ROCÍO MONTES
El País, Santiago de Chile 24 JUL 2018;
Luis Torres, director de la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía chilena
El abogado Luis Torres (Santiago de Chile, 1979), director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional chilena, coordinó el inédito informe que el lunes dio a conocer el Ministerio Público: un recuento con los casos de abusos sexuales cometidos por personas ligadas a la Iglesia católica. Según el documento, fueron 158 los investigados por este tipo de delitos desde el 2000, cuando entró en vigencia la reforma procesal y se formó la Fiscalía. 139 son religiosos. De las víctimas, la mayoría fueron niñas, niños y adolescentes: 178 de las 266 identificadas. El informe surge en un momento en que la Iglesia católica local enfrenta una crisis profunda, luego de que la visita del Papa en enero derivara en una histórica limpia del obispado chileno involucrado en casos de abusos y encubrimientos.
Pregunta. Este es un informe inédito. ¿Cuál es la importancia de darlo a conocer ahora?
Respuesta. Desde la visita del Papa y del conocimiento de los abusos de la Iglesia por parte de los clérigos, existe un clima social que facilita la apertura. La Fiscalía no puede estar ajena a lo que el Papa en su carta al pueblo de Chile menciona como una cultura del encubrimiento del abuso sexual y del abuso de conciencia. Tenemos la obligación de empatizar con las víctimas y facilitarles la denuncia.
P. ¿La Fiscalía cree que existía una cultura del abuso?
R. Lo que se puede advertir, por el número de casos que estamos conociendo, es que el hecho de que no se hayan deliberado las responsabilidades penales, que hayan quedado en impunidad, permiten su repetición.
P. ¿Está la Fiscalía chilena en una cruzada para destapar casos?
R. La Fiscalía tiene el compromiso de cumplir con su misión institucional: fortalecer las investigaciones y facilitar el acceso a la justicia de las víctimas. No siempre hemos tenido acceso a la información ni el conocimiento oportuno de los hechos, un asunto que ahora está cambiando.
P. ¿Qué datos le llaman mayormente la atención del informe?
R. Que en prácticamente todas las regiones de Chile hay casos. Otro hallazgo interesante es la alta cifra de víctimas involucradas, 266, de las cuales dos tercios son niños, niñas y adolescentes. Esa cifra no nos resulta indiferente. Del total de casos que se cerraron, la mayor parte fueron terminados por archivo provisional o por no perseverar. Esto obedecen a la falta de información, que reflejan las dificultades de la Fiscalía en años anteriores para poder conocer este tipo de casos.
P. La Fiscalía investiga actualmente 37 causas. ¿Cuántos sacerdotes son directamente los involucrados? ¿Se conoce el número de víctimas?
R. Son 68 personas investigadas. De ellos, 36 son clérigos (tres obispos, 31 sacerdotes y dos diáconos), 22 pertenecen a órdenes o congregaciones sin ser clérigos (hermanos, por ejemplo) y ocho son laicos (profesores o líder de algún grupo espiritual). En dos casos, en tanto, aún no se logra determinar. Los 37 casos vigentes involucran a 104 víctimas: 52 eran menores de edad al momento de los hechos, nueve adultos y el resto aún debe determinarse.
P. ¿Existe algún patrón común en todas esas causas judiciales?
R. La relación de las víctimas con sus victimarios: existía una relación de confianza en el contexto de la fe y de la fidelidad con la Iglesia que propició los abusos.
P. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los fiscales al investigar este tipo de hechos?
R. El paso del tiempo siempre es un problema y, en segundo lugar, el acceso a la información. Como la Iglesia tiene una estructura hermética y tiene sus propias normas, no facilita. No sucede lo mismo que cuando pedimos la información a cualquier institución del Estado, que en horas nos las entregan.
P. ¿La Iglesia no denuncia a la Justicia cuando tiene conocimiento de abusos sexuales?
R. En el ámbito educacional, por ejemplo, no están exentos de denunciar. Fuera de esos escenarios, sin embargo, no están obligados. A nuestro modo de ver, sin embargo, sería una buena práctica que la Iglesia cada vez que tuviera noticias de abusos y hechos constitutivos de delitos lo informara a la Justicia civil.
P. La Fiscalía ha ordenado el allanamiento de diversas oficinas de la Iglesia en diferentes ciudades del país. ¿Qué buscan?
R. Ha sido la decisión de dos fiscalías regionales que han entendido que corresponde, procede y que necesitan esa información para garantizar el éxito de la investigación, luego de que las respectivas diócesis se hayan negado a entregarla.
P.. La Fiscalía pedirá oficialmente al Vaticano el informe elaborado por los enviados especiales a Chile del papa Francisco, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, en relación a los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia chilena.
R. Una de las fiscalías regionales estimó que la información puede ser relevante para su investigación penal y lo vamos a incorporar en el requerimiento que el fiscal nacional enviará en estos días al Vaticano. En la lógica de la manifestación de colaborar en esclarecer estos hechos y en avanzar en la justicia de estos casos sería pertinente que el Vaticano entregue esta información.
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