Jueces, magistrados, ministros de la Corte están obligados a leer y a releer una, y otra vez cada uno de los 136 artículos de nuestra Constitución...."
Palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero..
Señor presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; señor presidente de la Cámara de Diputados, doctor Porfirio Muñoz Ledo; señor presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama.
Señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobernadora, gobernadores; compañeras y compañeros de gabinete; presidentes de órganos constitucionales autónomos; legisladoras y legisladores federales y locales; magistrados, magistradas federales y locales.
Invitados especiales, medios de comunicación.
Señoras y señores:
Muchas gracias a todas y todos por su presencia.
Como cada 5 de febrero, nos reunimos hoy en este histórico recinto del Teatro de la República para conmemorar un aniversario más, el 102 de la Carta Magna, que en 1917 entregaron a México los Constituyentes de Querétaro.
Si la dimensión de la obra humana se mide por su permanencia de las tres Constituciones que México ha tenido en el curso de su historia como República federal, la de Querétaro es la Constitución que ocupa el lugar señero.
La primigenia, la de 1824, no logró convertirse en rectora de la vida y destino de la entonces joven nación.
Las luchas intestinas hicieron imposible su aplicación. La discordia condujo a la anarquía y esta al debilitamiento de las naciones instituciones.
La circunstancia fue aprovechada por la ambición del naciente imperio del norte que, en 1847, arrebató a México más de la mitad de su territorio original.
Diez años más tarde, en 1857, la generación de la Reforma, con Benito Juárez a la cabeza, entregó a la patria su segunda Constitución, con la que inició la existencia del Estado mexicano en su sentido histórico, como ente político derivado de la voluntad popular, ajeno a la influencia religiosa, es decir, el Estado laico, que se erige como representante del interés colectivo, por encima de cualquier poder.
Con la Constitución de 1857, como su libro de cabecera, Juárez resiste la segunda invasión, derrota al imperio y restaura la República.
Como usted gusta decir, señor presidente, esa generación, la de 1857, fue de gigantes, de hombres que pusieron de lado sus diferencias para poner por delante un solo objetivo, una sola meta: La sobrevivencia de México como nación independiente y soberana.
Sin que Juárez lo hubiera previsto, a su muerte, lo que siguió no fue la consolidación de la democracia en la República restaurada, sino el advenimiento de la dictadura, que primero dio a México la estabilidad política de la que había carecido desde 1821 y luego entregó los primeros frutos económicos.
El largo periodo que abarca la presencia del dictador en la presidencia de México, más de 30 años, a la distancia puede ser considerado de claroscuros, pero el dictamen final, inapelable, lo dio el pueblo, que en 1910 se levantó en armas y lo expulsó del poder y de la patria.
Madero, el presidente mártir, pretendió restablecer la vigencia de la Constitución de 1857, sin darse cuenta que México era otro y que el pueblo, levantado en armas, exigía que sus demandas de justicia y libertad fuesen escuchadas.
Al contemporizar con los enemigos del cambio, Madero abrió la puerta a la traición.
Los Constituyentes de 1917 supieron conjugar la praxis con la teoría, la política con el Derecho, la norma jurídica con el anhelo popular.
La de Querétaro es considerada, con justa razón, la primera Constitución social del siglo XX.
No fue poca cosa para un texto escrito por hombres que, en su mayoría, nunca antes habían leído una ley. Fue el genio del pueblo el que guió su mano y condujo su pluma.
De ahí su permanencia; de ahí que, con aún sus múltiples cambios, unos positivos y otros cuestionables, hasta hoy la Constitución promulgada en 1917, hace 102 años, siga rigiendo la vida nacional.
Señor presidente.
Señoras y señores:
Leer la Constitución no es ejercicio de un solo sentido, lo sabemos quienes tenemos la profesión de abogado y, en especial, quienes nos hemos desempeñado como jueces, responsables de su aplicación y por ende también de su interpretación.
Jueces, magistrados, ministros de la Corte están obligados a leer y a releer una, y otra vez cada uno de los 136 artículos de nuestra Constitución.
La relación del abogado con la Constitución puede ser intensa o lejana, cotidiana o causal, pero sin ella el ejercicio de esa noble profesión estaría sin cimientos; sería como una casa construida en un pantano, pronto se hundiría.
Los abogados, pero sobre todo los jueces que interpretan la Constitución mantienen con su texto una relación dialéctica, de permanente tensión y también de obligada creación. Tienen que apegarse a su sentido gramatical, nos dice ella misma, que también autoriza a desentrañar su sentido a interpretar su dictado.
La Constitución se materializa en las sentencias de los jueces y estos dan a sus normas la dimensión y dirección de su vigencia concreta.
Siendo la ley el producto de la interacción entre el poder Ejecutivo unipersonal por definición en un sistema como el nuestro y el poder Legislativo colegiado por su propia naturaleza, hoy libre y plural, es al poder Judicial al que corresponde decir el derecho.
De ahí la enorme responsabilidad que los dos poderes de elección popular tienen para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza colectiva del tercer poder de la Unión, el poder Judicial, sin el cual no hay estado de Derecho.
Sabemos que hacer la ley no es lo mismo que aplicarla. En el ejercicio del gobierno, la Constitución es no sólo el marco que encuadra nuestro desempeño, es también una guía para atender las demandas y aspiraciones de nuestro pueblo.
El carácter social de la Constitución de 1917, a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido, sigue presente en el artículo 3º constitucional relativo a la educación que debe impartir el Estado, que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
En el artículo 4º que consagra la igualdad entre el varón y la mujer y establece el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente; al acceso al agua para consumo personal y doméstico; a la vivienda, a la identidad de la persona; la protección de la niñez, al acceso a la cultura y sus bienes; a la cultura física y al deporte, esos derechos vinieron a sumarse a los que estableció el texto redactado en este recinto en 1917.
La Constitución del 17 fue pionera en el mundo del reconocimiento de los derechos sociales, colectivos, de los dos segmentos mayoritarios, de la sociedad de aquel entonces, los campesinos y los obreros.
A los campesinos, la Constitución les garantizó el acceso a la tierra, derecho que el presidente Lázaro Cárdenas hizo realidad.
A los obreros el Constituyente del 17, le dieron el derecho al trabajo con salario digno; así como el instrumento para la defensa de sus intereses, los sindicatos y el medio para hacerlos valer: la huelga.
Estos derechos, estos instrumentos, estos medios están escritos en el texto de 1917, aunque algunos parezca nunca haberlos leído y hoy se sorprendan de su ejercicio.
Quienes formamos parte del equipo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debemos leer la Constitución para dar base y sentido, continente y contenido, a la política, planes, programas y acciones del gobierno de México.
En la Secretaría de Gobernación entendemos que la gobernabilidad democrática debe de ser el contexto para que el texto de la Carta Magna de Querétaro cobre sentido, adquiera vigencia, exprese la raíz y la razón del pueblo, los anhelos de la gente y la dimensión profunda del ser nacional.
Son múltiples las lecturas que podemos hacer de nuestra Constitución, plurales sus interpretaciones y variadas las conclusiones que de su lectura, cada uno, cada una, pueda desprender.
La Constitución como norma jurídica que debe cumplirse; la Constitución como programa social que aún debe realizarse; la Constitución como nuestra guía de conducta personal y faro que orienta la acción de gobierno.
La Constitución que, sin importar quién la lea, ni cómo la lea, tiene un fin común: El bien de nuestra patria.
Muchas gracias...
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