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Diagnóstico en el PRI: Peña, Ochoa Reza y René Juárez, culpables del desastre/

Revista Proceso # 2190, 21 de octubre de 2018...
Diagnóstico en el PRI: Peña, Ochoa Reza y René Juárez, culpables del desastre/
JOSÉ GIL OLMOS
Al descalabro electoral del 1 de julio se suman las fracturas internas en el PRI, que lo hunden en la peor crisis de su historia. Y aun cuando la Comisión de Diagnóstico –creada en agosto para preparar una renovación estructural del partido– recaba las inquietudes de los militantes de a pie para discutirlas en la asamblea nacional programada para principios de 2019, aún no se sabe a dónde llegará ese “ejercicio de autocrítica”. Por lo pronto, un documento preliminar le pone nombre y apellido a los responsables del desastre: Enrique Peña Nieto y los exlíderes del partido Enrique Ochoa Reza y René Juárez.  
Los militantes del PRI están irritados y se lanzan contra la dirigencia de su partido, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, a quienes culpan de la derrota el 1 de julio; les atribuyen ese descalabro electoral que mantiene postrado al partido, inmerso en la corrupción, la inseguridad y las fallas en la instrumentación de las reformas estructurales.

En un documento que elabora la Comisión de Diagnóstico para la renovación del PRI, a cargo de Samuel Palma César, los inconformes sostienen: “La sociedad mexicana nos considera el partido corrupto de México”.
Esa comisión se integró un mes después de la derrota del 1 de julio y se encarga de recoger el sentir de los militantes y simpatizantes priistas que demandan cambios de fondo en el partido para superar la actual crisis –la mayor de su historia– y mantenerse como opción en las próximas elecciones.
Palma César y sus colaboradores presentarán sus resultados para la reforma estructural del partido, su programa y principios, que se debatirán en una asamblea nacional prevista para principios de 2019. En su primer borrador destacan las críticas a Peña Nieto, así como a Enrique Ochoa Reza y René Juárez Cisneros, quienes estuvieron al frente del partido durante la campaña electoral.
“Desde su inicio –dice el documento consultado por Proceso–, el gobierno federal se empeñó en difundir un mensaje con altas expectativas de las reformas estructurales; el partido participó por línea, por disciplina o sumisión, en replicar las ventajas de éstas, y a ambos, la sociedad les cobró factura.”
Sin embargo, añade, esas reformas que se ofrecieron como “mejor educación, gasolina más barata, luz y gas más económicos, mejor seguridad y mejor infraestructura en el país” no trajeron beneficios; al contrario, la sociedad las vio ejemplificadas en una educación amañada, inseguridad, gasolina, canasta básica y servicios caros.
Unidad rota 
Esas reformas estructurales, según el borrador de la Comisión de Diagnóstico, sólo trajeron resultados negativos, pues emanaron de ideas macroeconómicas y excluyeron a las minorías, y en términos generales desatendieron lo que la sociedad pedía. 
Y añade: “Las reformas estructurales no trajeron beneficios para nadie; la sociedad las ve ejemplificadas en educación amañada, inseguridad, gasolina, canasta básica y servicios más caros. En este proceso el gobierno no pudo y no puede dar una explicación del porqué no funcionaron, al igual que el PRI.
“Eso generó la mayor desconfianza de la sociedad y las nuevas generaciones dudan que sepamos ser un gobierno de resultados. En general las reformas sólo trajeron resultados negativos y que afectaron el bolsillo de las familias de México.”
Según los redactores del informe, ni Peña Nieto ni el partido han explicado por qué no funcionaron las reformas. Y reiteran: eso generó una mayor desconfianza en la sociedad y hace que las nuevas generaciones “duden que (los priistas) sepamos ser un gobierno de resultados”.
En lo concerniente a la corrupción, advierten, si bien es cierto que los principios éticos como legalidad, lealtad, honestidad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, congruencia y responsabilidad están contenidos en los estatutos del partido, el problema no estribó en una convicción ideológica ni en la falta de disposiciones normativas, “sino en una percepción de impunidad y falta de rendición de cuentas”.
De ahí su propuesta de elaborar un “reglamento de rendición de cuentas” para autoridades postuladas por el partido y, adicionalmente, demandan que sus dirigentes sean enfáticos en señalar y reprobar cualquier acto de deshonestidad, corrupción o falta de transparencia, en alusión a los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge, respectivamente.
Esos actos de corrupción generaron vergüenza en un sector de la militancia que “permaneció escondida y apenada”, mientras que otra optó por irse a otros partidos. 
“En la medida en que el PRI sea autocrítico y busque resolver por las vías institucionales y legales estos casos, recuperará la confianza de la ciudadanía e incluso la de la propia militancia”, asienta el borrador de la Comisión de Diagnóstico.
Los diferendos en el PRI tras la derrota son notables. Así, mientras Claudia Ruiz Massieu expresó que apoyaría a Peña Nieto y su gobierno hasta el último minuto de su administración, cuando sustituyó a Juárez Cisneros al frente del partido, la militancia priista critica el peñanietismo, según la información recabada por Palma y sus colaboradores.
Los ajustes
A la lucha interna por la renovación del partido y de la dirigencia prevista para 2019 se añaden la selección actual de dirigentes estatales, de aspirantes a la gubernatura en Baja California, la de los presidentes municipales en Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, así como el problema financiero a raíz de la reducción de casi 300 millones de pesos de prerrogativas para el año entrante. 
Es previsible que ese ajuste implique una reducción de personal, así como de los salarios a quienes se queden, y remoción de la sede de algunos organismos, como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que hoy se ubica en un inmueble rentado al lado del Monumento a la Revolución. Es probable que se traslade a la sede nacional del partido.
Desde finales de septiembre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) suspendió la partida mensual que por concepto de ministraciones federales enviaba a sus comités directivos estatales. 
El Comité Directivo Estatal de Morelos recibió una circular: “Por medio de la presente se les comunica que, para los apoyos por actividades de colaboración, se harán ajustes a los pagos de todos los militantes adscritos a este comité, derivado de la suspensión de Ministración de Prerrogativa Federal que el CEN nos proporcionaba para el pago de apoyo”. 
A diferencia de los mil 94.9 millones de pesos que el PRI recibió del Instituto Nacional Electoral para 2018, serán 800 millones el próximo año, por su descenso al tercer lugar en los comicios federales. Además, el partido deberá pagar 40 millones por multas derivadas de esa jornada. 
Una de las agrupaciones que pugnan por la transformación priista y exige la renuncia de Ruiz Massieu es la asociación política nacional Alternativa, encabezada por César Augusto Santiago Ramírez, quien sentencia: el PRI no sólo no tiene rumbo, sino que perdió sus ideales revolucionarios y nacionalistas. 
“Vamos en la ruta de ofertarle nada a la gente, nada que parezca atractivo”, comenta en entrevista. Y reitera que en la pasada elección el PRI recibió 7 millones de votos de militantes y simpatizantes, algunos de los cuales se han empezado a salir del partido para buscar otras alternativas.
En una carta enviada a la Comisión de Diagnóstico, el político chiapaneco considera que esa instancia carece de legitimidad, pues sólo tiene facultades administrativas y no tiene autoridad para llamar a cuentas a los responsables de la debacle electoral.
Según él, esa comisión sobra, pues el partido cuenta con el Consejo Político Nacional, la Comisión Política Permanente, la Comisión de Procesos Internos, la Fundación Colosio y la Comisión de Justicia Partidaria, que tienen mayores elementos para hacer un diagnóstico de lo que pasó.
“La conclusión evidente del diagnóstico –sostiene el entrevistado–, debiera ser que quienes participaron en el proceso rindan cuentas, informen de lo ocurrido; qué fue acertado y qué no lo fue; qué utilidad tuvieron las secretarías, subsecretarías, coordinaciones, fundaciones, sectores, organizaciones, etcétera; cuál fue su utilidad práctica o cuáles sus omisiones que nos llevaron al fracaso.”
En el documento consultado por el reportero se lee: “La militancia se ha manifestado por definir si el partido debe o no acompañar a sus gobiernos, ser parte o no de los logros o errores (corrupción) y ser o no auditor de su gestión. De igual forma, la militancia se ha manifestado sobre si el gobierno priista debe o no tener injerencia en el partido, debe ser o no parte de su administración, debe o no participar en la integración del Comité y si debe o no ser totalmente autónomo”.
Un partido replicador
Los priistas consultados señalan que en el sexenio peñanietista sus dirigentes convirtieron al partido en un replicador de la gestión gubernamental federal y cayeron en el error de creer que las reformas estructurales de Peña Nieto les darían oxígeno. 
Lejos de ello, “el discurso se agotó ante la ausencia de beneficios de las mismas y el discurso de oposición fue avasallador contra nosotros. No pudimos ni frenar los escándalos de corrupción y la inseguridad”, dicen los priistas de base.
Respecto a la renovación de la dirigencia, el borrador advierte que los constantes cambios fueron factor clave para perder ruta e identidad en las pasadas elecciones. Ello se debe a que entre 2016 y 2018 el partido tuvo cuatro presidentes: Manlio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa Reza, René Juárez Cisneros y Claudia Ruiz Massieu Salinas.
Asimismo, demandan una renovación del CEN mediante procesos abiertos. Quienes resulten designados deben entregarse a su quehacer partidista de manera plena, sin compartirlo con otro trabajo.
“La militancia habló y fue clara –observa el documento–: la dirigencia nacional se debe sólo a la militancia y no a las decisiones del gobierno federal.”
Sus autores exigen también que los compromisos de grupos políticos no sean los que influyan en las decisiones partidistas y la postulación de dirigentes y candidatos: “El partido debe ser la casa de todos y no la casa de descanso de una clase política agitada.
“La dirigencia se debe conformar por cuadros capacitados, mujeres y hombres probados en su ética y su trabajo; las dirigencias en su conjunto deben trabajar de manera coordinada, con recursos transparentes, revisar las nóminas, eliminar los aviadores y contratar a personas priistas que sí desean trabajar por su partido y por el beneficio de todos.”
Respecto a la selección de candidatos, los priistas consultados sostienen que en los comicios pasados el principal problema fue postular a ciudadanos en las candidaturas más importantes, en alusión a José Antonio Meade. La designación y no selección de candidatos y candidatas “verdaderamente militantes del partido” fue otro error.
Manifiestan también su inconformidad porque, arguyen, nunca fueron tomados en cuenta; incluso denuncian que no hubo apoyo económico suficiente de parte del CEN durante el proceso electoral.
Enumeran las fallas que postraron al PRI: corrupción del gobierno de Peña Nieto, malos resultados, cambios constantes en las dirigencias nacional y estatales, candidatos inapropiados, una coalición con el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México poco eficaz, decisiones tardías, malos tratos a la militancia, duplicidad de tareas, delegados electorales sin experiencia, inexistencia de propaganda electoral y opacidad en los recursos de campaña. 
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