza; los ideales de libertad, autonomía, igualdad y el imperio de la ley han avanzado a tropezones”. Lo propio puede decirse con relación a la lucha contra la delincuencia organizada; sin embargo, no todos los países del mundo pueden decir que las medidas han resultado exitosas, pues hasta ahora aún no se ha encontrado el antídoto que de manera eficiente funcione para erradicarla y garantizar la paz.

Por el contrario, ahora que vivimos el proceso de globalización y deinternacionalización de muchas cosas, el problema de la delincuencia organizada y la violencia se va agravando ante el peso de “nuevas amenazas”, como es el caso del terrorismo internacional, que es la causa del mayor porcentaje de todas las muertes. Por ello, con relación a los conflictos armados, el propio Obama ha advertido: “El mundo quizá ya no se estremezca ante la posibilidad de guerra entre dos superpotencias nucleares, pero la proliferación puede aumentar el peligro de catástrofes. 
El terrorismo no es una táctica nueva, pero la tecnología moderna permite que unos cuantos hombres insignificantes con enorme ira asesinen a inocentes a una escala horrorosa”.

Es innegable que el mundo vive actualmente momentos de “grandes adversidades y de incertidumbres”, motivados entre otras razones por la forma de ejercer el poder; así, mientras que en algunos casos el ejercicio del poder procura someterse a“límites”, atendiendo a exigencias democráticas, en otros se aparta de estas y se realiza de manera arbitraria o autoritaria. Esas distintas formas se manifiestan principalmente en el ejercicio del poder penal, ya que en este ámbito se pueden seguir distintas tendencias político-criminales frente al delito: desde aquellas posiciones extremas que pugnan por la “abolición” del derecho penal hasta aquellasque buscan una “expansión” exacerbada de este derecho, aún en detrimento de derechos y garantías, pasando por posiciones intermedias, como la de postura“minimalista” o reduccionista de la intervención penal, pero cubierta de amplias garantías. Pero, al lado de estas tendencias que giran en torno a la idea de larepresión, están también aquellas que le dan preferencia a las medidas deprevención del delito; pudiéndose decir que las tendencias político-criminales más recurrentes y aceptables son aquellas que procuran combinar las medidas de represión con las de prevención, es decir, que siguen una política criminal mixta, diferenciándose según el mayor o menor peso que le den a unas u otras.

6. La política anticrimen en México, sus alternativas y retos:
México, después de ensayar medidas político-criminales de alcances menores, ha tenido que adoptar los instrumentos internacionales antes citados y, con base en ellos, ha implementado su política criminal frente a las drogas y la delincuencia organizada, como lo muestra su Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (1996). Sin embargo, hay quienes atribuyen al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) el inicio de la llamada “guerra contra las drogas” y el haber echado mano delas fuerzas armadas para ello, a pesar de que esa guerra viene desde mucho antes y con resultados cuestionables. De todos modos, a esa política “prohibicionista” y“retributiva” se le ha atribuido el haber traído como consecuencia la “muerte de muchos miles de personas” (tanto del grupo de los “malos” como de los “buenos”);lo que motivó que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hiciera expresar la idea de abandonar la política de “guerra” y aplicar una nueva, es decir, una nueva estrategia político-criminal para evitar las muertes y demás efectos colaterales. La realidad es que estas nuevas estrategias y medidas, aún carentes de una orientación precisa, han resultado de consecuencias más negativas, que se manifiestan precisamente en el incremento de la violencia y la “pérdida de vidas”; sin que el problema central tenga visos de solución.

Lo cierto es que México, dentro del contexto global, tiene sus propias realidades, sus problemas y soluciones. La realidad es que actualmente enfrenta grandes problemas en materia de seguridad y corrupción, entre los que destaca la delincuencia organizada, cuya violencia –se insiste- ha sido la causa de múltiples muertes de personas; siendo ello lo que más pesa al final de la administración del presidente Peña Nieto, pues el número de homicidios ha roto récord en el último año. La realidad, también, es que las estrategias y decisiones político-criminales para hacerles frente siguen siendo vacilantes y erráticas, carentes de una visión de integralidad y de coherencia. Y, no obstante las fuertes críticas, el actual gobierno sigue haciendo un mayor uso de las fuerzas armadas, es decir, sigue militarizando la lucha contra el crimen organizado, con el argumento de que es “para contener la violencia”; sin que exista alguna garantía de que el objetivo pueda alcanzarse en un plazo razonable.
Si la política criminal mexicana tiene esos rasgos característicos y, por ello, no ha resultado funcional, el nuevo sistema de justicia penal, como expresión de aquélla, también pasa por momentos de crisis, que se manifiestan tanto en los contenidos de la legislación penal y procesal penal como en los criterios que rigen su aplicación y la forma de ésta. Por ello, no obstante lo nuevo del sistema procesal penal, éste se encuentra en serias dificultades para cumplir con sus grandes objetivos y responder efectivamente a las expectativas sociales y a las exigencias del Estado democrático de derecho.

7. La “política de pacificación” como la alternativa del nuevo gobierno y sus perspectivas:
Ahora bien, ante esa realidad que vive México, surge la necesidad de otras alternativas político-criminales que puedan traer menos violencia y ser más funcionales con relación a sus objetivos. Por ello, después de haber vivido una intensa jornada electoral, de la que fue electo el nuevo Presidente de la República y se avecina ahora el cambio de gobierno federal, nuevamente se plantea el diseño y puesta en marcha de una “nueva” política anticrimen que se propone aplicar la siguiente administración. Y, por lo hasta ahora visto, la nueva tendencia empieza a construirse a partir del cuestionamiento de la política anterior, porque formalmente declaró la “guerra” contra las drogas y la delincuencia organizada, o porque materialmente la practicó; precisamente, por considerar que ella es la principal causante de la situación de violencia que vive el país y que ha traído como consecuencia la muerte de muchos miles de personas en los últimos años3.

En contraposición a ella, la nueva política de reacción frente al delito que empieza a diseñarse y, por ello, aún no muestra con claridad su estructura, sus fundamentos y alcances, tiene sin duda el propósito de “no usar la violencia para combatir la violencia”, es decir, “no combatir la barbarie con la barbarie”, porque –según expresión común- “la violencia genera más violencia”4. Por ello, durante la campaña electoral y ahora, se insiste en hablar de algunas estrategias, como: “amnistía” para ciertos delincuentes; “despenalización de drogas”; “reducción de penas”;“reparación del daño”; “comisiones de la verdad”, entre otras medidas político- criminales.
Todas ellas, en su conjunto, serían las estrategias de la “política de pacificación” en el nuevo gobierno federal; política que –según se dice- se construye“bajo el marco de ‘justicia transicional’ para cerrar el ciclo de la guerra y laviolencia”5; pero, sin que se precise aún la razón y los alcances de la llamada“justicia transicional”.
Esta política de pacificación, que también ha sido anunciada y aplicada –por cierto sin el éxito esperado- por gobernantes de otros países, como Venezuela, Brasil, Colombia y Perú, entre otros, y que obedece a razones diferentes y con alcances distintos –como los movimientos desestabilizadores de grupos guerrilleros-, tiene como objetivo común “la paz y la reconciliación del país”. 

Pero, a diferencia de otros países de la región latinoamericana, en donde la necesidad de “paz” y de“reconciliación” se debió a la presencia de grupos desestabilizadores claramente identificados, que realizaron acciones de guerrilla, sabotaje o terrorismo, entre otras, a las que se han enfrentado las fuerzas armadas, ya sea para el “restablecimiento del Estado de derecho” o simplemente “evitar la perturbación de la paz”, hablar en México de “pacificación” no parece obedecer a la misma necesidad, a menos que se admita que, por razón de la delincuencia organizada, tenemos “conflictos armados” o que vivimos en “guerra”. En realidad, el problema que se trata de enfrentar no es propiamente el de un “conflicto armado” o de una “guerra” propiamente dicha, sino el de la delincuencia, aún cuando se trate de la delincuencia que conlleva grandes dosis de violencia, que produce muchas muertes y perturba la tranquilidad y la paz ciudadana, como es la delincuencia organizada, y que, por ello, su combate se asemeja a una “guerra”.

Ciertamente, como se ha dicho, la lucha contra la delincuencia “violenta”, por los“medios violentos” que se utilizan para ello, se puede asemejar a una especie de“guerra”, y de ahí que se hable de “guerra contra la delincuencia organizada” o“guerra contra las drogas”, aunque esta expresión haya sido rechazada por algunos. Por ello, habría que admitir que la razón de la política de pacificación que se propone en México no podría ser otra que la gran “perturbación de la paz” provocada tanto por la violencia de la delincuencia organizada como por la violencia de los medios de reacción –sobre todo de las fuerzas de seguridad-, así como la necesidad de mantener la paz o de recuperar la “paz perturbada”. 
Y es evidente que quienes en este caso se enfrentan no son dos “potencias armadas”, en sentido estricto, sino el Estado y la organización criminal, aunque en el caso concreto ambos se encuentren armados y a los miembros de esta última se les llame incluso “ejército criminal” y del enfrentamiento –con el ejército del Estado- resulten personas muertas. Por esa razón, se trata de una estrategia político-criminal en la que “la violencia se combate con violencia”, ya que, ante la violencia generada por las organizaciones criminales, el Estado igualmente ejerce “violencia” al enfrentarlas, y viceversa; de esa manera se van dando las contrarreacciones que, a su vez, incrementan la fortaleza o la debilidad de uno y otro. Lo que, sin duda, obedece a la consideración de la“naturaleza” misma del problema que se ha generado y que ahora se trata de combatir; pues, es evidente que esa no sería la estrategia que se quisiera aplicar con relación a fenómenos delictivos que reúnen otras características, como la de no ser organizado ni violento.

Ahora bien, como esta nueva tendencia aún se encuentra en vías de ser armada, han surgido ciertas interrogantes: a) una de las cuestiones que hora se plantearía pretende saber si la política de pacificación sería una estrategia adecuada paraenfrentar eficazmente el llamado “conflicto armado” que vive el país y restablecer lapaz; b) otra, es saber si en la nueva estrategia, la política de pacificación sería la única aplicable para hacerle frente al problema de la delincuencia o si cabrían otras alternativas; c) una más, si ella sería utilizable para todo tipo de delincuencia o sólo con relación a la delincuencia organizada, que produce violencia y muerte en forma perturbadora; d) otra más, si con relación a la delincuencia organizada las medidas de pacificación, como es el caso de la “amnistía”, serían aplicables a todos los miembros de la organización o sólo a algunos de ellos y cuáles.

No es mi propósito por ahora el dar respuesta a estas interrogantes, precisamente porque se trata de una propuesta aún en ciernes. Pero, es claro que, por lo que hace a la primera cuestión, aún no se puede decir si será una estrategia funcional o no, es decir, si efectivamente reducirá la violencia o no, si es ingenua o no; la experiencia en otros países muestra resultados poco exitosos; lo mismo puededecirse con relación al uso de los “mecanismos alternativos de solución” y las“salidas negociadas”, que en el nuevo sistema procesal penal mexicano no haninfluido para mejorar la calidad de la justicia penal. Por cuanto hace a la segunda, también es claro que la nueva política anticrimen no podría prescindir de lasmedidas de represión, sobre todo si se trata de crimen organizado o de otras manifestaciones cuyas consecuencias son realmente graves; incluso podría decirse que para ciertos casos habría una mayor severidad de las medidas penales, como parece sugerirse con relación a ciertos actos de corrupción de servidores públicos que se piensa elevarlos a rango de “delitos graves”. Y, con relación a la amnistía, aún cuando de ella mucho se ha hablado y se le han atribuido muchas virtudes, como la de ser un instrumento para reconstruir el tejido social, promover el desarme y recuperar la convivencia pacífica, entre otras, es evidente que sus alcances aún no están debidamente precisados, pero que en definitiva serán limitados.

En fin, no se puede negar que detrás de la idea de “pacificar al país” hay buenos propósitos; pero, para que ello no se quede solo en buenos deseos, habrá que reconocer que tales medidas son aún insuficientes para superar la cuestionada lógica de la represión penal; pero, lo son todavía más insuficientes para garantizar debida la protección de los bienes jurídicos de los individuos y de la colectividad frente al delito. Por lo tanto, para no dar la sensación de excesiva “ingenuidad”,habrá que admitir que la estrategia de la política “pacifista” es sólo una de las diversas que habrá que adoptar frente a la delincuencia, sobre todo la organizada y violenta, para garantizar que la política anticrimen sea funcional.

8. Necesidad de una visión integral de la política criminal, de superar la ingenuidad y reconocer los límites de la razón:
a) Para ir concluyendo estas reflexiones, quiero reiterar que la lucha, o “guerra”,contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas se justifica, en tanto que de por medio existe la necesidad de garantizar la protección de bienes jurídicos de fundamental importancia para la vida ordenada en comunidad, como la vida, la libertad, la salud, la seguridad pública y otros derechos humanos, así como la seguridad nacional y las instituciones democráticas, ante los peligros actuales o inminentes que dichos problemas representan. Es decir, la “guerra” contra el crimenorganizado se hace necesaria por razón de “fines importantes” y, por ello, no hayrazón para “cuestionar su moralidad” si a tales bienes jurídicos se les concede valor y la lucha se desarrolla dentro de ciertos parámetros propios de Estados democráticos de derecho. Por lo mismo, habrá que ver con cierto realismo el uso de medidas político-criminales para el combate a la delincuencia organizada y el que ellas puedan implicar el uso de la fuerza y la violencia; lo que importa, es que éstas se usen de manera razonable y observando los límites que impone el sistema penal de corte democrático.
De acuerdo con lo anterior, y atendiendo a las características del fenómeno que se quiere enfrentar, la política de reacción frente al delito violento no puede prescindirde las medidas de “represión”; es decir, la política criminal no puede reducirse ameros mecanismos de “pacificación”, aún cuando ésta pretenda prescindir o hacer menos uso de la pena6.
b) Por ello, ante la necesidad de seguir combatiendo el tráfico de drogas y la delincuencia organizada violenta y lo aún imprescindible de los medios violentos, que obligan a hablar de la “guerra”, quisiera terminar esta intervención justamente con las siguientes palabras de Obama, pronunciadas en el templo de Oslo: “En las guerras de hoy, mueren muchos más civiles que soldados; se siembran las semillas de conflictos futuros, las economías se destruyen; las sociedades civiles se parten en pedazos, se acumulan refugiados y los niños quedan marcados de por vida. No traigo hoy una solución definitiva a los problemas de la guerra. Lo que sí sé es que hacerles frente a estos desafíos requerirá la misma visión, arduo esfuerzo y perseverancia de aquellos hombres y mujeres que actuaron tan audazmente hace varias décadas. Y requerirá que repensemos la noción de ‘guerra justa’ y los imperativos de una paz justa”.

“Debemos comenzar –dice Obama- por reconocer el difícil hecho de que no erradicaremos el conflicto violento en nuestra época. Habrá ocasiones en las que las naciones, actuando individual o conjuntamente, concluirán que el uso de la fuerza no sólo es necesario sino también justificado moralmente. Hago esta afirmación consciente de lo que Martin Luther King dijo en esta misma ceremonia hace años: "La violencia nunca produce paz permanente. No resuelve los problemas sociales: simplemente crea problemas nuevos y más complicados". Como alguien que está parado aquí como consecuencia directa de la labor a la que el Dr. King le dedicó la vida, soy prueba viviente de la fuerza moral de la no violencia. Sé que no hay nada débil, nada pasivo, nada ingenuo en las convicciones y vida de Gandhi y King”. “Pero en mi calidad de jefe de Estado que juró proteger y defender a mi país, no me puede guiar solamente su ejemplo. Enfrento al mundo como lo es, y no puedo cruzarme de brazos ante amenazas contra estadounidenses. Que no quede la menor duda: la maldad sí existe en el mundo. Un ‘movimiento no violento’no podría haber detenido los ejércitos de Hitler. La ‘negociación’ no puede convencer a los líderes de Al Qaeda a deponer las armas. Decir que la fuerza es a veces necesaria no es un llamado al cinismo; es reconocer la historia, las imperfecciones del hombre y los límites de la razón.”
c) Entonces, si la violencia generada por las organizaciones criminales y la perturbación de la paz que ella produce no deben quedar impunes y, para ello, el Estado debe enfrentarlas -investigarlas, perseguirlas y procesarlas-, habrá que aceptar que los instrumentos de la guerra que utiliza el Estado, como decía Obama,“sí tienen un papel en mantener la paz”. Sin embargo –como él aclara-, “este hecho debe coexistir con otro: que, independientemente de cuán justificada, la guerra conlleva tragedia humana”; por ello, “parte de nuestro desafío es reconciliar estos dos hechos aparentemente irreconciliables: que la guerra a veces es necesaria yque la guerra es, de cierta manera, una expresión de desatino humano”; es decir, “la propia guerra nunca es gloriosa, y nunca debemos exaltarla como si lo fuera”.
Por ello, el Estado no debe preferir y exaltar este medio de reacción frente al problema de la delincuencia, así se trate de la más violenta y perturbadora, sino aplicarlo sólo como recurso de ultima ratio y siempre observando ciertos estándares internacionales que rigen el uso de fuerza. Pero, para ello, se requiere que el Estado diseñe una política criminal integral, coherente, funcional y racional, que responda tanto a las expectativas de la sociedad como a las exigencias del Estado democrático de derecho. Habrá que partir de la base de que la violencia, es un fenómeno pluridimensional y multifactorial, que no puede atacarse sólo mediante la acción penal o policial. Su eliminación o reducción debe pasar por detener la desintegración del tejido social, producto de la desigualdad, la marginación social y la pobreza, el bajo nivel educativo, el consumo de alcohol y de estupefacientes, entre otros, además de los problemas de impunidad y corrupción. 
Dentro de la idea de la integralidad, el programa de política criminal debe comprender no sólo medidas represivas de carácter penal sino principalmente medidas preventivas de índole general y especial; y, en el ámbito de las primeras, se pueden considerar los diversos mecanismos que pueden tener como efecto la pacificación, o la reducción en el uso de las medidas penales; pero, sin caer en la ingenuidad de que con la llamada “pacificación” se puede enfrentar eficazmente a la delincuencia organizada.

A la delincuencia organizada, como problema nacional y transnacional, se la puede prevenir y combatir a través del fortalecimiento tanto de las instituciones del Estado de derecho como de la seguridad humana; lo que implicaría aplicar no sólo políticas represivas de carácter penal sino también políticas preventivas coordinadas interinstitucionalmente y geográficamente focalizadas en el sector laboral, sector salud y sector educación, que hagan más difícil que mafias capturen el tejido social a través del tráfico de drogas, personas, migrantes, piratería o cualquier otro bien o servicio legal o ilegal. 
Asimismo, habrá que fortalecer las instituciones del sistema de justicia penal, para que atiendan –además de las exigencias del Estado democrático de derecho-, los nuevos roles que le impone la transformación del sistema y las expectativas de la sociedad mexicana. Habrá que revisar y actualizar la legislación penal sustantiva, para que en ella se planteen las nuevas alternativas político-criminales frente al delito, se prevea un uso racional de las penas y se garantice una mejor protección de los bienes jurídicos; asimismo, habrá que considerar las transformaciones que el fenómeno delictivo está experimentando por efectos de la globalización y los avances de la ciencia y la tecnología, entre otras cuestiones.
d) Pero, volviendo al motivo que nos convoca el día de hoy, que es la celebración del Día del Abogado, quisiera nuevamente parafrasear –o incluso copiar- a Obama, para decirles que, “a pesar de toda la crueldad y las adversidades de nuestro mundo” y de nuestro sistema de justicia penal, nosotros los abogados “no somos simples prisioneros del destino”. 
Sin duda, nuestros actos tienen importancia y –aún cuando nuestro campo de acción no lo abarca todo- ellos “pueden contribuir a cambiar el rumbo de la historia y llevarla por el camino de la justicia”. Si nuestro principal instrumento es el “derecho”, así como el sistema de justicia penal que se rige por el “debido proceso legal”, que por cierto ha sido una de nuestras grandes aspiraciones, quisiera que el motivo de hoy nos anime a hacer lo necesario para que esas aspiraciones de justicia alcancen su más amplia realización.
Gracias.

Notas:

1 Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM). Palabras pronunciadas en el desayuno el 14-07-18.

2 Véase Transcripción del discurso del presidente Barack Obama tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2009 en el Oslo City Hall, en UNIVISION, 11 DIC 2009 – 9:38 AM EST. Los párrafos o frases textuales del discurso de Obama se encuentran entrecomillados.

3 Según datos estadísticos, en lo que va del presente año el número de homicidios superó ya los 27 mil, con lo que ha batido récord.

4 O, como lo dijera Martin Luther King, “la violencia nunca produce paz permanente. No resuelve losproblemas sociales; simplemente crea problemas nuevos y más complicados”. Citado por BarackObama en su discurso pronunciado en Oslo (11-Dic.-2009)

5 Cfr. Loretta Ortiz Ahlf, La propuesta de amnistía de AMLO: algunas precisiones, en NEXOS, Prevención y castigo. Blog sobre la política de seguridad, Mayo 16, 2018.

6 Como decía García Sayán, Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alreferirse a los actos terroristas en Perú, “sería absurdo negar la necesidad que se utilicenmecanismos policiales y militares para actuar frente al proceso en curso. Las líneas de mando, sin embargo, deben ser claramente definidas para lograr una conducción política frente a estefenómeno”. “Si el único cambio consiste en agregar un poco de inversión pública a la represiónhaciendo que ésta sólo disminuya -y no elimine las violaciones al Estado de Derecho, nada esencial habrá cambiado. La disyuntiva de apariencia retórica, pero de profundo sentido, entre la paz conjusticia y la paz de los cementerios está planteada”. Cfr. Diego García Sayán, “Terrorismo y pacificación en Perú”, en: https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/download/15541/16002/