Alejandro Encinas @A_Encinas_R
Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración.
12:01 p. m. · 24 sept. 2022
Ante la publicación de información del documento testado, Encinas condenó la “lamentable filtración” de la información entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa.
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, escribió Encinas en redes sociales.
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Presenta gobierno denuncia contra juez del caso Ayotzinapa...
Por acuerdo del Gabinete de Seguridad, ayer viernes se presentó denuncia de hechos contra el juez de distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien lleva el caso Ayotzinapa y ordenó dejar en libertad a 120 implicados.
Los abogados de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron a la FGR para ingresar la citada denuncia.
El juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo.
Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
El 14 de septiembre pasado, el juzgador también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos.
En total, suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados.
¿Y que dice el CJF?
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Las columnas políticas hoy, sábado 24 de septiembre de 2022
Estado de alerta en Palacio Nacional
Bajo Reserva/El Universal
Nos comentan que el Gabinete de Seguridad está en estado alerta y se prevé que el lunes sean desplegados docenas de elementos de seguridad federales y de la Ciudad de México para proteger Palacio Nacional de presuntas amenazas por parte de grupos radicales que buscan lanzar bombas molotov y piedras en la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por lo que, nos detallan, las vallas metálicas de más de dos metros podrían ser instaladas para proteger el recinto histórico y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, las vallas se quedarían hasta el 2 de octubre porque también se espera hostilidad de algunos grupos aprovechando la conmemoración de la matanza de Tlatelolco.
Los fondos buitre y la deuda de TV Azteca
Nos cuentan que a los tenedores de bonos de TV Azteca podría esperarles una fuerte decepción porque la televisora del Ajusco está por iniciar su defensa jurídica, tanto en México como en Estados Unidos, frente a la intención de un grupo de acreedores de que se liquide anticipadamente el bono con vencimiento en 2024 por un total de 400 millones de dólares. Nos aseguran que la ofensiva legal y mediática que este grupo de llamados fondos buitre, entre los cuales destacan Cyrus Capital Partners, L.P. y Contrarian Capital Management, indica que solo buscan retirar sus ganancias sin ser sensibles a la realidad que enfrentan la empresa y la industria en general, pero la empresa mexicana mantiene su compromiso al diálogo para alcanzar soluciones favorables para todas las partes, al tiempo que seguirán en la misma ruta de la disciplina financiera, que le ha permitido liquidar 4 mil millones de pesos de su deuda en los últimos 18 meses.
Sin definirse, el voto sobre la elección de Tamaulipas
Frente a la percepción de algunos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acerca del papel del magistrado presidente ante el próximo fallo sobre la elección de gobernador de Tamaulipas, nos aseguran que Reyes Rodríguez Mondragón no ha establecido el sentido de su voto y que sólo lo hará cuando el proyecto de resolución sea sometido a votación en sesión pública del pleno de la Sala Superior, cosa que ocurrirá en los próximos días, y nos aseguran que no hay sustento en la idea de que pudiera estar cabildeando en ningún sentido con sus compañeros magistrados, pues cada uno decide con plena libertad y apego a la ley.
Crece la migración de mexicanos a EU
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), actualizó sus cifras recientemente, y nos hacen ver que el número de mexicanos que diariamente intentan cruzar hacia Estados Unidos sigue al alza. En los últimos cuatro años, la migración de connacionales que intentan ir por el sueño americano aumentó 253.3 por ciento. Nos comentan que la inflación de más de 8% en México y la violencia del crimen organizado contribuyen a que la tendencia no ceda.
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Ayotzinapa: choques en el gabinete, molestia en el Ejército/Salvador García Soto
El Universal,
Como si no bastaran las acciones de violencia y ataques de estudiantes normalistas en contra de instalaciones militares, primero en Guerrero y ayer en el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México —la instalación más importante y emblemática del Ejército mexicano, donde los jóvenes encapuchados destruyeron los accesos, pintarrajearon y tiraron letreros y lograron ingresar varios metros adentro del territorio castrense— las 20 órdenes de aprehensión giradas en contra de altos mandos y tropa militar, por el caso Ayotzinapa, han provocado la ira de las cúpulas en la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del subsecretario Alejandro Encinas.
Tanto en la oficina del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, como entre los generales del Ejército, están inconformes y molestos por la forma en el que el encargado de la Comisión para la Verdad y la Justicia ha manejado las nuevas investigaciones y ha presionado a la Fiscalía General de la República para que acusara y solicitara a los jueces la detención de elementos castrenses por su supuesta participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014, además de imputarles delitos como el de delincuencia organizada por presuntos vínculos con grupos criminales, sin tener “pruebas sólidas” y basado en “testimonios y afirmaciones de oídas de supuestos testigos”, dicen en la Defensa.
Fue tanta la molestia por las acusaciones, que consideran injustas, que desde la Sedena hubo presión para que las órdenes de aprehensión no fueran solicitadas por la Fiscalía o que se desistieran de las acusaciones, algo que no pudieron evitar porque el pasado 19 de agosto el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México otorgó las 85 órdenes, entre las que se encontraban las de los 20 elementos castrenses que fueron incluidos por la Comisión encabezada por Alejandro Encinas entre los acusados. El propio general Cresencio Sandoval llegó a plantearle el tema a López Obrador y a externarle al presidente su inconformidad por la forma de actuar de Encinas en contra del Ejército.
Y es que, si bien la inconformidad en el Ejército fue por los 20 acusados militares, hay uno que, particularmente, le ha afectado al secretario, por ser un amigo y compañero e incluso uno de sus mentores en su carrera militar. El general Alejandro Saavedra Hernández, a quien se acusa de haber sido informado la noche del 26 de septiembre de 2014 del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa por el gobernador Ángel Aguirre Rivero y de no haber actuado a pesar de presuntamente haber tenido acceso a los videos del C4, era parte del grupo cercano del entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, al que también perteneció Cresencio Sandoval. Era tal su cercanía que el nombre de Saavedra, ya para entonces general de División, encabezaba la lista de cinco candidatos que Cienfuegos le presentó al presidente López Obrador, en octubre de 2018, para que lo designara a su secretario de la Defensa Nacional.
Pero López Obrador prácticamente desechó la lista propuesta por Cienfuegos y sorpresivamente decidió que el general Luis Cresencio Sandoval, que no figuraba en dicha lista, sería su titular de la Defensa. Después del 1 de diciembre de 2018, ya como secretario, Cresencio le propuso al presidente que el general Alejandro Saavedra fuera nombrado como su Oficial Mayor de la Sedena, pero el mandatario le negó el nombramiento; semanas después lo propuso para ocupar otro cargo importante, pero también se lo volvió a rechazar. Fueron al menos 5 intentos del secretario de la Defensa para que le autorizara un cargo para su amigo el general Saavedra y todos los rechazó el presidente, hasta que finalmente aceptó nombrarlo como titular del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISSFAM, considerado un cargo menor dentro del Ejército, el cual ocupó hasta marzo de 2021.
Hoy que hay una orden de aprehensión en contra del general de División, el cargo de más alto rango en los grados militares, se desconoce el paradero de Alejandro Hernández Saavedra. Pero lo que sí es sabido dentro del gabinete lopezobradorista, es la fuerte molestia que existe desde las cúpulas de la Sedena hacia la actuación del subsecretario Alejandro Encinas, a quien culpan de una “campaña de desprestigio y ataque al Ejército” por las acusaciones que emitió contra los mandos y tropa castrense.
A los choques internos en el equipo del presidente por el caso Ayotzinapa, se suma la violenta “jornada de protestas” que emprendieron desde el pasado 13 de septiembre los normalistas de la Normal Isidro Burgos quienes, junto con algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos, han estado haciendo manifestaciones que comenzaron en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, continuaron en los ataques a los accesos del 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego se trasladaron esta semana a la Ciudad de México, donde lo mismo vandalizaron la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la Embajada de Israel en México, pidiendo la extradición de Tomás Zerón, que atacaron las oficinas de la Fiscalía General de la República con piedras y cohetones el pasado jueves, dejando un saldo de cinco policías antimotines de la CDMX heridos.
Pero ayer, las imágenes que se vieron en el Campo Militar No. 1, la instalación más emblemática del Ejército mexicano —aunque también la que tiene más historias negras por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones entre el movimiento del 68 y la Guerra Sucia de los años 70— fueron inéditas: el grupo de estudiantes de Guerrero, varios de ellos encapuchados o con el rostro cubierto, atacaron y vencieron los accesos principales del edificio militar, disparando cohetones caseros y lanzando piedras a un grupo de soldados de la Policía Militar que se apertrechó para impedirles el ingreso al campo.
Aun así, los normalistas lograron tirar al menos dos rejas e ingresaron unos 30 metros adentro del territorio castrense, tiraron los letreros del Ejército, brincaron las bardas y dejaron pintas y consignas. Hubo un momento de máxima tensión, cuando los estudiantes avanzaban hacia adentro del campo y los militares les flanqueaban el paso, en que estuvo a punto de producirse un enfrentamiento, pero los jóvenes se empezaron a replegar y a retirar, después de haber lanzado varios cohetones y pedradas que rompieron los escudos militares, y una vez que huyeron sobre la lateral del Periférico, los soldados avanzaron con una tanqueta lanzando disparos de agua que solo mojaron a los reporteros que permanecían en el lugar, mientras el grupo de policías militares llegaba hasta las rejas derribadas.
Ayer el presidente López Obrador dijo que no está de acuerdo con las “formas violentas” en las que protestan los normalistas de Ayotzinapa y hasta sugirió que pudieron ser infiltrados “por intereses de conservadores”, mientras que el subsecretario Encinas aseguraba que en el grupo que ha causado destrozos y que ha atacado a instalaciones militares y civiles, dejando incluso policías heridos, “no están los padres de los 43 normalistas”. Lo cierto es que, a unas horas de que se conmemoren los 8 años de la tragedia de Ayotzinapa, el ambiente está cada vez más caliente, los padres de los normalistas siguen sin convalidar ni aceptar del todo el informe con las nuevas investigaciones y los militares, que tanto poder acumulan hoy en el gobierno, están molestos por las acusaciones penales en su contra. ¿Qué podría salir mal el próximo lunes 26 de septiembre?
NOTAS INDISCRETAS… Van dos días consecutivos en los que el presidente López Obrador habla del fracaso de la iniciativa de reforma al Quinto Transitorio constitucional en el Senado, primero el jueves y ayer viernes en sus conferencias mañaneras, y en las dos ocasiones afloró el enojo y empacho que trae el mandatario ante la imposibilidad de Morena y sus aliados de haber sacado la iniciativa que alargará la presencia del Ejército en la seguridad y las calles hasta 2028. Anda tan enojado con ese tema el presidente que primero exhibió la lista de los senadores de oposición que rechazaron la propuesta y luego enderezó sendos ataques verbales contra senadores como el independiente Emilio Álvarez Icaza a quien atacó con adjetivos como “falsario” y el coordinador priista del Senado, Miguel Osorio Chong, a quién se refirió como “Chong” y lo llamó “junto a todos los panistas de lo más retrógrada y autoritario que pueda haber, como buenos conservadores”. Y en medio de su entripado, a López Obrador se le escapó el lunes una confesión sobre la paternidad de esta reforma constitucional cuando dijo que “pasado un tiempo la voy a volver a mandar y le seguiré presentando porque es mi facultad como presidente el enviar iniciativas”. Y ahí, el presidente desnudó todo el acuerdo de impunidad y la negociación política que su gobierno hizo con Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira, porque según ellos habían sido los priistas los autores de esta propuesta. Fue tan sincera y tan inesperada la revelación de López Obrador que el mismo día que reconoció que él había enviado esa reforma al 5to. Transitorio al Congreso, en la Cámara de Diputados se presentó la solicitud de licencia indefinida al cargo de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, a la que hicieron aparecer como autora de la reforma y que ella misma salió a decirnos en una entrevista radiofónica que ella la había redactado, que no se la habían dado ni pedido nadie. “Oiga Salvador, si yo no tengo marido nomás para que nadie me mande, como iba a aceptar que me mandaran a presentar algo que yo no hice”, nos dijo la ahora diputada con licencia en entrevista el pasado 13 de septiembre en El Heraldo Radio. Es lo malo de hacer tanto coraje, que luego uno termina soltando la sopa como le pasó al presidente. Por cierto, que ha sido tanto el enojo del inquilino de Palacio que ahora propone una “consulta popular” sobre el tema de la militarización, pero no quiere que la haga el INE sino Gobernación. No, pues ya entrados en gastos, mejor que le encargue su consulta patito a su querido Manuel Bartlett, así garantiza que los resultados le salgan completamente a modo… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana de temblores, sustos y tensiones.
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La ley soy yo/Francisco Garfias
Arsenal
No era broma aquello de que “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Una y otra vez el presidente López Obrador ha demostrado que no comulga con el Estado de derecho. Cada que se le atraviesan cuestiones legales en sus planes, las hace a un lado.
Es el caso de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, no pudo doblar al Bloque de Contención en el Senado. No le alcanzaron los votos para reformar el famoso 5º transitorio de la Constitución, que ordena el regreso de los militares a sus cuarteles y bases en el 2024. El dictamen fue devuelto a comisiones para evitar que fuera desechado. La maniobra de utilizar el PRI para lograr sus propósitos –lo que quedó claro con el mañanero lapsus de que volverá a mandar la iniciativa– se topó con pared en el Senado. Alito pactó; Osorio Chong no.
*El primer mandatario salió ayer con la novedad de que la Subsecretaria de Gobernación –y no el INE– va a organizar una consulta estilo 4T para preguntarle al pueblo si quiere la permanencia del Ejército en las calles.
La consulta que propone viola el artículo 35 fracción 3ª de la Constitución, que textualmente dice: “No podrá ser objeto de consulta la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.
Pero a AMLO le vale gorro. Él quiere su consulta patito. Ya hasta tiene las tres preguntas que haría:
1.- ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?
2.- ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?
3.-¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación?
La senadora panista López Rabadán retó al Presidente a que, si hace la consulta, sea dentro de la legalidad. Es decir que la organice el INE. Sugiere, a su vez, otras tres preguntas.
1.-¿Estás de acuerdo con la estrategia de seguridad de abrazar a los delincuentes que ha generado más balazos y más de 130 mil asesinatos?
2.- ¿Quieres que se fortalezcan las policías estatal y municipal?
3.- ¿Quieres que toda la policía tenga de jefe a un militar o a un civil?
Allí tiene las seis preguntas. Responda usted a las que quiera.
*El diputado federal de Morena Rubén Gregorio Muñoz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, advierte con franqueza:
“Se invierte en el problema del agua en México o no habrá consolidación de la Cuarta Transformación. Si no se atiende, puede dar origen a uno de los mayores conflictos sociales. ¿Y cómo se atiende? con recursos para tecnificar los 86 distritos de riego, rehabilitar las dos mil plantas de tratamiento que hoy trabajan de manera irregular (más de 1,200 de ellas están fuera de operación); creando un banco de proyectos hidráulicos… Hay que cobrar, además, los 150 mil millones de pesos que se dejan de pagar anualmente en los 2,471 municipios mexicanos”, subraya.
* En el Presupuesto de Egresos para 2023, enviado por la SHCP, hay para la Conagua, 34 mil 500 millones de pesos. Es más del doble de lo que recibió este año, pero no alcanza para hacerle frente al problema. Tampoco para evitar que el agua per cápita, que se consume anualmente, disminuya de 3 mil 692 metros cúbicos, actualmente, a 3 mil 250 para el 2030, como resultado del crecimiento de la población. El tamaño del problema es de 50 mil millones de pesos anuales mínimo, puntualiza el legislador. Muñoz trae en su celular un documento sobre Los desafíos del agua y las alternativas financieras de solución, elaborado por la Comisión que preside.
Ese documento habla de la “paradoja hídrica” en México:
En el norte y centro del país habita 77 por ciento de la población, se genera 83 por ciento del PIB, y sólo se tiene 33 por ciento del agua renovable. En el sur habita 23 por ciento de la población, se genera 17 por ciento del PIB y cuenta con 67 por ciento del agua renovable.
En el capítulo de Los desafíos del agua en México, el texto dice que 50 por ciento del volumen del agua subterránea que se utiliza proviene de acuíferos sobrexplotados.
Y advierte: “Las sequías y las precipitaciones intensas son los riesgos con los que México se enfrenta en materia de vulnerabilidad climática. Ésta ya afecta zonas del país que producen alimentos de la canasta básica. Existe una alta contaminación de las aguas superficiales por descargas de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento, así como agroquímicos”.
El gran reto que tiene el Congreso, concluye el morenista, es ejercer su facultad constitucional, que es la asignación del presupuesto para las obras hidráulicas que el país necesita.
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El gobierno de los muertos/Jorge Ramos Ávalos
en REFORMa
Esta es la mala noticia: el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya es el más violento de la historia moderna del país. Durante su gobierno se han registrado más homicidios dolosos que en las presidencias de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y aún le quedan poco más de dos años en el poder. Su estrategia de seguridad es un fracaso.
De hecho, desde la Revolución y la Guerra Cristera no se habían reportado tantos asesinatos en un solo gobierno de la República. Y esta afirmación está basada en cifras oficiales.
No hay otros datos.
La información surge del propio gobierno de AMLO. Desde que el Presidente tomó posesión, el 1o. de diciembre del 2018, hasta el 31 de agosto del 2022 fueron asesinados 126,206 mexicanos, según las cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podemos normalizar esta cifra. Detrás de cada asesinato hay un nombre, un apellido, una familia y una vida destruida.
Estos 126,206 asesinatos durante el gobierno de López Obrador ya superan los 124,478 homicidios dolosos durante el gobierno de Peña Nieto, según el mismo Sistema de Seguridad Pública. Y también son más que los 121,683 asesinatos en la Presidencia de Felipe Calderón, de acuerdo con el conteo del INEGI.
El Presidente ha culpado a los dos gobiernos que le precedieron de crear las condiciones de la actual violencia en el país. Es posible. Y ha apuntado a una ligerísima baja en el porcentaje de homicidios dolosos y a que no son crímenes de Estado. También es cierto. Pero se acabó el tiempo para dar excusas. Más de 30 millones de mexicanos votaron por él para encontrar una solución a los principales problemas del país. AMLO ha fallado en su misión más importante; salvar la vida de decenas de miles de mexicanos.
En la mañanera del jueves -donde le agradecí al Presidente la oportunidad de preguntar con total libertad- le pedí que rectificara su estrategia. Pero no quiso. "No vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados", me dijo.
Las proyecciones sugieren un futuro muy sangriento.
En agosto de este 2022 asesinaron a 2,624 personas. De seguir así en los 25 meses que le quedan de gobierno, habría que sumar otros 65,600 asesinatos a los 126,206 que ya se reportaron. Es decir, si las cosas no cambian y rápido, el gobierno de López Obrador podría terminar el 1o. de octubre del 2024 -la nueva fecha de entrega de gobierno- con más de 191 mil muertos. Ese sería su terrible legado.
Esta proyección fatalista -191 mil muertos en un sexenio- debería poner a todos a correr y generar un sentido de urgencia. Pero no lo veo. Como en un cuento de Juan Rulfo, muchos en el pueblo se han acostumbrado a convivir con la muerte.
Las reuniones a las seis de la mañana con todo el gabinete de seguridad han sido insuficientes y poco productivas. Por más que AMLO diga que "vamos bien", muchos mexicanos saben que eso no es cierto.
El 68 por ciento de los encuestados recientemente por el diario Reforma asegura que la violencia ha aumentado; solo un 10 por ciento contestó que ha disminuido. Y sobre la presencia del crimen organizado, la respuesta es similar: 63 por ciento cree que ha aumentado y únicamente el 9 por ciento considera que ha disminuido.
Los datos son los datos. Por más que AMLO pretenda dar una imagen positiva de la realidad en sus mañaneras, la calle está muy dura. Cada día matan a 84 mexicanos, en promedio, basándonos en las cifras de agosto pasado.
Pero no solo quiero apuntar lo que está mal.
Mi propuesta es la realización de una convención nacional contra la violencia con participación de expertos mexicanos y extranjeros. (El Sistema Universitario Jesuita también ha hecho una serie de propuestas muy valiosas). Hay que analizar el problema y proponer varias soluciones, a nivel local y federal. Pero eso requiere el compromiso del Presidente de considerar las propuestas que de ahí salgan. Es por el bien de todo México. Es una emergencia. Es para no llegar a los 191 mil muertos.
Mientras tanto, el gobierno de AMLO ya es el más violento de nuestra época. Esta no es, por supuesto, la manera en que el Presidente quería pasar a la historia. Pero el suyo, en parte, será recordado como el gobierno de los muertos.
@jorgeramosnews
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¿Quieren Estado-cuartel?/Germán Martínez Cázares
en REFORMA
Quieren "militarizar", no "civilizar" la lucha contra el crimen. Quieren "seguridad militar", porque ya no pueden dar "seguridad pública".Cuando hablaron hasta de desaparecer el fuero al Presidente, ahora buscan "fuero militar". Benito Juárez peleó contra el grito "Fueros y Religión" del vendepatrias Antonio López de Santa Anna; ahora, la 4T le da la espalda a la República juarista, es decir, a un "Estado de ciudadanos" que quieren transformar en un "Estado-cuartel", como lo teorizó el politólogo norteamericano Harold D. Lasswell al advertir, hace muchos años, que la crisis de seguridad en las sociedades industriales llevaría a una organización política de líderes civiles y militares.
Eso es lo que intentan: un acuerdo entre Morena y los militares, los primeros piden lealtad (y de ser posible, servilismo), mientras que los segundos exigen impunidad y privilegios. Ser un grupo de personas que hace y deshace, por sí y ante sí, sin que lo alcance la justicia ordinaria frente a la que cualquier mexicano debe acudir. La militarización que quieren en Morena es una discriminación en la que suben los uniformados a un pedestal inalcanzable donde no se rinden cuentas, mientras que el resto de la sociedad se queda a ras de suelo. Entre más insignias, más impunidad. Y como dice nuestro Himno Nacional, suplican guirnaldas de oliva anticipadas y laureles permanentes de victoria.
El militarismo, dice Gianfranco Pasquino, de la Universidad de Turín, lo constituye un conjunto de costumbres, intereses, acciones y pensamientos asociados con la utilización de las armas y con la guerra; sin embargo, lo alarmante es que se les asignan o se autoasignan fines ilimitados, tienden a permear su cultura de obediencia a ciegas a toda la sociedad, y a darle preeminencia a la fuerza vertical sobre el consenso horizontal; repudian el disenso y su racionalidad ostenta y hace gala del culto al "grado militar" y a la fe en la orden cumplida; todos esos valores y actitudes chocan y se colocan por encima de la igualdad en el trato, el mandato judicial obtenido con rutinas legales y el sometimiento al imperio abstracto de nuestra Constitución.
Quiere el obradorismo "especialistas en violencia", ya olvidaron las palabras "paz", "reconciliación", "perdón", "justicia transicional" y "víctimas" con las que entraron a Palacio Nacional. Que los morenistas sean de "espoleta retardada" para entender al crimen, y primero hayan dicho que había que repartir abrazos, no los autoriza ahora a detonar balazos sin ton ni son. Hay un límite que no tienen derecho a olvidar ni a cambiar en la Constitución: el respeto a los derechos humanos.
La norma per-ma-nen-te de la Constitución establece que "... las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil...". ¿Por qué una norma tran-si-to-ria violenta ese mandato civil fundante de la República? La pretensión militarista golpea la esencia civilizatoria de nuestra convivencia. ¿Qué diferencia ético-ciudadana hay entre capar a los violadores, como busca el gobernador potosino, y estallarles una granada militar en la cara a los criminales? ¿Cañonazos a legisladores para después dar cañonazos a criminales?
El Ejército ya no cuida al Presidente, es el Presidente el que protege a las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional serán civiles sometidos a ordenanzas y jurisdicción militares. Las obras públicas que ejecutan los mandos castrenses, además de opacas, serán manzanas de discordia entre capitanes y generales. Ascensos y premios para los amigos, destierros sin contratos y a combatir el crimen para los enemigos.
No vale más un mexicano con casaca militar, sotana religiosa o chequera empresarial. El México civil es el del poder ciudadano, no el del sonoro rugir del cañón, por más patriótico que suene. Es una trampa militar conocida confundir al Estado con la milicia. El Estado somos todos. Los militares sólo una parte que debe estar sometida a límites, sin concesiones ni dispensas. ¿La 4T es transformar el Estado-Bienestar en el Estado-cuartel?
El autor es senador de la República.
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Otra mirada/Ana Laura Magaloni Kerpel
en REFORMA
24 Sep. 2022
La invisibilidad del problema es lo que me resulta más perturbador. El debate legislativo sobre la Guardia Nacional no fue sobre contenidos; lo que vimos fue una confrontación política. Se trababa, sobre todo, de quién podía más; una guerra de poder, un intento de reacomodo de fuerzas políticas previo a la contienda electoral del Estado de México. Ese debate no fue sobre el Ejército y su rol en la seguridad de las personas en el contexto de México.
Si se hubiese tratado realmente del contenido, el debate debería haberse vertebrado, de pies a cabeza, a través de una pregunta central: ¿cómo viven, sienten y padecen la inseguridad las y los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país? Desde ese mirador, nos tendríamos que hacer cargo entonces de analizar los datos duros y darles alguna buena explicación. También, si lo que importa son las personas, los legisladores debieron haberlas escuchado. Yo sí quisiera escuchar, primero que nada, las historias y las experiencias de la gente en los barrios y territorios más violentos del país.
Es de verdad increíblemente triste que sigamos en el mismo punto que en el 2008. Guardia Nacional y Prisión Preventiva Oficiosa son concepciones muy conocidas y familiares en México. Así le hemos hecho desde el 2008 a la fecha. ¿Nada hemos aprendido desde entonces? ¿En serio?
Yo creo que a estas alturas sí sabemos que la agenda de seguridad que necesita el país debe comenzar por el fortalecimiento de las instituciones locales. Es ahí donde se originan los problemas más importantes de nuestra vida colectiva. Tenemos un viejo romanticismo autoritario según el cual desde el centro se resuelven todos los problemas de México. No es así. Es a nivel de los estados, los municipios, los barrios, las vecindades, las colonias, donde se gesta todos los días la crisis de seguridad que vivimos. Necesitamos intervenciones a la medida de nuestras localidades, que tomen en cuenta sus problemas y restricciones particulares e involucren a la gente en las soluciones.
Tiene razón el Presidente cuando dice que hay que atender las causas de la violencia. El desafío es cómo hacerlo y el tipo de servicios públicos que ello exige. Hace ya siete años, junto con un grupo de colegas, hicimos trabajo de campo para analizar los conflictos recurrentes y la manera de resolverlos en algunos barrios urbanos marginados y violentos de la CDMX y Ciudad Juárez. Desde esa mirada al problema, inmediatamente se puede ver con nitidez que la crisis de inseguridad está constituida por un caleidoscopio de dinámicas sociales violentas, que se gestan de distinta manera y que cambian en función de los microcontextos locales.
La violencia es una dinámica social, no son hechos aislados tipificados en el Código Penal como "delito". Las personas que viven en entornos violentos aprenden a convivir de determinada manera, siempre con miedo, incertidumbre y desconfianza. El orden violento lo definen los hombres, jóvenes, armados y no hay mucho para dónde moverse. Este tipo de orden genera una espiral de violencias y abusos infinita. Vivir inseguro encapsula uno de los peores sentimientos asociados a la marginación y la pobreza: la orfandad ante la ley. No hay forma de sentir la protección de la ley frente al abuso de otros. Esta experiencia de inseguridad genera una dinámica social que se consume toda posibilidad de prosperidad y bienestar para la gente.
¿Cómo transformar esas dinámicas sociales? Ese es el mayor desafío que tenemos en México. El paso número uno es cambiar la mirada: la política de seguridad pública es centralmente local (con algunos componentes nacionales). Ello es lo que puede mejorar la vida cotidiana de la gente. Un buen ejemplo: el caso de la CDMX en la administración de Claudia Sheinbaum.
Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Magaloni es precursora en México de los estudios empíricos sobre las instituciones de justicia, con énfasis en la SCJN, el juicio de amparo y el sistema de persecución y enjuiciamiento penal mexicanos. Entre sus recientes publicaciones está "La Suprema Corte y la transición jurídica en México".
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Maquiavelo en Macuspana/Jorge Volpi
en REFORMA
Astucia, malicia, sentido de la oportunidad, fuerza, insolencia y absoluta falta de escrúpulos. Como pocas veces en este sexenio -y ninguna otra desde Carlos Salinas-, estas semanas hemos constatado la extrema habilidad política de nuestro príncipe: un hombre que, provisto con un discurso que justifica todas sus acciones -la batalla contra el pasado-, no duda en ejercer el poder a su antojo para alcanzar sus metas y destruir, en el camino, a sus rivales. Uno de los grandes problemas de sus opositores es que, por enquistadas razones de clase, les fascina desdeñarlo con motes pedestres, lo cual solo contribuye a que continúen perdiendo casi todas las batallas en su contra.
Nos guste o no, Andrés Manuel López Obrador es el político más eficaz que hemos tenido en al menos tres décadas. Reconocerlo no implica que su conducta sea admirable ni borra la hubris que lo ha llevado a perder algunos combates: significa, simplemente, que en cuatro años de gobierno ha acumulado un poder que no habían tenido sus predecesores; que ha articulado una paradójica alianza que sostiene todas sus medidas -con los empresarios y los militares, sobre todo-; que se ha adueñado por entero del discurso público mientras sus enemigos apenas balbucean; que ha desarticulado a sus opositores a fuerza de cooptarlos o amenazarlos; y que ha logrado ser visto por la mayor parte de la población, a fuerza de repetir una y otra vez las mismas mentiras, como un líder impecable y justo.
Maquiavelo habría aplaudido: es como si, a sabiendas o por instinto, el macuspano hubiese puesto en práctica cada uno de sus consejos. La mayor fortaleza de un príncipe es el afecto de su gente, recomendaba el florentino, y desde hace décadas AMLO volcó toda su energía en cultivarlo. En un país brutalmente desigual, supo oír las quejas y exigencias de los desfavorecidos y articuló el poderoso discurso que lo condujo al poder y ahora le permite seguir protegiendo a los sectores más ricos y tomar un sinfín de medidas de derecha acusando a sus rivales de conservadores. Nada hay más importante que aparentar ser religioso, añade Maquiavelo: otro acierto del Presidente, aunque su religión equivalga solo a convencer a los demás de su decencia frente a la vileza de sus adversarios.
El príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas, advierte El príncipe y, en otra parte, dice: la promesa dada fue una necesidad del pasado; la palabra rota, una necesidad del presente. Queda claro que esto ha ocurrido con la militarización que AMLO prometió desterrar y hoy alienta como nadie. Sabe, como Maquiavelo, que no existe relación entre la política y la moral. El caso más reciente: si el fin era apuntalar su alianza con el Ejército entregándole el control total de la seguridad pública, cualquier medio valía para obtener los votos necesarios. Ello implicó ridiculizar y amenazar a uno de los principales líderes de la oposición -un pobre diablo que solo aspira a no pisar la cárcel y a conservar sus privilegios- hasta doblegarlo. Como prescribe Maquiavelo: la afrenta que se hace a un hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza. Tras la humillación, se le mima por un tiempo y se celebra su cambio de opinión. Lo mismo cuando se compra a un senador a quien días atrás se tachaba de traidor a la patria y hoy es un iluminado.
Hasta el momento, el Presidente no ha logado satisfacer a los militares, pero ha obtenido algo aún más valioso: pulverizar a sus enemigos. Si el escenario no cambia, todo indica que podrá elegir cómodamente a su sucesora: sí, en femenino. Insisto: lo peor que pueden hacer sus opositores y críticos es minimizarlo o ridiculizarlo. Se trata de un adversario formidable y sería mejor reconocerlo. Para muchos, lo más desasosegante es que AMLO haya articulado un mensaje de moralidad extrema -no somos iguales- cuando día con día demuestra que la moral le es irrelevante. La culpa es, sin duda, nuestra: cualquiera que haya leído El príncipe debería haber previsto que no se puede confiar en ningún hombre obsesionado con el poder.
@jvolpi
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LINOTIPIA / Peniley Ramírez
en REFORMA,
Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo.
A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente. Disolvieron a cinco. A los demás los cortaron en trozos, con machetes, y los enterraron. Uno de los criminales desolló a un estudiante. Quería impresionar a su jefe.
Casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado. Cuando amaneció, seis jóvenes seguían vivos. Los llevaron a una bodega cercana. Los asesinaron días después, por órdenes del entonces coronel del Ejército José Rodríguez.
La decisión de matar a los normalistas se tomó en la noche del 26. Los criminales creían que algunos jóvenes trabajaban con un grupo criminal contrario. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo. "Los nacos hicieron enojar a mi papá. Dijo que recuperaran la mercancía y que los chingaran a todos. Nunca vi a mi papá tan molesto. Total, me fui a acostar", escribió la hija de Abarca a una amiga.
Días después, el escándalo por la desaparición de los estudiantes crecía. Abarca avisó a sus contactos en el Ejército que Tomás Zerón, enviado por Enrique Peña Nieto, le había propuesto que pidiera licencia y desapareciera. Dijo que le había ofrecido que se declarara autor intelectual del asesinato y que luego lo sacarían del país.
A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos.
Han pasado ocho años. Hace unas semanas, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa publicó un informe con su investigación. El informe se divulgó en una versión pública, donde está testada casi toda la narración y los mensajes que se intercambiaban los participantes, sus parejas, sus hijos. Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes.
Obtuve una copia de ese informe, sin testar. Contiene el relato y las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. Decidí escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento, con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran animales. No lo logré. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de la sociedad mexicana, que deberían obligarnos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país.
El informe dice que la verdad histórica fue una construcción, un invento político. Dice que esa verdad impidió que se investigaran otros hechos que estuvieron siempre en las comunicaciones de los participantes de las horas aberrantes de aquel septiembre.
Durante años, la prensa y los activistas se enfocaron en demostrar que los jóvenes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Este informe abre una nueva serie de líneas de investigación, sugiere nuevos sitios dónde buscar los restos.
La Comisión cree que Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No señala a los militares y funcionarios federales solo por haber sido omisos en proteger a los jóvenes, aunque los vigilaban desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pide que se investigue si participaron en el homicidio, el ocultamiento y el traslado posterior de sus restos al campo militar, días, semanas y meses después de los asesinatos.
La defensa de Zerón me dijo que su cliente nunca habló con Abarca antes de su arresto, no negoció con él, ni le ofreció nada. La defensa de Rodríguez ha dicho que es inocente. La fuente que me compartió el documento me dijo que lo hace porque considera que es vital que se investiguen estas nuevas pistas.
Si se investiga esta nueva cronología, quizá descubramos que Ayotzinapa es un caso del que hemos leído mucho, pero del que no sabíamos casi nada.
@penileyramirez
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También una comisión de paz para México/Sergio García Ramírez
El Universal, 24/09/2022;
Hay proyectos que merecen bien de la Patria. Y de muchas otras donde la violencia cobra tantas vidas como el crimen en la nuestra. Por fortuna, no reposa el ingenio para proponer iniciativas que alivien el infortunio. En el escenario internacional, nuestro Primer Mandatario formula propuestas y acredita los valores políticos y morales que imperan en esta República. Por ello podemos encabezar dignamente la legión de pueblos en marcha a la paz y el progreso.
A quienes olvidan los impulsos justicieros del Mandatario habrá que recordarles las iniciativas humanistas que ha planteado a la comunidad de las naciones. Para no ir más lejos, recordemos el “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar”, que el jefe de las instituciones (como debiéramos decir de nuevo) propuso ante las Naciones Unidas el 9 de noviembre de 2021. De paso, invitó a combatir la corrupción, como lo hacemos en México, con estupendos resultados. Pero la comunidad internacional actuó como “florero” ante las propuestas mexicanas (así lo dijo el proponente), mientras la humanidad desfallecía.
Hace días, el Mandatario recuperó el hilo de sus proyectos bienhechores e instó al mundo (tundiendo de paso a las grandes potencias, a las Naciones Unidas y a la OTAN, que lo merecen) a constituir una comisión sembradora de la paz para resolver el conflicto que ha enfrentado a Rusia y Ucrania. El autor de la iniciativa, saludada con emoción por millones de seres humanos que ya no saben cómo salir de sus desgracias, sugirió la forma de constituir la comisión, con dignatarios que quizás se hallaban muy tranquilos sin sospechar la designación que fraguaba el gobernante de México.
Más tardó el proponente en formular sus atinadas sugerencias que en recibir de un funcionario del gobierno de Ucrania un rechazo rotundo, que nuestro dirigente (que debiera serlo del mundo) supuso generado por la mala fe y el elitismo, aunque no detalló por lo pronto en qué consistían esos motivos del lobo. Quizás los ucranianos no han digerido todavía la tibia reacción del Mandatario mexicano cuando Rusia inició la “operación especial” sobre Ucrania, reacción que afortunadamente reorientaron el Embajador de México ante Naciones Unidas y el Secretario de Relaciones Exteriores.
Sea lo que fuere, la propuesta mexicana puede ser redentora para un mundo en crisis. Y puede serlo —he aquí el punto— también para nuestro país (¡sobre todo!), asediado por la división y la violencia. Con el mismo ánimo pacificador y constructivo, el autor de la iniciativa para el planeta podría plantear una para México. Quizás podría emprender en estas tierras ensangrentadas y en esta población dividida el establecimiento de una comisión pacificadora que nos devolviera la paz y la concordia.
Por supuesto, el propio Mandatario presidiría la comisión, con gran autoridad moral y política. Habría representantes de múltiples sectores que alegan ser objeto de agravios y negligencias: de las víctimas del crimen, la pandemia y la crisis sanitaria; de las mujeres desatendidas y privadas de la protección que reclaman; de las madres y padres de familia que han perdido el apoyo de escuelas y alimentos para sus hijos; de los niños que padecen graves enfermedades y no cuentan con las medicinas que los alivien. Y de otros millones de mexicanos que anhelan soluciones y que verían con buenos ojos que se creara en México una comisión redentora. Claro que el primer punto en el orden del día de la comisión benemérita sería moderar el discurso devastador que cada mañana anima la violencia donde debiera sembrar la concordia.
Profesor emérito de la UNAM
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