Las columnas políticas hoy, lunes 14 de febrero de 2022

 Veo muy mal al C. Presidente...; encolerizado..; No es bueno para el País.. Y no le importa violar la ley. Total!

Hay que serenarse...,; pero el C. Presidente volvió a la carga, en la mañanera de este lunes 14 de febrero volvió a exhibir los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret.. "Y es muy bueno para el País, para la purificación de la vida pública de México, el que no haya simulación, dicen los moderados que se quieren hacer pasar como objetivos, que para qué trato estos temas. No, si eso es lo más importante para la transformación y además es en legítima defensa, son golpistas", acusó.

"Hay quienes dicen que no son periodistas, sí son periodistas, nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados, es una historia que se repite, cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto, inmoral, se lanza contra quienes buscan la transformación".

Aludió al hashtag #TodosSomosLoret y mencionó que ex funcionarios del Gobierno de Calderón, Salinas,  Zedillo y Fox; y personajes como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín "son Loret".

"No sé por qué se alebrestaron", dijo, al exhibir otra vez los presuntos ingresos de Loret

“Debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, no sé por qué se alebrestaron, se molestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. ¡Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo el presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción!”, expresó  colérico..

“¿Quién gana eso, un científico, un intelectual?, el presidente gana pues 10 veces menos, ¿Por qué gana tanto ese señor?, porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, declaró.

Y se lanzó contra medios internacionales...

"Entonces, que entiendan, que comprendan, que no nos podemos quedar callados, que vamos a sacar adelante el proyecto de transformación y que va muy bien y que si el Washington Post defiende a la mafia del poder en México, allá ellos, y el New York Times defiende, pues allá ellos, hay otro, un inglés, no sé si al Financial Times, lo mismo, el Economist, porque las empresas de esos países saqueaban, con la complicidad de funcionarios de la llamada clase política mexicana".

Y agregó que no fueron muchos los que participaron en el foro ciudadano de apoyo al periodista.

Y por último, dijo que pedirá al INAI indagar los ingresos del periodista Loret aunque se le comentó que ese instituto solo investiga a funcionarios.

-El Instituto tiene que ver solo con funcionarios públicos, no es el caso, se le cuestionó.

"Yo también soy ciudadano", respondió AMLO.

-Pero los ingresos de Loret finalmente no es un servidor público, no tendría por qué informarlos el Instituto, se le insistió.

"No, todos estos medios tienen que ver con lo público, todos, todos, son entidades de interés público, con concesiones que otorga el Estado", reviró López Obrador.

¡Puf.! está fuera de si.

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Por fin, hablan López Beltrán y Carolyn Adams

 José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, emtieron  anoche dos comunicados sin precisar el posible conflicto de interés con la empresa Baker Hughes que tiene asignados contratos con Pemex.

El hijo del Presidente aseguró en un escrito de un párrafo que sus ingresos provienen de servicios de asesoría legal en la empresa "KEI Partners", dedicada a la remodelación de interiores, y que no tiene injerencia con el Gobierno mexicano.

"En el 2018, tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en mi familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo", afirmó.

"Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia".

Empero, López Beltrán no aparece registrado como abogado en el portal del State Bar of Texas y, además, KEI Partners tiene una página web con escasa información.

KEI Partners fue registrado en octubre de 2018, un mes y medio antes de que comenzara el sexenio de AMLO, siendo sus ejecutivos principales Iván y Erika Chávez, hijos de Daniel Chávez, dueño de Vidanta y designado por López Obrador como "supervisor honorífico" de la construcción del Tren Maya.

Nuera de AMLO dispuesta a aportar pruebas sobre renta de casa en Houston

Carolyn Adams, difundió un texto más extenso, donde recuerda ser estadounidense de origen brasileño y afirmó ignorar que la mansión que se rentó en 2019 pertenecía a uno de los entonces altos directivos de Baker Hughes, Keith Schilling, empresa que tiene contratos con Pemex.

"Rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario)", dijo al defender que la renta de la casa del ejecutivo de Baker fue legal.

Añadió que aunque trabajó en el sector energético no conocía a ningún ejecutivo de la empresa.

"Tenemos todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean convenientes y oportuno puedan o no revelar públicamente la información", expuso.

Incluso compartió conversaciones con un agente inmobiliario para demostrar que desconocía al arrendador, por lo que negó la existencia de un conflicto de interés

Señaló que las últimas semanas se ha difamado y calumniado a su familia y se ha perturbado su vida privada con noticias falsas lo que calificó como inadmisible, pues “expusieron a base de calumnias y difamación nuestra seguridad”.

La misiva concluye con una reflexión de Adams, quien expresa que tal vez sus padres y los de de su esposo los educaron diferente, pero con un común denominador: no robar. Y llamó a que la verdad sea dicha y que” todos los que crearon esta lamentable NOTICIA FALSA encuentren paz en sus corazones”.

Información de Reforma y El Universal.

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Toman las casetas y la 4T los 'premia'

Aunque en 2020 consideró que tomar casetas era robarle al pueblo, ahora el anunció que pagará a quienes cobran peaje por la fuerza para permitir el paso de automovilistas.

De gira por Sonora, en su ruta de Guaymas a Ciudad Obregón por la carretera federal 15, el Mandatario y su comitiva pasaron por una improvisada caseta en la que yaquis cobran obligatoriamente a los automovilistas por permitirles el paso. Al menos una de las camionetas de avanzada tuvo que pagar 50 pesos para poder seguir su camino.

Más tarde, en entrevista, el Presidente dijo que el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le ayudará a investigar cuánto sacan en esa caseta para que el Gobierno les pague ese dinero.

"En el caso de las casetas o de los cobros me han pedido, no saben cuántas veces, que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional y no vamos a hacerlo, vamos a convencer, vamos a persuadir.

"Como les dije a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que tomaban las casetas: si lo hacen porque les falta dinero para sus estudios y son ustedes estudiantes pobres, porque sin duda lo son, a todos les damos becas, pero que no haya violencia", dijo ante autoridades yaquis.

"A ver, ¿cuánto es lo que obtienen? Se los damos para obras", propuso.

Mmm.

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TEMPLO MAYOR/REFORMA

PARA RIPLEY'S: Andrés Manuel López Obrador ordenó al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que, en vez de retirar a los tomacasetas que cobran "peaje" en las carreteras de la entidad, les pregunte cuánto dinero sacan de extorsionar conductores para que de ahora en adelante ¡se los pague el gobierno!

ANTE ESA "revolucionaria" iniciativa, y dado que ya existe el INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) que nadie se sorprenda si en los próximos días anuncian en Palacio Nacional la creación del INPECO (Instituto para Pagar Extorsiones al Crimen Organizado).

CON ESA nueva estructura el gobierno le podría pagar directo a los extorsionadores evitando intermediarios. Eso sí, como ocurrirá en el caso de Sonora, lo haría con el dinero de los mexicanos que pagan sus impuestos. ¡Qué chulada!

VAYA que a los tuiteros que defienden a capa y espada a la 4T les dolió el despertar ciudadano en redes sociales tras las amenazas que ha lanzado el Presidente en contra de la libertad de expresión.

UNO DE SUS más ínclitos representantes, el derrotado ex candidato a una diputación federal Antonio Attolini minimizó los foros ciudadanos del fin de semana y argumentó que a la transmisión de la mañanera presidencial se conectan cada día más de 50 mil personas.

LO QUE no dijo es que ese programa de la barra matutina de televisión es producido, pagado y difundido con recursos públicos y que, además, se transmite sí o sí en las frecuencias que pertenecen al Estado.

Y ESO no tiene nada que ver con los ciudadanos que se conectaron a los foros virtuales con sus propios recursos y de manera vo-lun-ta-ria. Pero vaya que es un desafío tratar de hacerle entender eso al joven "Ayattolini" de la 4T.

CUENTAN que quien ya no quiere el queso sino salir de la ratonera es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

A PESAR de que fue él quien le ofreció la candidatura para gobernador en Quintana Roo a Roberto Palazuelos, en el partido naranja aseguran que el también senador ya no sabe cómo deshacerse del actor que ha brillado con luz propia... por sus escándalos.

DE AHÍ que los allegados de Delgado han estado haciendo llamadas a quienes participarán pasado mañana en la reunión de la Coordinadora Nacional del partido para que voten en contra de la candidatura y poder zafarse del compromiso.

A LA CASA en Houston de José Ramón "El hijo incómodo" López Beltrán, ya le dicen El Álamo. Y es que, desde que en 1836 el presidente Antonio López de Santa Anna encabezó la batalla para tomar ese fuerte, no se había visto que el gobierno de México defendiera tanto una propiedad en Texas.

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Bajo Reserva/El Universal

 Armando Guadiana

No falla. El Super Bowl levanta pasiones en todos los ámbitos, y en la política no es la excepción. En 2020 fue el hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien fue criticado por asistir al partido, mientras que el año pasado, quien fuera coordinador del Instituto de Salud mexiquense, Carlos Aranza, fue destituido tras ser captado en el Super Bowl en plena pandemia. Este año se cumple con la tradición y quien fue blanco de las críticas fue el senador morenista Armando Guadiana, quien apareció en diversas fotos al lado de su hijo disfrutando del juego. Desde luego que los comentarios acerca de la austeridad que presume su partido fueron el objeto de las críticas. Lo curioso es que a diferencia de otros políticos que han sido captados por los asistentes a este tipo de eventos, fue el propio don Armando quien puso las fotografías en su cuenta de Twitter y desató las pasiones. Lo peor es que el senador, quien se confesó apasionado del futbol americano, no pudo dedicarse al gozar del juego, pues estuvo respondiendo a sus críticos.

Reaparece la contratista favorita de la 4T

Yazmín Adriana Bolaños López, quien ha sido cuestionada por obtener varios contratos de eventos masivos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno federal, la mayoría por adjudicación directa, y por los que ha ganado más de 60 millones de pesos, reapareció y busca obtener un jugoso contrato del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. La licitación LA-006HKA999-E17-2022, de la cual tiene copia EL UNIVERSAL, indica que doña Yazmín busca hacerse del contrato para apoyar en la organización de las nueve subastas que realizará el Indep este año en varios estados del país. El Indep informó a través de la plataforma Compranet que se recibieron tres escritos con el interés de participar en la licitación, uno de ellos, de Bolaños López. ¿Será que sumará otro contrato esta empresaria que en la llamada 4T aseguran no conocerla, pero que ha recibido millones de pesos del gobierno federal?

Urgen senadores reunión con gabinete de seguridad

Nos dicen en el Senado que la situación de violencia con la que arrancó el país este 2022 hace más que nunca necesaria una reunión de trabajo entre la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que esta reunión se ha quedado pendiente desde el año pasado cando fue solicitada por el senador Ricardo Monreal, quien preside dicha junta. Aseguran que todo indica que pronto se podría dar esta reunión en la que se abordará el clima de creciente inseguridad pública en estados como Zacatecas, Colima, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Sonora, Morelos y el Estado de México, entre otros. Los coordinadores de los grupos parlamentarios, comentan, plantearán la urgencia de que se modifique la estrategia de seguridad para enfrentar con mayor eficiencia al crimen organizado. Algunos de los puntos débiles que senadores han detectado, nos dicen, son falta de una adecuada coordinación entre instituciones de los diferentes niveles de gobierno y fallas en la labor del ministerio público. Aunque todavía no hay fecha para esa reunión, en el Senado se espera que se concrete en los próximos días.

Dudó AMLO, por un momento, de Durazo

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, es su “hermano” y “aliado”, pero por un momento dudó de sus dichos. La tarde del sábado, en reunión con el pueblo seri, el Presidente dijo que su exsecretario de Seguridad le comentó que obtenían alrededor de un millón de dólares por la caza del borrego cimarrón, pero lo puso en duda, aunque de inmediato trató de componerlo y asegurar que le tenía toda la confianza. “Me estaba diciendo Alfonso, que no sé si sea cierto, pero… No, no, no, por la cantidad. Alfonso, es mi hermano, le creo siempre, le tengo toda la confianza. No, es que él me decía que obtenían como un millón de dólares por lo de la caza, más o menos. No, nosotros aportamos eso y más, y reconvertimos la actividad”, dijo el Presidente. Así que confianza ciega para don Alfonso.

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Confidencial/El Financiero

Apura 4T cabildeo de la eléctrica

Cuentan legisladores de Morena que desde Segob hay la instrucción de acelerar todo para llevar cuanto antes a comisiones y al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica. Precisan que se les aclaró con insistencia que “se debe intensificar el cabildeo, el diálogo y el convencimiento” con los otros partidos. Según dicen, más allá de las descalificaciones, “se debe pasar al contenido real del texto” de la propuesta. Luego de su encuentro ayer con Mario Delgado, al titular de la Segob, Adán Augusto López, “se le verá aún más activo”, según anticipan.

‘Charolas’ apócrifas de San Lázaro

Ni se inmutó ayer el PAN en la Cámara de Diputados con la aparición, oootra vez, de una “charola” falsa de un supuesto “empleado” de la Comisión de Asuntos Fronterizos –que preside la panista Rosa María González Azcárraga– dedicado al tráfico de migrantes hondureños. Horas pasaron para que la Segob saliera a aclarar que se trataba de documentos “apócrifos”, pero la oficina de la diputada ni sus luces.

Anaya, ante la justicia

La esperada fecha por la FGR llegó. Hoy se espera que, finalmente, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz realice la imputación a Ricardo Anaya por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. La audiencia, que ha sido diferida en cuatro ocasiones, está prevista para realizarse a las 09:00 en el Reclusorio Norte y será dirigida por Marco Antonio Fuerte, juez que mantuvo el apercibimiento de que, si el excandidato presidencial del PAN no se presenta, le dictarán medidas cautelares, muy probablemente la orden de aprehensión en su contra.

Se congratula Calderón, del space por Loret

El que se colgó del arrastre que tuvo el space en apoyo a Carlos Loret fue… sí, adivinaron, Felipe Calderón. El expresidente retuiteó el post de agradecimiento del comunicador en el que éste asegura que se trataba de “ponerle un alto al aspirante a dictador @lopezobrador_”. El expanista michoacano escribió en Twitter que, “en inédito ejercicio de ciudadanía, 375 mil mexicanos se unieron a lo largo de 9 horas de intercambio digital en protesta contra el abuso de poder presidencial que ataca, amenaza y expone a sus críticos”. Y sí… fue inédito, más de 64 mil usuarios participaron de manera simultánea.

Cierre de filas

Y en la otra cara de la moneda, en un comunicado, los 18 mandatarios estatales emanados de la 4T, incluidos Cuauhtémoc Blanco (PES) y Ricardo Gallardo (PVEM), fijaron postura de apoyo total al presidente López Obrador. Luego de una retahíla de lo que consideran virtudes y logros del “dirigente social” y “estadista” en tres años de gobierno, los góbers y la regen…que diga, la jefa de Gobierno, aseguran que los “ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron sus privilegios” y que rechazan una reforma eléctrica que beneficie al pueblo.

Nada detiene al amor

Pese a la recesión económica, la inflación, el desabasto de medicinas, la inseguridad y la pandemia, los capitalinos se darán tiempo, este 14 de febrero, para el amor. Según la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Claudia Sheinbaum –quien ya se olvidó de dar conferencias, por cierto–, se prevé que las actividades relacionadas con el Día del Amor, vinculadas principalmente a los giros gastronómico, de “alojamiento temporal” y esparcimiento como cines, teatros, centros nocturnos y venta de consumibles de temporada, dejarán una derrama económica de mil 764 millones de pesos para la capital. Nada detiene al amor y, si no creen, nada más pregúntenle a la maestra Elba Esther...

Saldo blanco en precampañas

A unos días de que concluyeran las precampañas en seis estados de la República, la Fiscalía de Delitos Electorales registra saldo blanco, pues al menos a nivel federal no se han presentado denuncias por actos ilegales. A ver cómo se ponen las cosas el próximo mes, una vez que los institutos electorales aprueben las candidaturas y los inconformes quieran hacer ruido con presuntos delitos de los abanderados.

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Estrictamente Personal

¿Se acabó el sexenio?/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, febrero 14, 2022 | 

El Presidente ha claudicado de su juramento constitucional: gobernar para todos los mexicanos. En las dos últimas semanas y media ha abandonado el cargo de jefe del Ejecutivo para meterse de lleno a la defensa de su hijo José Ramón, involucrado en el escándalo de la ‘casa gris’. El manto de protección en realidad no es para su primogénito, sino para él mismo. Lleva muchos días de loca carrera al precipicio, porque la catastrófica comunicación política para disipar el escándalo de la ‘casa gris’ está lejos de cubrir con distractores el punto nodal de todo, la sospechosa opacidad con la que maneja el poder, que cada vez toma más cuerpo maligno de nepotismo, influyentismo y corrupción, en el imaginario colectivo.

La suma de equivocaciones es asombrosa ante su prisa por evitar que el lodo que decía nunca manchaba su plumaje, lo selle con tinta indeleble. Sus razonamientos, también. El sábado reiteró su confianza en terminar su mandato, pero no se entiende si por la consulta ciudadana para revocárselo –que aunque se llevará a cabo, es casi imposible que le resultara negativa– o porque siente que su salud está muy mermada. En el primer caso no tendría razón. En el segundo, no ha dejado de hablar de la muerte tras su última intervención cardíaca en enero, que dijo de rutina, precedida por un preinfarto y un infarto en el hospital militar.

El grueso de su tiempo en estas dos semanas lo ha dedicado a preparar con sus más cercanos colaboradores la estrategia para contener y revertir el descrédito creciente por la ‘casa gris’. La estrategia de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, de atacar al periodista Carlos Loret, la cara de la revelación de la propiedad rentada a un petrolero con negocios con Pemex, para dañar su reputación y credibilidad, borró el viernes todos los límites, y miles de personas expresaron repudio digital al Presidente, a quien vimos desquiciado y violando leyes buscando la aniquilación de Loret para cambiar la conversación.

Lo había intentado días atrás con otro distractor, ‘pausar’ las relaciones con España, otro ejemplo de cómo abandonó la obligación de gobernar. Para tapar un escándalo familiar creó una crisis internacional. El ministro del Exterior de España, José Manuel Albares, le pidió explicaciones al canciller Marcelo Ebrard sobre el comportamiento del Presidente, advirtiéndole que la diplomacia española tenía orgullo y límites. Ebrard disculpó a López Obrador y le dijo que estaba muy presionado por las revelaciones sobre su hijo, pero Albares respondió que no justificaba en absoluto los ataques a su país.

La distracción del Presidente se cruzó con una fuerte llamada de atención del gobierno de Estados Unidos, que en voz del representante de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, le advirtió que la reforma eléctrica violaba el acuerdo comercial norteamericano, y que de seguir adelante terminarían en tribunales internacionales. López Obrador no hizo nada. Ebrard propuso posteriormente preparar una estrategia de contención, que provocó que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, lo acusara de defender los intereses de Estados Unidos, ante un Presidente silente.

López Obrador ha detenido todo para pintarse la cara de guerra y librar la gran batalla por sus hijos, al quedar en entredicho que todo aquello que estigmatiza, lo tiene de sobra en su casa, y que la percepción sobre corrupción en él y su gobierno va creciendo, como muestran las últimas encuestas públicas. Las reacciones presidenciales reflejan preocupación. Saben en Palacio Nacional desde agosto de 2020, cuando apareció el primer video de su hermano Pío recibiendo dinero en efectivo, que más de 15 grabaciones vendrían en camino, algunas de los cuales ya aparecieron en las redes.

El ataque a Loret del viernes pasado es un punto de inflexión, al desnudar irreversiblemente el verdadero talante de López Obrador, y porque sus enemigos reales pudieron apreciar por cuál herida sangra a borbotones: la sospecha de conflicto de interés y corrupción en la casa presidencial, que desmonta todo lo que dice ser. Dispararle al mensajero fue un error estratégico. Loret, como otros, ha hecho investigaciones periodísticas que modificaron el rumbo del país, como haber allanado el camino a la Presidencia a López Obrador.

Pero por lo que estamos viendo, hay grupos agazapados, bien financiados y con inteligencia, que hacen lo que se conoce como opossition research, una táctica utilizada en la política estadounidense desde hace casi medio siglo, mediante la cual un equipo político busca las inconsistencias de sus adversarios, sus errores más grandes, sus indiscreciones y todo aquello que subraye las debilidades de los rivales, para ser usado en su contra.

Probablemente los videos y las imágenes comprometedoras de la familia del Presidente vienen, en buena medida, de ese tipo de grupos, y no pararán. Un ejemplo de ello es el propio episodio de la ‘casa gris’. Al difundirse la investigación también apareció un video del hijo menor del Presidente bailando en la alberca de la casa. En Palacio Nacional no repararon que provienen de dos fuentes distintas. Uno es el que difundió Loret, ¿y el otro? Fue realizado por alguien muy cercano, en un teléfono, pero, ¿cómo brincó al público? ¿Lo encontraron pescando en las redes sociales donde cohabita el hijo del Presidente? ¿Fue extraído por otra vía? Si los golpes le duelen cada vez más, el camino está iluminado para quienes quieren descarrilar a López Obrador.

Mostrar tanta debilidad, sólo permite ver que de ahora en adelante el Presidente dedicará más tiempo a defenderse y salvar su reputación y la de su familia más cercana, que a gobernar. No pudo separar las cosas y lo privado absorbió lo público. Tenemos un Presidente que no gobierna, que no puede administrar las adversidades personales, y las que por ley tiene que cumplir como jefe del Ejecutivo, las tiene abandonadas. Ha perdido el control y no sabe cómo recuperarlo. Dar golpes sobre la mesa y aplastar al mensajero no es solución, es disolución. Su sexenio se acabó y sólo podrá rescatarlo si invirtiera las prioridades.

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Y si falta el presidente, ¿quién? (I)/Salvador García Soto

El Universal,

En torno a Sheinbaum presionarían los grupos más radicales ideológicamente. Del lado de Adán Augusto estaría otra ala importante identificada con el gabinete

El arranque de año tan difícil que ha tenido el país y con él los mexicanos y también su presidente, entre crisis económica, crisis de salud presidencial, pandemia, revelaciones de conflictos de interés en la vida de sus hijos, violencia desbordada en estados, conflictos diplomáticos con otros países y ahora un jefe de Estado descompuesto y que ataca con su poder y con las instituciones a un ciudadano y contribuyente, que es además un periodista incómodo, obliga a pensar en escenarios que pudieran presentarse ante una ausencia obligada o repentina del titular del Poder Ejecutivo.

Sobre todo, cuando ha sido el mismo presidente López Obrador quien, a partir de su reciente episodio cardiaco, que lo llevó a ser intervenido de emergencia, abrió el tema de su posible sustitución “en caso de mi fallecimiento” y hasta habló de un “testamento político” que ya tiene listo y actualizado “con el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad y que las cosas se den sin sobresaltos”. Esas expresiones del presidente, el pasado 24 de enero, dan pie para que, dentro y fuera del gobierno, muchos ya se pregunten ¿qué pasaría de producirse esa falta definitiva y quién ocuparía la Presidencia de la República?

Aunque la ley es muy clara y la Constitución establece, a partir de la reforma de agosto de 2012, un mecanismo claro y puntual en los artículos 84 y 85 que norma y regula la sustitución de un presidente en casos de “falta absoluta”, “falta temporal” o incluso de “revocación de mandato”, lo que dispone el texto constitucional se refiere estrictamente a cómo deberán conducirse las instituciones y los poderes si llega a faltar el presidente, pero ese mecanismo evidentemente no prevé los comportamientos políticos ni las pugnas, golpeteos o tensiones que se pueden desatar entre los grupos de poder, tanto políticos como económicos, que buscarían influir en el nombramiento de un presidente interino o sustituto.

El artículo 84, por ejemplo, se limita a señalar que si la falta del presidente es absoluta, en tanto el Congreso nombre a un presidente interino o sustituto, el secretario de Gobernación en funciones asumirá la Presidencia provisionalmente, por un periodo máximo de 60 días o dos meses, que es el plazo que tendrían los congresistas para elegir a un nuevo presidente, tanto de manera interina, para convocar a nuevas elecciones, en caso de que la ausencia presidencial se produzca en los primeros dos años del mandato, como en la definición de un presidente sustituto que termine el mandato si la falta absoluta ocurre a partir del segundo año.

Hasta ahí queda claro en la Constitución qué debe ocurrir si falta definitivamente el presidente, tanto en los primeros dos años de un sexenio, con un interino nombrado por el Congreso y una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales que no debe de pasar de los dos meses de la falta, como en los cuatro años restantes, donde el Congreso de la Unión se constituye en Colegio Electoral y nombra al presidente sustituto, o incluso en caso de que el mandato le sea revocado al presidente en una consulta popular, donde el presidente del Senado asume temporalmente la Presidencia hasta que el Congreso decida quién será el sustituto que termine el mandato.

Lo que no prevé la ley ni podría hacerlo es el comportamiento humano y sobre todo político en una necesaria y urgente sustitución presidencial. Tal vez a eso se refiere López Obrador cuando habla de su “testamento” y de que con él buscaría evitar “ingobernabilidad e inestabilidad para el país”, más allá de su intención personal de garantizar la continuidad de su movimiento político. Pero incluso la previsión del presidente podría verse rebasada y no servir de mucho, si se desata una guerra interna como la que ya vive el partido Morena y el llamado gobierno de la 4T.

Si López Obrador no ha sido capaz, ahora que aún ejerce el poder, de controlar y evitar que se desaten las pugnas y golpeteos abiertos entre su gabinete y entre las distintas expresiones y corrientes que conforma su partido —divididas de manera algo simplista en “radicales vs. moderados” aunque la segmentación es aún más compleja y hasta tribal— por la sucesión presidencial anticipada para el 2024 que él mismo adelantó, ¿qué garantiza que un presidente ya fallecido o ausente pueda evitar una guerra civil cruenta e intestina entre los morenistas que no se caracterizan por su institucionalidad ni civilidad política?

Los pleitos internos en su gabinete y entre los grupos políticos de su partido son cada vez más fuertes, no sólo entre moderados y radicales, sino incluso dentro de su círculo más cercano. Hay, por ejemplo, la idea de que sus dos principales “herederos” en su “testamento político” serían la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues ambos son, claramente, los más cercanos al afecto presidencial. Eso nos lleva a un primer escenario, en el que Sheinbaum y Adán podrían ocupar la Presidencia en caso de muerte o ausencia definitiva del presidente por motivos de salud. ¿Pero quién de los dos terminaría el mandato y quién sería el que buscara la Presidencia en 2024.

Suponiendo que esa fuera la “última voluntad” de López Obrador la decisión, aun tratándose de dos de los más leales y cercanos al presidente, se podría complicar porque en torno a Sheinbaum presionarían los grupos más radicales ideológicamente que la acompañan y la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que tiene además de una amistad cercanísima a la jefa de Gobierno, una influencia cada vez mayor en la 4T y en el mismo presidente. Del lado de Adán Augusto estaría, sin duda otra ala importante identificada con el gabinete y con los gobernadores del sureste.

Un dato que muestra que la sustitución del presidente no sería fácil aun en el primer escenario de su círculo más cercano, es la reciente aparición de Claudia Sheinbaum en el Hospital Militar el viernes 21 de enero antes de que intervinieran con un cateterismo al presidente. Ella fue la única que vio y habló con López Obrador antes de entrar a la sala de intervención y lo hizo porque quien la llamó para que se presentara fue Beatriz Gutiérrez. Cuando Adán Augusto, que en ese momento era en sentido estricto “presidente en funciones”, se enteró por los militares de la presencia de Sheinbaum, evidentemente no le pareció.

Y es que la relación de la jefa de Gobierno con el titular de Gobernación no es nada buena, como tampoco tiene buena relación con el resto del gabinete. El caso particular de Adán Augusto hay molestia desde que el 1 de julio de 2021, en el acto de celebración de los 3 años del triunfo de Morena en el Auditorio Nacional, el entonces gobernador de Tabasco se sintió “utilizado y engañado” por Sheinbaum cuando esta les pidió a los gobernadores morenistas esperar antes de entrar a sus lugares, “para que entremos todos juntos”. Y cuando entraron ella se colocó al centro,  flanqueada por los otros mandatarios estatales, y aparecieron los fotógrafos tomando una imagen que hacía creer que todos estaban con ella, mientras en el Auditorio aparecían los gritos de “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”, operados por la senadora Citlalli Hernández para “destapar” a su jefa.

Si esos dos que son, una la hija y el otro el hermano de López Obrador en términos políticos, no se ven en los mejores términos y podrían enfrentarse en caso de una presidencia sustituta o una candidatura presidencial, ¿qué pasaría en otros escenarios donde los favorecidos fueran los que no son tan cercanos al ánimo del presidente? De esos escenarios hablaremos mañana en otra entrega.

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 Ante la ilegalidad de AMLO, la sociedad levanta la voz/  Carlos Loret de Mola 

The Washington Post, 13 de febrero de 2022

El viernes 11, el presidente de México decidió traspasar una frontera en sus ataques a la prensa y la sociedad del país respondió como no lo había hecho en los tres años que lleva gobernando. La convocatoria de respuesta llevó mi apellido: #TodosSomosLoret.

Hace dos semanas, en el programa de investigación periodística que encabezo revelamos que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vivió en una lujosa casa en Houston, con alberca de 23 metros y cine privado, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de la empresa Petróleos Mexicanos. Un mes antes de que este ocupara la vivienda, se le otorgó un contrato de 85 millones de dólares a la empresa petrolera.

El reportaje impactaba tres de las más socorridas banderas políticas del presidente: la austeridad, el combate a la corrupción y el rechazo a los conflictos de interés. Por ello se volvió un escándalo nacional y sigue siendo eje de la conversación pública. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Accionistas de Baker Hughes demandaron una investigación por posibles conflictos de interés.

AMLO reaccionó con furia. Empezó calumniándome e insultándome. Cada día fue escalando la violencia de sus palabras hasta que el viernes rebasó todos los límites: presentó en su conferencia matutina una lámina exhibiendo lo que (según él) eran mis millonarios ingresos y anunciando que pediría a las autoridades fiscales que me investigaran. No fue un desliz. Fue un acto planeado y deliberado para mostrar su poder y tratar de intimidar a todo aquel que pretenda criticarlo.

En lo personal, el presidente puso a mi familia y a mí a merced del crimen organizado: en México las leyes mantienen en privado estos datos para no despertar el apetito de la delincuencia.

En lo profesional, este abuso de poder, este uso de los instrumentos del Estado para revelar información privada en venganza contra un periodista que lo cuestionó, tocó un nervio que hizo que —casi de manera unánime— la sociedad mexicana condenara la actuación del presidente.

Este nervio social estaba ya adolorido porque el país está registrando un récord histórico de periodistas asesinados: van cinco en poco más de un mes. México ha sido por años de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, pero lo de las últimas semanas enciende todos los focos rojos. Casi 100 periodistas han sido asesinados en dos décadas, y muchos colegas siguen pagando con su vida para defender la libertad de expresión que seguimos ejerciendo otros.

La intimidación de AMLO en mi contra desató en México una ola de solidaridad que no tengo cómo agradecer. En un México brutalmente polarizado, la sociedad encontró el viernes un denominador común de entendimiento: el presidente abusó y violó la ley, eso es grave y no debe volver a suceder. En esto coincidieron incluso muchas voces afines al régimen. El mensaje fue claro: una democracia tan joven, en la que literalmente se ha pagado y se paga con sangre hacer periodismo independiente, hay una línea que la sociedad sí va a proteger.

Ver a un presidente usando los instrumentos del Estado para intimidar a un periodista —en mi caso, con la visibilidad que me da haber trabajado años en medios de comunicación nacionales de alto impacto— hizo pensar en la vulnerabilidad de aquellos que no tienen esas tribunas y esa visibilidad para defenderse de los ataques cotidianos que vienen lo mismo de un presidente (quien lo hace como hábito contra periodistas famosos lo mismo que contra reporteros que acuden a su conferencia), un gobernador, un alcalde o un jefe policiaco.

Conforme avanzó el día, lo que inició siendo un arropamiento solidario se convirtió en algo mucho más profundo. Sin convocatoria previa, la organización Sociedad Civil México invitó a hablar del tema en un space, la plataforma de Twitter para tener conversaciones de audio multitudinarias en vivo. Se juntaron más de 60,000 personas y un día después ya había sido escuchado por 1.4 millones. El #TodosSomosLoret muy pronto dejó de tratarse de mí. Se volvió una alerta roja sobre la descomposición democrática que ha venido sufriendo el país a manos de López Obrador en los tres años que lleva en el gobierno.

Y aunque ahí ya no acompañaron las voces tradicionalmente afines al gobierno, esa convocatoria digital se convirtió en un “¡ya basta!” colectivo que encauzó las respuestas ante los constantes y sistemáticos ataques del presidente a todos los que queremos vivir en una sociedad libre y que ya no aceptamos un sistema en el que los prejuicios de un solo hombre se impongan como dogma con toda la fuerza del Estado.

Esta sociedad está ejerciendo la libertad que tanto tiempo tomó arrebatarle al sistema autoritario y arbitrario del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por 71 años. Las voces que se juntaron en el space son las de quienes ven alarmados cómo se arremete desde la presidencia contra los fundamentos democráticos que se fueron construyendo en las últimas décadas. Las unió la sensación de que el presidente goza de una impunidad irremediable para embestir a cualquier ciudadano que le cuestione o reclame: han sido periodistas, intelectuales, científicos, estudiantes, organismos de la sociedad civil, madres solteras, mujeres que piden fin a los feminicidios, familiares de personas desaparecidas, víctimas de la violencia, padres de niños con cáncer que piden medicinas para sus hijos, doctores que cuestionan la estrategia fallida contra el COVID-19, opositores, empresarios, autoridades electorales, funcionarios públicos y jueces que no se alinean a sus designios, organismos autónomos y universidades. La lista de personas y grupos insultados por el presidente crece semana a semana.

Lo que se desató el viernes por la mañana fue para defender la libertad de expresión, vista como la primera de las libertades democráticas, y después se amplió a la libertad de estudiar, trabajar, emprender, hacer investigación académica, científica, organizarse, elegir y vigilar a los gobernantes, decir lo que se piensa sin ser aplastado por el poder. En suma: vivir en democracia.

No es que todos los que están inconformes con ese proceder piensen igual o que quieran conformar un partido político opositor, como suele señalar López Obrador. No es un tema partidista ni electoral. Es la expresión de quienes hemos visto cómo este presidente trasnochado, abusivo y vengativo, que gobierna desde el odio y a quien nadie de su entorno ni de su equipo contiene, daña esas libertades.

En las nueve horas de conversación en vivo, el space se volvió una cuidadosa bitácora de los desplantes autoritarios de un presidente que quiere ser emperador. A la vez, exhibió que en México existe un robusto músculo social que está defendiéndose. La sociedad civil, satanizada por este gobierno, está respondiendo y buscando la forma de articular un sistema de defensas contra los ataques diarios del poder hacia cualquier expresión de ciudadanía, libre, independiente, propia de una vida democrática.

¿Cómo se articula esa defensa? No lo sé. Pienso de bote pronto que cada quién debe ejercerla desde su campo de acción, y hacerlo con libertad. Y que cada vez que se agreda esa libertad, se activen vasos comunicantes para evitarlo. El viernes se dio un primer, poderoso paso en esa dirección.

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La violencia que comenzó en la cárcel/Héctor De Mauleón

El Universal, 

La riña por el control del Cereso de Colima comenzó a las 9 de la mañana del sábado 22 de enero, en los dormitorios A y B. 

Dos células del Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de Felipe Peñaloza, El Rojo, y Víctor Alexander Torres Brizuela, sobrino del jefe de asesinos de El Mencho, José Bernabé Brizuela Meraz, avanzaron una contra la otra. 

Los internos iban armados con tijeras, cúters, puntas y cuchillos “hechizos”. Llevaban también mazos y martillos. El cadáver de uno de ellos fue encontrado con una escuadra en la mano y un teléfono celular en el bolsillo. 

La violencia dejó varios cuerpos destrozados. 

Uno de estos presentaba el cráneo horriblemente machacado con una piedra. 

Entre los muertos figuraba el hermano de un abogado del CJNG apodado El Cejón. Este abogado ha sido vinculado a la mafia conocida como Los Mezcales, que opera en Colima bajo las órdenes de José Bernabé Brizuela Meraz, a quien apodan La Vaca, La Bestia o El Animal, y cuya trayectoria criminal puede rastrearse desde 2007, cuando fue recluido por primera vez por homicidio calificado (volvería a ser aprehendido en 2011 y 2013). 

“Una bestia, un sicópata”, lo definió uno de los marinos encargados de su detención. 

Según la declaración de los custodios, algunos de los participantes en la riña del penal de Colima contaban con teléfonos celulares desde los cuales se les daban indicaciones. Cuando las autoridades tomaron el control del centro de reclusión, habían quedado tendidos nueve muertos y ocho heridos. 

En unos cuantos días, la violencia desatada en las celdas pasó a las calles. El propio José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca, había extendido un rumor sobre la muerte del líder del Cártel Jalisco, Nemesio Oceguera, El Mencho. El gobierno federal sabía que desde hace al menos un año la salud del Mencho se había deteriorado a pasos agigantados. Según funcionarios de seguridad, el violento jefe del CJNG requería de transfusiones diarias. 

Aunque no era posible confirmar el rumor soltado por La Vaca “hasta que no haya un cuerpo”, las autoridades confirmaron que dentro del cártel había ocurrido una fractura, y que se estaba desatando una guerra por el poder. 

A partir del lunes pasado, en menos de una semana ocurrieron en Colima y su zona conurbada 22 ejecuciones. La violencia comenzó con el asesinato de dos hombres. Siguió una estela en la que restos humanos fueron hallados en varias bolsas de plástico, en la que diversos domicilios fueron rafagueados, y en la que aparecieron una serie de narcomantas y mensajes de Facebook que aterrorizaron a la población y encendieron focos de alerta entre las autoridades. 

Fueron seis días de balaceras y persecuciones en Colima, en los que se reportó la llegada de células de sicarios a la capital del estado. 

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico reportó que los negocios se habían quedado vacíos y que muchos otros estaban cerrados. Las escuelas suspendieron clases presenciales, se suspendieron los Juegos Nacionales Conade 2022, y de pronto la capital del estado lució como tantos otros pueblos y comunidades del país: con calles desiertas y gente a la que el miedo había obligado a pertrecharse en sus casas. 

En la misma semana se difundieron los mensajes presuntamente firmados por Brizuela Meraz, La Vaca, líder de Los Mezcales, en los que se “reveló” la muerte de Nemesio Oceguera, El Mencho, y en los que Brizuela (libre desde 2020) “denunció” que el Cártel Jalisco le había ordenado atentar contra la vida de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno. 

Las autoridades federales tomaron aquello con cuidado: “No hay información confiable”. Sin embargo, la secretaria de seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con funcionarios del gobierno estatal y unos 1,300 elementos de la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina fueron enviados a Colima.

 No hay manera de confirmar si es verdad que El Mencho murió. Pero en los cuerpos de seguridad no queda duda de que algo ha ocurrido al interior de este grupo criminal, uno de los dos más poderosos de México. Uno de sus aliados se separó, en la que, para ese cártel, es quizá la ruptura más grave en una década. 

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Expresidente de la Corte, investigado por malos manejos/ Mario Maldonado

El Universal, 

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales —quien se mantiene como ministro—, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República tras una serie de denuncias presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal relacionadas con malos manejos, entre los que están la adjudicación directa de contratos a empresas sin experiencia, pagos extraordinarios y funcionarios relacionados con las compañías.

Como resultado de la implementación de la Reforma Penal en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se elaboró un Plan Maestro que, entre otras cosas, determinó revisar la disponibilidad y capacidad de espacios físicos y la opción de su construcción en predios propios o donados. El Plan estableció la donación de terrenos como regla general, antes de considerar la adquisición de terrenos.

Según las investigaciones, entre 2015 y 2018, periodo de la presidencia de Luis María Aguilar, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento llevó a cabo 29 contrataciones de obra pública para la edificación del Consejo de la Judicatura Federal por 3 mil 118.6 millones de pesos. Del universo de procedimientos, 10 se celebraron por la vía de licitación pública a empresas constructoras, por un total de mil 164.5 millones, y 15 mediante adjudicación directa a empresas constructoras, por una suma de mil 613.7 millones.

La regla general para la edificación de los inmuebles fue la adjudicación directa —más del 50% del presupuesto destinado para ese objeto—, contrario a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución. 

Resulta que al inicio de la anterior administración del CJF se llevó a cabo un ajuste al andamiaje normativo interno, con el objetivo de ampliar el catálogo de excepciones al procedimiento de licitación para la contratación de obra pública.

La reforma a la normativa interna amplió los supuestos de excepción para la contratación de obra, en especial tratándose de la construcción de infraestructura a instalarse en áreas contiguas a los Ceferesos por razones de seguridad y confidencialidad, y se estimó imperativa la vía de la adjudicación directa. 

Durante los tres años de presidencia de Aguilar Morales, de los 15 procedimientos de adjudicación directa asignados a empresas constructoras, tres de estas se fundaron en la hipótesis consistente en razones de seguridad y confidencialidad. 

Resultado de ello es que, de las 11 constructoras con las que se llevaron a cabo esas 15 adjudicaciones por un total de mil 613.7 millones de pesos, cuatro concentraron seis de esos proyectos, por un total de 743.4 millones.

Los primeros antecedentes de estas cuatro empresas (Grupo Casgo, Jonap, Marlu y Satélite), datan apenas de 2015. En dicho año se les asignaron a las tres primeras contratos para la adaptación de CJPF iniciales provisionales, lo que les permitió cubrir el requisito de contar con experiencia adquirida en la construcción de estos centros o en instalaciones dentro de éstos, en tanto que a la cuarta, sin haber efectuado previamente trabajos de obra pública, le fue adjudicada la ejecución del CJPF en el estado de Tabasco.

Paralelo a la habilitación de estas empresas, a través de las adjudicaciones directas, se echó a andar un mecanismo suplementario consistente en la solicitud de cobro de trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos a precio alzado.

En este contexto también se determinaron procedentes las solicitudes de reconocimiento de cobro de trabajos extraordinarios, en tanto que en los demás casos las contratistas han recurrido en juicios ordinarios federales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por si fuera poco, se identificó que exfuncionarios estuvieron vinculados con representantes y personal de las cuatro empresas beneficiadas con los contratos. Entre estos figuran Francisco Javier Pérez Maqueda, Paola Graciela Silva Larios y Rodolfo Martínez Quintero. 

La presidencia de Aguilar Morales en la Judicatura y la Corte ha sido más que polémica. El 10 de febrero de 2017 encontraron en la cajuela de un vehículo oficial 3 millones 400 mil pesos a Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en ese entonces era director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial. También fue uno de los invitados a la boda del abogado Juan Collado, caído en desgracia en 2019.

IMSS, compras de gobierno

Con la pandemia de Covid-19 aún en marcha, las condiciones como se llevan a cabo las compras en el IMSS, de Zoé Robledo, siguen generando extrañamientos. Este es el caso de la Delegación Tamaulipas, donde recortan sus exigencias en lugar de ir por mejores condiciones.

Resulta que el equipo que lleva Velia Silva Delfín ajustó a la baja la capacidad de los cartuchos con que opera, pues aunque el año pasado debían producir 10 mil páginas o más, actualmente corre el proceso LA-050GYR018-E19-2022 en el que únicamente piden que generen la mitad, por lo que en la entidad se habla favorecer los artículos de Lexmark, marca que fábrica tóners con dicho estándar y que opera con velocidad de impresión de 50 páginas por minuto, característica que se sumó a las nuevas cláusulas.

Además, las sospechas se han visto reforzadas, ya que las modificaciones se presentan luego que los cartuchos de Lexmark fueran descalificados de diversos procesos tanto por su rendimiento limitado, como porque los reciclan, remanufacturan y rellenan para que salgan nuevamente al mercado, mientras que las autoridades tenían consigna de adquirir insumos totalmente nuevos. Este 14 de febrero se llevará a cabo la Junta de Aclaraciones, en donde se recibieron 177 preguntas. El proceso rondará los 20 millones de pesos.

 @MarioMal 

mario.maldonado.padilla@gmail.com

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Atacar a la prensa es atacar a la democracia/Paola Rojas

El Universal

México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Cinco periodistas han sido asesinados apenas en lo que va del año. El caso más reciente es el de Héber López Vázquez, baleado el jueves pasado en Salina Cruz, Oaxaca. Algunos de los fallecidos eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, con lo que queda demostrado que este instrumento no es efectivo.

Ya desde 2019, México era el país con más casos impunes de comunicadores víctimas de ataques letales. De acuerdo al Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, somos también el lugar en el que hay más desaparecidos pertenecientes a este gremio. Otros han recibido amenazas y se han visto forzados a desplazarse con todo y sus familias.

La Sociedad Interamericana de Prensa ha pedido reiteradamente al presidente que tome acciones para prevenir la violencia en contra quienes se dedican a informar. Lamentablemente, ha ocurrido lo contrario y desde el poder se han lanzado ataques verbales a la prensa.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, confirmó en entrevista que este nivel de hostilidad hacia la prensa no tiene precedente: “No teníamos registro de una espiral de violencia letal como la que estamos enfrentando durante estas primeras seis semanas de 2022. Lo que estaríamos esperando del jefe del Estado mexicano es una condena enérgica pública, pero, al contrario, lo que estamos escuchando todos los días es una particular virulencia y descalificación a la prensa.”

Habló también de lo ocurrido el viernes en la conferencia mañanera: “Lo que vimos en el caso del periodista Carlos Loret de Mola es rebasar unos límites que ya resultan bastante preocupantes. Es usar el aparato de Estado, la información que tiene la Secretaría de Hacienda, para atacar y someter al escarnio público a un periodista que le ha sido muy incómodo al presidente.” Que se mostrara la lujosa casa en la que vivió su hijo mayor en Houston lo enfureció a un grado tal, que rompió la ley con tal de exhibir al periodista que difundió las imágenes y que destacó que la mansión pertenecía a un ejecutivo de una empresa contratista de Pemex.

Esto es muy delicado porque los señalamientos y el acoso a los comunicadores generan un entorno propicio para agredirlos en el mundo virtual y en el real. Las distintas formas de violencia se alimentan unas a otras. Estigmatizar a la prensa en un país con tantos periodistas asesinados es peligroso. Pero la amenaza no es solamente para quienes ejercemos esta profesión. Es mucho más lo que está en juego. Cuando la libertad de expresión está en riesgo, lo está también la democracia. Quien crea en ella, tendrá que defenderla desde su trinchera, cualquiera que esta sea.

@PaolaRojas

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Coordenadas

Seguimos jugando a la ruleta rusa con la pandemia/Enrique Quintana

El Financiero, febrero 14, 2022 | 

En diversas ocasiones, los indicadores han señalado que estamos en el camino de abandonar finalmente la pandemia de COVID, y lamentablemente, tras cierto tiempo, los contagios han repuntado.

Hasta ahora, el momento más bajo de casos a nivel mundial se presentó en 13 de octubre del año pasado, antes de que la variante ómicron produjera un tsunami de contagios.

En ese entonces, estuvimos al final de la ola de contagios que produjo la variante delta y ya era la tercera ocasión que estábamos así.

La primera ocasión se había producido el 21 de febrero del año pasado, antes de que se extendiera en el mundo la aplicación de las vacunas.

La segunda ocasión fue el 22 de junio y la tercera fue en la fecha referida en octubre.

Lo determinante para definir si ya estamos en la fase final de la pandemia será la aparición de nuevas variantes o subvariantes.

Si no hay otra que sustituya a ómicron o si la subvariante BA.2, que ya es la dominante en muchos lugares, no nos complica demasiado, entonces sí estaremos en la puerta de salida de la pandemia.

Algunos epidemiólogos han señalado que no hay ninguna razón que justifique la idea de que no habrá una variante más contagiosa aún que ómicron.

Pueden tener razón, pero el hecho es que, hasta ahora, no ha surgido.

Hay ciertos temores a propósito del comportamiento de los contagios en Sudáfrica, el primer país en el que se detectó ómicron.

Hubo una tendencia continua a la baja en los contagios entre el 17 de diciembre y el pasado 3 de febrero, cuando se llegó al piso.

Sin embargo, van ya nueve días en los cuales los contagios ya no descienden más, aunque hasta ahora no se ha observado un claro repunte. Estamos en una meseta.

Pasa lo mismo en el Reino Unido. El descenso de los contagios comenzó el 5 de enero y siguió de manera continua hasta el 6 de febrero. A partir de esa fecha, ya no se ha registrado otro descenso.

Entre los países que tienen un volumen importante de contagios, los dos mencionados son los que tuvieron un primer impacto de ómicron.

En ambos casos, la cantidad de fallecidos ya no está bajando tampoco.

Otras regiones del mundo, sin embargo, mantienen una clara tendencia a la baja, pues comenzaron la ola de contagios más tarde.

En Estados Unidos la baja comenzó el 16 de enero y continúa hasta ahora.

Si se repitiera el patrón del Reino Unido o de Sudáfrica podría detenerse la caída en algún momento de las dos próximas semanas, lo mismo en Estados Unidos que en México.

Además del comportamiento de los contagios derivado quizá de nuevas subvariantes o variantes del virus, otro factor que puede hacerse presente en las siguientes semanas es la resistencia a la vacunación.

Las protestas del gremio de los camioneros que comenzó en Canadá y que ya se han extendido a diversos lugares es un buen ejemplo de ello.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el número de personas vacunadas con el esquema completo en los primeros seis meses del año pasado pasó de 39 millones a 161 millones, un alza de 122 millones.

En el segundo semestre del año pasado, el aumento fue de solo 46 millones de personas.

Y en lo que va de este año, el alza ha sido de poco más de 5 millones de personas, lo que implica apenas 64 por ciento de la población vacunada con esquema completo.

En México estamos en 60 por ciento.

Si hubiera un repunte de los contagios, el riesgo de que nuevamente se produjera un disparo de hospitalizaciones y fallecimientos entre la población no vacunada es muy alto.

La estimación actual es que aproximadamente las dos terceras partes de la población mundial son las que están vacunadas, lo que significa que, salvo que persista la inmunidad derivada del contagio, hay cerca de 2 mil 400 millones de personas susceptibles de contagiarse. Y justamente, de esos contagios pueden derivarse nuevas variantes.

Si hay suerte, no surgirán y la pandemia bajará sensiblemente en el curso de los próximos meses.

Si tenemos mala fortuna, podría surgir otra mutación que nos vuelva a trastornar la vida, como ya sucedió con ómicron.

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 Dos estampas del México de Andrés Manuel López Obrador/León Krauze

Una preocupación en común: la deriva autoritaria de México

El Universal

Hombres armados matan al periodista Heber López en un estudio de grabación en Salina Cruz, Oaxaca. Dirigía el portal Noticias Web. Le dieron varios balazos, uno de ellos en la cabeza. Reportes indican que el hijo de López vio el asesinato de su padre. El muchacho tiene 12 años. De acuerdo con el testimonio de algunos de sus colegas, López había recibido amenazas desde hace meses por su trabajo para exhibir la corrupción, los abusos y la violencia en la zona del Istmo de Tehuantepec, que atraviesa, como tantos otros sitios, por una crisis de crimen e impunidad. Era un hombre valiente, que escribía con firmeza e indignación justificada, como puede constatarlo cualquiera que revise hoy mismo el sitio de noticias que dirigía. Esa valentía parece haberle costado la vida. En los minutos posteriores a la ejecución, un colega de López grabó un video desde la calle, apenas afuera del lugar donde había muerto su compañero. “Ahí en su mesa de trabajo, en su estudio, ahí quedó el compañero Heber”, dice en el video. “Condenable la situación, igualmente el atentado que le arrebató la vida al compañero, quien últimamente se ha destacado por señalar sin temor, y aun sabiendo que… aquí es donde uno se pregunta si una nota, dejar al descubierto a las autoridades corruptas, vale la vida”.

Heber López es el quinto periodista asesinado en México en el 2022. Hay varios episodios de violencia que cerca estuvieron de terminar en tragedias similares, como el atentado fallido contra Nezahualcóyotl Cordero, en Cancún. Ya lo habían amenazado antes. Lo habían seguido vehículos. Esa tarde amenazaron a su familia. Encañonaron a su esposa. “Vengo por ti, periodista. Y te voy a matar como a un perro”, le dijo uno de los dos agresores antes de jalar el gatillo. De manera providencial, la pistola encasquilló. Cordero salvó la vida de milagro.

En 2022 han sido asesinados cinco periodistas en México. En todo el 2021 fueron siete. A este ritmo atroz, el gremio periodístico podría vivir un año inédito de luto y sangre. En muchos sentidos, ya lo vive.

Viernes por la mañana

En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México arremete públicamente contra Carlos Loret, periodista. No es, ni de lejos, la primera vez. Antes le ha llamado “mercenario” y una larga lista de insultos. Loret tampoco es el único: al presidente le sobran adjetivos para descalificar a los periodistas que se atreven a publicar investigaciones críticas en su contra. Pero lo del viernes fue distinto. El presidente de México cruzó el Rubicón. En pantalla presenta los supuestos ingresos de Loret y los compara con los suyos. Al hacerlo, expone al periodista por partida doble. Primero, a la delincuencia. Después, a los fanáticos que, ante la indignación de López Obrador, pueden interpretar la confrontación desde el poder con el periodista como un llamado a la defensa del “supremo”, del “amado líder”. Pero, sobre todo, el presidente viola la ley. Además de contra la libertad de expresión al amedrentar al periodista en público, López Obrador comete un acto ilegal desde el escenario de mayor difusión de su gobierno, para golpear a un periodista. Lo hace menos de 24 horas después de la muerte de Heber López de un tiro en la cabeza, frente a su hijo menor de edad. Como nunca en el gobierno lopezobradorista, el rechazo fue inmediato y abrumador. Voces de toda índole advirtieron la ilegalidad y el abuso de poder. Salvo muy contadas (y predecibles) excepciones, el gremio periodístico dijo “basta”. Por la noche, decenas de miles de personas se reunieron en un espacio auditivo de Twitter para respaldar a Loret, pero sobre todo para escuchar y ser escuchadas sobre una preocupación en común: la deriva autoritaria de México.

Mientras tanto, en Salina Cruz, sepultaban a Heber López.

 @LeonKrauze

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“Esas cifras no las tiene ni Calderón...”/Francisco Garfias

Arsenal

Excelsior..

No pasa un día sin que tengamos sobresaltos en México por algún hecho grave de violencia: un asesinato, una masacre, una desaparición, un enfrentamiento.  

A diario cae un periodista, un alcalde, un defensor de los derechos humanos, un policía, un soldado, un civil que se encontraba en el lugar equivocado a la hora equivocada.  

Sabemos de familias enteras masacradas, de pueblos abandonados por el terror a las organizaciones criminales, de sangrientas emboscadas a policías o militares. 

Hay cárteles de la droga que tienen sus propios ejércitos, bien armados y entrenados. Se mueven a su antojo en territorio nacional, ante la incapacidad, complicidad o el miedo de  autoridades, que prefieren voltear hacia otro lado.   

Con frecuencia vemos cuerpos colgados en puentes; abandonados o amontonados en vehículos; descuartizados, incinerados, hasta disueltos en ácido. 

Es el padre nuestro de cada día, la normalidad en esta tierra de volcanes, el fiasco de la estrategia de “abrazos, no balazos” que ha arrojado el peor saldo rojo en décadas.      

Van más 112 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Esas cifras no las tienen ni Calderón ni Peña Nieto. La 4T es primer lugar en ese podio del terror.     

* Con el asesinato de Heber López Vázquez,  director del portal Noticias WEB en Salina Cruz, Oaxaca, van cinco periodistas asesinados en el país en lo que va del año. Uno por semana. 

Esa macabra lista la completan Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, ejecutados en Tijuana; José Luis Gamboa, en Veracruz, y Roberto Toledo, en Michoacán.

“Se consolida el periodo más letal para la prensa en México. Reiteramos a las autoridades estatales y federales sus obligaciones de prevenir agresiones, proteger a las víctimas e investigar los asesinatos de periodistas”, dice la organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información. 

* A esa violenta realidad agregue la hostilidad que diariamente enfrentan los periodistas críticos de la 4T en Palacio Nacional, o por parte de copiones como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Allí está el video del mandatario estatal que se hizo viral a mediados de la semana. Le molestó que la reportera Sarah Landa Castillo, de Meganoticias, le preguntara sobre los pronunciamientos de la mayoría de barras de abogados en contra del delito de “ultrajes a la autoridad”, propio de regímenes autoritarios. A pesar del tono rijoso del gobernador, Sarah no se amedrentó. 

Dante Delgado, dirigente nacional de MC, dice que en las cárceles de Veracruz hay, nada más, mil 33 personas encerradas por ese delito.

* Carlos Loret de Mola ha sido, sin duda, el periodista más atacado desde la Presidencia de la República. Es cliente en las mañaneras.

AMLO lo critica, lo insulta, pero no lo desmiente con datos. 

Ayer lo calificó de “mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto ni siquiera periodista”. 

El Presidente cruzó el Rubicón, al dar a conocer lo que supuestamente gana Loret de Mola en las empresas para las que trabaja: 35 millones en 2021.

¿De dónde sacó esa cantidad? ¿De Hacienda? ¿Del SAT? 

“Le voy a solicitar al Instituto de Transparencia, ya saben que tengo diferencias con ellos, pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT los datos”, anunció en la mañanera. 

Carlos Loret le respondió en Twitter. “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además con datos falsos y montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019”.

El tema ya rebasó fronteras.  Los senadores estadunidenses Tim Kaine y Marco Rubio criticaron duramente al Presidente mexicano por arremeter contra sus críticos en los medios de comunicación, según el portal El Tiempo Latino, el medio en español líder en Washington, DC.

Los ataques a Loret le resultaron contraproducentes a López Obrador. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de solidaridad hacia el periodista.

Uno de ellos es del expresidente Felipe Calderón. Escribió en Twitter:

“Solidaridad con Carlos Loret. No es su libertad, sus derechos e incluso su vida la que el Presidente ataca y amenaza. Es la libertad, la vida y los derechos de los periodistas y de todos los mexicanos los que están en riesgo. Hoy es él, mañana quien quiera”.

Ni quien lo dude.

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Vivir del aire/Jorge Fernández Menéndez

Razones

Excelsior.

Lo ocurrido en la mañanera del viernes, cuando el presidente López Obrador, violando la ley y el derecho a la privacidad, dio a conocer los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, con una gráfica descuidada, llena de errores y faltas de ortografía, con una catarata de agresiones contra ese comunicador, contra los medios, contra los periodistas, desgraciadamente confirma lo publicado, ese mismo día, por el semanario The Economist: México ha dejado de ser una democracia para convertirse en un sistema híbrido, con formas democráticas, pero con creciente autoritarismo y falta de derechos.

Antes de abordar otros capítulos del tema, hay que partir de un principio: Loret puede estar equivocado o no, se puede o no estar de acuerdo con él o con su información, pero es un profesional reconocido que tiene todo el derecho a ejercer su profesión y que es calificado por sus lectores, oyentes, televidentes y, por supuesto, por las empresas que le pagan su salario para que cumpla con esa responsabilidad. La enorme mayoría de los comunicadores trabajamos para empresas privadas, que nos contratan, nos pagan, en muchas ocasiones bien, y nos ofrecen un espacio para trabajar en libertad. Los ataques y descalificaciones recurrentes contra muchos de nosotros no dejan de ser un acto de autoritarismo y un intento de censura, pero de presión también para las empresas de medios.

El Presidente tiene derecho a polemizar con los periodistas, pero no lo hace: insulta y descalifica. El Presidente por definición debe ser mesurado porque sus dichos se pueden transformar en agresiones de todo tipo, impulsadas o no voluntariamente por su gobierno. La mesura debe ir de la mano de la transparencia. El Presidente, por ejemplo, podría haber desmentido con datos, la información de que su hijo vivió dos años en una muy lujosa propiedad de la petrolera Baker Hughes en Houston, mientras esa empresa recibía fuertes contratos de Pemex.

Lo único que vimos, además de una ira mal contenida, que no es digna de un primer mandatario, fue una aclaración del director de Pemex sobre los contratos de esa empresa, los cuales, por cierto, no desmintió en ningún momento: existen e incluso han sido ampliados. ¿Hay algún delito en que José Ramón y su esposa Carolyn Adams vivan en la casa de un contratista de Pemex? Existe un conflicto de interés que genera preguntas: ¿fue rentada la casa? ¿Cómo se rentó? ¿Quién paga la renta? ¿De qué vive José Ramón o vive de los ingresos de Carolyn? ¿Cómo mantiene el tren de vida del que goza? Son preguntas legítimas.

El presidente López Obrador desconoce mucho del mercado laboral porque nunca ha trabajado, ni un día, en un empleo que no sea del gobierno y ha pasado muchos años sin cargo alguno. El primer mandatario descalifica a quienes ganan más que él, es un salario autoimpuesto, pero durante años, amigos cercanos cubrían sus necesidades y las de sus hijos y esposa, y estaban en su derecho, él de recibir esos apoyos, y ellos de ofrecerlo. Ya no. Desde diciembre de 2018, López Obrador es el presidente de la República; José Ramón es su hijo y Baker Hughes, un contratista de su gobierno. No sé si hay delito en ello, pero sin duda hay un conflicto de intereses evidente.

La falta de relación del mandatario con el mercado laboral y una ideología añeja, lo llevan a pensar que es más legítimo ganar poco en la vida que ser exitoso y bien pagado. Pero eso ocurre cuando, con sus 130 mil pesos mensuales de salario como Presidente, es evidente que no puede mantener el nivel de vida que tiene, ni él ni ningún otro presidente. En ese sentido, el salario es simbólico: un presidente tiene dónde vivir (y Andrés Manuel dejó las oficinas y la residencia de Los Pinos, más económicas, eficientes y austeras para irse a vivir nada más y nada menos que al lujosísimo e ineficiente Palacio Nacional) y ese techo cuesta millones de pesos. Además, tiene todos los gastos y los de su familia cercana, cubiertos. Eso incluye traslados, movimientos, automóviles, ropa, alimentos y cualquier otro consumo.

No es para asombrarse: un presidente, López Obrador o cualquier otro, necesita de una infraestructura y unas condiciones de trabajo y vida que implican gastos muy altos, como ocurre con cualquier profesional calificado y cualificado (como un periodista o médico, es lo de menos) que quiera cumplir con su labor. Es una cuestión de eficiencia que el Presidente no valora: no tiene sentido que el mandatario pierda tiempo y vulnere su seguridad y vuele en avión de línea cuando puede hacerlo, debería, en alguno de los aviones propiedad del gobierno, de autoridades civiles o militares. Es absurdo que se quiera exhibir como un gesto de austeridad vivir en Palacio Nacional y no en Los Pinos. Hoy, un espacio en creciente abandono. Hemos perdido unas muy dignas instalaciones presidenciales y la sociedad ha perdido un Palacio Nacional que gozaba como lo que es, un museo.

Pero regresemos al principio, el Presidente está enojado, intolerante, exigente más allá de su derecho, pero debería estarlo con su propia administración: ni la economía, ni la seguridad ni las inversiones ni la política social, educativa o de salud registran avances, en todo hay retrocesos. Es hora de serenarse y concentrarse en gobernar, asumiendo que los resultados de su administración son pobres. Y que el tiempo se le acaba.

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La Cuarta Transformación/Rebelión en la Corte/ Dario Celis

El Financiero.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está partida en tres bajo el dicho de “a río revuelto ganancia de pescadores”. El botín es nada más la Presidencia del tercer poder del Estado.

CONTAMINADA POR LA ruptura que causan los dichos y hechos que brotan desde Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está partida en tres bajo el dicho de “a río revuelto ganancia de pescadores”.

El botín es nada más la Presidencia del tercer poder del Estado, que habrá de dejar en enero del año próximo el ministro Arturo Zaldívar y sobre quien sus compañeros han dejado caer en las últimas semanas la metralla del fuego amigo.

Una de las razones es su decisión de limpiar a fondo la casa, erradicando prácticas enquistadas como la corrupción y el nepotismo, cuyo combate elevó en su reforma al Poder Judicial a rango constitucional.

Hoy el abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho es blanco de insidias y ataques, internos y externos, que buscan desestabilizar su último año al frente de la máxima instancia de procuración de justicia.

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) identifican plenamente al ministro Luis María Aguilar, predecesor justamente de Zaldívar en la Presidencia de la Corte, como el origen de esa campaña.

En la Fiscalía General de la República, Aguilar tiene abierta una carpeta de investigación por corrupción y nepotismo. Durante su administración asignó muchos contratos a precios alzados.

En el mismo CJF ubican también al ministro en retiro, José Ramón Cossío, como otro operador de la desgobernanza. Este otro abogado dejó la Corte solo un mes antes de que Aguilar concluyera su Presidencia.

Tanto Aguilar Morales como Zaldívar Lelo de Larrea, fueron nominados ministros por el entonces presidente Felipe Calderón y concluyen sus respectivos periodos el mismo año, esto es en el 2025.

A ambos se les unió Margarita Ríos-Farjat, nominada ministra por Andrés Manuel López Obrador, posición que asumió en diciembre de 2019. También ella es investigada por una red de corrupción.

Las pugnas del fiscal Alejandro Gertz, el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, han abonado a la crisis de la SCJN.

El 3 de diciembre pasado llegó al CJF, a la Presidencia, a la FGR y la Secretaría de la Función Pública, una denuncia anónima contra dos cercanos colaboradores del ministro Presidente Zaldívar.

El torpedo, que trató de dar por arriba de su índice de flotación, fue dirigido a su Oficial Mayor, Alejandro Ríos Camarena; y a su secretario General, Carlos Alpízar Salazar.

La cruenta lucha política de todos estos cercanísimos colaboradores de López Obrador aceleraron en los últimos seis meses la descomposición, división e ingobernabilidad que amenaza con apoderarse de la Corte.

Y esa desestabilización que hasta alienta el tabasqueño dio lugar a otros dos bloques de ministros, uno que aparentemente juega a favor del inquilino de Palacio Nacional, y otro no alineado al Presidente.

En el primero están las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En el otro Norma Piña, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo.

De cara al relevo de Zaldívar prácticamente todos los ministros empezaron a moverse en pos de la Presidencia de la Suprema Corte, que hacia la segunda mitad de este año empezará a decantarse.

Como existe la creencia de que López Obrador se inclinará por una mujer, las ministras Ríos-Farjat, Piña y Esquivel están muy activas. Pero también Laynez, Pérez-Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena.

El 2022 arranca muy caliente en la Corte. Las siguientes serán semanas de definición y sorpresas. Las cabezas del Poder Judicial tampoco se escapan a la crisis en la que López Obrador está metiendo al país.

TRAS EL EMBATE del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola, que tanto ruido hizo en las redes sociales y en el llamado círculo rojo, un sector que guardó un ensordecedor silencio fue el empresarial. En pleno proceso de sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la violación a la privacidad del comunicador y el emplazamiento que hizo al SAT para que documente públicamente su situación fiscal y origen de sus ingresos, no ha merecido hasta ahora el más mínimo comentario ni de Carlos Salazar ni de los dos aspirantes a sucederlo: Francisco Cervantes y Bosco de la Vega. Pero tampoco de ninguno de los organismos que integran la Comisión Ejecutiva, desde el Consejo Mexicano de Negocios, que lidera Antonio del Valle, hasta la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker. Vamos, ni siquiera de la aguerrida Coparmex, que comanda José Medina Mora. Dejaron solo a Loret. De ese tamaño es el miedo al de Macuspana.

EN OTRO FRENTE, el de España, la famosa “pausa” que está decretando Andrés Manuel López Obrador cayó como balde de agua en la CFE. Y es que son precisamente empresas hispanas las que podrían perder lucrativos contratos en el país por la nueva colisión que el Presidente está acelerando, ahora en el ámbito diplomático, con el país que gobierna Pedro Sánchez. Son justamente empresas españolas con las que la empresa que dirige Manuel Bartlett está muy avanzada para asignarles las obras de ingeniería, procura y construcción de las cinco plantas de ciclo combinado que está asignando a Siemens y Mitsubishi. Hablamos de TSK de Sabino García y Grupo Cobra que encabeza Miguel Ángel Spínola.

A PROPÓSITO DE españoles, otro grupo que no debe perder de vista en la venta de Banamex es la CaixaBank, que preside José Ignacio Goirigolzarri. Más allá de los ataques de Andrés Manuel López Obrador a los intereses españoles, esta institución tiene la mirada puesta en el largo plazo y ve en la desincorporación de la banca de consumo de Citi la única oportunidad para entrar de lleno a México para arrebatarle el mercado a sus principales competidores en Europa: BBVA que capitanea Carlos Torres Vila y Santander de Ana Botín. CaixaBank es el banco minorista más grande de España y el aliado que tiene aquí es Carlos Slim. Inbursa fue socio de la Caixa justo cuando López Obrador gobernó la CdMx.

ITAÚ CONFIRMÓ LA semana pasada que también está pendiente de la venta de Banamex, como le informamos. El banco brasileño que preside Milton Maluhy se ha mostrado muy discreto y cauteloso, pero por supuesto que al igual que la CaixaBank la oportunidad es única para entrar con fuerza a México, Itaú es el segundo banco más grande de América Latina. Tiene presencia en 18 países de la región y de Europa, 4 mil 330 sucursales, 99 mil 500 empleados y 45 mil 330 cajeros automáticos. Sus operaciones de banca minorista son fortísimas en Paraguay, Chile y Argentina. En México posee licencia, oficinas y modestas operaciones de banca corporativa. Tampoco lo pierda de vista.

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La Feria

¿Qué sigue?/Salvador Camarena

El Financiero, 

El proyecto político de Andrés Manuel López Obrador fracasará si se dan dos condiciones. Si en su equipo y entorno los mexicanos ven abusos como en el pasado y/o si ocurre una gran crisis económica que se trague las esperanzas de bienestar de la población.

De presentarse una o las dos, a AMLO le pasará lo que a prácticamente cualquier presidente moderno de México: se irá por la puerta de atrás. Ahí está la línea de flotación de este gobierno. ¿Dónde estamos a mitad del sexenio?

La economía no pinta bien. Las y los expertos tienen todos y cada uno datos sombríos para este año. El cierre de 2021 fue menos bueno de lo que se creía (que no era mucho, por cierto), y no llegan por ningún lado señales de que las finanzas mejorarán.

López Obrador ha dicho este mes que él de cualquier manera cree que México crecerá al 5%. Se entiende que el mandatario quiera tranquilizar a sus seguidores –que no son pocos–, pero sus palabras son sólo ruido mañanero: la propia secretaria de Economía calcula un crecimiento de la mitad.

Sin embargo, afortunadamente hoy no estamos en una crisis. Por tanto, el desplome que sufriría el gobierno por este delicado tema no parece inminente. Ojalá no haya nuevos elementos externos e internos que empeoren la marcha de la economía: aunque con AMLO sobra para dificultar eso.

En el otro frente la cosa es muy distinta. Si los videos de los hermanos de López Obrador con bolsas de efectivo remecieron al Presidente, ahora vemos que eso palidece dadas las enormes suspicacias que han provocado las casas y la vida del primogénito de Andrés Manuel.

La reacción de López Obrador, que ha incluido el revelar supuestos ingresos de quien presentó la nota sobre José Manuel López Beltrán, está lejos de terminar.

Más allá de si el Presidente está o no fuera de sí porque su discurso de austeridad ha quedado abollado sin remedio, lo importante es que él pretenderá que de ninguna manera se le diga que es un corrupto, uno más de los que ha tenido México en la silla presidencial, uno más como los de antes: con su entorno familiar abusando del poder.

Siendo ése el objetivo, el ataque del viernes a Loret es un adelanto de lo que viene. Lejos de contenerse por la repulsa que se vio en redes sociales –ojo, en los medios de comunicación tradicionales no fue para nada similar, léase en la televisión nacional–, Andrés Manuel acudirá a la chistera de siempre a sacar conejos (Loret el primero) que pretenderá hacer pasar por paquidermos en términos de corrupción.

Como López Obrador no puede hacer que su hijo desaparezca de la conversación en tiempo real, entonces provocará un tsunami de ejemplos de “la verdadera corrupción”, la de los políticos del anterior régimen.

En ese desaforado intento echará mano de su ascendente en el Poder Judicial (que no es poco), de la FGR, la UIF y el SAT, y en una de esas inaugurará nuevos instrumentos: la Auditoría Superior de la Federación o los gobernadores de su partido que justo han asumido y podrán evidenciar a los antecesores remolones (los que cooperaron, consulados o embajadas; los que no, auditorías y juicios).

En el mes dos de 2022 ya sabemos de qué se va a tratar el año. Para tapar los trapos sucios de Houston, se revivirá el nacionalismo (pelearse con España para hacerle el caldo gordo a la reforma eléctrica), y el Presidente perseguirá a tantos cuantos pueda para afirmar que los de antes eran más corruptos.

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Loret, el Presidente y la casa de su hijo José Ramón/Leo Zuckermann

Juegos de poder

Excelsior.

El presidente López Obrador está desesperado. Ya no sabe qué responder sobre el escándalo relacionado con uno de sus hijos o cómo cambiar el tema de conversación pública.

El hecho es que, hoy, 18 días después que Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaran el reportaje sobre José Ramón López Beltrán, todavía no sabemos la respuesta a la pregunta central de este asunto:

¿A cambio de qué un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, le prestó una lujosa casa al hijo del Presidente en Houston, Texas, entre agosto de 2019 y enero de 2020?

Partamos de la premisa que nadie le presta a otra persona una residencia a cambio de nada. Lo que procede es que López Beltrán, el dueño de la propiedad, Keith L. Schilling, o Baker Hughes aclare si la pareja López-Adams pagó la renta del inmueble y, si es así, cuánto para ver si es compatible con los precios del mercado. En su defecto, si no hubo renta, ¿por qué Schilling prestó la casa? ¿De dónde viene la relación entre las partes? Todo esto en aras de esclarecer si existió un posible conflicto de interés o, incluso, tráfico de influencias.

¿Cuál es la información que ha salido a partir del reportaje de Latinus y MCCI el 27 de enero pasado?

1. Schilling, quien ya no labora en Baker Hughes, reconoció que López Beltrán fue su inquilino. En declaraciones para Bloomberg, aseguró que no sabía que José Ramón era el hijo del Presidente de México y “no tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera alguna”. Agregó que, como alto directivo de Baker Hughes, tampoco tuvo “responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con, México”.

2. En el periodo en que José Ramón y su esposa habitaron la casa de Schilling, Pemex le otorgó dos asignaciones directas a Baker Hughes, sin licitación de por medio ni la aprobación del Consejo de Administración, por 194 millones de dólares.

3. La periodista Peniley Ramírez reveló que la segunda asignación a Baker Hughes, por 109 millones de dólares, la firmó Ulises Hernández, entonces director de PMI, filial internacional de Pemex en Houston, ahora miembro del Consejo de Administración de la refinería Deer Park que Pemex le compró a Shell.

4. El director de Pemex negó que el gobierno mexicano haya beneficiado a Baker Hughes. Según Octavio Romero Oropeza, las asignaciones fueron “ampliaciones”, órdenes de servicio que están permitidas por la ley.

5. No obstante, con los propios número de Pemex, se observa que los pagos de la petrolera mexicana a Baker Hughes se triplicaron durante este sexenio. En 2018, Baker Hughes ocupó el sitio número 13 de proveedores de Pemex con más pagos. En 2021 subió al siete.

6. MCCI ha reportado que la renta que pagó López Beltrán y su esposa por la casa fue de seis mil 187 dólares por mes, información que no ha sido ni confirmada ni negada por el arrendador o el arrendatario.

Esto es lo que han salido a la luz pública después del reportaje del 27 de enero. El hecho indubitable es que, al día de hoy, con la información disponible, no sabemos si hubo conflicto de intereses o tráfico de influencias.

El Presidente, en cambio, ha dirigido sus baterías contra Carlos Loret. La vieja táctica de “matar al mensajero”. Desde su púlpito matutino, ha injuriado e insultado al periodista para socavar su credibilidad. El viernes, en el último capítulo, publicó los supuestos ingresos de Loret de una fuente muy “confiable”: alguien que se lo envió a Palacio Nacional; sí, alguien de los 50 millones que “le informan”. Muy confiable…

El Presidente, de esta forma, no sólo violó la ley al dar a conocer información privada de un ciudadano sino que demostró un nivel de indecencia impropio de un Presidente. Qué indigno ver a un mandatario comportándose como politiquillo de rancho. Qué grande le quedó la investidura presidencial.

Pero no nos hagamos bolas. Lo que quiere AMLO es enviar el mensaje que está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado con el fin de descalificar a los periodistas que están tocando nervio, es decir, los que están revelando posibles casos de corrupción en este gobierno.

Yo no sé si Loret gana mucho o poco, ni me interesa. Lo que sé es que Carlos está haciendo bien su chamba sacando a la luz pública historias que ponen en predicamento a los poderosos de este gobierno y eso tiene un gran valor en una democracia liberal. Tan es así, que el Presidente se ve desesperado.

Twitter:@leozuckermann

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El lugar sin límites/Denise Dresser

en REFORMA

Ojalá después del delito cometido por López Obrador, al violar, en vivo, el artículo 16 de la Constitución, quede claro qué está en juego para el país. Ojalá luego que el presidente de México haya cometido una aberración jurídica y ética contra un ciudadano, sea evidente la línea cruzada, los límites violados. La exhibición del supuesto sueldo de un periodista es aberrante. Es un abuso de poder indefendible. Es usar de manera facciosa a las instituciones del Estado, al exigir que el SAT confirmara lo presentado en la mañanera. Es un desplante autoritario, ni más ni menos. Y aunque involucra a Carlos Loret de Mola, atañe a todos, periodistas y no periodistas, famosos y no famosos, AMLOvers y quienes no lo son. Al margen de filias y fobias, lealtades y animosidades. Debe emerger un frente unido para que AMLO cese de comportarse como lo hace, poniendo en riesgo al periodismo, erosionando la democracia, traicionándose y traicionándonos.

Que quede claro. El tema no es Carlos Loret de Mola, ni su trayectoria, ni el tipo de periodismo que hace, ni el error que cometió en el caso de Florence Cassez. El tema es la impunidad con la cual el Presidente difama para desacreditar a sus críticos, miente para mancillar la reputación de quienes piensan de manera distinta, distrae para desviar la atención de los problemas que su gobierno no ha logrado resolver. Desde la mañanera, que Carmen Aristegui correctamente ha bautizado como "El Tribunal de la Verdad", el Presidente abusa desproporcionadamente del poder que tiene. Acusa sin pruebas, inventa información, busca pleitos, defiende a indefendibles. Desde ahí hemos presenciado cómo protocolos diplomáticos son sustituidos por pugilismo personal; cómo se vuelve más importante exigir una disculpa a España que ofrecérsela a las madres de los desaparecidos; cómo las obsesiones personales se transmutan en prioridades nacionales. Desde ahí lo hemos visto defender a Pedro Salmerón, Ricardo Salinas Pliego, Gertz Manero, a Manuel Bartlett y a Félix Salgado Macedonio.

Y desde ahí presenciamos la semana pasada, "la locura del rey Andrés", en una reedición de "la locura del rey Jorge", en el siglo XVIII. Pero aquel rey inglés sí era un monarca absolutista, mientras que Andrés Manuel se comporta como si lo fuera. Como si no fuera presidente electo de una República constitucional, con leyes, con contrapesos, con límites, con obligaciones. Como si la Carta Magna, el Código Fiscal de la Federación y la Ley General de Protección de Datos Personales no fueran aplicables a él, su majestad AMLO "El Bueno". AMLO "El Juarista". AMLO "El Nadie Por Encima de la Ley Excepto Yo". Al atacar a Loret de Mola como lo hizo -revelando información confidencial- López Obrador se colocó en el lugar sin límites. El lugar ocupado por líderes de "regímenes híbridos", con rasgos autoritarios, donde The Economist acaba de colocar a México. Hoy contra Loret, mañana contra otras voces críticas, a través del SAT y la UIF y la FGR y todas las instituciones a su disposición. Hoy contra un periodista incómodo, mañana contra cualquier incómodo.

Y no todos son Loret, a cuya defensa se sumaron cientos de miles de personas en un Twitter Space inédito, que fue catarsis para muchos y mítin político para algunos. Hay periodistas a la intemperie, sobrevivientes de la precariedad laboral, censurados desde el poder local, víctimas de la violencia que recorre los estados. AMLO también los pone en riesgo al descalificar a los medios como lo hace. Cuando habla de "prensa chayotera", "prensa basura", "prensa sicaria", da licencia para agredir, primero con las palabras y luego más allá de ellas. Por eso #TodosSomosLourdes, #TodosSomosHeber, #TodosSomosMargarito. Todos somos mexicanos a quienes el Presidente juró respetar, pero a quienes pone en peligro, bala verbal tras bala verbal. El "diálogo circular" se ha convertido en un pretexto para difamar. El "derecho de réplica" se ha vuelto un derecho de represalia.

A López Obrador tenemos que ponerle un alto. Lograr que entienda las consecuencias de sus actos: en términos éticos, en términos políticos, en términos legales. Es un Presidente popular, pero abusivo. Es un político aplaudido, pero deshonroso. Desde Palacio Nacional, López Obrador patea a Carmen Aristegui y a Carlos Loret y a tantos más. Ya en ese lugar sin límites, el próximo pisoteado podrías ser tú.

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Periodismo

TOLVANERA / Roberto Zamarripa

en REFORMA

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido romper su sexenio antes de tiempo. No extirpó un tumor. Trozó un nervio y alteró de manera definitiva el curso de su gobierno.

Ha sido en nombre de una réplica pero el desplante es un acto de poder desmesurado.

Lo que ha desatado tiene que ver con el desborde. Pasó un límite y estimuló una reacción que podrá o no convertirse en movimiento político en su contra pero es inequívocamente un daño autoinfligido a su proyecto. Lo político lo verán sus detractores, muy disminuidos en el ámbito partidista, en una arena que ha quedado despejada, lista para el pleito a navaja limpia donde el punto medio no es zona de negociación sino de confrontación, de abatimiento. En medio de ello, el periodismo y el intento de arrastrarlo al activismo.

La invectiva contra comunicadores, de manera directa con la exhibición de información personal de Carlos Loret de Mola, reiterada contra Carmen Aristegui, constante contra medios establecidos (Animal Político, El Universal), sistemática contra Grupo REFORMA, mina la confianza ciudadana. Un medio o un periodista tienen herramientas de ventaja frente al ciudadano que no ejerce la profesión de comunicador. Su responsabilidad es informar. La hostilidad contra la prensa, la violencia y los asesinatos, representan un ambiente, una circunstancia. La vulnerabilidad ciudadana es mayor. Para los crímenes contra periodistas se construyen fiscalías. Para los homicidios ciudadanos se cavan fosas comunes.

El periodista no labora para transgredir las normas del Estado sino para ponerlas en cuestión, controvertirlas. Difunde información que investiga para, con sus evidencias, generar la reflexión en la sociedad. Agredirlo significa un agravio a la ciudadanía.

La expresión ciudadana virtual gestada en redes sociales el viernes 11 es parte de la ruptura. Un Space no hace verano ni tampoco es un acto fundacional de una rebelión. Ocurrió lo que los partidos opositores son incapaces de lograr: una asamblea multitudinaria de respeto donde en una decena de horas hubo una catarsis sobre el gobierno. Que se montaron ahí muchos defensores de los abusos de sexenios anteriores o perpetradores de actos de censura, es cierto.

Lo significativo es la multiplicación del murmullo y enojo ciudadano que estaba en el WhatsApp y pláticas de oficina o de la casa, ajeno a las redes y a los partidos.

El gobierno ha trozado un nervio que genera entendimiento y reflexión. De paso renovó su rechazo a la clase media (mientras acoge en su seno a la corrupta cúpula petrolera que antes detestaba. Vaya intercambio).

"Ética y periodismo profesional son una misma cosa; no hay periodismo ético y otro que no lo es, sino que este último será propaganda, manipulación, engaño o lo que ustedes quieran, pero nunca periodismo", decía el periodista español Miguel Ángel Bastenier.

Cuando Eduardo Téllez, El Güero, gran periodista mexicano, cubrió la noticia del asesinato de León Trotsky el 20 de agosto de 1940, no lo hizo por encomienda de Stalin. Su fuente no fue un potentado sino El Monje, el operador telefónico de las ambulancias de la Cruz Verde. Para entrar al quirófano y presenciar la operación infructuosa en el cerebro de Trotsky, Téllez simuló en la calle un infarto; una ambulancia lo recogió e introdujo a la zona de urgencias. Con su crónica in situ no pensó en derrocar a Stalin sino en dar la mayor información posible a sus lectores.

No se hace periodismo para derrocar. Ni se dicta desde el poder cómo se debe escribir. Colocar en la arena del pleito descarnado el juicio sobre la prensa y orillar a que esté a merced de la polaridad (a favor o en contra del gobierno) trastoca y lastima. Ni un comunicador puede difundir para aspirar a ganar votos como candidato ni un gobernante puede aspirar a erigirse como Jefe de Redacción.

La arena desbrozada, lista para la navaja limpia, no debe confundir sobre el lugar del periodismo. Dolorosamente tendrá que narrarse la batalla. Pero no es tarea de los periodistas amarrar o afilar navajas. Sí contar el episodio a riesgo de que, como están las cosas, los degüellen.

robertozamarripa2017@gmail.com

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Esperpento/Manuel J. Jáuregui

en REFORMA

Un individuo que no se puede gobernar a sí mismo no puede gobernar a los demás.

El ejercicio del autocontrol es vital en quien ostenta la responsabilidad de encabezar el Gobierno de un país.

Claramente, el Presidente López ni se puede gobernar a sí mismo, ni es capaz de autocontrolarse, por lo mismo está resultando ser un pésimo gobernante con quien la historia no será generosa (ni con sus acólitos).

Ustedes bien saben, amigos lectores, que en una democracia cuando se vulnera el derecho de una persona, se pisotea el derecho de todos.

El ilegal, inconstitucional e inmoral ataque presidencial del viernes pasado contra Carlos Loret de Mola no puede ni debe tolerarse.

Y esto no porque se trate de un periodista, ni porque se trate de Loret de Mola, ni siquiera por lo que reveló el citado comentarista.

No, la razón es porque se trata de un CIUDADANO.

A todos nosotros, como ciudadanos, nos protege la Ley contra la intromisión de nuestros gobernantes en nuestra vida privada, pues nos otorga derechos inalienables, éstos en el capítulo de las garantías individuales, primeramente nuestra Constitución (en este caso el Art. 16), pero también las leyes que de ella emanan, como por ejemplo, el Art. 69 de nuestro Código Fiscal, el cual protege con el manto de la privacidad los datos e información financiera de todos los ciudadanos.

VIOLA, pues, el Presidente los derechos de un ciudadano cuando vomita datos protegidos por nuestra Constitución, en el mismo acto con ello violando las leyes y los derechos individuales de un CIUDADANO.

Si esto hace el Presidente con UN ciudadano, quiere decir entonces que lo puede hacer CON TODOS.

Cuando no se respetan las leyes por quien primariamente está obligado por su juramento al tomar el poder de "respetar y hacer respetar las leyes" se viola el Estado de Derecho.

Esta conducta ilegal y antidemocrática, por supuesto, es propia de un DICTADOR, no la de un Presidente de una nación que aún es democrática.

(Aunque en su reciente ranking democrático The Economist nos haya degradado durante lo que va del trienio amliano, cayendo de "Democracia Deficiente" a "Régimen Híbrido", ello a causa de los ataques presidenciales a las autoridades electorales como el INE, y a los medios de comunicación; esto según la prestigiada publicación, global en su alcance).

Agrava aún más el comportamiento presidencial el hecho de que este mandatario es el mismo que ha desmantelado las instituciones que realizan la vital función de servir de CONTRAPESO al Poder Ejecutivo.

Los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, han sido sometidos por el Presidente, por lo que los ciudadanos cuyos derechos individuales han sido violados por él quedan en estado de INDEFENSIÓN.

¿A quién acuden para pedir justicia?

¿Ante quién acusan al Presidente de violar sus derechos y las leyes?

Quedamos los mexicanos en una curiosa y peligrosísima posición, estamos todos a merced del más poderoso delincuente impune en el País: el Presidente.

Pues es él quien viola las leyes sin consecuencia alguna, fuera del repudio social y externo de quienes observan en esta conducta presidencial desenfrenada y totalitaria nada menos que un ESPERPENTO: los estertores de la muerte de la democracia en México.

Hoy le tocó a un periodista ser víctima del desenfreno presidencial, antes han sido empresas y/o países, mañana puede ser cualquiera.

Están en riesgo ya los derechos individuales de todos los ciudadanos, de los empresarios (a quienes ya ha agredido previamente), de los líderes sociales, de los intelectuales, de los dirigentes de partidos de oposición, líderes extranjeros, etcétera.

Nadie está a salvo de un señor que no reconoce límite alguno, que no se sabe controlar, que no se mide, que no posee la virtud de la PRUDENCIA, y que se siente un ser privilegiado, "fifí", a quien no se le aplica regla o ley alguna.

Y en consecuencia se comporta como un reyecito, que se siente con el derecho de hacer lo que le pega la gana, que no respeta a nadie ni a nada.

Uno que no gobierna por andar en permanente campaña, uno que ha permitido el deterioro del bien social, de la paz y el orden público, de la economía, de la armonía social, de una parte importante del bienestar de los mexicanos fuera de las dádivas paternalistas con fines electorales.

Ningún favor se hace a sí mismo este Presidente con su ruin e ilegal proceder, ni tampoco a México al que deja no sólo mal parado, sino temblando ante el espectro de una dictadura que amenaza con su esperpéntica sombra..

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Despotismo y demencia/Jesús Silva-Herzog Márquez

en REFORMA

Después de dos semanas en caída libre, el Presidente cae en bajezas inimaginables. A un tiempo lo que vemos con absoluta nitidez es el autoritarismo y la irracionalidad; el despotismo y la demencia. Por una parte, la evidencia de que el Presidente puede ostentar como orgullo su desprecio por la ley y el empleo de los recursos del poder para fines de venganza personal. Por la otra, la sospecha de que no es capaz de encarar la realidad, que carece del mínimo autocontrol y la elemental lucidez para entender la relación entre reto y acción.

No creo que sea prematuro decir que el reportaje de Houston marca una inflexión en la historia de este sexenio. A partir de ese reportaje del que siguen saliendo revelaciones, el discurso moralizante suena hueco. Por primera vez en su gobierno, el Presidente ha perdido el control de la conversación pública.

Incapaz de plantear una réplica sólida y convincente, el Presidente agrede, intimida, abusa de su poder. No ha podido dar un paso tras las revelaciones sobre las andanzas de su hijo. A cada movimiento se hunde más. Lo que ha pasado en unos cuantos días es en verdad grave: el Presidente ha puesto en riesgo relaciones diplomáticas cruciales para México, ha insultado con fiereza inaudita a un periodista, ha intimidado a sus críticos y ha violado la ley ante las cámaras de televisión. Me detengo en esto último por ser, quizá, lo más alarmante. El Presidente violó normas constitucionales y legales ante todo el país. "Sólo en un régimen autoritario", escribía José Antonio Aguilar hace unos días, "la cabeza del estado puede romper la ley a plena luz del día, como una muestra de su poder, y no temer consecuencia alguna". Eso fue, en efecto, el delirio del viernes pasado: un brutal abuso de poder a la vista de todos.

El jefe de Estado mexicano dando rienda suelta a su furia. El Presidente fuera de sí. El patiño del powerpoint, sin duda el hombre más poderoso del gobierno lopezobradorista, alienta la cólera presidencial. Lo que es claro es que no hay quien lo cuide, quien lo asesore, quien le advierta las consecuencias de sus actos, quien aporte serenidad. Cuando el Presidente amenaza abiertamente con usar los instrumentos del Estado como látigos de venganza no da muestra solamente de su impulso autoritario. También da señales de una política demencial. Uso el calificativo porque creo que es lo que tenemos frente a nosotros. Es lo que veo cada vez con mayor alarma: en la Presidencia es cada vez más visible un trastorno de razón que le impide tener una idea clara de la realidad, que le permita caminar del entendimiento del problema al planteamiento de la solución. Un embrollo de rabia, prejuicio y frases hechas que encuentra como salida un arrebato. A mi frustración, el berrinche, el insulto, la bravata.

Por un berrinche, el Presidente está dispuesto a congelar nuestras relaciones diplomáticas con el segundo socio económico de nuestro país. ¿Qué justificación existe para llevar las relaciones con España al punto más bajo desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas? Entre el problema y la acción no hay el menor vínculo. Porque te portaste mal, rompo el vaso. Bajo la espesa nata de su indignación no hay entendimiento. La política exterior mexicana se convierte en desahogo, en rabieta. Así, en un berrinche transmitido a todo el país, el presidente de México decide poner en pausa las relaciones con España. Política exterior de pataletas.

La Presidencia se ha convertido en una avalancha demencial. Cada vez más ajena a los apremios del día, cada vez más irracional, más delirante, más peligrosa. Que el presidente de la República haya hecho públicos los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola, que haya instruido al SAT a investigarlo, que haya exigido a una empresa privada informes sobre sus pagos es una ilegalidad, una amenaza, un abuso de poder. No es un simple exceso, es la más ostentosa violación de la ley. En la política del berrinche no hay gobierno, no hay administración. El Presidente da pataletas y de inmediato hay que declararlas expresión de su sagacidad histórica y de su visión democrática, de esa capacidad que tiene para ver lo que nadie más logra ver.

Falta todavía la mitad del sexenio y lo que vemos es una Presidencia iracunda y disparatada. Autoritaria y demencial.

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Asunto personal

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

en REFORMA

"Entre tú y yo, no hay nada personal". Armando Manzanero

 Una característica de la personalidad narcisista es que todo lo compara consigo mismo. Este 11 de febrero, cuando arremetió contra Carlos Loret de Mola, el presidente López Obrador se quejó: "Gana más que yo... Pero miren cuánto gano yo, bruto anual, 2 millones 11 mil, y él gana 35 millones 200, o sea, que él gana como 15 veces más que yo". Se preguntó si el periodista paga impuestos: "Entonces, voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto... Y lo hago porque está de por medio la transformación. Esto no es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia".

No es la primera vez que AMLO compara su honestidad personal con la corrupción de "nuestros adversarios". Este viernes pasado declaró: "Represento, junto con muchos, un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país". Su ira justiciera, sin embargo, lo llevó a transgredir un límite importante, al difundir información privada de un periodista y pedir a las autoridades fiscales que lo investiguen.

"Esto es lo que gana Loret", dijo, mientras presentaba una lámina, con faltas de ortografía, en la que comparaba sus ingresos con los que el periodista supuestamente obtuvo en 2021 de seis fuentes distintas. ¿De dónde venía la información? "Me entregaron un informe", dijo oscuramente, y se enorgulleció de que mientras el Centro Nacional de Inteligencia, que comanda el general Audomaro Martínez Zapata, tiene "como mil" elementos, "yo tengo como 50 millones que me informan".

Qué bueno que el Presidente tenga tantos espías, pero los ingresos de un ciudadano son información privada. Si los datos se los dio el SAT o la UIF, tanto los funcionarios que los proporcionaron como el Presidente estarían violando "los artículos 69, 111, 114-A y 114-B, todos del Código Fiscal de la Federación", según la Barra Mexicana, Colegio Mexicano de Abogados. No parece que la información sea correcta, empero, ya que incluye pagos de Televisa por 11.8 millones de pesos, cuando el periodista dejó esa empresa en 2019. Aun así, si es real, el Presidente estaría violando el artículo 16 de la Constitución que garantiza que "toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales". Si es falsa, estaría mintiendo para difamar, aunque supongo que la inquisidora de los medios, Ana Elizabeth García Vilchis, no le pondrá el sello de "Falso" en el "Quién es quién en las mentiras"; quizá solo diga que "No es falso, pero se exagera".

García Vilchis ya mintió el 9 de febrero en su sección cuando dijo: "En el tema de la casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés, como sí lo hubo en el asunto de la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto". Conflicto de interés, una situación en que los intereses personales pueden influir sobre las decisiones de un funcionario, existió en ambos casos. Lo que no se ha comprobado en ninguno es que haya habido actos de corrupción.

Más que atacar a periodistas, el gobierno podría evitar todo el problema publicando información que demuestre que José Ramón López Beltrán no participó en tráfico de influencias. Podría también difundir las declaraciones fiscales de AMLO previas a su llegada al poder... para demostrar que él sí pagaba impuestos.

Lo que hoy es claro es que el Presidente difundió información privada de un ciudadano y ordenó a las autoridades fiscales investigar a un periodista por hacer un reportaje que lo agravió a él. Son actos ilegales e inmorales producto de una revancha personal.

· GANONES

 El argumento de que Loret gana mucho y por lo tanto es corrupto nos dice mucho acerca de las ideas de AMLO. Es una falacia que ha hecho siempre daño a México. Quizá el Presidente no sabe que en casi todos los países los comunicadores destacados ganan más que los políticos.

@SergioSarmiento

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