Informes oficiales indicaron que los sicarios iban vestidos con ropa tipo militar y que portaban armas AK-47; dispararon contra una ambulancia de la Cruz Roja, dos camionetas de tres toneladas y una camioneta Ford, además de una patrulla de la policía.
Todo eso ocurrió en la comunidad de San Juan Tenería, municipio de Taxco....
Dispararon contra policías, paramédicos y civiles,...el Alcalde Marcos Parra Gómez, calificó el ataque como "un acto terrorista”.
Afirmó que los voluntarios de la Cruz Roja acudieron a la localidad, acompañados por policías estatales, para repartir ayuda humanitaria a la población que se vio afectada por las bajas temperaturas y a algunos damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Según el reporte, cuando los paramédicos estaban a punto de entregar los apoyos arribaron al lugar 5 camionetas, de las cuales descendieron cerca de 20 individuos armados.
Los delincuentes dispararon contra un grupo de cuatro policías estatales; tres de ellos cayeron muertos, así como un voluntario de la Cruz Roja.
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La Casa Blanca envió una carta a Jim Acosta... en la que le advierte de que volverá a suspender la acreditación como reportero acreditado....
La CNN aseguró anoche que Acosta había recibido el mismo viernes una carta en la que la Casa Blanca "indicaba que su pase quedará suspendido de nuevo una vez que caduque la orden" temporal del juez, de 14 días.
La cadena de noticias solicitó al juez que lleva el caso, Timothy Kelly, una audiencia urgente para evaluar el tema; la CNN planea ahora solicitar al juez que proteja la acreditación de Acosta, con una nueva orden o con la extensión de la anterior.
En un comunicado, CNN acusó a la Casa Blanca de "seguir violando la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución", que garantizan la libertad de expresión y el debido proceso, respectivamente.
Numerosos medios de comunicación, entre ellos la cadena favorita de Trump, Fox News, han respaldado a CNN en su demanda contra la Casa Blanca, preocupados por el impacto en la libertad de prensa del gesto contra Acosta, que no tiene precedentes al menos en la historia reciente de Estados Unidos.
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El PRD informó este domingo, a través de un comunicado enviado a medios, que grupos de choque, relacionados con los ex militantes perredistas intentaron reventar el XVI Congreso Nacional del PRD.
"En el desarrollo de este XV Congreso (...) se identificaron grupos de choque con personas que incluso no son congresistas e intentaron votar para sumar sufragios. Dichos personajes están relacionadas con personas cercanas al grupo de René Bejarano y Dolores Padierna exmilitantes perredistas y hoy integrantes de Morena", indica el partido del Sol Azteca en el documento.....
El PRD exigió respeto a su institucionalidad, y que no pretendan entorpecer su proceso de transformación profunda con actos violencia los cuales condena y reprueba.
Al concluir el Congreso, se logró la disolución del Comité Nacional y la creación de la Dirección Nacional Extraordinaria.
Por cierto no asistieron a la sesión ni Granados ni Barrales ---¿Por qué?
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Las columnas políticas, HOY, lunes 19 de NOVIEMBRE DE 2018....
Bajo Reserva/El Universal
AMLO trabaja tiempo extra
El que está trabajando tiempo extra es el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Ayer don Andrés estuvo durante 35 minutos en su casa de transición en la calle de Chihuahua, en la Colonia Roma. Aunque la ciudad estaba en calma, pues la mayoría de la población se encuentra en el receso por el puente del aniversario de la Revolución, todo indica que AMLO cierra algunos pendientes para su toma de posesión del próximo sábado 1 de diciembre. El mandatario electo no fue el único en presentarse al trabajo en domingo, una hora después de que se retiró llegó al lugar Alejandro Esquer, quien fungirá como su secretario particular.
Moreno Valle, ¿nuevo líder del PAN en el Senado?
Ayer el anayista Damián Zepeda notificó que dejaría la coordinación del partido en el Senado, para que el nuevo jefe nacional del PAN, Marko Cortés, tenga total libertad, y sin presiones decida si lo ratifica o no en el cargo. Cercanos a don Marko dicen que Zepeda está muy lejos de ser ratificado. Aseguran que quien ha perseguido el cargo, e incluso apuntalado a Zepeda en su camino a la presidencia del PAN es el senador y ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien dejó vía libre a Cortés en la contienda por la jefatura nacional. ¿Habrá llegado el momento de las recompensas?
¿Y dónde están Barrales y Granados?
Huérfano de líderes, así concretó ayer el PRD el primer paso de su “reconstrucción” tras la debacle del 1 de julio. Sólo quedan al PRD 4 de sus ex presidentes y todos lo han sido gracias a la corriente Nueva izquierda, mejor conocida como Los Chuchos: Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta y Carlos Navarrete, todos firmes y presentes en el Congreso Nacional perredista, al igual que el quinto “chucho” que comanda hasta el 9 de diciembre a ese partido, Ángel Ávila. Sin embargo, otros dos ex presidentes brillaron por su ausencia: Alejandra Barrales y Manuel Granados, ninguno de los cuales acudió a la plenaria del partido que muy recientemente dirigieron. La duda que quedó en algunos perredistas es cuál fue la razón para no acudir, si quisieron evitar reclamos, pues ambos fueron corresponsables de la alianza con el PAN y la campaña que dejó al PRD en el sótano electoral, o si están pensando en migrar del sol azteca.
Quieren la Belisario Domínguez para Tovar y de Teresa
En este espacio le comentamos en días pasados que se comenzaban a sumar nombres a la lista de candidatos al premio Belisario Domínguez, aunque muchos consideran que la destacada luchadora social y ex candidata a la Presidencia de la República, Rosario Ibarra de Piedra, quien ya acumula tres postulaciones anteriores, esta vez es quien aventaja al contar con fuertes apoyos de la mayoría de Morena. Sin embargo, nos comentan que también fue postulado al premio el destacado historiador y cronista de la Ciudad de México Guillermo Tovar y de Teresa para recibir la presea post mortem. Nos dicen que la candidatura de Tovar y de Teresa fue propuesta por el senador y ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.
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Generosidad, a prueba/Editorial El Universal
Ante la presencia de miles de migrantes centroamericanos cruzando el territorio con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, para ingresar de manera indocumentada o solicitar asilo, se escuchan voces de grupos que rechazan la presencia de hondureños, salvadoreños o guatemaltecos en sus localidades. En una manifestación realizada ayer en Tijuana, cientos de habitantes salieron a las calles para gritar: “¡No los queremos!”.
Los mexicanos conocen muy bien sobre actitudes xenófobas porque millones de connacionales las han vivido en carne propia en Estados Unidos, cuando desde mediados de la década de los 80 dejaron el país en busca de mejores oportunidades.
El mal trato a mexicanos en EU, que por años se ha criticado, está comenzando a replicarse contra centroamericanos.
Al país le toca esta vez enfrentar el problema dentro de sus fronteras. ¿Prevalecerá la visión de rechazo e intolerancia o la generosidad que caracterizó a México el siglo pasado?
A lo largo del siglo XX la política exterior mexicana ganó prestigio por abrir las puertas para todos aquellos en busca de refugio o asilo. En la década de los 30 llegaron españoles que huían de la guerra civil y de la dictadura de Francisco Franco, décadas más tarde México se convirtió en el hogar para miles de sudamericanos que salían de sus naciones por la instauración de gobiernos militares. Miles de guatemaltecos también fueron acogidos en Campeche en la década de los 80. Acciones que ahora parecen olvidadas.
A su paso por el sur y centro del país la caravana migrante recibió apoyo de autoridades y de la población. Es cierto que la estancia en ciudades mexicanas era breve. En la capital del país hicieron una escala de casi una semana; se les brindó alojamiento y comida, así como la opción de solicitar asilo y permanecer en la Ciudad. En Tijuana, en cambio, se pronostica una larga estancia. Autoridades de Estados Unidos solo procesan unas 100 peticiones de asilo al día con escasas posibilidades de otorgarlo ante la política antimigrante de Donald Trump.
La autoridad local ha afirmado que no tiene recursos para costear el apoyo a centroamericanos, que podrían llegar a 10 mil en los próximos días, cuando comiencen a arribar otras caravanas rezagadas. La alcaldía ha demandado apoyo federal.
Por mucho tiempo México fue generador de migrantes. Los fenómenos de miles de personas saliendo de sus países en busca de refugio parecían distantes y exclusivos de África y Europa. Quienes dejan su país lo hacen por la violencia y por la situación de pobreza. La tolerancia y generosidad mexicanas están a prueba.
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Trascendió/Milenio
QUE la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador priista y general en retiro Benito Medina, alista un acuerdo para reconocer al Estado Mayor Presidencial por su trabajo para resguardar “la representación del Estado mexicano y la República”.
El reconocimiento, con sabor a adiós, puede ser votado esta semana por el pleno de la comisión legislativa, prácticamente a una semana de la extinción de ese grupo castrense por decisión del todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
QUE como él mismo lo adelantó desde la semana pasada, todo indica que Rafael Moreno Valle será el relevo de Damián Zepeda como coordinador de la fracción del PAN en el Senado, una vez electo Marko Cortés como presidente del CEN panista.
Ha sido un secreto a voces que el ex mandatario poblano asumiría el liderazgo albiazul en la Cámara alta luego de haber declinado como candidato de fórmula con Héctor Larios.
QUE antes de dejar el PRD, Héctor Serrano se encargó de hacer buenos amarres con políticos de otros partidos pues, en sus nuevos encargos en medios de comunicación, los va a necesitar.
Para más señas, estuvo de visita en el Senado, adonde acudió a saludar ni más ni menos que al jefe de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, y por supuesto al coordinador perredista y su ex jefe, Miguel Ángel Mancera.
QUE hablando del ex jefe de Gobierno de CdMx, a Mancera le fue bien con las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, pues Morena hizo pocos cambios en los dictámenes y él logró convencerlos de que es necesaria la monetización.
Y es que a los gobiernos locales y federal les cuesta mucho dinero mantener en buen estado los bienes decomisados a la delincuencia para que luego tengan que entregarlos así nada más por orden judicial, por lo que ahora podrán cobrarse a lo chino para que el Estado pueda recuperar ese gasto.
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Frentes Políticos/Excelsior..
I.Consecuencia. Tras el triunfo de Marko Cortés Mendoza en la elección interna del Partido Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales informó que puso a disposición de la dirigencia nacional, a cargo de Marcelo Torres Cofiño, la coordinación parlamentaria del PAN en el Senado de la República. Sólo se anticipa, pues Cortés Mendoza, al tomar protesta hoy lunes, puede decidir quién será el próximo coordinador parlamentario de Acción Nacional en la Cámara alta, previa consulta, por supuesto, que tienen que hacer con los senadores.
II.Ligeros. Hacia su resurrección, el Partido de la Revolución Democrática se quiere volver más ligero. Al concluir el XV Congreso Nacional del PRD, se logró la disolución del Comité Nacional y la creación de la Dirección Nacional Extraordinaria, que sólo podrá disolver los comités estatales de las diez entidades en las que el sol azteca no logró el tres por ciento de la votación para mantener el registro. Y, como no podía faltar, hubo un “bloque alternativo” que se opuso con gritos y consignas a los trabajos del Congreso y anunció que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para invalidar las modificaciones a los estatutos. ¿Y Alejandra Barrales, su exlíder? Desaparecida.
III.La delgada línea. El Consejo Asesor de Claudia Sheinbaum, futura jefa de gobierno de la Ciudad de México, propone monitorear las redes sociales como parte de las actividades del C5 de la capital del país. Dar cuenta del enojo que corre por la red. El monitoreo de redes sociales sería un elemento para acceder a información valiosa de manera indirecta y contribuiría de manera significativa en la efectividad de los tiempos de respuesta en incidencias detectadas y en su predicción, argumentaron. Entre otros tópicos, monitorearían la emoción, la tristeza, el enojo, la felicidad y el miedo de los internautas. Habrá que estar pendientes, pues, así como se reportan incidentes y muchos casos de abuso de autoridad, en las redes también se da un fenómeno que no pocas veces ha causado desatinos y errores, las famosas fake news.
IV.La burra no era arisca. Confirmado. La Secretaría de Gobernación informó que ayer domingo, alrededor de las 16:00 horas, falleció en el Hospital Adolfo López Mateos, de la ciudad de Toluca, Estado de México, tras sufrir un paro cardiaco, el interno Héctor Manuel Beltrán Leyva, conocido por el alias de El H. El líder del Cártel de los Beltrán Leyva se encontraba recluido en el Penal Federal Número 1, Altiplano, desde el 2 de marzo de 2016, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. Se sintió mal, lo llevaron al hospital y falleció. Malditas dudas: ¿y no será otro sofisticado método de fuga? Raro no sería.
V.Fiu. Aunque Morena-Encuentro Social y el Partido del Trabajo habían anunciado que no irían en coalición por las elecciones extraordinarias a la alcaldía de Monterrey, ahora resulta que siempre sí, pero con otro candidato. Batearon a Patricio Zambrano, el llamado Pato, famoso en el mundo de la farándula y el escándalo por aparecer en un reality show. El Partido del Trabajo se empeña en la candidatura de Zambrano, con quien contendieron para las elecciones del pasado 1 de julio. Por ahora, no tienen el nombre del candidato que los representará en las votaciones extraordinarias del próximo 23 de diciembre, pero hacer a un lado a ese señor ya es ganancia. ¿No cree usted?
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¿Será?/24 Horas
Ni inútiles, ni rijosos
Nos dicen que al interior del Inai no gustó mucho que el titular del organismo, Francisco Acuña, mandara ayer un mensaje de confrontación a Andrés Manuel López Obrador; toda vez que, comentan, los dichos del zacatecano, respecto a que “no gana 300 mil pesos y no es un inútil”, van contra todo lo que se había planeado al interior del Instituto de Transparencia. Resulta que, desde el triunfo del ahora Presidente electo, los comisionados acordaron tener una relación cordial con los funcionarios de la cuarta transformación; además de que, al parecer, ya se tenía una negociación avanzada para consensuar las medidas que se tomarán por la tan publicitada política de austeridad; esto, por supuesto, sin descuidar la autonomía y a la plantilla laboral. ¿Será?
Alfaro, a reclutar “morenos”
Con el objetivo de influir directamente en la conformación del presupuesto para el Gobierno de Jalisco en 2019, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, salió a reclutar diputados locales de Morena asegurándoles que, al menos en aquel estado, el control de la agenda y los programas sociales se quedarán en manos de Movimiento Ciudadano. El mencionado coqueteo parece que cayó en terreno fértil, pues ya el legislador morenista Ismael Espanta Tejeda anunció que se sumaría a las filas del partido naranja; esto para apoyarlos en la aprobación de un plan presupuestal que, esperan, supere los 115 mil millones de pesos. ¿Será?
Va a firmar y a despedirse
Nos dicen que el 30 de noviembre, Ildefonso Guajardo y el presidente Enrique Peña Nieto volarán a Buenos Aires, como se dice comúnmente, de pisa y corre, para firmar el T-MEC con el Gobierno de Estados Unidos. La prisa es clara, ya que debe llegar a México para el relevo de poder en nuestro país, pero tendrá tiempo de despedirse de los Jefes de Estado que integran el G-20. Lo que sí es claro, nos dicen, es que no usará el nuevo avión presidencial. ¿Será?
Muy aplicada
Se dice que la diputada federal por el PRI, Ximena Puente de la Mora, quien propone acabar con la corrupción desde la escuela, está trabajando muy bien, tanto que las fuerzas políticas pronostican que si sigue así, pinta para Colima como gobernadora. ¿Será?
Quiere ser gobernador
… Por cierto, al culminar el sexenio, y tras la negociación exitosa del T-MEC, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, tiene claro su futuro inmediato: tomarse unas vacaciones, y el de su carrera: asesorar a otros países en materia comercial; y lo principal, prepararse para buscar la gubernatura de Nuevo León en 2021. ¿Será?
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Kiosko/Corresponsales de El Universal
El Cuau anda con la espada desenvainada
Nos cuentan que el gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco (PSD) va en serio en su revancha política contra el gobierno anterior, encabezado por Graco Ramírez (PRD). Por ello, nos explican, el Cuau no dudó en poner a prueba al fiscal Anticorrupción del estado, Juan Salazar Núñez —un hombre formado bajo el manto del ex gobernador—, con las primeras 17 denuncias en contra de la pasada administración por presunto desvío de recursos, pagos excesivos de obra pública y daños al patrimonio del estado. En 2015, nos recuerdan, el perredista designó a don Juan en el cargo y apenas en agosto pasado fue ratificado por el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, otro funcionario salido de las huestes del ex mandatario. Con ese aval, nos explican, Salazar Núñez permanecerá otros siete años al frente de la dependencia, por lo que mientras pasa las de Caín, muchos de sus colaboradores le sugieren aplicar la máxima: “Muerto el rey, ¡viva el rey!”. ¿Se atreverá?
Ricardo Monreal, el cuñado incómodo
Al consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gerardo García Marroquín, nos señalan, le costó caro ser cuñado del senador morenista Ricardo Monreal, ya que el parentesco le tumbó sus aspiraciones de ser magistrado electoral. Nos explican que el pasado 13 de noviembre, el Senado eligió a los magistrados para varias entidades del país y aunque en el caso de Oaxaca el perfilado era don Gerardo, Monreal tuvo que reconocer el día de la sesión que éste es esposo de su hermana María del Refugio, por lo que existía un conflicto de intereses. Al final, nos señalan, la ganona fue la ahora magistrada Elizabeth Bautista, con mucho menor experiencia en estos temas, pero sin parentescos incómodos.
Procurador sinaloense vuelve a dar la cara
En Sinaloa, nos platican, más de una ceja se ha levantado, luego de que el fiscal general, Juan José Ríos, reapareciera en la vida pública del estado. Don Juan, nos detallan, se había resguardado en sus oficinas durante los últimos meses, al ser objeto de duros cuestionamientos por el alza de homicidios dolosos y delitos patrimoniales. Así, nos dicen, con miras al Segundo Informe de Gobierno del priísta Quirino Ordaz, el funcionario se reunió con miembros del sector privado para “presumir” que algunos crímenes de alto impacto van en descenso. Y aunque, nos comparten, se mostró optimista al informar que en los primeros 10 meses del año la tasa mensual de asesinatos violentos fue de 93 casos, no le quedó de otra más que reconocer que los robos siguen siendo una constante. ¡Auch!
Olga Sánchez, coahuilense por derecho
Quien recibió múltiples aplausos durante su visita a Coahuila, nos hacen saber, fue la próxima secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. El motivo, nos aseguran, es que la hoy senadora no dudó en ofrecer un discurso en pro de la igualdad de género: “Las mujeres somos tan capaces como los hombres y por eso es doble mi compromiso y responsabilidad”, dijo. Incluso, nos cuentan, doña Olga se proclamó coahuilense “por derecho de sangre”, ya que su madre es oriunda de esa entidad. No cabe duda que la legisladora sabe hacerse de simpatías.
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El narco involucra a Peña/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal/
El Financiero....
William Purpura va a ser un nombre para recordar. El abogado de Baltimore que nació en Ecuador, defendió a Zhenli Ye Gon, el empresario sino-mexicano que importaba de China los precursores químicos para las metanfetaminas, y hoy es uno de los tres defensores de Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn. En una declaración en la Corte adelantó que esta semana Luis El Rey Zambada, revelará que por órdenes de su hermano, el jefe del Cártel del Pacífico, Ismael El Mayo Zambada, le pagó al menos seis millones de dólares al presidente Enrique Peña Nieto, para brindarle seguridad en la Ciudad de México y otras ciudades donde vivía.
La revelación es brutal, salvo que tiene algunos huecos que hay que explicar. El encargado de entregarle el dinero a Peña Nieto fue El Rey Zambada, quien es uno de los testigos estelares de la Fiscalía, y que fue detenido a finales de 2008 en la Ciudad de México, cuando el presidente era Felipe Calderón; en ese entonces, Peña Nieto era gobernador del Estado de México. ¿Continuaron los pagos en Los Pinos? Jeffrey Lichtman, el principal defensor de El Chapo, agregó que los pagos no se interrumpieron pese a que El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán estuvieron separados durante la mayor parte del tiempo entre 1985 y 2008. El eje de la defensa es que El Chapo no era jefe de la organización, ni hizo las cosas de las que lo acusa la Fiscalía.
Siempre hay problemas con las declaraciones de criminales, que suelen escupir acusaciones como resultado de los acuerdos fuera de la corte con las Fiscalías, aprovechando que es el acusado quien debe probar su inocencia, no el acusador probar su dicho. Purpura adelantó que aportarán evidencias, sin precisar si como adelantó, el testigo de la Fiscalía detallará los pagos a Peña Nieto, o para demostrar que Guzmán no es el tipo de capo que pinta el gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, el reguilete de imputaciones directas sobre el presidente comenzará, sin que pueda aportar evidencias sólidas, más allá de desmentidos, que apoyen con una contundencia incontrovertida que dice una verdad químicamente pura.
El récord del gobierno de Peña Nieto con respecto al Cártel del Pacífico, su subsidiara, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la lucha contra el narcotráfico en buena parte del país, no lo ayuda y deja abierta la puerta a suspicacias. Como botones de muestra, hay que reiterar el contexto:
1.- Durante los primeros ocho meses de gobierno, se dejó de combatir totalmente a los cárteles de la droga. El argumento: esa era la forma como se reducía la violencia. Como se ve en las estadísticas, eso no sucedió. En cambio, se fortaleció el Cártel del Pacífico, emergió como fuerza poderosa el Jalisco Nueva Generación, renació La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios, y revivieron Los Zetas, que prácticamente se habían quedado sin droga qué vender.
2.- El gobierno de Peña Nieto utilizó al Cártel Jalisco Nueva Generación, incrustados en los grupos de autodefensa en Michoacán, para aniquilar a Los Caballeros Templarios. Los capos del Pacífico recuperaron el control de las rutas de los precursores químicos que se las habían arrebatado los michoacanos, como también fueron expandiendo su control por la frontera norte.
3.- Pese a ser alertada que estaba próximo a ser liberado Rafael Caro Quintero, uno de los legendarios capos sinaloenses, sentenciado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que dio origen a la 'Operación Leyenda' -la mayor que haya realizado nunca la agencia antinarcóticos estadounidense-, la PGR no hizo nada para impedir que recuperara su libertad en agosto de 2013 cuando un juez desechó el delito de secuestro y asesinato, porque Camarena “no estaba acreditado como agente diplomático ni consular”. Caro Quintero salió de la cárcel en 30 minutos, cuando el trámite regular lleva al menos de ocho a 10 horas.
4.- En seis años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha erigido, ante el ojo público, en la organización criminal más poderosa de México y una de las más fuertes del país, mientras que su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho, se ha convertido en una figura muy buscada por Estados Unidos y, aparentemente por México. En dos ocasiones altos funcionarios federales comentaron que estaban “a días” de capturarlo, y nunca se concretó. Cuando en una operación secreta en Jalisco en mayo de 2015 el Ejército estuvo a punto de detenerlo, llamadas telefónicas desde las oficinas de la Policía Federal en Guadalajara lo alertaron y sus escoltas mataron a ocho soldados y una agente de inteligencia federal.
5.- El gobierno ubicó 122 “objetivos prioritarios”, y logró la captura o el abatimiento de 112. Entre ellos están líderes de Los Caballeros Templarios, del Cártel de Juárez, del remanente Cártel de Tijuana, de Los Zetas y de la facción de El Chapo Guzmán y de los Beltrán Leyva. De El Mayo Zambada y El Mencho, nada.
La dialéctica del conflicto del gobierno con los sinaloenses ha sido distinta a la que han desarrollado contra el resto de los cárteles. El esperado testimonio de El Rey Zambada, como lo adelantó Purpura, es inverosímil por donde se vea. Sin embargo, hubo tanta discrecionalidad y sesgo en la lucha contra el narcotráfico en este sexenio, que se puede afirmar, en el mejor de los casos, que por omisión o comisión, el jefe de Estado es responsable político del desastre nacional que se vive por la inseguridad y la violencia galopante que pudre a México, y nos debe una amplia y clara explicación, política o ante tribunales.
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Recuperando la confianza perdida
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
EXcelsior...
En la última semana, Andrés Manuel López Obrador además de festejar en forma absolutamente privada su cumpleaños, se dedicó a reconstruir relaciones y confianza con los grupos empresariales.
En política y economía reconstruir algo que se perdió o deterioró siempre es complejo. Si todo lo sucedido con el aeropuerto de Texcoco fue traumático en la relación con los empresarios, la iniciativa de desaparecer las comisiones bancarias presentada en el Senado, resultó un golpe a la confianza de carácter global. Lo desconcertante de ello es que no fue una iniciativa que surgiera del Presidente electo o de su oficina, sino del Senado, sin consultarlo con López Obrador o su equipo económico. Ese jueves, López Obrador se enteró cerca de la una de la tarde de lo que estaba sucediendo y convocó a una reunión, poco después, en la que ordenó que se retirara la iniciativa e hizo él mismo aquella declaración de que, por lo menos en los tres primeros años, no habría cambios en las reglas del mercado financiero y en lo fiscal. Eso no alcanzó a contener del todo la tormenta financiera que se había desatado, sobre todo porque en el Senado se seguía insistiendo en el tema, en algo que parecía mucho más una lucha interna en el seno del poder que un debate político serio.
Finalmente, antes de que concluyera la semana, López Obrador convocó a un grupo de grandes empresarios a conformar lo que se llamó Consejo Asesor Empresarial. Allí están Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank y Olegario Vázquez Aldir, entre otros pocos, que analizarán junto con el Presidente electo la política económica y las principales decisiones.
Difícilmente, un grupo de estas características tendrá posibilidades ejecutivas, pero sin duda se trata de buscar, por una parte, una interlocución directa con el Presidente electo en un momento de turbulencia y de muchas ocurrencias individuales en el entorno de Morena, pero también de amortiguar con su sola presencia la desconfianza que se ha generado. Al mismo tiempo, Marcos Martínez representante de los banqueros declaraba que el sector financiero es “un gran aliado” del próximo gobierno y que próximamente “habrá gratas sorpresas”. Todo eso detuvo la sangría bursátil y cambiaria de los últimos días, pero todavía no ha alcanzado para recuperar lo perdido. Pero por lo menos ha detenido la tendencia descendente.
Vendrán otras medidas en ese sentido. Por ejemplo, la revisión de los contratos de Texcoco y los de la Reforma Energética, no con el espíritu de desconocerlos o anularlos, sino de hacerles ajustes que se consideran imprescindibles para mantenerlos. En el caso de Santa Lucía, que es otro factor de distanciamiento con los empresarios, se esperará el estudio que hará la empresa francesa ligada a Airbus que, mal que le pese a Rioboó, no podrá desconocer o ignorar las recomendaciones de Mitre, que es el principal referente internacional en estos temas. En el ámbito energético lo que se espera son resultados y el compromiso de que esos contratos no se podrán transferir o vender a otras empresas.
Esa es la labor de reconstrucción que se está emprendiendo y sobre todo de recuperación de una confianza que también se tambaleó seriamente en apenas diez días, después de estar construyéndola por meses.
Hay varias enseñanzas que se desprenden de todo esto. En primer lugar, que no hay margen en un gobierno con tanto poder y con tanta hegemonía para ocurrencias legislativas, aunque tengan alguna base argumental. Morena se tiene que asumir como una fuerza en el poder (lo reclamaba Yeidckol Polevnsky la semana pasada) y no como un movimiento opositor, porque daña las intenciones del Ejecutivo cuando se percibe que no existe control.
El área financiera del próximo gobierno debe tener mayor presencia. Ante tormentas financieras y convulsiones de este tipo, Carlos Urzúa y su equipo deben estar mucho más presentes. Se supone que ellos son los que llevan la política económica y financiera y no pueden estar desaparecidos o apareciendo varios días después de que ocurran los hechos. Quizás ese silencio se deba también a la necesidad de una mucho mejor comunicación del propio presidente y su equipo con los funcionarios hacendarios.
Ha habido errores que han lastimado la confianza y confiabilidad de los mercados con el próximo gobierno, pero se debe reconocer que éste está intentando recuperar esa confianza y credibilidad, sin dejar una pugna que será constante en el sexenio, la del poder político con el poder económico, la de la Presidencia y los mercados, condenados ambos a convivir estrechamente para no perder la estabilidad política, económica y social que el país requiere para que unos gobiernen y los otros inviertan y produzcan.
RATIFICACIÓN
Dentro de las medidas de ratificación que ha tenido que emprender el equipo del próximo gobierno respecto a malas decisiones legislativas que dañan su propio proyecto, está la aprobación del ascenso a general de división de José Luis Sánchez León, que había sido congelado por la impresentable comisión de defensa del Senado de la República, sin razón alguna. Con el papel protagónico que la próxima administración le ha dado a las Fuerzas Armadas no pueden encabezar la comisión de defensa en el senado personajes como Félix Salgado Macedonio y Saúl López Solano.
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¡Burla y amenaza…!/RICARDO ALEMÁN
24 Horas...
Es propio de los Gobiernos autócratas y dictatoriales el empleo cotidiano de dos gemelas perversas que suelen acompañar, siempre juntas, al discurso del poder absoluto; la burla y la amenaza.
Y es que dictadores y autócratas de derecha e izquierda –en la historia- han burlado y amenazado a los pueblos para mantener el poder y someter a los disidentes. La burla al pueblo se produce a través del engaño y la mentira y la amenaza, mediante el uso de la fuerza; militar, policiaca o paramilitar.
El pasado miércoles, en un boato al mejor estilo de Echeverría, el electo López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, con el que hará frente a la violencia y el crimen.
Según muchos expertos, dicho plan no es nada nuevo y significa “más de lo mismo”; más de lo visto con Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, es fuerte el tufo de burla y amenaza en el nuevo plan. ¿Por qué?
1. Es una burla –para todos los que creyeron que veríamos el fin de la militarización-, ya que la parte medular del nuevo plan se apoya precisamente en la militarización de la Policía, a través de la Guardia Nacional.
2. Es una burla porque durante años, Obrador, sus partidos –PRD y Morena-, su prensa, sus intelectuales y periodistas orgánicos apalearon la militarización en los gobiernos de Calderón y Peña y que hoy callan, ante la recargada militarización de 50 mil efectivos más, propuesta por AMLO para combatir el crimen.
3. Es una burla que al justificar la militarización, el nuevo Gobierno acuse de corrupta a la Policía Federal –una mayoría de sus Policías votaron por AMLO-, y que sostenga que la violencia y el crimen se deben a la corrupción institucional y no a las corruptas bandas criminales.
4. Es una burla que se proponga amnistía a los barones del crimen y del narcotráfico, mientras que miles de familiares de víctimas claman justicia.
5. Es una burla preparar una Guardia Nacional de policías, adiestrados por militares –los militares están adiestrados para matar- para combatir al crimen organizado, a cuyas cabezas el propio gobierno de AMLO amnistiará.
Y si la burla es mayor, la amenaza no es menor. ¿Por qué?
a) Porque la historia y la terca realidad muestran –hasta el cansancio- que los Gobiernos autócratas y dictatoriales se sostienen gracias al control autoritario de la fuerza pública; sean policías, militares o paramilitares.
b) Porque todas las dictaduras -las que llegaron al poder mediante un golpe de Estado o las que se apoderaron del poder absoluto a través de métodos democráticos- se mantuvieron en el poder gracias a cuerpos de civiles y policiacos con formación militar. Esa fuerza pública termina por ser empleada contra los opositores y críticos. Y…
c) Porque si es cierto que la violencia y el crimen acabarán al terminar la corrupción y al aplicar la Constitución Moral, para qué emplear una Guardia Nacional recargada con 50 mil efectivos adicionales.
¿O emplearán esa Guardia para reprimir?
Al tiempo.
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Incierto futuro, urgen definiciones
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior...
Se han levantado múltiples voces exigiendo a la próxima administración esclarecer propuestas, “tiempos y movimientos”, en aras de dar a la economía la certeza de que se avanza en la dirección correcta.
Como es inminente el inicio de la próxima administración sexenal, no son pocas las interrogantes que aún inquietan a la sociedad en general y, en particular, a quienes, en el sector financiero, por ejemplo, pretenden delinear sus respectivas propuestas de actuación y/o programas de acción ante un escenario que, en el mejor de los casos, califican como incierto…
Incierto no sólo por el cúmulo de iniciativas “inexplicables”, para muchos asumidas ya por el gobierno entrante —la cancelación de los trabajos de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la puesta en marcha, sin existir siquiera un proyecto claro o los estudios de impacto ambiental, en el caso del llamado Tren Maya, por ejemplo—, u otras anunciadas, cual es el caso del cúmulo de acciones de corte claramente populista que, presumiblemente, entrarán en vigor apenas aquel se inicie de manera formal, sino, esencialmente, por la gran dispersión de “fuentes” (oficiales u oficiosas) de las que un día sí y otro también emanan toda suerte de propuestas, sugerencias y hasta algunas ocurrencias o puntadas…
Y es que a 12 días antes que Andrés Manuel López Obrador asuma como titular del Ejecutivo a nivel federal, existen más dudas que certezas sobre cómo es que el próximo gobierno pretende enfrentar el reto que le implicará la puesta en marcha de una nueva política social que, si bien exigirá la canalización de recursos multimillonarios que en la actualidad no parece vaya a tener al alcance o, en otro frente, de qué manera pretende enfrentar el grave problema que implicará suplir el creciente número de funcionarios de alto y mediano nivel, altamente calificados la gran mayoría, que en las últimas semanas ha dado pasos para abandonar el servicio público, cuando no lo han hecho ya, a manera de protesta por la absurda decisión de reducir sus ingresos “por decreto” o cancelar prerrogativas.
A la vista de lo anterior, es que en las últimas semanas se han levantado múltiples voces exigiendo a la próxima administración federal, al Presidente electo en particular, esclarecer propuestas, “tiempos y movimientos”, en aras de dar a la economía y/o a la conducción sociopolítica del país la certeza de que se avanza en la dirección correcta y con una “hoja de ruta” que impedirá caer en improvisaciones que, amén del alto costo que podrían llegar a representar, parecerían estar alentando —como hemos advertido ya en otras ocasiones— un entorno de crispación y encono que a nadie conviene.
Un entorno de incertidumbre como el prevaleciente, digámoslo claro, entraña más riesgos que oportunidades de avance…
ASTERISCOS
* Al tiempo que las tribus pujaban por imponer sus criterios... e intereses de cara a la renovación en marcha, el mancerista Héctor Serrano Cortés renunció a su militancia de 15 años en el sol azteca, aunque, sorpréndase usted, a imagen y semejanza de lo que hace su jefe, el no perredista Miguel Ángel Mancera anunció que se mantendrá en la bancada en San Lázaro. ¿Será que quiere ser coordinador?
* Evidencia clara de cómo es que se ocurren las cosas ahora en Acción Nacional, la decisión unilateral —“ y generosa en extremo”, en opinión de algunos— del autoproclamado anayista non, Damián Zepeda Vidales, de dejar la coordinación de la bancada senatorial del blanquiazul, en la que él mismo se impuso en septiembre. El expriista Rafael Moreno Valle tomará su lugar…
* Tal como adelantamos aquí mismo, apenas concluir la calificación de la pasada elección federal, Ricardo Sheffield Padilla se unirá a la (cada vez más larga) lista de expanistas que se sumarán al próximo gobierno. El guanajuatense excandidato al gobierno por Morena, reveló él mismo, lo hará como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.
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Historias de Reportero/Carlos Loret de Mola
El Universal
La niña de “El Ojos”
Tras la muerte de su padre El Ojos, abatido durante un operativo de la Marina, Karen Pérez Ramírez se volvió una de las piezas clave del cártel de Tláhuac, según información de inteligencia gubernamental a la que he tenido acceso. Ella es hoy un objetivo central de las autoridades.
Karen tuvo que cambiar su estilo de vida. Quienes se han encargado de su seguimiento cuentan que cuando su padre, Felipe de Jesús Pérez Luna, se movía a sus anchas en el sur de la Ciudad de México gracias a una amplia red de corrupción minuciosamente tejida, Karen y sus hermanos solían mostrarse en vehículos de lujo y acudir a los bares y centros nocturnos más cotizados de la zona.
Si El Ojos era el rey, ellos eran príncipes y princesas. Los informes oficiales marcan que la organización criminal controlaba prácticamente la comisión de todos los delitos en la zona y eso los volvió millonarios: hasta cobraban derecho de piso de 50 pesos a cada unidad del transporte público que circulaba por el área a cambio de no ser asaltados.
Este modo de vida tan ostentoso se interrumpió abruptamente primero con la captura de su hermano Miguel Ángel Pérez Ramírez, alias El MK o El Mickey, en mayo del año pasado, y casi de inmediato, en julio, con el abatimiento de su padre.
La muerte de El Ojos cimbró los equilibrios del narcotráfico en la capital del país. A más de un año de distancia, si bien el cártel de Tláhuac sufrió una disminución en su fuerza, sigue funcionando. Según las mismas fuentes oficiales, lo comanda El MK desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y lo opera Karen Pérez Ramírez desde afuera con la estrecha colaboración de su hermano Felipe a quien apodan El Felipillo.
Uno de sus principales desafíos es la entrada del cártel Jalisco Nueva Generación a la capital del país. La Secretaría de Gobernación considera a esta organización criminal como la más peligrosa y poderosa de México, y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el hombre más buscado del país. Según los reportes a los que tuve acceso, Jalisco Nueva Generación buscó una alianza con el cártel Unión Tepito para entrar a la Ciudad de México, pero al ser rechazado, logró dividir a esta organización y crear la Anti-Unión Tepito, respaldada por ellos y que tiene el objetivo de controlar la mayor tajada del pastel del narcomenudeo en el Valle de México.
Menudo reto el que enfrentará el equipo de seguridad de la futura jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ya están algunos de los nombres: Jesús Orta Martínez, Tomás Pliego Calvo y Salvador Guerrero Chiprés.
SACIAMORBOS. Ya renunciaron todos los embajadores que vienen de la política partidista y no del Servicio Exterior Mexicano. Bueno, casi todos: sólo queda un priista bastante conocido que, me cuentan, anda en plan rijoso, pues ya metió abogado y toda la cosa. Dicen en la futura cancillería que le van a hacer un atento llamado al orden.
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Plata o Plomo | Alejandro Hope
El Universal
No maten a la Policía Federal
Hay tareas que hoy realiza la PF que sería demencial trasladar a un cuerpo militar. Por ejemplo, retirar bloqueos en carreteras. ¿Quiere el gobierno de AMLO enviar a soldados y marinos contra manifestantes?
“En estos años aprendimos mucho sobre modelos de policía, y el modelo de la Policía Federal es el modelo recomendable para una policía nacional, es el modelo para enfrentar a la delincuencia como prioridad.”
Esas palabras no son de Genaro García Luna ni de algún vocero de la Policía Federal. Vienen de la pluma de Gustavo de la Rosa, un legendario defensor de los derechos humanos en Ciudad Juárez y alguien que difícilmente puede ser acusado de calderonismo o peñanietismo.
Las escribió en noviembre de 2012, en vísperas de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando se discutía la posibilidad de crear una Gendarmería que sustituyera o marginalizara a la Policía Federal (https://bit.ly/2DL1lag).
Desde entonces, mucho ha cambiado. La idea de crear una Gendarmería como cuerpo autónomo se abandonó y se optó por crear una división del mismo nombre dentro de la Policía Federal (PF).
La PF no fue suplantada, pero sí perdió vuelo. Su crecimiento se detuvo. Entre 2006 y 2012, triplicó su tamaño. Seis años después, la corporación tiene apenas 400 elementos más.
Su presupuesto se estancó. Los recursos destinados a la PF en 2018 son apenas 1.3% mayores en términos reales a los asignados en 2012.
Y a la par de esos datos, hay historias de desorden administrativo, de viáticos que no se pagan, de equipos que no se renuevan
Están también casos de violaciones graves de derechos humanos: Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán.
No se puede negar tampoco la existencia de corrupción, desde las mordidas exigidas a transportistas hasta la participación de algunos policías federales en casos de secuestro.
Pero, a pesar de todo lo anterior, sigue siendo una institución notable. Algo más de 40% de los elementos de la corporación tienen estudios superiores. Su equipo antisecuestro es tal vez el mejor del país: de enero a agosto de este año, logró la liberación con vida de 167 víctimas de secuestro. La División Científica, encargada del combate a delitos cibernéticos, ha recibido reconocimientos internacionales. La Unidad de Asuntos Internos de la PF es el único órgano de control interno policial que medianamente funciona en México.
En resumen, la PF es una institución que necesita cambios y exige un relanzamiento. Pero no está en proceso de descomposición, como señaló esta semana Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según se entiende del Plan Nacional de Paz y Seguridad, el gobierno entrante pretende trasladar a un número significativo de policías federales a la Guardia Nacional o incluso subsumir a la PF en el nuevo cuerpo de seguridad.
No hay buena razón para justificar una medida de ese tipo. La Guardia Nacional se puede crear con unidades estrictamente militares. De hecho, eso haría mucho más sencilla su conformación: no habría que convertir a civiles en militares y sería mucho menos compleja la homologación de rangos, sueldos y prestaciones.
Por otra parte, hay tareas que hoy realiza la PF que sería demencial trasladar a un cuerpo de naturaleza militar. Por ejemplo, retirar bloqueos en carreteras federales. ¿Quiere el gobierno de AMLO enviar a soldados y marinos contra manifestantes?
Y, más importante, matar a la Policía Federal cierra la posibilidad de cambiar de rumbo en un futuro, si la apuesta del nuevo gobieno sale mal. Peor aún, abre la puerta a un escenario catastrófico: estar en seis años con una Policía Federal destruida y una Guardia Nacional a medio armar.
Ante una coyuntura similar, Gustavo de la Rosa escribió lo siguiente en 2012: “La decisión de desaparecer [la Policía Federal] va contra toda lógica teórica y contra toda la experiencia que nos han compartido los países y ciudades que han enfrentado la violencia.”
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La vía de la militarización/Jorge G. Castañeda
Amarres..
El Financiero...
En el caos de los tiempos de la 4T, se presentan dos acontecimientos con efectos diametralmente opuestos casi el mismo día. Es quizás la huella de la casa. La Suprema Corte tumba la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y Cienfuegos, por lo menos colocando un freno provisional y hacia futuro a la militarización del país. Pero López Obrador presenta un programa –habrá que ver si se vuelve algún día realidad– de seguridad y guerra contra el crimen organizado que, justamente, tiende a militarizar al país. Quién los entiende.
Me alegra la decisión de la Corte porque nunca me convencieron los argumentos a favor de esta ley o de cualquier otra en esta materia. Proteger a los militares que hubieran violado derechos humanos con un marco jurídico ex post me pareció siempre una pésima idea. Y nunca entendí por qué debíamos regular la intervención del Ejército en la guerra contra el narco, de Peña y de Calderón, cuando lo deseable era terminar con esa intervención, no perpetuarla mediante la legislación. A menos de que la decisión de la Corte, en su caso pactada con AMLO a cambio de pensiones y sueldos, no abra la puerta a otra ley, más militarista incluso que la del sexenio que termina.
Del plan de AMLO, sin que me quede del todo claro, me agrada el enfoque tácitamente centralista, aunque a muchos les preocupe por el cuento del federalismo. Da la impresión de suponer que las policías estatales y municipales no tienen remedio, ni lo tendrán: un reconocimiento que se agradece por realista y sensato. No hay manera de corregir ese desastre. Pero la solución propuesta me aterra.
Según se desprende de las declaraciones de ayer de AMLO y de su equipo, se creará una nueva fuerza –después de la Policía Federal de Zedillo, Fox y Calderón, y de la Gendarmería de Peña Nieto– inicialmente con los efectivos del Ejército, la Marina y la propia PF, y luego con reclutamiento adicional. Pero esa fuerza dependerá de un mando militar, y estará radicada en la Secretaría de la Defensa. Se trata exactamente del camino inverso de Chile, país modelo en materia de paz y seguridad en América Latina desde hace 29 años. Carabineros, la fuerza policiaca, nacional y militarizada, creada en 1927, perteneció al Ministerio de la Defensa –en manos de un civil desde el regreso de la democracia en 1989– hasta 2011, cuando fue reubicada en el Ministerio del Interior. Colocar a la única policía más o menos utilizable que teníamos en manos militares, deja la peor de las impresiones, dentro y fuera del país. Sé que no se acostumbra decirlo, pero premiar a las Fuerzas Armadas por la “gran” labor realizada desde 2006 en materia de guerra contra el narco, no me tranquiliza.
Además veo dos debilidades en el esquema. El primero es que no se nota la diferencia con el proyecto de Calderón y EPN, sólo un instrumento diferente para ponerlo en práctica. Y ni siquiera es diferente: si entiendo bien, sólo les cambiarán el uniforme (ya fue cambiado de gris a azul marino) a los integrantes de la Guardia Nacional. Salvo la elíptica mención a la posible legalización de la mariguana –la cual aplaudo– no veo la diferencia de enfoque. En segundo término, como lo comentaron Alejandro Hope y varios más ayer y anteayer, se viola la regla mexicana y del mundo entero: amistad que no se refleja en la nómina no es amistad. El programa no contempla ningún ingrediente presupuestal, o sea que procurarán hacer más con lo mismo. Ya sabemos cómo termina eso.
Saludo la franqueza de López Obrador: esto es lo que se puede, y no es ideal. Los instrumentos de Estado existentes no funcionan, sólo queda el Ejército. La pregunta es si en 2024, su sucesor no se verá obligado a reconocer lo mismo, ya que AMLO procedió de la misma manera que sus tres predecesores.
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Sin Rodeos/Diego Fernández de CevallosMilenio
Sea inconsciencia o desvergüenza
El momento que vive México obliga a las personas sensatas, cercanas al Presidente electo, a recordar que para la ciencia jurídica son imputables ante la ley los que gozan de salud y desarrollo mental; los que carecen de alguna de esas cualidades son inimputables y, por ello, irresponsables.
A los críticos del recién ungido nada nos obliga al silencio y la sumisión ante sus constantes injurias y chistoretes; pero no es saludable caer a su nivel o, peor aún, desquitarnos contra sus familiares, sobre todo del menor de edad.
Nos toca someternos a la ley, ejercer nuestros derechos y defendernos de los abusos con los que arranca la Transformación de Cuarta. El electo aún no protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes pero ya las desconoce y viola. Todo el país amenazado por la arrogancia, la ignorancia, el capricho y burradas del autoproclamado “rayito de esperanza”. Ese que miente, desprecia el Estado de Derecho, agrede a las instituciones y se burla de los valores democráticos.
Lo más preocupante sobre el (ya maduro) jefe de Estado es su salud mental. No para ofenderlo, pero son innumerables sus comportamientos que deben ser estudiados por especialistas en la materia.
Un ejemplo: Mondo y Lirondo inauguró su reinado desfalcando al erario por más de 100 mil millones de pesos al cancelar NAIM, y privó al país de los beneficios que esa obra le daría; pero, ante las críticas por su “consulta” dio una respuesta que, de verdad, deben analizar médicos especializados: “La consulta es confiable porque yo tengo autoridad moral”. Sea inconsciencia o desvergüenza lo que le llevó a una sandez de ese calibre, sus allegados racionales deben decirle que no es igual usar que dilapidar su bono democrático.
Al decidir la ampliación del aeropuerto de Sta. Lucía, sin los estudios requeridos, sin proyecto ejecutivo y contra las opiniones más calificadas internacionalmente, los pensantes próximos a él deben decirle que se trata de grave irresponsabilidad. Pero, ya encarrerado el iluminado anuncia más, muchas más “consultas”. Entre ellas, para preguntar al pueblo “si está o no de acuerdo en que el gobierno siembre árboles”. También preguntará “si el gobierno debe brindar servicios de salud a los que carecen de ella”. Y otras así de idiotas.
¿Nadie le advierte que con ese proceder no será respetable? Si ya pasó de “luchador social” a fósil universitario; luego a “presidente legítimo” y ahora a Presidente electo, ¡aconséjenle que no debe terminar su gobierno causando un desastre nacional y él convertido en cómico involuntario!
Son consideraciones que presento a los capaces que le rodean (no a sus lacayos); y solamente los hechos definirán el destino de México.
Por lo pronto, el 1° de diciembre retrasemos los relojes 70 años…
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El Asalto a la Razón | Carlos Marín
Milenio
Una ‘militarización’ acertada
Una Guardia Nacional bajo la férula de la Secretaría de la Defensa reactiva las alarmas de quienes vienen previniendo contra una “militarización” que en rigor no será “del país”, sino, en todo caso, de la seguridad pública.
Concebida para que se conforme con Policía Federal, Militar y Naval, la idea de Andrés Manuel López Obrador es esencialmente atinada porque no realizará tareas militares.
Y lo es pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Seguridad Interior, en la que 10 de los 11 ministros hallaron diversas razones para fumigarla (sobre todo que el Congreso carece de facultades para legislar en el tema), no necesariamente la indeseable “militarización”.
El anuncio del miércoles tuvo, sin embargo, el triste defecto de demeritar a la Policía Federal (90 años de existencia), la más capacitada y mejor calificada de cuantas corporaciones policiacas existen, y se dio a entender, sin argumento sólido alguno, que se le aplicará lo mismo que al saludable NAIM en Texcoco: la eutanasia.
Los cimientos
Las fuerzas armadas son instituciones sujetas a la voluntad del poder civil. El bien jurídico tutelado de mayor valor en el Ejército y la Marina Armada es la disciplina, investida de cualidades fundamentales como el honor, el deber, la lealtad y la honestidad que, cuando se traicionan, son severamente castigados en los tribunales castrenses.
Por lo que se sabe hasta hoy, disciplina y las virtudes referidas darán sustento a la Guardia Nacional, ya que su estructura orgánica y funcional debe apegarse a derecho y estar imbuida del deber de protección y defensa de la población y de sus bienes.
La naturaleza que da certidumbre al bien jurídico superior de la seguridad de la nación es lo que fortalece el cumplimiento de las órdenes, arraiga el sentido de pertenencia (espíritu de cuerpo) y apuntala lealtad hacia las autoridades legalmente constituidas, lo cual no priva, sino todo lo contrario, en las muy degradadas estructuras policiales.
Bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional se anticipa como garantía de homogeneidad en la preparación de sus integrantes: concentración y eficiencia de recursos en el cumplimiento de tareas, así como la coordinación y cooperación con las fuerzas armadas (ejércitos de tierra, mar y aire) para atender de manera integral, como policía, la función primordial de dar seguridad pública al Estado mexicano.
No serán soldados
Mucho de ignorancia y propensión al rollo “civilista” y “democrático” hay bajo el clamor contra la falsa “militarización del país”.
Quienes integren la Guardia Nacional no serán soldados en activo, sino policías como los federales de ahora: capacitados en el nuevo sistema de justicia penal y en protocolos para la puesta a disposición, la cadena de custodia, el informe abreviado, etcétera, todos eventualmente sujetos a los tribunales civiles…
cmarin@milenio.com
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Algunas señales/Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma, 19 Nov. 2018
El Presidente electo más activo de la historia reciente ha ido mostrando sus cartas. El marco de su gobierno está trazado. Su estrategia parece clara. Sus apuestas y sus debilidades también. Sus críticos han renovado las razones de la desconfianza en semanas recientes, pero, a decir verdad, sigue montado en una firme popularidad. Los votantes que lo apoyaron en julio no le han dado la espalda. Están dispuestos a perdonar algunos errores y a premiar el cambio, aunque sea en los símbolos solamente. Las encuestas muestran lo que era predecible: tras la victoria, su base de apoyo se ha ensanchado. Debemos partir de ese dato: López Obrador despierta una enorme esperanza en el país. Estos meses, sin embargo, no han sido buen preparativo para que su gobierno cumpla con las expectativas. Varias señales son inquietantes.
El equipo arranca débil. A muchos sorprendió el tempranísimo anuncio del gabinete. Arrancaba apenas la campaña y López Obrador ya repartía puestos. Acostumbrados a conocer al equipo a la víspera de la toma de posesión, conocimos a sus colaboradores desde hace meses. El anuncio fue electoralmente eficaz: dio confianza a muchos que vieron en los colaboradores sensatez y moderación. Nadie podría decir que dominaran los extremistas. El equipo era una selección de moderados. Estos meses de exposición pública, sin embargo, los deja lastimados. Las diferencias entre ellos son visibles, sus insuficiencias también. No se advierte conducción política desde la Secretaría de Gobernación. No hay diálogo estrecho con los partidos ni siquiera con el que respalda al Presidente. Defensora de causas nobles, impulsora de reformas encomiables, la futura secretaria de Gobernación empieza ser vista como muda espectadora de cambios sustanciales en la política nacional. Si en el gabinete no hay una firme columna política, tampoco la hay económica. El secretario de Hacienda no aprobó su primer examen. Ante la turbulencia reciente, el futuro secretario reaccionó tardía y débilmente. Ningún efecto tranquilizador tuvieron sus palabras. No podemos imaginarlo inyectando confianza en momentos de crisis. El secretario de Comunicaciones se ha exhibido públicamente como un embustero, un burócrata dispuesto a manipular la información para acomodarla a los designios del jefe. El equipo que en tiempos de campaña podía ser visto como una plomada de moderación hoy es motivo de intranquilidad. No es un equipo que trabaje en conjunto, ni que tenga una visión común. No han despuntado ahí funcionarios capaces de encarar con realismo las ocurrencias del jefe ni quien le haya presentado el cuadro de las consecuencias. El primer gabinete de López Obrador es un gabinete herido y apocado.
La campaña será permanente. López Obrador no seguirá el libreto presidencial. El político rebelde no se convertirá súbitamente a la ortodoxia. Seguirá pensando la política como un épico combate de símbolos y no como administración de lo ordinario. En el aplauso, en la concentración masiva estará su energía y su brújula. Los indicadores que hemos considerado como medidores del éxito y del fracaso serán motivo de burla. Los mercados ladran, luego avanzamos. Nos regañan los expertos: sigamos por ahí. Seguramente tendrá como aliado la torpeza de sus adversarios, columpiándose como han estado entre la estridencia y la sumisión. Es probable que tropiece en algún momento con el consenso, pero la constante será la batalla: el ataque a sus críticos y la convocatoria a los leales para escenificar la batalla de la historia.
¿Será eficaz la mayoría? El futuro Presidente tendrá legitimidad, popularidad y poder. Su partido tiene mayoría y enfrenta antagonistas en crisis. No parece obvio, sin embargo, que logre embonar todas las piezas que le son leales para construir un gobierno eficaz y para proyectar mensajes de certidumbre. Las señales de las semanas recientes son francamente preocupantes. Morena no trabaja como partido gobernante. La existencia de una mayoría no garantiza en sí misma coordinación, ni eficacia. Lo más delicado es seguramente el ámbito administrativo, que parece estar totalmente ausente de las consideraciones del nuevo gobierno. Es que la política no es para el lopezobradorismo gestión sino épica. Pero poca gloria espera a un gobierno incapaz de administrar las rutinas.
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Militares
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
Reforma, 19 Nov. 2018
El Ejército mexicano es producto de una reconformación de civiles en guerra (la Revolución de 1910) que constituye un cuerpo institucional fundador y pilar de un Estado.
Los militares se hacen del poder presidencial para poner en orden al país e institucionalizarlo.
Pero entre 1918 a 1946 se pasó de la preeminencia de los militares en la política a su presencia marginal y regreso a los cuarteles. El paso para separar al poder castrense del poder político lo dieron dos generales desde la Presidencia: Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Después de ellos todos los presidentes fueron civiles.
La generación que encabezó a las Fuerzas Armadas en cinco sexenios fue formada en el fragor de la Revolución Mexicana. Todos los secretarios de Guerra y Defensa en medio siglo fueron combatientes en la lucha armada de 1910. Por ejemplo, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa con Gustavo Díaz Ordaz, fue combatiente villista y después constitucionalista.
La formación y discurso de ese generalato estaban imbuidos por la defensa del legado de la Revolución y por tanto en combatir a sus enemigos: los cristeros, los panistas, los comunistas o los movimientos sociales laborales y agrarios.
El cisma del Ejército mexicano fue la represión al movimiento estudiantil de 1968 visto desde el lado castrense como una gran conspiración y amenaza al sistema emanado de la Revolución Mexicana.
En el campo fueron victoriosos. Pero públicamente fueron condenados tras la masacre del 68.
Aunque con el mismo discurso y doctrina, el Ejército mexicano cambió súbitamente su vocación. En los setenta pasó a ser combatiente de otra amenaza a la estabilidad que era la guerrilla. Bajo un discurso anticomunista coincidente con los procesos donde se encaramaron los militares golpistas en Centro y Sudamérica, el Ejército mexicano protagonizó una de las peores etapas donde fue tolerado el asesinato y la desaparición bajo manto institucional.
Tras la cruenta guerra sucia, el Ejército siguió de largo en el combate al narcotráfico. En los noventa es ya un flagelo y, coincidente, la guerrilla zapatista surge para rememorar el pasado inmediato de una cruenta lucha. El Ejército combate a los zapatistas solo dos días. Después se repliega. Con el narcotráfico se empantana.
Los generales de este periodo cincuentenario (1968-2018) nacieron ya concluida la Revolución y se formaron en el periodo de la institucionalización. Defendían un sistema no tanto un legado. Nunca admitieron responsabilidad en la masacre del 68. Supieron que el Ejército servía para combatir guerrilleros y narcotraficantes. Aprendieron a convivir con la alternancia política en la Presidencia y gubernaturas.
El general Cresencio Sandoval, nominado para la Secretaría de la Defensa Nacional por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, iba en la primaria cuando la represión militar de 68. Ingresó al Ejército cuando había concluido la Guerra Sucia y cuando egresó del Colegio Militar como subteniente, el Partido Comunista ya estaba legalizado y los guerrilleros habían sido amnistiados. Lo que conoce es el tema del narco y la seguridad y cómo el Ejército ha sido arrastrado en ese combate a tareas donde la autoridad civil ha demostrado su incapacidad.
Es el primer general al frente de Sedena que no se formó en el combate a opositores, estudiantes o guerrilleros.
El general Sandoval, hombre todopoderoso, conformará una Guardia Nacional de 120 mil efectivos con la fusión de tres policías, la Militar, la Naval y la Federal y 50 mil reclutas.
Uno: desde 1944 cuando desapareció la Secretaría de Guerra para constituir por separado a la de Defensa Nacional y la de Marina, no se veía un acto de subordinación de un cuerpo a otro. Ahora la Policía Naval tiene a un general como jefe.
Dos: la Policía Federal creada en su primera versión en 1999 y hecha todopoderosa en 2006, será sepultada sin mayores explicaciones.
Tres: el Ejército se fortalece sin haber rendido un parte público de sus dos grandes némesis: el 68 y la lucha contra el narco.
robertozamarripa2017@gmail.com
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Bancos para pobres/JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
Reforma, 19 Nov. 2018
"Nunca proporciones soluciones pobres a los pobres".
Chetna Sinha
PUEBLA.- Una de las presentaciones que más me impresionó este pasado fin de semana en la Ciudad de las Ideas, el festival de mentes brillantes que dirige Andrés Roemer, fue la de Chetna Sinha. Esta mujer originaria de la India, de origen muy humilde, que llegó a ser copresidenta del Foro Económico Mundial de Davos en este 2018, fundó y dirige el Mann Deshi Bank, una cooperativa que abre cuentas de ahorro y otorga préstamos a las mujeres más pobres de la India.
Los servicios bancarios son cruciales para que las mujeres puedan rescatarse a sí mismas, y a sus familias, de la pobreza. Para operar, sin embargo, Mann Deshi ha tenido que enfrentar la incomprensión y conservadurismo de los funcionarios y políticos que establecen las reglas de operación bancaria en la India.
El Banco de la Reserva de la India negó originalmente a Mann Deshi la licencia para operar porque las mujeres que integraban el banco no sabían leer ni escribir y, por lo tanto, según el regulador, no podían firmar documentos ni entender los términos de los contratos. Chetna Sinha pensó darse por vencida, pero las propias mujeres a las que había entusiasmado lo impidieron y aprendieron a leer y escribir para que el regulador bancario no tuviera ya ese pretexto para negar la licencia.
Hoy el Mann Deshi Bank recibe depósitos y otorga créditos a cientos de miles de mujeres pobres de la India, las cuales solamente pueden ahorrar en muy pequeñas cantidades. Cuando se le pregunta a la fundadora cómo puede el banco sobrevivir con un capital exiguo, su respuesta es: "Nuestro valor es nuestro capital".
Es muy probable que en México Mann Deshi nunca habría podido surgir, ni mucho menos prosperar. El ánimo regulatorio de nuestros políticos lo habría asfixiado antes de nacer. Una medida como la que pretende el senador Ricardo Monreal, de prohibir las comisiones bancarias, impediría el establecimiento de bancos para los pobres. Los políticos de derecha que dicen ser de izquierda, como Monreal, piensan que los bancos solo deben ser para los ricos.
La banca de los ricos puede vivir sin comisiones y con bajos diferenciales entre las tasas pasiva y activa de interés. Los costos administrativos en cuentas o créditos multimillonarios son relativamente pequeños, en cambio los de una cuenta o un préstamo pequeños representan un porcentaje mucho más alto del capital. Por eso la banca de los pobres tiene tasas de interés o comisiones relativamente altas.
Mann Deshi, como otros bancos que dan servicio a los más pobres, se ha sostenido gracias a que recurre con libertad a una mezcla de comisiones y tasas de interés. De otra manera el servicio no se podría otorgar y las usuarias se quedarían sin servicios, o tendrían que recurrir a los prestamistas no regulados, cuyas condiciones son mucho peores. Supongo que esto último es lo que pretende Monreal, quien cuando fue jefe delegacional en Cuauhtémoc permitió que se mantuviera el comercio informal.
Si Monreal realmente quisiera que los pobres tuvieran servicios financieros, debería impulsar medidas para que más instituciones pudieran ingresar al mercado. En lugar de prohibir comisiones o controlar precios, liberalizaría las reglas para que pudieran crearse más bancos para los pobres que compitieran libre e intensamente entre sí. El problema es que los populistas necesitan a los pobres para votar por ellos; y si los pobres dejan de ser pobres, ya no podrán ser manipulados.
· ¿NO IMPORTA?
Quienes dicen que no importa que caigan la Bolsa y el tipo de cambio por las ocurrencias de Monreal no saben que las crisis económicas suelen empezar por desplomes bursátiles y devaluaciones. Por eso López Obrador está tan interesado en distanciarse de la prohibición de las comisiones bancarias de Monreal.
@SergioSarmiento#
Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
Los civiles, al margen de la seguridad pública/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En desacuerdo con la propuesta lopezobradorista de establecer una Guardia Nacional, formada principalmente por efectivos del Ejército para las labores de seguridad pública en México, analistas consultados por Proceso advierten: Como resultado de ese plan habrá un empoderamiento militar con una visión castrense a ultranza y en el que sólo va a funcionar la discrecionalidad del presidente de la República, como ocurrió en “las dictaduras latinoamericanas”.
La transformación que busca el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública es radical: eliminar el carácter civil que históricamente ha tenido ésta en el ámbito federal en México, entregarla al Ejército y que esté bajo el mando directo del presidente.
Su propuesta de crear una Guardia Nacional castrense mediante reformas a la Constitución pasa por encima de toda argumentación de la Suprema Corte, supera las fallidas intenciones de sus antecesores de justificar la participación de militares en esas tareas, y es contraria a las observaciones internacionales hechas a México desde hace dos décadas.
Especialistas en derecho constitucional y seguridad consultados por Proceso aseguran que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, dado a conocer por el presidente electo el miércoles 14, entraña la renuncia al carácter civil de la seguridad pública y la eliminación de los contrapesos constitucionales a las Fuerzas Armadas.
Ante la extendida e incesante crítica a la propuesta, Alejandro Gertz Manero, extitular de la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) federal y uno de los autores del plan, rechaza que se esté pavimentando el camino hacia la militarización: “Absolutamente no. Primero, porque las circunstancias no lo permiten y el país no está para esas experiencias. Sólo se van a utilizar las unidades de las Fuerzas Armadas que están preparadas para labores policiales y protección de la comunidad, que son la Policía Militar y la Policía Naval”, dice en entrevista el viernes 16.
Primer titular de la SSP que existió durante los gobiernos panistas, Gertz asegura que los militares que ahora están desplegados en tareas de combate al narcotráfico “regresarán a sus cuarteles en cuanto tengamos la estructura legal de la Guardia Nacional”, un cuerpo armado “que fue concebido el siglo pasado de manera semejante a la de Estados Unidos, pero eso en estos tiempos ya no funciona en México”.
Por otra parte, la Guardia Nacional integrada por militares es contraria al espíritu de la Constitución, que la define como un cuerpo civil, organizada por el Senado, bajo la responsabilidad de los gobernadores y con la facultad del presidente de la República de disponer de ella, pero con la autorización de los senadores, explica el tratadista en derecho constitucional Elisur Arteaga.
“El proyecto de seguridad significa el rompimiento del esquema civilista establecido en la Constitución”, dice.
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba por desechar la Ley de Seguridad Interior impulsada por el actual gobierno, con los argumentos de que la Constitución acota a las Fuerzas Armadas para tareas de defensa nacional y que el Congreso no está facultado para legislar en seguridad interior, el presidente electo superó la discusión al proponer la creación de la Guardia Nacional militar mediante reformas constitucionales en el Congreso, donde está en condiciones de obtener la mayoría calificada.
Fue la manera de resolver “el vacío legal” sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de policía, aseguró Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al presentar el plan de ocho puntos del próximo gobierno.
En manos de la Sedena
La operación del plan de seguridad recaerá en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde anidará la Guardia Nacional. El cuerpo estará integrado por la Policía Militar, la Policía Naval, parte de la Policía Federal y jóvenes que el próximo gobierno piensa reclutar como militares en un número de hasta 50 mil en los próximos tres años.
Durante el gobierno que concluye, la Policía Militar se expandió para hacer funciones de seguridad en las calles. Lo mismo que la Policía Naval, que incluso ha tenido el mando de la seguridad pública en zonas complicadas, como el estado de Veracruz.
La propuesta, según explicó el próximo secretario de la Defensa, el general de división Luis Cresencio Sandoval González, es que los mandos de la Guardia Nacional salgan de las escuelas militares. El mando general lo tendrá directamente el presidente de la República.
El plan considera enfrentar la inseguridad en 266 puntos del país, según su población e incidencia delictiva. Se iniciará con 150 en cuanto se cree la Guardia Nacional. Las reformas a la Constitución se dan por descontadas por la mayoría que tiene Morena en el Congreso federal y en 20 estatales. De aprobarse, la SCJN no podrá hacer nada y se deberá entregar la seguridad pública a los militares, agrega Arteaga.
En la Constitución, la Guardia Nacional es una organización compuesta por civiles. La responsabilidad la tienen los gobernadores y es independiente del Ejército. Fue el contrapeso que se puso al Ejército por si quería intentar un golpe de Estado o presionar a las autoridades civiles, explica.
El Artículo 36 de la Constitución señala la obligación de los mexicanos de formar parte de la Guardia Nacional; el 73 faculta al Congreso para organizarla, armarla y disciplinarla, “reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de instruirla”. El presidente puede disponer de ella, para moverla de un estado a otro, pero con permiso del Senado.
De acuerdo con el constitucionalista, el proyecto de seguridad del gobierno que comenzará el 1 de diciembre, va a significar “un rompimiento del esquema civilista” y, contrario a lo que resolvió la SCJN al desechar la Ley de Seguridad Interior, “quieren meter a los militares en forma permanente al combate a la delincuencia”.
“Tratamos de copiar el sistema civilista de Estados Unidos, pero no se pudo echar a andar porque lo ha impedido el propio Ejército. Vamos a desvirtuar el carácter civil de la Guardia Nacional por una coyuntura temporal de combate a la delincuencia. Y lo van a hacer aquellos que decían que el Ejército debía irse a sus cuarteles. Vamos a un Estado militarista, como los que hubo en América del Sur”, consideró el también escritor y profesor de derecho constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La propuesta es una renuncia expresa a la autoridad civil en seguridad pública, dice Victoria Unzueta, asesora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. “La Guardia Nacional dejó de funcionar en México como un contrapeso al presidencialismo. Le daba poder a los estados y por eso nunca la echaron a andar, y ahora van a cambiar su naturaleza”, añade.
Con casi dos décadas en el trabajo técnico de la Comisión de Defensa de la Cámara, Unzueta dice: “Ya no va a haber un contrapeso civil, ni tampoco estatal ni municipal, por la reforma que se hizo a la Ley de la Administración Pública Federal que autoriza a los superdelegados”.
Doctora en estudios políticos europeos y de la relación de Europa con América por la Universidad de Turín, la asesora casi da como un hecho las reformas para cambiar el carácter de la Guardia Nacional, porque Morena tiene mayoría en las comisiones, y la mayoría calificada requerida para las reformas constitucional es respecto al número de legisladores presentes en el pleno al momento de la discusión.
Además, el presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados es un miembro del Ejército, el general de brigada Benito Medina Herrera, aunque pertenece al grupo parlamentario del PRI.
Unzueta observa que los altos mandos del Ejército y la Marina van a tener comunicación directa con el presidente en las reuniones de cada mañana del gabinete de seguridad anunciadas por López Obrador, y pone en duda el carácter policial de los militares: “Los policías militares ni son policías ni tienen entrenamiento especial”, afirma.
Paso a la discrecionalidad
Erubiel Tirado, especialista en seguridad nacional egresado de la London School of Economics y del Colegio de Defensa de Estados Unidos, advierte sobre los efectos en las relaciones cívico-militares: “Modificar la Guardia Nacional sin reformular el sector defensa, como un mando unificado de las tres fuerzas, lleva a un modelo de autoridad complejo en el que el principio de supremacía civil se diluye y da paso a la discrecionalidad y voluntad presidencialista, con el riesgo de comportamientos autoritarios.
“Aun cuando se estipule de forma expresa la supremacía civil en el esquema propuesto, hay que recordar que los militares, aun en retiro, se deben en obediencia a sus superiores castrenses.”
Considera que la preponderancia militar podría poner en riesgo los avances sobre el sometimiento a la jurisdicción civil de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Coordinador del diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, Tirado asegura que no habrá cambio operativo ni táctico con una Guardia Nacional militarizada y, más aún, prevé un aumento de las violaciones a los derechos humanos. Se mantienen las mismas deficiencias de hace 20 años y, siguiendo el patrón del pasado inmediato, aumentarán la violencia y la inseguridad en el mediano y el largo plazos, luego de un primer momento de disminución de sus indicadores, dice.
Un avance sería que no se deje a la Defesa Nacional ni a la Secretaría de Marina ni a la Guardia Nacional la posibilidad de rechazar, siquiera parcialmente, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que el gobierno se comprometa a sancionar a los funcionarios que se nieguen a acatar o dilaten dicho cumplimiento, dice respecto a la propuesta del plan de hacer obligatorias las recomendaciones de esa comisión y de las estatales de derechos humanos.
Respecto a la intención expresa de López Obrador de darle “un giro gradual” a las Fuerzas Armadas para que además de sus funciones de defensa nacional cumplan las de seguridad interior y seguridad pública, considera que el propósito es “una aguda entronización del uso de la fuerza militar en cualquier circunstancia ‘que lo amerite’, según el juicio presidencial”.
Asevera: las propuestas de López Obrador apuntan a un empoderamiento militar con una visión castrense a priori y a ultranza que no va a cambiar con la idea prístina de que el mando civil radica sólo en la figura y autoridad presidencial. Y anota: “La enseñanza de las dictaduras latinoamericanas fue que era más sencillo militarizar a los civiles, como lo estamos presenciando en México, que civilizar a los militares”.
Para Maureen Meyer, directora del Programa México de Wola, organización no gubernamental con sede en Washington sobre investigación e incidencia en el tema de derechos humanos en el mundo, la propuesta de López Obrador coincide con el enfoque del presidente estadunidense Donald Trump de darle más participación a los militares en tareas de seguridad.
“Darle mucho más poder a los militares en todas las áreas de seguridad y crear una Guardia Nacional bajo comando militar y con policías capacitados por militares, va en la tendencia de otros países de militarizar a costa de lo civil”, dice vía telefónica.
Es la visión de la Casa Blanca, pero no hay consenso en todo el gobierno estadunidense respecto al apoyo a los militares y mucho menos en el Congreso, dice Meyer, quien ha hecho un seguimiento de la estrategia antidrogas de Estados Unidos hacia México, a través de la Iniciativa Mérida, desde 2008.
La Iniciativa Mérida ha privilegiado el apoyo al fortalecimiento de las capacidades civiles, aunque en un principio la ayuda se concentró en el equipamiento de aviones y helicópteros para el Ejército y la Marina.
Aun aceptando la debilidad de las fuerzas civiles, a México se la ha criticado en foros internacionales desde hace dos décadas, no sólo por la participación de los militares en seguridad pública, sino por la falta de rendición de cuentas de las instituciones castrenses. Y el propio Congreso de Estados Unidos ha expresado preocupación por las violaciones a los derechos humanos por parte de militares mexicanos, como ocurrió en Tlatlaya, apunta.
Gertz Manero rechaza que la creación de la Guardia Nacional signifique una militarización. “No se ha aclarado que dentro de las Fuerzas Armadas se ha creado un sector dedicado a hacer funciones de policía. No son armas del Ejército o de la Marina. Son la Policía Militar y la Policía Naval que, junto con elementos de la actual Policía Federal, están diseñadas y capacitadas para operar sólo en seguridad pública”, asegura.
Los otros militares, los que actualmente están en la confrontación con la delincuencia organizada, dice, “se van a sus cuarteles en cuanto tengamos la estructura legal de la Guardia Nacional”.
Afirma que la Guardia Nacional ya no será un cuerpo que se hizo de manera semejante al de Estados Unidos. Eso no funciona en México. Será una guardia de defensa y protección ciudadana, como se hace en Francia, España, Colombia, Italia y Chile. “En esos países no se quejan de una militarización. En unos casos tienen mandos armados y en otros civiles. En este momento lo que se necesita en México son mandos sólidos”.
Como uno de los autores del plan, Gertz sostiene que las estructuras de mando, control y disciplina de las Fuerzas Armadas “garantizan mucho más los derechos ciudadanos, la operatividad y capacidad de trabajo frente a la experiencia de lo que hemos tenido en los últimos 12 años; si no, el Ejército no hubiera tenido que entrar a estas tareas”.
Desestima que vaya ocurrir un aumento de las violaciones a los derechos humanos, porque las unidades territoriales en las que van a operar “tendrán como condición” la presencia de la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos.
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Inconformidad social/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
El romance entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador e integrantes de las organizaciones no gubernamentales fue efímero.
La relación llegó a su fin el miércoles 14, luego de que López Obrador confirmó que creará una Guardia Nacional, integrada por 50 mil efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional, con jerarquía, estructura y personal militar.
De inmediato generó encono entre integrantes de la sociedad civil, quienes se dijeron engañados por López Obrador y por el próximo secretario de Seguridad y Protección Civil, Alfonso Durazo Moreno.
Éste es el segundo gran desencuentro. El primero fue el 17 de agosto, en Ciudad Juárez, en el primer Foro Escucha para la Pacificación y la Reconciliación, cuando López Obrador pidió a los juarenses perdón y olvido. Las víctimas, madres de desaparecidos y asesinados, respondieron: “Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”.
López Obrador retomó: “Respeto a quienes piensan así, pero en esta ciudad, que ha sido llamada el epicentro del dolor, les digo desde ahora: olvido no, pero el perdón sí va”. Le respondieron gritos de inconformidad.
Las protestas se repitieron hasta que, luego de tres meses y 16 sesiones, Durazo anunció la cancelación de los foros, “por falta de tiempo”.
Y es que retirar al Ejército de las calles fue uno de los principales reclamos en los foros para la pacificación.
Como entonces, diversas organizaciones, como México Evalúa, presidida por Edna Jaime, consideran que la militarización de las calles no garantiza la pacificación del país; por el contrario, implica el riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos.
“Los resultados obtenidos en los últimos dos sexenios, en los que se apostó por un despliegue importante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, son la evidencia de que esa estrategia no ha funcionado.
“La evidencia que arrojan estudios nacionales e internacionales parece advertir que la ruta planteada por la próxima administración federal no nos llevará a la pacificación del país. Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes”, señala la ONG.
Indicó que este plan contrasta con la decisión que el pasado jueves 15 tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar inválida la Ley de Seguridad Interior, una norma que perpetuaba la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
“Vemos un riesgo importante en la anunciada intención de modificar el Artículo 76 constitucional para facultar al Senado a crear la Guardia Nacional y quitar el candado que impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública”, aseguró.
Violencia contra mujeres
Por su parte, organizaciones civiles que participaron en el coloquio Estrategias Fallidas: Criminalización y Tortura Sexual a Mujeres en México, advirtieron acerca de los “riesgos” que implica una Guardia Nacional formada y entrenada por militares.
El clima de violencia que existe en el país afecta de manera particular a las mujeres, como lo demuestran estudios recientes sobre la incidencia de asesinatos con arma de fuego, desapariciones forzadas y torturas, una tendencia que se agrava por la estrategia de militarización de seguridad pública que se intensificó en 2006 y podría continuar el próximo sexenio.
Para Olga Guzmán, directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el optimismo generado por la anulación de la Ley de Seguridad Interior se vio opacado por la iniciativa de López Obrador, mediante la cual se daría continuidad al esquema de militarización de la seguridad pública, en vez de apostar a la profesionalización de las policías.
Incluso de 201 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 2006, sobre casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en 70% de los casos se reconoce a integrantes de las Fuerzas Armadas como responsables.
Para los integrantes de la ONG Causa en Común, representados por María Elena Morera, el plan propuesto por López Obrador sí militarizará la seguridad en el país.
En entrevista con Raymundo Riva Palacio, Morera dijo que el plan tiene cosas positivas, como dejar el tema de la seguridad fuera de la Secretaría de Gobernación, la legalización de las drogas o los programas de desarrollo social, que son puntos importantes y positivos.
Sin embargo, añadió, es preocupante la forma como el plan aborda el tema de la seguridad desde el punto de vista civil o militar.
Señaló que su organización hizo una revisión de las páginas 14 a la 16 del documento presentado por el equipo de López Obrador, donde primero se dice que los militares han violado los derechos humanos porque no están preparados, y también se dice que los policías federales, ministeriales, estatales y municipales tampoco están bien preparados y no están bien pagados, por lo que no cumplen con sus funciones.
Después, añadió Morera, el documento señala “sin ninguna argumentación” que se ha decidido que la seguridad va a pasar a manos de los militares, mediante ese nuevo cuerpo que es la Guardia Nacional. Aunque “el licenciado Durazo dice que no es militarizar el país, vamos a estar en manos de los militares”.
Agregó que la propuesta podría ser buena si la Guardia Nacional estuviera bajo un mando civil; sin embargo, no es así porque va a estar en la Secretaría de la Defensa, tanto administrativa como operativamente.
Por otra parte, el Senado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que se da el primer paso para la transformación de la PGR, aunque no se garantiza la autonomía de los fiscales, como pidieron organizaciones de la sociedad civil.
Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y futura secretaria de Gobernación, defendió el modelo de Fiscalía General y dijo que anteriormente la justicia se utilizaba como instrumento de persecución política, lo que terminará con esta nueva institución. Dijo que el proyecto se construyó con la sociedad civil y las instituciones académicas.
Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, retomó los reclamos que han hecho colectivos como #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, que han dicho que los miembros del gobierno electo pactaron una iniciativa con ellos y ya en el Congreso se modificaron artículos, lo que representa una regresión: “Están acusando engaño, por no decir traición. Para todos los que se llenen la boca diciendo que esto se construyó con la sociedad civil, vale la pena leer el comunicado donde hablan del engaño.
“Lo más grave es que hoy se evidencia el talante de la nueva mayoría del próximo gobierno; parece que están dispuestos a engañar e incluso a manipular las demandas de la sociedad civil organizada”, lamentó.
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Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
La LOAPF, una ley humanista, pero supercontroladora/JESUSA CERVANTES...
La aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en San Lázaro durante la madrugada del miércoles 14 dividió las opiniones de las bancadas. Mientras los representantes de Morena hablan de las bondades de la reingeniería integral que proponen Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores, los representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano ponen el acento en la concentración de poder en el próximo mandatario. Todos estarán supeditados a él, considera la priista Dulce María Sauri Riancho, en tanto que la panista Adriana Dávila llega al grado de hablar sobre los supuestos riesgos de una “dictadura”.
El andamiaje administrativo diseñado por Andrés Manuel López Obrador y afinado por la Cámara de Diputados contiene medidas radicales cuyo propósito es apuntalar su proyecto de nación. Con esa reingeniería busca terminar con las cuotas de poder y el uso discrecional del dinero practicado por el priismo y sobre el cual se meció el PAN durante dos sexenios consecutivos, de 2000 a 2012.
Para la oposición, esas medidas –que apuntan a una concentración de poder en la figura presidencial y sus hombres: Alfonso Durazo Montaño, Gabriel García Hernández, Carlos Urzúa y Julio Scherer Ibarra– presuntamente provocarán choques con las entidades federativas.
La priista diputada Dulce María Sauri Riancho advierte sobre el riesgo de que el país se extravíe en un laberinto que nunca imaginó; en contraste, su colega Adriana Dávila, del PAN, vislumbra un Estado policiaco y un amago de dictadura.
En defensa de la reingeniería administrativa, Dolores Padierna, de Morena, sostiene que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) –aprobada por mayoría la madrugada del miércoles 14 y que los próximos días se discutirá en el Senado para dar el último toque que reinstala la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– es “humanista”.
Arguye que se apoya en el artículo primero de la Constitución, cuyo eje es el respeto a los derechos humanos. “No es centralista –abunda–, es quitar una bola de vicios que la administración pública tiene y practica desde hace 80 años”.
Los elementos concentradores
El peligro más grave de las modificaciones a ley mencionada es la concentración del poder, sostiene Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, quien dice tener vocación de salmón: nadar siempre contra la corriente.
Relata que convenció a sus 46 compañeros de bancada para exponer en tribuna los peligros que, según los priistas, entraña la nueva ley, lo que prolongó el debate hasta la madrugada del miércoles 14.
“No nos confundamos –puntualiza–. Cuando hablo de concentración de poder, hablo de concentración en el presidente de la República, en Andrés Manuel López Obrador”. Y, con base en el artículo 17 de la mencionada ley, alude a los llamados superdelegados que, insiste, estarán “bajo el mando directo del presidente de la República”.
Desgrana los cinco elementos “concentradores de poder”:
Uno: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estará a cargo de Carlos Urzúa, nombrará, removerá y tendrá bajo su control a “sus embajadores”, las llamadas Unidades de Administración y Finanzas (UAF).
Con ellos, dice, habrá una disputa con las “entidades paraestatales”, pues éstas tienen sus propias leyes.
Esas unidades, según Sauri, se encargarán de la planeación, programación, informática, recursos humanos, materiales, contabilidad, archivo y presupuesto. Habrá una en cada secretaría de Estado y entidades paraestatales. “Su facultad –insiste– es la concentración total”.
Dos: la Consejería Jurídica, a cargo de Julio Scherer Ibarra, quien designará a los encargados jurídicos de todas las áreas del sector público, “estará bajo su égida… Va a ser sumamente delicado y va a ser un choque y motivo de controversia cuando pretenda ejercer funciones la Consejería Jurídica para introducir a sus embajadores”.
La priista yucateca simplifica: si hay un reclamo de industriales por las altas tarifas eléctricas, habrá incluso amparos, y la autoridad responsable se va a ir directo, ya no sólo la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sino también el presidente. “Y aunque se los advertimos a los diputados de Morena, hicieron caso omiso”.
Tres: la oficina de Comunicación Social, al frente de la cual estará Jesús Ramírez Cuevas, también estará adscrita al presidente; se encargará de nombrar a los directores en esa materia en cada secretaría, incluso la de Gobernación. “Les dijimos que estaban vulnerando las funciones de regulación de esta secretaría”.
Cuatro: la Secretaría de Gobernación se encargará de nombrar a todos los encargados de “enlace”, lo cual significa, dice la legisladora priista, que “tendrá control sobre los interlocutores. ¿Y qué harán los titulares de las dependencias? Van a ser secretarias momias, pues los van a sentar en el escritorio y van a estar acotados por estas cinco acciones”.
Cinco: la Coordinación de Programas para el Desarrollo, que a partir del 1 de diciembre será encabezada por Gabriel García Hernández, nombrará a los superdelegados o “virreyes”, a los que Sauri prefiere definir como “gobernadores federales”.
Ellos estarán en todo, dicen. Van a nombrar a delegados regionales cuya tarea será impulsar el desarrollo integral. Eso, dice, “abre el candado” para que puedan estar en los Consejos de Seguridad.
Durante la visita de Alfonso Durazo Montaño, quien será titular de la Secretaría de Seguridad “remasterizada”, los delegados participarán en los consejos; incluso podrán ser suplentes del gobernador, lo cual causó el reclamo de la bancada del PRI en San Lázaro.
Sauri Riancho insiste: “Esos gobernadores federales no sólo no abrieron la ventanita para despresurizar esa concentración de poder y evitar chocar con las facultades y soberanía de los estados; la reforzaron porque dependerán directamente del presidente”.
AMLO, el omnipotente
La exgobernadora de Yucatán lo dice directo: Andrés Manuel será un hombre poderoso. Todo se hará “como él decida. Las instituciones están hechas para eso; también la reforma administrativa”.
Sus hombres también serán “poderosos, pero el suyo será un poder delegado, no por derecho propio. La concentración –machaca la legisladora priista– está en la figura presidencial”.
Ellos son, en la Consejería Jurídica, Scherer Ibarra, que será “un poquito el coordinador de delegados; Alfonso Romo –quien podría ser el “segundo agente de relaciones públicas; la primera será Olga Sánchez Cordero– en la Oficina de la Presidencia; García Hernández; Ramírez Cuevas”. Por lo que atañe a Urzúa, dice que va a ser “el primer sufriente de la nación”.
Dolores Padierna, vicepresidenta de Morena en San Lázaro e integrante de la Comisión de Gobernación, destaca el peso de la Consejería Jurídica y lo hace en relación con los problemas de las últimas administraciones: la corrupción, que, dice, se da por falta de legalidad y dispersión de recursos.
“Ahora se va a poner en los jurídicos a gente muy avezada en la materia, de confianza; tienen que ser muy bien seleccionados porque quien está de por medio es el presidente. El Poder Ejecutivo radica en una persona, no en los secretarios, y se va a cuidar la legalidad, honestidad y eficacia. Su oficina (la de Scherer Ibarra) se encargará de que no haya actos de corrupción.”
¿Y eso no hace poderoso a Scherer Ibarra? –se le pregunta a Padierna
–Sí, lo hace poderoso porque antes la consejería sólo asesoraba al presidente o sus iniciativas de ley; estaba para otras cosas. Ahora el consejero va a estar para cuidar que toda la administración pública y todos sus actos estén apegados a derecho. Y López Obrador lo ha dicho: como nunca, se va a respetar el estado de derecho.
–Los hombres fuertes del presidente, ¿quiénes serán?
–El único fuerte será el presidente.
–¿Y los demás?
–Serán secretarios, de acuerdo con las facultades que la ley les da.
–¿Y quién tendrá mayores atribuciones?
–La Secretaría de Gobernación, pero no lo han querido ver así. Se le regresa la facultad de cuidar la gobernabilidad interna, contener las problemáticas nacionales, buscar consensos, puentes con los distintos actores. Su titular va a promover la participación ciudadana, se encargará de los desaparecidos, de las víctimas, de humanizar… La LOAPF es muy humanista y está basada en el artículo primero constitucional: el respeto a los derechos humanos.
–La oposición califica a la Segob de “florero”, de ser una secretaría de “relaciones públicas”…
–La quieren minimizar porque Enrique Peña Nieto le dio todo este aparatote y ahora dicen que nada más es para saludar. Ellos (los priistas) tienen esa lógica de que quien estaba al frente de esa dependencia era el segundo hombre o el vicepresidente. Ya no hay eso.
–¿Entonces ya no habrá hombres fuertes del presidente?
–Son servidores públicos. Desde el presidente hasta el más humilde de sus colaboradores. Que quede claro por si alguien no lo ha entendido.
Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, considera que Urzúa sí será un hombre fuerte del presidente, pues “adquirió una gran cantidad de atribuciones y poder”.
Con respecto a Scherer Ibarra, dice, es muy cercano a AMLO, pero su peso será la parte jurídica, no la política; lo mismo ocurrirá con Durazo Montaño en materia de Seguridad, igual que con Romo.
Para Adriana Dávila, diputada y vocera del PAN en San Lázaro, según la LOAPF “el presidente no permite que nadie brille. Los aparentemente fuertes van a estar bajo su mando, lo cual no está mal. A mí no me espanta que haya un solo proyecto encauzado a lo que él está pensando. Lo grave es que piense que su verdad es la verdad absoluta. Tiene al hombre de la policía (Durazo) y al hombre del dinero (Urzúa)”.
Medidas radicales
Dolores Padierna, quien participó en la discusión de la ley, al igual que el resto de los entrevistados, detalla que los cambios tienen dos grandes objetivos: acabar con la corrupción y atender a la gente. “Dos cosas con medidas radicales porque se tiene que actuar ya. El tiempo es poco y los resultados tienen que ser inmediatos”.
Como medida radical enmarca la creación de las Unidades de Administración y Finanzas en cada secretaría y órganos, que, como su nombre lo indica, se encargarán de administrar, pero no manejarán un solo centavo.
“El dinero va a estar en un solo lugar: la subsecretaría de Egresos. ¿Quieren buscar corrupción? Pues no anden buscándola, nada más habrá dinero en un lugar: Hacienda. Es una medida fuerte, complicadísima. Y Urzúa no será un supersecretario; va a tener mucha complicación para poder aterrizar el asunto, pero es la única manera de hacerlo.”
Esto es sólo otra manera de organizarse, y lo dice el artículo 90 constitucional, añade Padierna. Dice que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, no dispersada, no descentralizada; eso no lo dice la Constitución, pero ellos (PRI y PAN) lo hicieron así.
En la centralización del poder, la panista Dávila ve demonios: “Centralizar y controlar desde la policía, la inteligencia, el recurso, la protección civil, está siendo un esquema de control gubernamental, incluso electoral… un Estado policiaco y que va al control político del país. Los superdelegados serán una parte para regular dinero y luego el control de la policía. Con eso ya tienes su base electoral bien planeada. Creo que ver de esa manera el control político, nos lleva a una dictadura”.
El emecista Tonatiuh Bravo añade otras consideraciones que sus correligionarios consideran peligrosas: los delegados no deben participar en los consejos de seguridad, pues “ello le quita lo poco que le queda de institucionalidad a la seguridad”.
Explica: “Si tú politizas, se convierte en un campo de batalla electoral. Y los coordinadores o superdelegados son quienes fueron candidatos a gobernadores. Lo más probable es que lastimen la soberanía, pues serán intermediarios entre la federación y los estados. Serán delegados empoderados, pues no dependerán de una secretaría, sino del presidente de la República. Y eso lastima la soberanía estatal”.
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Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
Sí! Esperanza Animal demanda que se actualice la ley contra las corridas de toros
PALABRA DE LECTOR
Señor director:
El 31 de octubre de 2018 los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron que ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural.
También determinaron, si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. “Es constitucional la prohibición de las peleas de gallos porque se trata de una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal”.
Lo anterior es un precedente para que pueda armonizarse –sin ningún inconveniente– la aún vigente Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y dé paso a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que elimina la excepción de las corridas de toros y las sanciona.
El 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la CDMX. En el Título Segundo “Carta de Derechos”, artículo 13 “Ciudad habitable”, apartado B “Protección a los animales”, claramente establece: “Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común”.
Sin embargo, pese a haberse lanzado iniciativas en el nuevo Congreso de la Ciudad de México, de nuevo vemos un “pacto de silencio” institucional sobre la crueldad y el maltrato animal. Tampoco debemos permitir llevar este tema a una consulta para evitar cumplir con su obligación. Los derechos reconocidos en la Constitución no son materia de consulta.
De acuerdo con la Carta Magna, la Temporada Grande en la Plaza México ya no debería llevarse a cabo. Se trata de un espectáculo que debiera ser ilícito, pero que se reconoce lícito por la omisión de las autoridades y los legisladores. En esta urbe se castiga con cárcel el maltrato animal; aunque un maltrato explícito que causa la muerte del animal –mediante la tortura– no se penaliza. Es un trato discriminatorio hacia los toros.
¿Es legítimo que la ley mantenga una excepción e ignore el mandato constitucional en beneficio de los empresarios, a costa del sufrimiento de los animales? ¿O que continúe por el gusto personal de unos cuantos políticos del nuevo gobierno?
Exigimos a los diputados valentía política para cumplir con su deber; fueron elegidos como representantes populares. Armonicen la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal para eliminar las corridas de toros, una práctica bárbara, rancia, anacrónica y decrépita.
Atentamente:
Mónica Hernández Castanedo y Laura
Hernández Castanedo Integrantes de Sí! Esperanza Animal, organización no gubernamental
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Barruntos tormentosos sobre la 4T | Rafael Cardona
La Crónica
Demos por buena la oferta de una Cuarta Transformación de México.
Concedámosle —hasta no tener evidencias en contrario—, éxito al propósito de cambiarlo todo de manera radical a favor del progreso, la justicia y la paz. Digamos ¡sí! con la misma confianza de quienes le otorgaron treinta millones de votos a “Morena”.
Pero con esa misma objetividad asomémonos a las ventanas del cercano porvenir y miremos cómo en el horizonte se acumulan negros presagios de tormenta.
Uno de enormes dimensiones; otro, chiquito.
Uno, sin origen interno ni posibilidades reales de control, como no sea la resignada y compleja administración de la calamidad y el dilema, en cuánto a cómo resolver la migración centroamericana.
La calamidad es tenerlos aquí. El dilema es no tener una solución “humanitaria” definitiva, porque no la hay.
Y este pie de fotografía (La Jornada. p.p.) lo prueba:
“La Policía Federal hizo este sábado en la noche un muro con vallas metálicas en el lado izquierdo de la garita de San Ysidro, California. La acción causó sorpresa entre los habitantes de Tijuana, debido a que es la primera vez que se realiza una acción de ese tipo. Mientras, en Laredo, Texas, la Guardia Nacional de Estados Unidos sigue colocando alambre con cuchillas en las riberas del río Bravo ante la posible llegada de migrantes que avanzan por México en varias caravanas”.
Quizá La Jornada, haya destacado esa información, con el propósito de señalar la desmesura del gobierno actual y los mandos de la policía federal, haciendo un trabajo como el Trump y su muralla, pero de este lado, pero en once días más ya no habrá forma de responsabilizar a nadie sino a los mandos futuros.
El dilema no tiene salida satisfactoria.
Como no van a poder entrar a Estados Unidos, al menos no en la cantidad de marabunta ahora visible, ¿se van a quedar en México o este generoso país los va a expulsar a sus lugares de origen? ¿México se va a bien portar o a deportar?
Cualquiera de las dos posibilidades es altamente problemática, pues con una u otra decisión, las caravanas van a seguir llegando, mientras la puerta del sur esté abierta de par en par.
Y por razones políticas, históricas y hasta ideológicas, si ideología hubiera, el futuro gobierno no les podrá cerrar el portón.
El problema va a confrontar la realidad con la ilusión.
Una cosa es defender, en abstracto o desde la oposición , como lo hacen todos los defensores de la migración, los derechos de todos en todas partes, y una muy diferente administrar de pronto la presencia y necesidades de miles y miles de personas sin oficio, beneficio o experiencia laboral, en un país donde hay demasiados como ellos.
Y esa bomba va a estallar, con una repercusión adicional: las relaciones con Estados Unidos. Y ese riesgo lo advierte Olga Sánchez Cordero:
“Tenemos un gravísimo problema con miles de migrantes que en este momento están llegando a Tijuana, a la frontera con Estados Unidos y pueden generar un problema muy serio no solamente al gobierno de México, sino a nuestro vecino, el gobierno de Estados Unidos y puede llegar incluso a deteriorar la relación entre México y Estados Unidos”. Ni más, ni menos.
Todo mundo habla de los derechos de los migrantes, pero nadie dice cómo se garantizan efectivamente, día con día.
El otro problema es el rechazo de algunos grupos ambientalistas (eso rima con oportunistas) en torno de la ruta del proyectado “Tren Maya”.
“….diversas organizaciones ambientalistas entregaron una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que señalamos (sic), que el Tren Maya puede ser una buena idea, pero hasta ahora no sabemos por dónde ni en qué condiciones quieren construirlo. Para ello se requieren estudios de impacto ambiental, porque se trata de una zona muy bien conservada (¿?) y que además cuenta con una enorme riqueza cultural.
“No se trata, dijo, de que los ecosistemas se adapten a los requerimientos económicos, porque se está diciendo que con este proyecto habrá crecimiento de los pueblos, y la experiencia reciente demuestra que eso no es así, porque no se detonó ningún beneficio para las comunidades de Uxmal, Tulum y Cobá”.
Ya se encargarán todos estos grupos de soliviantar a los pobladores originarios y repartirle a Morena, sopita de su propio chocolate.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
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