Mañanera del viernes 2 de septiembre de 2022
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA:Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.
Sé que hay mucha información, pero el tema que vamos a exponer, que es el papel de los medios de comunicación, la postura en el debate sobre la prisión preventiva, tanto cuando se aprobó en 2008, bueno, entre 2007 y 2008 por ser un debate largo en la Cámara de Diputados y de Senadores, como actualmente en agosto, septiembre de 2022:
En primer lugar, diremos que la figura de la prisión preventiva se incorporó a la Constitución en el 2008, en junio de 2008 se decretó a partir de la aprobación del Congreso de la Unión.
Y lo importante, el primer dato importante es que el debate que hubo en 2007, 2008, duró siete meses, en el cual los medios de comunicación avalaron, digamos, la intención de la reforma legal apoyada por el PRI y por el PAN, y que produjo dos mil 170 notas en esa época, durante siete meses, y sólo en un mes, ahora, hay más de tres mil 753 notas respecto a la prisión preventiva.
Hay que decir que entonces el tema de la prisión preventiva no era un tema, ni de los medios de comunicación, ni de los juristas, ni de las ONGs, era el principal cuestionamiento a la reforma judicial, era el tema de los cateos y allanamientos sin orden judicial.
No podemos… Para entender el contexto en el que se da esta reforma, tendremos que recordar, sobre todo a los más jóvenes, que se dio en el contexto de la declaración de la guerra contra el narcotráfico que hizo el expresidente, entonces presidente Felipe Calderón.
Una guerra que causó muchas muertes, violaciones a derechos humanos y, por supuesto, muchos allanamientos sin orden de juez y un sinfín de masacres que se dieron y que son del conocimiento público.
También decir que entonces los medios de comunicación, en su mayoría, respaldaron esta guerra, esta violencia que se ejerció y que desató un espiral de crímenes y de violencia que aún todavía padecemos. Y decir que ahora la mayoría de los medios de comunicación pues han cuestionado la figura de la prisión preventiva a partir del debate actual.
También hay que contextualizar otro elemento que es importante recordar. En el 2007 se cumplían 10 años de la masacre de Acteal, donde 45 personas fueron asesinadas, indígenas tzotziles, en la comunidad de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, y entonces, 10 años después, inicia una campaña el CIDE, Ana Laura Magaloni, jurista, encabezaba este grupo de juristas, en los medios de comunicación, en la revista Nexos, y por supuesto el periódico Reforma, El Universal, lanzaron una campaña por la liberación de los asesinos de Acteal, asesinos confesos y que las víctimas, los sobrevivientes habían señalado como los victimarios.
El pretexto de esta campaña… Bueno, en esta campaña también participó, entre otros magistrados, José Ramón Cossío, que hoy ha litigado contra la figura de la prisión preventiva, entonces no dijo nada sobre la prisión preventiva cuando hubo este debate e inició un juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a una persona que había sido, con esta figura, detenida sin sentencia durante 17 años.
Pero entonces y a lo largo de 14 años nunca hizo ninguna crítica, como ningún medio de comunicación, como ningún jurista alegó que esta figura era ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Esto para contextualizar.
Decir también que este grupo y esta campaña en el 2007, en diciembre de 2007, cuando inicia en discusión en el Congreso, pues lograron la liberación de los asesinos de Acteal con los mismos argumentos con los que se liberó a más de 70 responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Llama la atención que son los mismos argumentos, llama la atención que dejaron de lado a las víctimas.
Se anuló, en el caso de Acteal, el testimonio de las víctimas. Nadie se preocupó por las víctimas, ni la Suprema Corte ni la revista Nexos, ni el magistrado José Ramón Cossío o el CIDE, lo presentaron como un logro de la justicia haber liberado a estas personas por violaciones al debido proceso.
Este es el contexto en el que se da la aprobación de la reforma judicial que legaliza la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón.
Bueno, como habíamos señalado, los medios de comunicación a lo largo de estos siete meses pues respaldaron el debate y el único cuestionamiento que hubo fue, como bien se señalaba hace rato, el tema de los cateos o las incursiones en los domicilios sin orden de un juez.
Al final de cuentas, el 26 de febrero en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se elimina esta figura de cateos y de allanamientos sin orden judicial, y se avanza en la aprobación de la reforma.
Entonces, todos los medios de comunicación —si puedes regresarle tantito, por favor— todos los medios de comunicación avalan la reforma.
Y la prisión preventiva nunca existe como concepto, todos hablan de allanamientos cuando el debate que era el centro, y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es el periódico La Jornada y en ese caso, y en ese tiempo, se quedó solo.
Y aquí algunos detalles de alguna denuncia de que algunos senadores estaban en estado inconveniente cuando aprobaron la reforma.
Y cuando en junio del 2008 se promulga, a través del Diario Oficial de la Federación, se publica la incorporación de la prisión preventiva y esta reforma judicial a la Constitución es una celebración, hay una celebración del presidente Calderón donde dice, por ejemplo, que la guerra contra el narco es de todos. Ahí lo dejamos para la reflexión de la historia y de las consecuencias que hoy seguimos pagando de esta guerra.
Sin embargo, podemos destacar que, aunque todos los medios de comunicación, la mayoría aprobaron, festejaron y respaldaron esta reforma, fue el periódico Reforma, dicha sea la repetición, pero el periódico Reforma fue el periódico que hizo campaña para la aprobación de esta reforma e incluso los articulistas fueron de los más destacados defensores de la reforma.
Y, por ejemplo, cuando ya se publica en el Diario Oficial y se hace la ceremonia en la primera plana, pues en la primera plana encontramos a César Camacho Quiroz, que entonces era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, celebrando con Genaro García Luna, y que era muy destacado entonces, y celebrado por algunos medios de comunicación, como aquí testimoniamos con la primera plana del Reforma al día siguiente.
Llama la atención, y esta persona, que es Ana Laura Magaloni, que es una abogada muy destacada, muy reconocida a nivel internacional, que ha encabezado grupos de abogados desde el CIDE, como bien señalaba yo que promovió la liberación de los asesinos de Acteal, y entonces también escribió, fue entrevistada y ella apoyó la reforma, y nunca habló de la prisión preventiva oficiosa, ni justificada, y ese tema ni siquiera existió en sus comentarios escritos o en sus entrevistas; sin embargo, hoy es una de las principales críticas, junto con columnistas, con intelectuales, en fin, y, sin embargo, ahora incluso habla de que eliminar la figura de la prisión preventiva le quitaría al presidente de la República un instrumento contra sus adversarios políticos.
Entonces, la diferencia con los medios entre 2007 y ocho, y 2022, pues la podemos ver, cómo ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República.
Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno. Tenemos que decir y aclara y precisar que la nueva política de seguridad encabezada por el presidente López Obrador no ha violado los derechos humanos, ha preservado los derechos humanos, no se ha cometido masacres por las fuerzas de seguridad.
No se han cometido ni siquiera cateos y allanamientos sin orden de juez. De hecho, se han detenido operativos, como aquí se ha dado cuenta, por falta de órdenes de jueces que por razones que se desconocen o se puede presumir actos de corrupción o de algún tipo de situación, que permiten que los propios delincuentes puedan escapar. Pero no se han cometido, y por lo menos no hay documentados, ni por la Comisión de Derechos Humanos ni por organismos internacionales, violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la política de seguridad, como sí ocurrió con la política de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, a lo cual guardaron silencio cómplice muchos medios.
Por eso nos parece importante destacar esto. Y recordar, de nueva cuenta y con eso terminamos, que durante 14 años, entre 2008 y 2022, nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva, ni en los medios de comunicación, ni en los espacios académicos, ni en la opinión pública, y eso llama la atención.
Y lo dejamos a criterio de los ciudadanos, que son mayores de edad, y podrán entender la politización actual del debate. Pero más allá de la politización que los medios están representando, el peligro que puede representar, como bien explicaba el subsecretario Mejía, de que la figura hoy pueda desaparecer, porque podría permitir la liberación de delincuentes que causan daño a la sociedad.
Y en este contexto que hemos relatado, tanto los magistrados de la Suprema Corte, los medios de comunicación, los juristas, las OGNsse han preocupado, entre comillas, de salvaguardar el debido proceso, pero no se han preocupado por las víctimas.
Y hoy la Suprema Corte de Justicia debe preocuparse por la sociedad, porque la decisión que vaya a tomar el próximo lunes puede definir la situación de seguridad o inseguridad de nuestra sociedad, y entonces tiene que tomar una decisión importante y tiene que tomar en cuenta el derecho de los mexicanos a la seguridad pública.
Muchas gracias.
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