Ha llevado las cosas al extremo, con tal de defender su proyecto de 4t...
Me equivoqué en mis propuestas de ministros, señaló...
Comentó en la mañanera, colocaré toda la versión en cuanto este disponible:
-¿Y que creen?-, pregunta y responde ¡me equivoqué! "o porque cambiaron de parecer ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. ¿?
Ya que actúan más en función de los mecanismo jurídicos, subrayó...
Acotó que él sólo propuso..., "pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que hay mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones, cada quien asuma su responsabilidad”, lanzó.., dando a entender que si votan el lunes por la ley estarian traicionando al movimiento...
Los cuatro ministros que el c. Presidente propuso en su gobierno son Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.
La única que ha sido leal est ésta última...
“¿Lo traicionaron?”, le preguntaron...
-No sencillamente, ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11, por ejemplo, en la cuestiona eléctrica, comentó que apenas consiguieron los cuatro votos necesarios para, no declararla constitucional como el dice sino para declararla Incosntitucional, cosas distintas...+
Agregó “imagínense, votar primero los conservadores del PRI y del PAN, a favor de las empresas extranjeras, en contra de la CFE, un acto sin duda de traición a la patria, pero luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la Ley Eléctrica, y ahora esto (prisión preventiva oficiosa) que estamos tratando que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia, y de repente quieren anular un articulo de la Constitución, algo que no les corresponde
¿Cómo lo dijo el presidente?
Textual..
Posteriormente, tanto Ricardo Mejía como Jesús Ramírez van a informar sobre el tema, el debate, acerca de la prisión preventiva oficiosa. Habíamos quedado en eso.
RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, presidente.
Con relación a la prisión preventiva oficiosa que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia en dos vías, la primera es con relación al tema de un amparo en revisión y el segundo tema con relación a una acción de inconstitucionalidad:
La prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor.
Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga.
Evita que estos mismos presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal.
Evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.
En el año 2008 se logró esta reforma que establece el nuevo sistema de justicia penal y se puso en primer término a las víctimas de un delito.
Entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática que establece el artículo 19 de nuestra Constitución están los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, la corrupción como enriquecimiento ilícito, el robo al autotransporte de carga, todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol, el robo de hidrocarburos, los delitos violentos cometidos con armas de fuego, la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación.
La prisión preventiva ha sido una figura establecida en nuestra Constitución desde el Constituyente originario de 1917, cuando se promulga la carta magna que actualmente rige el país, y ahí se contemplaba la prisión preventiva por los delitos que merecieran pena privativa de la libertad con pena de mayor a los cinco años.
En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión.
En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos.
En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos.
En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar y se subdivide en dos tipos de prisión preventiva:
La justificada, que es cuando el Ministerio Público la pide por delitos que la legislación no considera suficientemente graves.
Y la oficiosa o automática, cuando el delito es de tal gravedad que amerita que el presunto criminal lleve el proceso penal en reclusión.
Hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran esta figura de la prisión preventiva oficiosa.
Siguiente. Esta reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados, y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores, fue un dictamen que presentaron diferentes comisiones: de Justicia, Gobernación y Seguridad Pública, entre otras.
Entre otros legisladores de la época, en el caso de la Cámara de Diputados, por el lado del PAN destacan, entre otros, la hoy gobernadora María Eugenia Campos; el exsecretario de Gobernación, Diódoro Carrasco; Héctor Larios Córdova, dirigente del PAN; entre otros.
Por el lado del PRI, el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; Beatriz Pagés; el dirigente sindical, Ricardo Aldana; el dirigente de la burocracia federal, Joel Ayala; y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz.
En la Cámara de Senadores, por el PAN, Marko Cortés; Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, ex dirigente nacional; y el exgobernador Guillermo Padrés, que ha enfrentado diferentes cargos con la justicia.
En el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; Jesús Murillo Karam, exprocurador; y el actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas.
La reforma en la parte que nos interesa, que es la prisión preventiva, establece dos tipos de figura en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, párrafo que no ha sido modificado en las subsecuentes reformas, y esta es la prisión justificada, que es cuando el Ministerio Público solicita al juez la medida cautelar de la prisión preventiva cuando considera que otras medidas, como podría ser el brazalete o acudir cada 15 días a firmar a un centro de justicia penal, cuando consideran que no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca la investigación, la protección de la víctima o los testigos, o cuando ya se le haya procesado o sentenciado por otros delitos de carácter doloso. Aquí es justificada porque el Ministerio Público tiene que justificar en cada caso contra cada uno de los imputados.
Esta es la prisión oficiosa, es decir, cuando hay delitos de tal gravedad ya no queda al arbitrio del juez ver si corresponde o no fijar esta prisión, sino que, de manera oficiosa o automática, es decir, una vez que es vinculado a proceso penal un posible responsable, de manera inmediata la medida cautelar sin que quede al arbitrio del juez es la prisión preventiva. Y es en diferentes delitos, que ya enumeramos: delitos graves del orden común, delitos de delincuencia organizada o delitos de cuello blanco.
Las reformas que se han hecho es para aumentar el catálogo de delitos que ameritan este tipo de prisión en las subsecuentes reformas. Y esto tiene que ver en mucho por lo que era la llamada ‘puerta giratoria’, cuando había la sensación de que se ponía a disposición de los jueces algunos presuntos criminales y más tardaban en entrar que en salir nuevamente en libertad para volver a cometer hechos penales.
Siguiente. Es esta situación, la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’ donde el presunto criminal sale en libertad supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad.
Siguiente. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad.
Siguiente. Esto es por el lado de lo que corresponde en sí mismo la figura de la prisión preventiva, pero hay otro elemento que queremos llamar la atención, porque en el régimen constitucional mexicano, en cómo está organizada la división de poderes en nuestro país, podría ser incluso más grave que la misma medida. Es decir, si la Corte en los dos recursos hoy en discusión, un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad, determinará invalidar un artículo constitucional sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional.
La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución, el único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de nuestra carta magna, es el poder constituyente permanente, que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados, y la Constitución mexicana es la ley suprema de la nación y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución.
El amparo en revisión que la Corte va a resolver, por cierto, tiene que ver un amparo promovido por Brandon Alexis ‘N’, y Alejandro ‘N’, hermano y tío de Óscar Andrés, alías ‘el Lunares’, líder del grupo criminal conocido como Unión Tepito.
Estas dos personas promovieron que se inaplique el artículo 19 constitucional para que no se les aplique la prisión preventiva oficiosa y en tal virtud poder salir en libertad. Este sería uno de los múltiples temas que se estarían discutiendo si se invalidara el artículo 19 constitucional.
Ahora bien, sobre algunas decisiones de los jueces locales y federales que han repercutido en la impunidad y en la inseguridad, vamos a revisar algunos:
El caso de Rafael Caro. A Rafael Caro se le acusó, dentro de diferentes causas penales: de privación ilegal de la libertad, de homicidio calificado, de delitos contra la salud y asociación delictuosa, introducción de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ente otros. Por estos delitos, se estableció una primera sentencia en primera instancia que determinó que se le acumularían 40 años de prisión, esto fue el juez cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco.
La defensa de Rafael ‘C’ impugnó esta resolución, logrando modificar la sentencia y en un primer momento lo absolvieron de delitos contra la salud e introducción de armas y asociación delictuosa. Frente a esta resolución, promueve luego un amparo y el amparo sobresee, es decir, deja sin efecto diferentes delitos, como privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado cometido en agravio del ex agente de la DEA, Enrique Camarena.
La conclusión fue, a partir de este amparo, que Rafael Caro Quintero ya había compurgado diferentes años en prisión y, al ya no estar estos delitos según ese juez, se establece su inmediata libertad. En consecuencia, Rafael ‘C’ deja el penal durante la madrugada del 9 de agosto del 2003, precisamente cuando el procurador era Jesús Murillo Karam.
Frente a esto, pero ya fuera de la cárcel Rafael Caro, porque un juez le quitó todos los delitos, se inconforma el Ministerio Público mediante un recurso de rescisión y la Primera Sala de la Primera Corte de Justicia revoca el fallo y pide que se emita una nueva resolución, lo cual hace el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Distrito Judicial. Se revisa nuevamente y se le impone una pena de 73 años. En la época el máximo era 40 años, es decir, le faltaban por cumplir 11 años siete meses y ordena su reaprehensión.
Sin embargo, en todo este tiempo Rafael Caro ya se había reconstituido nuevamente en un líder criminal con operaciones delictivas en varios estados del país. Se ordena su reaprehensión, pero esto duró siete años para que la Secretaría de Marina pudiera reaprehenderlo. Y actualmente está en litigio la extradición porque le han concedido jueces diferentes suspensiones para no ser extraditado. Aquí hay un caso relevante.
Siguiente. El caso de ‘la Vaca’, que ya no nos detendremos mucho, aquí ha sido explicado, cómo un juez, el juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, determinó no vincular a proceso a ‘la Vaca’, quien, además de haber sido en flagrancia con armas y droga, es un peligroso criminal que está imputado en diferentes ilícitos, como es homicidio de un agente de investigación que lo trasladaba en cumplimiento de una orden de aprehensión al estado de Tamaulipas, como son los hechos violentos del Cereso de Colima, que dieron como consecuencia un saldo de ocho muertos y haberse constituido en el principal generador de violencia de Colima.
Siguiente. Otra resolución, el caso de ‘el Contador’, que es el dirigente del cartel del Golfo, José Alfredo ‘N’, ‘el Contador’, quien en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un juez de control de no vincularlo a proceso penal, no obstante ser el principal líder criminal del cártel del Golfo. Finalmente, en febrero de este año se logró detenerlo nuevamente aquí en la Ciudad de México y está nuevamente vinculado a proceso penal.
Aquí es evidente, como lo decíamos, con el tema de la prisión preventiva, la reincidencia; es decir, cuando hay algún beneficio procesal o una no vinculación, este tipo de personas vuelve a seguir cometiendo los actos criminales.
El caso, por ejemplo, de ‘los montadeudas’. Se detuvo a 23 personas, varios de ellos están bajo proceso penal en libertad, porque aquí sí no aplicó la prisión preventiva oficiosa y cinco más sí están detenidos. Pero aquí lo relevante es que en los cateos se encontraron mil 20 chips de celular prepago que utilizaban para, precisamente, sus actividades criminales.
Como ustedes recordarán, un juez, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, ante todos los requerimientos del tema de los chips de celular, autorizó innumerables suspensiones provisionales para no implicar esta ley.
Finalmente, la Corte, hay que decirlo, la Corte invalidó la ley que pretendía regular el uso de los chips de prepago para actividades criminales. Aquí ya hay este antecedente también.
Siguiente. Este caso es de un presunto secuestrador, que en una operación coordinada la Conase, Coordinación Antisecuestros, con las fiscalías de Chihuahua y Zacatecas detienen al presunto secuestrados conocido como ‘el Fantasma’, Rafael ‘N’, que es un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación.
Fue una operación de meses de inteligencia, de un operativo quirúrgico. Se pone a disposición del juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva, y determina no vincularlo a proceso penal; entre otros argumentos, porque decía que las cuentas donde le depositaron las víctimas al secuestrados no estaban a su nombre.
Siguiente. El caso de Colima, de un líder también delictivo, Edwin Omar, alias ‘el Minimix’ o ‘el Mini’, quien presuntamente asesinó, entre otros, a Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la policía investigadora de la fiscalía de aquella entidad. Él fue detenido y el juez desacreditó todos los testimonios de testigo y finalmente salió en libertad este sujeto, que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario.
Siguiente. También el mismo juez, Juan Carlos, juez Carlos Gallegos Arellano, de Colima, también determinó la libertad de Jorge ‘N’, alias ‘el Mesta’, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, cuando realmente estaba estable y podría haber comparecido.
Siguiente. Diferentes casos de este juez Marco Antonio Ordorica, del Juzgado 2º de lo Penal del Distrito de Bravos, en Chilpancingo. Él ha exonerado en diferentes procesos a presuntos secuestradores. Luego después, el Tribunal Superior revierte la sentencia, pide la recaptura en virtud de que efectivamente sí estaban involucrados en secuestros, pero estos individuos ya estaban muy fuera del brazo de la justicia y siguen cometiendo secuestros.
Siguiente. El caso de la juez Viviana Judith Juárez Vázquez, que está en Baja California. En tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas con armas de uso exclusivo del Ejército o también en la aduana, cuando también con armas detuvieron a otros sujetos, la juez determinó que era ilegal la detención de los que hicieron porque no habían justificado cómo revisaban los vehículos y, finalmente, les concedió la libertad a estos sujetos.
También el 10 de julio del 22 la jueza dejó en libertad a Erick Manuel, señalado como presunto autor intelectual del crimen del agente Jaime Alonso, ocurrido el pasado 30 de junio. El argumento es que porque cuestiones administrativas no era legal su detención.
Tres casos de impunidad de la misma juzgadora.
Siguiente. Este caso de un feminicida serial, que se le atribuyen el asesinato de al menos cinco mujeres a quienes secuestraba, violaba y asesinaba, mujeres mayores y menores de edad. Un juez local en 2016 dictó auto de libertad debido a que había encontrado inconsistencias, no obstante que el feminicida había señalado incluso el lugar donde enterraba a las víctimas. Sin embargo, la madre de una de las víctimas logró un amparo, se reabre el caso y actualmente continúa en un penal de alta seguridad.
Siguiente. Otro caso también de un juez de control del estado de Tlaxcala, Daniel Hernández George, que determinó no vincular a proceso a tres personas involucradas en un grupo de secuestradores conocido como Los Lucios. Determina otorgarles la libertad, no obstante que están involucrados en diferentes ilícitos y secuestros en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y hay diversas carpetas de investigación abiertas todavía, el juez determinó no vincularlos a proceso penal, no obstante todos los elementos aportados por el Ministerio Público.
Siguiente. Los casos de las cuentas de Kamel Nacif y Mario Marín, dos jueces federales otorgaron el beneficio para que se descongelaran las cuentas, quienes se encontraban prófugos. Luego Mario Marín, finalmente, fue detenido y ahorita se encuentra en un Cereso en Cancún. Pero en ese momento los jueces determinaron descongelar las cuentas que implicaban la cantidad de 800 millones de pesos.
Siguiente. En caso relacionado con José Antonio ‘N’, alías ‘el Marro’, quien ya fue sentenciado por secuestro agravado a 60 años; no obstante esto, en diferentes procesos penales que se libran por la misma detención, por el mismo sujeto, en mayo de 21 un juez penal de primera instancia determinó no vincular a proceso al ‘Marro’ por el delito de tentativa de homicidio contra personal de la Agencia de Investigación Criminal. Está detenido y sentenciado por secuestro, pero en otros delitos le han venido quitando los cargos.
Y también recordar que, en una operación de Sedena, Guardia Nacional y la fiscalía de Guanajuato, detuvieron a 31 personas en un operativo mientras realizaban bloqueos y diferentes ilícitos un grupo de personas vinculados a la organización criminal del ‘Marro’; sin embargo, los jueces determinaron no determinar la legal detención de los 31 y ponerlos en libertad.
Siguiente. También otro caso de Francisco Javier ‘N’, alias ‘Exfederal’, quien es juez federal… un juez federal, perdón, determinó no vincularlo a proceso penal, no obstante que este ex agente de la Policía Federal, Javier ‘N’, estaba implicado en el desvío de dos mil 500 millones de pesos en cheques de la extinta Policía Federal, y él se había entregado a las autoridades.
Francisco Javier ‘N’ es uno de los 19 ex funcionarios de la Policía Federal quienes son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. No obstante todas las evidencias, el juez de control del Centro de Justicia Penal en el Altiplano, en el Estado de México, determinó no vincularlo a proceso penal.
Siguiente. Hasta ahí los casos de los jueces.
(...)
Le paso la palabra a Jesús Ramírez.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA:Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.
Sé que hay mucha información, pero el tema que vamos a exponer, que es el papel de los medios de comunicación, la postura en el debate sobre la prisión preventiva, tanto cuando se aprobó en 2008, bueno, entre 2007 y 2008 por ser un debate largo en la Cámara de Diputados y de Senadores, como actualmente en agosto, septiembre de 2022:
En primer lugar, diremos que la figura de la prisión preventiva se incorporó a la Constitución en el 2008, en junio de 2008 se decretó a partir de la aprobación del Congreso de la Unión.
Y lo importante, el primer dato importante es que el debate que hubo en 2007, 2008, duró siete meses, en el cual los medios de comunicación avalaron, digamos, la intención de la reforma legal apoyada por el PRI y por el PAN, y que produjo dos mil 170 notas en esa época, durante siete meses, y sólo en un mes, ahora, hay más de tres mil 753 notas respecto a la prisión preventiva.
Hay que decir que entonces el tema de la prisión preventiva no era un tema, ni de los medios de comunicación, ni de los juristas, ni de las ONGs, era el principal cuestionamiento a la reforma judicial, era el tema de los cateos y allanamientos sin orden judicial.
No podemos… Para entender el contexto en el que se da esta reforma, tendremos que recordar, sobre todo a los más jóvenes, que se dio en el contexto de la declaración de la guerra contra el narcotráfico que hizo el expresidente, entonces presidente Felipe Calderón.
Una guerra que causó muchas muertes, violaciones a derechos humanos y, por supuesto, muchos allanamientos sin orden de juez y un sinfín de masacres que se dieron y que son del conocimiento público.
También decir que entonces los medios de comunicación, en su mayoría, respaldaron esta guerra, esta violencia que se ejerció y que desató un espiral de crímenes y de violencia que aún todavía padecemos. Y decir que ahora la mayoría de los medios de comunicación pues han cuestionado la figura de la prisión preventiva a partir del debate actual.
También hay que contextualizar otro elemento que es importante recordar. En el 2007 se cumplían 10 años de la masacre de Acteal, donde 45 personas fueron asesinadas, indígenas tzotziles, en la comunidad de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, y entonces, 10 años después, inicia una campaña el CIDE, Ana Laura Magaloni, jurista, encabezaba este grupo de juristas, en los medios de comunicación, en la revista Nexos, y por supuesto el periódico Reforma, El Universal, lanzaron una campaña por la liberación de los asesinos de Acteal, asesinos confesos y que las víctimas, los sobrevivientes habían señalado como los victimarios.
El pretexto de esta campaña… Bueno, en esta campaña también participó, entre otros magistrados, José Ramón Cossío, que hoy ha litigado contra la figura de la prisión preventiva, entonces no dijo nada sobre la prisión preventiva cuando hubo este debate e inició un juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a una persona que había sido, con esta figura, detenida sin sentencia durante 17 años.
Pero entonces y a lo largo de 14 años nunca hizo ninguna crítica, como ningún medio de comunicación, como ningún jurista alegó que esta figura era ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Esto para contextualizar.
Decir también que este grupo y esta campaña en el 2007, en diciembre de 2007, cuando inicia en discusión en el Congreso, pues lograron la liberación de los asesinos de Acteal con los mismos argumentos con los que se liberó a más de 70 responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Llama la atención que son los mismos argumentos, llama la atención que dejaron de lado a las víctimas.
Se anuló, en el caso de Acteal, el testimonio de las víctimas. Nadie se preocupó por las víctimas, ni la Suprema Corte ni la revista Nexos, ni el magistrado José Ramón Cossío o el CIDE, lo presentaron como un logro de la justicia haber liberado a estas personas por violaciones al debido proceso.
Este es el contexto en el que se da la aprobación de la reforma judicial que legaliza la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón.
Bueno, como habíamos señalado, los medios de comunicación a lo largo de estos siete meses pues respaldaron el debate y el único cuestionamiento que hubo fue, como bien se señalaba hace rato, el tema de los cateos o las incursiones en los domicilios sin orden de un juez.
Al final de cuentas, el 26 de febrero en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se elimina esta figura de cateos y de allanamientos sin orden judicial, y se avanza en la aprobación de la reforma.
Entonces, todos los medios de comunicación —si puedes regresarle tantito, por favor— todos los medios de comunicación avalan la reforma.
Y la prisión preventiva nunca existe como concepto, todos hablan de allanamientos cuando el debate que era el centro, y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es el periódico La Jornada y en ese caso, y en ese tiempo, se quedó solo.
Y aquí algunos detalles de alguna denuncia de que algunos senadores estaban en estado inconveniente cuando aprobaron la reforma.
Y cuando en junio del 2008 se promulga, a través del Diario Oficial de la Federación, se publica la incorporación de la prisión preventiva y esta reforma judicial a la Constitución es una celebración, hay una celebración del presidente Calderón donde dice, por ejemplo, que la guerra contra el narco es de todos. Ahí lo dejamos para la reflexión de la historia y de las consecuencias que hoy seguimos pagando de esta guerra.
Sin embargo, podemos destacar que, aunque todos los medios de comunicación, la mayoría aprobaron, festejaron y respaldaron esta reforma, fue el periódico Reforma, dicha sea la repetición, pero el periódico Reforma fue el periódico que hizo campaña para la aprobación de esta reforma e incluso los articulistas fueron de los más destacados defensores de la reforma.
Y, por ejemplo, cuando ya se publica en el Diario Oficial y se hace la ceremonia en la primera plana, pues en la primera plana encontramos a César Camacho Quiroz, que entonces era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, celebrando con Genaro García Luna, y que era muy destacado entonces, y celebrado por algunos medios de comunicación, como aquí testimoniamos con la primera plana del Reforma al día siguiente.
Llama la atención, y esta persona, que es Ana Laura Magaloni, que es una abogada muy destacada, muy reconocida a nivel internacional, que ha encabezado grupos de abogados desde el CIDE, como bien señalaba yo que promovió la liberación de los asesinos de Acteal, y entonces también escribió, fue entrevistada y ella apoyó la reforma, y nunca habló de la prisión preventiva oficiosa, ni justificada, y ese tema ni siquiera existió en sus comentarios escritos o en sus entrevistas; sin embargo, hoy es una de las principales críticas, junto con columnistas, con intelectuales, en fin, y, sin embargo, ahora incluso habla de que eliminar la figura de la prisión preventiva le quitaría al presidente de la República un instrumento contra sus adversarios políticos.
Entonces, la diferencia con los medios entre 2007 y ocho, y 2022, pues la podemos ver, cómo ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República.
Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno. Tenemos que decir y aclara y precisar que la nueva política de seguridad encabezada por el presidente López Obrador no ha violado los derechos humanos, ha preservado los derechos humanos, no se ha cometido masacres por las fuerzas de seguridad.
No se han cometido ni siquiera cateos y allanamientos sin orden de juez. De hecho, se han detenido operativos, como aquí se ha dado cuenta, por falta de órdenes de jueces que por razones que se desconocen o se puede presumir actos de corrupción o de algún tipo de situación, que permiten que los propios delincuentes puedan escapar. Pero no se han cometido, y por lo menos no hay documentados, ni por la Comisión de Derechos Humanos ni por organismos internacionales, violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la política de seguridad, como sí ocurrió con la política de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, a lo cual guardaron silencio cómplice muchos medios.
Por eso nos parece importante destacar esto. Y recordar, de nueva cuenta y con eso terminamos, que durante 14 años, entre 2008 y 2022, nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva, ni en los medios de comunicación, ni en los espacios académicos, ni en la opinión pública, y eso llama la atención.
Y lo dejamos a criterio de los ciudadanos, que son mayores de edad, y podrán entender la politización actual del debate. Pero más allá de la politización que los medios están representando, el peligro que puede representar, como bien explicaba el subsecretario Mejía, de que la figura hoy pueda desaparecer, porque podría permitir la liberación de delincuentes que causan daño a la sociedad.
Y en este contexto que hemos relatado, tanto los magistrados de la Suprema Corte, los medios de comunicación, los juristas, las OGNsse han preocupado, entre comillas, de salvaguardar el debido proceso, pero no se han preocupado por las víctimas.
Y hoy la Suprema Corte de Justicia debe preocuparse por la sociedad, porque la decisión que vaya a tomar el próximo lunes puede definir la situación de seguridad o inseguridad de nuestra sociedad, y entonces tiene que tomar una decisión importante y tiene que tomar en cuenta el derecho de los mexicanos a la seguridad pública.
Muchas gracias.
(...)
Presidente...
Sí me interesan temas como esta posible decisión o esta decisión que tiene que tomar la Corte, eso sí me importa.
Incluso me importa decirles que cuando iba yo a tomar posesión del cargo, a sabiendas de la descomposición que existe en el Poder Judicial, como existía en todo el gobierno, teníamos que llevar a cabo cambios, transformaciones, como lo estamos haciendo en el Poder Ejecutivo, que me corresponde como titular del Poder Ejecutivo, también pensé en el Poder Judicial y, respetando su autonomía, planteé que podía yo promover una reforma en el Poder Judicial. Acuérdense de que hubo una reforma durante el gobierno de Zedillo al Poder Judicial.
Tengo la facultad de enviar una iniciativa al Congreso con ese propósito, podría hacerlo. Y en política siempre hay que optar entre inconvenientes y saber priorizar, decir qué es lo más importante. Hay mil problemas, pero de esos mil puede pensarse que hay 100, como se dijo en su momento, graves, grandes problemas nacionales, entonces uno tiene que definir hasta dónde poder llegar.
Y, desde luego, definí que lo principal era desterrar la corrupción, la impunidad, ayudar a los pobres, rescatar la industria eléctrica, el petróleo, fortalecer la educación, garantizar el derecho a la salud, hacer valer nuestra soberanía, exaltar la grandeza cultural de México, todo lo que estamos haciendo, separar el poder económico del poder político, gobernar para todos, como ayer lo mencioné.
Y es un fruto de este gobierno y de la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Ya no hay una oligarquía que gobierna en México, hay una democracia, es decir, un gobierno del pueblo y para el pueblo, y cuya prioridad son los pobres, se atiende a todos, se escucha a todos, pero se le da preferencia a la gente más desamparada, desposeída, a la gente pobre.
Entonces, sabía yo lo que existía en el Poder Judicial, imagínense si no voy a saber, que durante décadas el Poder Judicial fue manejado por la mafia del poder, eran concesiones que se daban al PAN, para ser muy claros, cuando dominaba el PRI. Y empezaron a ponerse de acuerdo, una moneda de cambio fue irles entregando el Poder Judicial y todo lo relacionado con la impartición de justicia.
Acuérdense que con Zedillo el procurador fue un panista, Lozano Gracia, y el abogado más famoso en todo ese tiempo, el maestro, el de más influencias, fue Diego Fernández de Cevallos.
Entonces, el Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta los jueces, pasando por ministros, magistrados, pues estaba a disposición de las alianzas de la oligarquía. Abogados sin principios, sin ideales, sin amor al pueblo, si acaso técnicos en la aplicación de las leyes, con la idea esta retórica del conservadurismo de que la ley es la ley, haciendo por completo a un lado a la justicia. A mí me enseñaron que, cuando uno tiene que decidir entre el derecho y la justicia, hay que inclinarse por la justicia. Porque son formaciones completamente distintas.
Entonces, cuando ya era presidente electo me pregunté: ¿Y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial, que es muy importante? Entonces, llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos, todo eso se pudo llevar a cabo.
Existe la tradición, la impartición de justicia, fue algo que distinguió por su rectitud y eficacia al sistema político estadounidense, la importancia de sus jueces.
Ya hemos hablado aquí de cómo, aparte de la democracia a la que se refiere Tocqueville, que se aplicó desde el principio de la fundación en Estados Unidos, jugaba un papel también muy destacado históricamente la prensa, que era como la gran escuela para la formación de los ciudadanos y el Poder Judicial, los jueces.
Aquí hemos hablado de que los Flores Magón deciden ir a hacer periodismo en contra de Porfirio Díaz desde Estados Unidos, porque allá los encarcelaban, y estuvieron mucho tiempo en la cárcel, nadie, creo yo, fue más encarcelado que Ricardo Flores Magón, pero había procedimientos judiciales y en algunos casos podían obtener su libertad; acá, con Porfirio Díaz, era la ley fuga, era ‘mátalos en caliente’.
También, no olvidemos de que cuando Hidalgo va en retirada, porque el movimiento va perdiendo fuerza, el movimiento popular pasa esa decisión controvertida, pero humanista, de no haber tomado la Ciudad de México, a pesar del triunfo en el Cerro de las Cruces, va hacia el norte, lo detienen en Coahuila y lo juzgan en Chihuahua, porque va buscando el refugio, la libertad, estaba en el norte en ese entonces. Juárez estuvo dos años en Chihuahua, un año en Paso del Norte.
Y ese Poder Judicial de Estados Unidos pues era una garantía. Y llegó el momento que incluso en México se optó por elegir a los jueces, a los ministros de la Corte. Entonces, se pudo haber hecho una reforma o proponer una reforma, pero dije: No, va a ser muy complicado.
Y sí es ir al fondo, porque es un poder, como lo es el Ejecutivo, piramidal: en la base pues están los jueces, en medio están los magistrados y arriba está la Corte.
Entonces, dije: Voy a tener oportunidad de proponer a ministros —hice mi cuenta— más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México.
¿Y qué creen?
Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad.
INTERVENCIÓN: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sencillamente ya nos cuesta mucho trabajo contar con cuatro de los 11.
Por ejemplo, en la cuestión eléctrica, imagínense votar, primero, los conservadores del PRI y del PAN, a favor de las empresas extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Un acto, sin duda, de traición a la patria. Pero luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica.
Y ahora esto que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde. Eso, como lo planteó aquí Ricardo, es gravísimo.
Pero, lo mismo, si de lo que más padecemos, esto no de ahora, sino ya de tiempo atrás, es que con ese truco de que no se integran bien las averiguaciones se de la libertad a delincuentes por influyentismoo por corrupción.
Pero luego aparecen estas contradicciones ¿no?, de quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra.
¿Qué, no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI —a ver, pon la gráfica— que votaron a favor de la prisión preventiva, qué, no pueden ahora en un acto de honestidad, de congruencia, decir…?
Él era senador y votó a favor, senador también y votó a favor en aquel entonces, y ahora en contra.
Entonces, sí es un asunto que amerita un posicionamiento. Desde luego, son libres los ministros, libres todos. Y es por lo que me preguntas en el caso del Senado, cada quien que asuma su responsabilidad.
Es que ya no es sólo un asunto de quién gana, quién tiene mayoría en el Congreso o en la Corte, es que ahora es muy importante la opinión del pueblo, que antes ni se enteraban, no se daba cuenta la gente porque no se garantizaba el derecho del pueblo a la información.
Pero ahora la gente está muy consciente, ayer dije eso, que me sentía yo muy orgulloso porque con la participación de todas, de todos, porque este es un movimiento colectivo, no es de un solo hombre o de un grupo de servidores públicos o de dirigentes, esto es un asunto de todos los mexicanos, me sentía yo muy orgulloso de que se había reducido, como en ningún otro país del mundo, considerablemente, el analfabetismo político. El nivel de consciencia ciudadana alcanzado en México en los últimos tiempos es algo excepcional.
Entonces, es casi decir o el equivalente a decir: la historia nos absolverá, el pueblo nos va a juzgar. Ahora, si nos vamos más hacia la intimidad, pues es nuestra conciencia, que debemos de estar bien con nuestra conciencia.
Pero estos son temas que requieren de un debate a fondo, porque estamos hablando aquí de intereses. Imagínense, se detiene a un defraudador, a un corrupto, y se le puede dejar en libertad, un juez, porque antes ni siquiera era delito grave la corrupción. Ahora es delito grave, pero un juez puede decidir que no hay elementos, como ha sucedido en otros casos, y crímenes demostrados, pero no castigados.
¿Que pueden estar en la cárcel personas inocentes? Estamos haciendo un trabajo y lo vamos a seguir haciendo para que todo el que injustamente está en la cárcel pueda salir, pero no abrir la puerta de par en par, porque no sólo saldrían inocentes; es más, esos no salen, nos cuesta trabajo sacarlos, por los mismos jueces. Saldrían los que tienen para comprar la justicia o tiene agarraderas, tienen influencias.
Entonces, es un asunto importante a tratar. Entonces, ofrecimos que íbamos a tocar este y lo planteamos.
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