El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, de la Cámara de Diputados envió una carta al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, en la que solicita información sobre la licitación pública internacional SG-N-DA12/09, para la adquisición de 200 equipos especializados que tienen como fin la obtención de la información biométrica, en la que resultó ganadora la empresa Smartmatic International Holding B.V.
En el oficio se pide a la Segob que explique la procedencia de los recursos que serán destinados para la adquisición de los equipos, es decir si estaban presupuestados por la dependencia federal en el proyecto económico del 2010 ó en su caso se tuvieron que hacer modificaciones.
También, se demanda información de cuántas y cuáles fueron las empresas que participaron en la licitación y qué garantías brinda el ganador de ésta para asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales y la confidencialidad de la información que maneje Smartmatic International.
Asimismo, se pide determinar la necesidad y alcances del contrato, así como los criterios y valoración que se siguieron para tomar la decisión, la dinámica de pagos y planeación del gasto; los precios convenientes y no convenientes establecidos en la Ley de Adquisiciones.
Poco después, en conferencia de prensa, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Escudero Morales (PVEM), afirmó que en caso de que no se explique a detalle el proceso de licitación citarán a comparecer al secretario de Gobernación.
Informó que también giró un oficio a Fernando Gómez Mont, a fin de que detalle el proceso por el que ganó la licitación la empresa Smartmatic International. “Que nos informe detalladamente de qué recursos dispone, dónde se llevó a cabo la licitación, el estudio de mercado, quiénes participaron, cómo, cuáles fueron los fondos y toda la información correspondiente”, dijo. Notilegis
30 nov 2009
Freno a la censura
Freno a la censura
JORGE CARRASCO ARAIZAGA,,
Revista Proceso # 1726, 29 de noviembre de 2009;
En octubre pasado, por unanimidad, los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que era improcedente el amparo presentado por Marta Sahagún contra esta revista por presunto daño moral (Proceso 1719). En su voto concurrente, anexo a la sentencia definitiva del máximo tribunal (recién entregada a las partes), el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo dejó en claro que detrás de la demanda había un propósito de censura que no sólo perjudicaba a la publicación, sino que atentaba contra la libre circulación de la información y el derecho de la sociedad a saber.
Al negarle el amparo a Marta Sahagún en el juicio contra Proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitó que se establecieran en el país la censura previa y la cadena de responsabilidades entre empresas editoriales y autores.
Así lo determinó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en el voto concurrente que elaboró para abundar en el fallo con el que la Corte puso fin a la demanda civil por daño moral interpuesta por Sahagún contra la revista.
La argumentación del ministro, conocida apenas el martes 10 de noviembre al notificarse la resolución a las partes, deja en claro que detrás de la demanda había un propósito de censura que no sólo perjudicaba a la publicación, sino que atentaba contra la libre circulación de la información y el derecho a saber.
Aunque el fallo contra Sahagún fue adoptado por unanimidad de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte, de la que él mismo forma parte, Gudiño Pelayo argumentó su voto por escrito. Considera que el fallo debió abundar en otros temas, como la responsabilidad que puede existir entre las empresas editoras y quienes escriben para ellas en casos en que se afecten derechos de terceros.
El fallo de la Corte, adoptado el 7 de octubre a partir del proyecto elaborado por el ministro Sergio Valls Hernández, le negó a Sahagún el amparo con el que quería echar abajo la resolución adoptada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a favor de Proceso.
El TSJDF absolvió a la revista en el juicio por daño moral emprendido por Sahagún en contra de este medio y de la periodista Olga Wornat por la publicación del texto Historia de una anulación sospechosa, en el que se da cuenta de la manera en que Sahagún logró la disolución de su matrimonio religioso con Manuel Bribiesca Godoy.
Al negar el amparo, la Corte confirmó la exculpación, pero dejó firme la sentencia en contra de Wornat, a la que el TSJDF encontró responsable de haber incurrido “en una ilicitud” al hacer imputaciones a Sahagún más allá de la información que presentó.
Gudiño Pelayo explicó que el amparo promovido por Sahagún consistía en determinar si fue constitucional la absolución de Comunicación e Información, S.A. (CISA), editora de la revista, así como la responsabilidad de los medios de comunicación cuando a través de ellos se difunden opiniones o informaciones firmadas por otros.
En la sentencia se puso énfasis en que Sahagún fue un personaje público con amplia proyección en medios, y por esa condición se consideró admisible la intromisión que se hizo en su vida privada en la publicación objeto del juicio (Proceso 1719).
Gudiño sostiene que en la demanda no estaba en juego la responsabilidad de la revista porque sólo sirvió de vehículo para la libertad de expresión de otros.
Aclara, sin embargo, que la responsabilidad de las empresas editoriales debe valorarse en cada caso, pues “no todas las publicaciones son iguales”.
Para el ministro, en el caso de Sahagún no se trataba de juzgar si la periodista se extralimitó al revelar la información o si invadió el derecho a la vida privada de la quejosa. Más bien, dice, el juicio de amparo contra la revista tenía que ver con la responsabilidad o corresponsabilidad –en caso de que hubiera existido– de CISA por lo que publicó la periodista.
Los deslindes
Por encima de la demanda de la esposa del expresidente Vicente Fox, el ministro se pregunta: ¿Son responsables también las editoriales o sólo los autores por lo que firman? Según Gudiño, la participación de la editorial varía.
En el caso de Proceso, “la editorial no hace suyas las opiniones ni las informaciones que presenta su autora, ni las complementa con dichos propios, sino que abre sus espacios para que la autora exprese, revele, diga y opine lo que ella considere”.
Gudiño fue uno de los tres ministros de la Primera Sala de la Corte que le negaron a Wornat el amparo que tramitó contra la sentencia del TSJDF, con lo cual se cerró la puerta para que el máximo tribunal definiera criterios respecto al derecho a la información, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y la responsabilidad civil por daño moral.
El voto concurrente, sin embargo, le sirvió para fijar su posición respecto a esa responsabilidad.
Señala que en una demanda como la que se emprendió contra CISA, “no podemos exigirle a las editoriales que revisen y que sean corresponsables con los autores –que a través de ellas publicitan sus escritos– de lo que ellos suscribieron, informaron u opinaron”, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No podemos exigirle responsabilidad a las casas editoriales por las posibles extralimitaciones en que incurrieron quienes, a través de ellas, publicaron escritos que se tildan de ‘invasivos’ de la vida privada de otros, bajo el criterio de que contribuyen al debate público. En este caso, la responsabilidad pesa sobre quien suscribe lo dicho”, sostiene Gudiño.
El ministro dice que el texto que motivó el juicio fue “una publicación neutra”; no porque carezca de opiniones, sino que no refleja ni información propia de la editorial ni la opinión de la editorial.
Tanto en su demanda civil como en su escrito de amparo, Sahagún sostuvo que Proceso era corresponsable de haber violado, entre otros, el artículo 7 de la Constitución respecto a que la libertad de imprenta no reconoce más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
“Los límites y deberes exigibles a las casas editoras no siempre son los mismos que se aplican a los autores en lo individual”, responde el ministro a ese reclamo de Sahagún.
Precisa: “Hay que ver primero cuál es la modalidad en que se hace la publicación, así como también habrá que tener presente que el derecho a la tutela de la vida privada no es absoluto”.
Directo, Gudiño dice que el texto es una publicación en la que “no advierto que, dadas las circunstancias específicas en que se hizo… hubiere elementos que permitieran exigirle responsabilidad a la editorial; aun cuando la Sala responsable del TSJDF haya encontrado a la autora responsable del libelo”, responsabilidad que la Corte decidió no revisar al negarle el amparo a Wornat.
Junto con los ministros Valls y Juan Silva Meza, Gudiño hizo mayoría en la Primera Sala de la Corte para negarle el amparo a la periodista por razones de “caducidad”.
Gudiño sostiene que darle la razón a Sahagún contra la revista, habría generado “cadenas de responsabilidad entre editoras y autores” con lo que se “haría de los editores censores previos de todo lo que se quiera expresar”. Más aún, “inhibiría de manera importante la circulación de información y opiniones”.
Esos escenarios, añade, son “inadmisibles por ser fuertemente limitantes de la libertad de expresión y del derecho a la información”, pues “inciden en aspectos cruciales para el desarrollo de las sociedades democráticas” y “de manera trascendental en la circulación de información y opiniones”.
Aborto debate en España
Aborto: ni derecho ni obligación/José Bono, presidente del Congreso de los Diputados
Publicado en EL PAÍS, 26/11/09;
Cuando me enfrento a la regulación legal de la interrupción del embarazo, no puedo hacerlo como si de una ley sobre seguros agrarios se tratara. Al votar una ley sobre el aborto mi conciencia me interpela.
Creo que le ocurre algo parecido a muchos ciudadanos cuando reflexionan sobre la vida del no nacido. Y es así porque, se diga lo que se diga, sabemos con certeza que el feto no es un órgano propio de la mujer, sino una realidad distinta de la mujer gestante. El feto es más un “alguien” que un “algo”. No puedo negar sin mentirme que tengo la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección. Estamos ante un valor constitucional. El alto tribunal establece que el feto “en todo caso, es un bien no sólo constitucionalmente protegido sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional” (STC 53/1985, FJ 9).
Sin embargo, el aborto es también una realidad, y la experiencia nos dice que su prohibición en cualquier circunstancia, además de acarrear graves e indeseadas consecuencias, sólo ha logrado su práctica clandestina. Ante esta realidad, el legislador responsable no debe mirar a otro lado. Como dice el profesor Peces-Barba, “el aborto es siempre un mal porque acaba con un germen de vida y se rompe una línea biológica natural… -pero la ley lo regula- porque ponderando los bienes y los males en juego considera que puede haber otros males mayores”. (La democracia en España, página 193).
El aborto no es un bien ni un derecho. En el núcleo de mis convicciones éticas y religiosas está la defensa de la vida y el amparo al más débil, valores que son patrimonio de la tradición humanista y progresista española. Giner de los Ríos defendía con énfasis los deberes éticos y jurídicos del Estado respecto del feto. (Ver Resumen de Filosofía del Derecho, página 118).
En este tema, como dice Obama, hemos de evitar, especialmente, “la caricatura del otro”, porque el aborto no debe presentarse como un asunto ideológico sino de conciencia, y debe plantearse con serenidad, de manera que nos permita atribuir a quienes discrepan la misma presunción de buena fe que nos concedemos a nosotros mismos.
El debate que hoy se plantea en España no es si se despenaliza o no el aborto. Ese debate tuvo lugar en 1985. La cuestión es que aquella despenalización de 1985 ha dado cobertura, por su ambigüedad, a un excesivo número de abortos: 115.812, sólo en 2008. Más aún, la falta de limitación temporal del tercer supuesto, el de la salud psíquica, bajo el cual se ha producido el 97% de los abortos, ha provocado abusos escandalosos. El Consejo de Estado dice en su dictamen que la actual legislación:”Ha llevado a España a una indeseable situación de aborto libre cuando no arbitrario… ha hecho de España un paraíso del turismo abortista” (página 17). ¿Es esta normativa la que hay que preservar? Evidentemente, no.
El nuevo proyecto de ley supone un modelo de regulación, el de plazos, y una concepción preventiva que precisamente se dirige a corregir las insuficiencias del anterior. Debe servir para reducir el número de embarazos no deseados que conducen al aborto y también para garantizar mejor la protección del nasciturus y mejorar las garantías jurídicas para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En este sentido, puede hablarse con verdad de que apoyaremos una ley que bien podría denominarse Ley para la Reducción de Abortos en España.
A este respecto es preciso recordar que la Iglesia católica acepta que “un parlamentario… pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley (aborto) y disminuir así los efectos negativos…” (Encíclica Evangelium Vitae, n. 73). Resultan contradictorias con esta disposición papal, además de socialmente chocantes, las posiciones condenatorias y de agresividad actual de aquellos religiosos españoles que, durante los ocho años que gobernó el PP, aceptaron mansamente la aplicación de la ley de aborto aprobada en 1985.
El proyecto de ley es, sin duda, mejorable. En su actual redacción queda claro que no hay un derecho fundamental al aborto. En ningún sitio del proyecto podrá encontrarse tal formulación. No es un derecho porque como dice Peces-Barba “los derechos se basan y buscan bienes, nunca males” y, además, porque la vida prenatal es un bien jurídico constitucionalmente protegido. Según el proyecto de ley, hasta las 14 semanas prevalece la decisión de la mujer, pero a partir de esa fecha, como en la mayoría de los países europeos, se impone la protección del nasciturus, salvo la doble indicación: el grave riesgo para la salud de la embarazada o las graves anomalías fetales.
Los diputados vamos a debatir el proyecto y puede salir mejorado. Confío en que el resultado sea conforme al patrimonio moral compartido por la mayoría de los españoles, de manera que la nueva ley no se vea como una propuesta partidista. En este sentido, hay al menos tres cuestiones que ocuparán la atención parlamentaria: la primera, la información a los padres de la menor con más de 16 años; la segunda, el reconocimiento de la objeción de conciencia para los profesionales; la tercera, las acciones dirigidas a la reducción de los embarazos no deseados, en cuyo marco destaca la educación sexual.
El conflicto moral es propio de la acción política en democracia. La política no puede limitarse a la proclamación verbal de los principios. Por el contrario, debe atender a la realidad concreta en la que los principios han de aplicarse, evaluando las consecuencias de tal aplicación (principio ético de responsabilidad por las consecuencias). La disminución del número de abortos que la nueva ley comportará al modificar la actual regulación del supuesto del conflicto psíquico que carece de limitación temporal y que ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestación muy avanzados, invita a defenderla, aunque sólo sea por “la teoría del mal menor”. En este aspecto, la nueva ley supondrá un notable progreso que es decente reconocer y valorar por todos. Yo, desde luego, lo valoro y reconozco.
Hay sectores de la Iglesia católica que exigen al Estado que actúe con mano justiciera, aplicando penas y castigos, mientras se reservan para ellos la mano acogedora del perdón o de la penitencia purificadora. Como político que quiere inspirar su vida en el Evangelio de Jesús, aspiro a que también la nueva ley incluya una dimensión de comprensión y de misericordia. ¡Mujer actúa en conciencia, esta ley no te condena!
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Respuesta de Arantza Quiroga
Respuesta de Arantza Quiroga
Derecho a la vida y obligación de protegerlo/Arantza Quiroga Cía, presidente del Parlamento Vasco
Publicado en EL PAÍS, 28/11/09):
El presidente del Congreso de los Diputados publicó hace unos días un artículo en el que reflexiona sobre la propuesta de reforma legislativa sobre el aborto, patrocinada por su propio partido. José Bono comienza por señalar que en un tema tan serio “su conciencia lo interpela”. Apunta, acertadamente, que no se puede considerar un asunto tan delicado como si de “una ley sobre seguros agrarios se tratara”. No obstante, luego de un sorprendente esfuerzo de acrobacia argumentativa, concluye haciendo precisamente eso: considerando a la vida humana como un simple elemento más de ponderación en la ecuación política. Creo sinceramente que es sana cualquier iniciativa encaminada a un necesario debate sobre este asunto; pero deseo comentar algún extremo de lo argumentado.
Lo que primero me llamó la atención del artículo fue que el diputado Bono, buscando soslayar el dilema que le supone como católico votar a favor de este proyecto de ley, dice que en virtud de la encíclica Evangelium Vitae un parlamentario creyente puede apoyar “propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley (aborto) y disminuir así los efectos negativos”, hipótesis en que supuestamente encajaría esa iniciativa legislativa que busca evitar “el número de embarazos no deseados” y abortos clandestinos. Olvidó quizás mencionar que, de acuerdo con el propio texto de la misma encíclica, dicha excepción se aplica sólo en los “casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados”.
No hace falta un análisis demasiado sofisticado para comprender que en este supuesto no encaja una normativa que amplía “las garantías jurídicas de mujeres que deciden interrumpir su embarazo” y que permite a menores de edad abortar sin que medie la autorización de sus padres.
Por otra parte, resulta incompresible, cuando menos, sostener “la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección”, para luego aceptar la posibilidad de acabar con la vida del embrión hasta las 14 semanas de embarazo, o cuando éste presentase “anomalías”. Y, para que esto resulte incongruente, no hace falta ostentar credo religioso alguno, sino sólo aceptar la fórmula básica de nuestro teorema constitucional, la inviolabilidad absoluta e irrenunciable dignidad de la vida humana. Desde el momento en que hablamos de vidas humanas, no hay relativismos, ya no se trata tampoco de la innegable libertad de la mujer sobre su propio cuerpo, sino de la obligación que tenemos todos de proteger la vida de un individuo. ¿Es acaso esa vida menos digna por encontrarse en un periodo más temprano de desarrollo? O, más aún, ¿podemos desecharla, como si de un producto defectuoso se tratara, por adolecer de “anomalías”? No, simplemente no podemos aceptar todo ello sin menoscabar la esencia de nuestro sistema político y jurídico.
Hay, en verdad, una pregunta básica que subyace al debate: ¿es o no el embrión una vida humana digna de protección? Un tema casi inacabable, de múltiples dimensiones: bioéticas, filosóficas, científicas, etc. Y si así es, si tenemos a una persona desde el primer momento, entonces los dilemas quedan zanjados.
Yo estoy convencida de que hay una persona desde el momento de la concepción, pero presumo buena fe en quienes piensan distinto, porque sé que hay algo que tenemos en común la mayoría de quienes tomamos parte en ese debate: el respeto inapelable a la vida humana. Pero por ello creo que es necesario que entablemos un diálogo más directo, intentando depurar nuestros argumentos de las distorsiones ideológicas existentes. Lo que no se puede es dar credibilidad a quienes, aun a pesar de reconocer el carácter humano de un embrión, y por tanto digno, intentan cosificar la vida humana. Esto transgrede los parámetros básicos de la lógica constitucional.
Hay interrogantes muy hondas que merecen ser disipadas mediante un diálogo público y sincero. Pero creo que, en todo caso, hasta que se disipen completamente, nuestra única opción es respetar la vida del embrión. Nos basta para ello con seguir principios jurídicos básicos. ¿Es posible, al menos, darle preferencia a la preservación de la vida humana mientras subsistan las dudas? Sí. En Derecho Penal es conocido el aforismo indubio pro reo: en caso de duda el juez debe fallar a favor del acusado. En el ámbito laboral está su equivalente, indubio pro operario: en caso de duda debe preferirse la opción que más favorezca al trabajador. Lo mismo sucede con la legislación ambiental con el principio de precaución. Esto es así porque la libertad, el bienestar laboral y la conservación del medio ambiente son valores fundamentales de nuestro esquema constitucional. Entonces, si estamos de acuerdo en que la dignidad de la vida humana es el valor supremo, otorguémosle, al menos, al que está por nacer las mismas garantías que tiene el reo de un delito o incluso un árbol. Permitir la realización de cien o mil nuevos proyectos de vida es siempre preferible a arrepentirnos de truncar ilegítimamente uno solo de ellos.
Informe de Sergio Valls
Informe de labores 2009 del ministro Sergio A. Valls Hernández, hasta hoy presidente de la Primera Sala de la SCJN.
Manifestó que a partir de mañana, 1 de diciembre, por Acuerdo Plenario, dejará de formar parte de la integración de la Primera Sala y se incorporará a la Segunda Sala.
Manifestó que a partir de mañana, 1 de diciembre, por Acuerdo Plenario, dejará de formar parte de la integración de la Primera Sala y se incorporará a la Segunda Sala.
En sesión solemne, informó que dentro de los temas de gran importancia que fueron resueltos en este año, destacan: el de pensión alimenticia respecto de descendientes y por concepto de viudez; indemnización en juicio de divorcio; violencia intrafamiliar; interés superior del niño, y restricción al derecho de los cónyuges o concubinos a recibir pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador.
Asimismo, pérdida de la patria potestad; libertad de expresión y derecho a la información; derechos de honor y a la privacidad, y acceso pleno de las personas indígenas a la jurisdicción del Estado.
Despedidad de Góngora
El ministro Genaro Góngora Pimentel, se despidió hoy del alto tribunal con un llamado de alerta por "el alto riesgo social que corre nuestro país".
En medio de aplausos, de elogios a su trayectoria, acompañado de la cúpula del Poder Judicial Góngora dijo que es urgente que el gobierno convoque a las instituciones académicas de más alto nivel del país para que participen en la reconstrucción de la vida nacional.
Después de repasar su trayectoria de 37 años como juzgador, 14 de los cuales se desempeñó como ministro y presidente del máximo tribunal del país, Góngora aclaró que no podía irse sin antes expresar su creciente preocupación "por la situación tan difícil por la que atraviesa nuestro país".
Es preocupante, dijo, saber sobre los altos índices de inseguridad en que vive la población, y la distancia que separa a la sociedad del gobierno. "De mantenerse esta tendencia, no es necesario tener una bolita de cristal para avizorar sobre el alto riesgo social que corre nuestro país. Creo que la paz duradera no se logra con confrontaciones o cobro de facturas políticas ni tampoco con falsos triunfalismos", alertó
En este escenario, dijo, México requiere con urgencia de un Plan Nacional (Sic), del cual carecemos, que responda verdaderamente a los intereses de las mayorías y rescatar el principio político de que la soberanía reside y seguirá residiendo en el pueblo.
Porque, precisó, el pueblo no puede seguir siendo preso de intereses políticos o de grupo, por ello, si queremos construir una paz duradera, es hora de supeditar el interés privado sobre el interés público.
Para la reconstrucción de la vida nacional, explicó, se necesita convocar a las instituciones del más alto nivel, porque su opinión debe escucharse para encausar lo que verdaderamente importa a todos los mexicanos.
Consideró urgente definir lo que México hará en el corto, mediano y largo plazo, y llamó a reformar la función de los jueces.
Góngora también pidió dejar atrás el modelo decimonónico de impartición de justicia, por la que el juez es una máquina que aplica literalmente la ley.
Los otros nueve Ministros hablaron antes que Góngora, Salvador Aguirre, opuesto ideológico con quien tuvo constantes debates y desencuentros pese a su cercana relación inicial, enfatizó la originalidad, la sutileza y el sentido del humor cáustico de su colega. "Nuestras ideas enfrentadas han llegado al debate, la polémica y la controversia (...) sus afirmaciones jamás han sido débiles", dijo Aguirre, al agradecer la cortesía y respeto personal de Góngora.
José Ramón Cossío, quien llegó a calificar a Góngora de perverso y a abandonar una sesión del Pleno en protesta por una de sus intervenciones, destacó la capacidad del Ministro para colocar de inmediato su postura como eje central de muchas discusiones y lo caracterizó como un constructor de mayorías en la Corte.
Margarita Luna Ramos recordó las bromas que por años le han lanzado a Góngora por su parecido con el papa Benedicto XVI, así como un verso de Aguirre en el que se refirió al Ministro como un friegaquedito.
Trayectoria
Góngora tuvo su primer cargo en el Poder Judicial en 1969, como secretario de estudio y cuenta en la Corte, luego de cinco años en el Tribunal Fiscal.
Tres años después ya era juez de distrito, y de 1978 a 1995 fue magistrado de circuito, hasta ser electo para la Corte, luego de la reforma judicial de ese año.
El Ministro reemplazó a su colega Vicente Aguinaco como Presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal en 1999.
Desde que era Presidente, Góngora entabló una relación cercana y de abierta simpatía con el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés López Obrador, y en la Corte, su posición ideológica se fue haciendo más claramente hacia la izquierda, en antagonismo con las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Aunque se postuló para consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2007, lo que le generó serias críticas en el Poder Judicial, y luego coqueteó con la idea de encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Góngora a fin de cuentas se dedicará a la cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, en la que da clases desde 1964.
Todo apunta que mañana el Senado elegirá este martes a los sucesores de Góngora y Azuela, quien dejó su cargo a principios de mes; se perfilan Arturo Zaldívar, y el magistrados Luis María Aguilar
Nota de Víctor Fuentes Reforma on line, y de Carlos Avilez de El Universal.
El cártel del golfo
Revista Proceso, # 1324, a 17 de marzo del 2002
El cártel del golfo, en plena actividad /jesús Belmont Vázquez
Matamoros, Tamps.- Desde sus orígenes, a principios de los años cuarenta, con don Juan Nepomuceno Guerra al frente del cártel del Golfo, la lucha por el liderazgo de esta organización criminal ha sido motivo de múltiples ejecuciones, venganzas y traiciones.
Actualmente, este cártel —responsable de 30% de la cocaína que se vende en el mercado estadunidense— es encabezado por Osiel Cárdenas Guillén, quien heredó el control luego de la detención de Juan García Ábrego en enero de 1996 y de haber asesinado a El Chava Gómez a mediados de 1999. Su campo de acción abarca no solamente el tráfico de drogas, sino también controla a los llamados polleros, contrabando de armas y joyas preciosas, centros de consumo de enervantes y de prostitución, robo de vehículos y hasta el ambulantaje.
Mediante El Gordo Mata y El Goyo Sauceda, cobra cuotas de derecho de piso a narcos menores. De hecho, la franja fronteriza tamaulipeca está bajo su control.
La historia de Osiel Cárdenas Guillén está llena de traiciones, venganzas y una buena dosis de astucia que le permitieron convertirse en uno de los capos más peligrosos e influyentes de la nueva camada de narcotraficantes.
Casado con Celia Salinas Aguilar y padre de tres hijos (Celia, Osiel y Grecia Cárdenas Salinas), Osiel tiene bajo sus órdenes a 14 exmilitares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) que inicialmente fueron comisionados por el secretario de la Defensa Nacional para coordinarse con las tareas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la Procuraduría General de la República (PGR) en la lucha contra el tráfico de drogas.
De hecho, esos exmilitares representan la fuerza operativa de cártel del Golfo. El Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) de la Secretaría de la Defensa posee en sus archivos los nombres, datos personales y confidenciales de los 14. Uno de ellos es Arturo Guzmán Decena, identificado como Z-1.
Desde 1998, la Secretaría de la Defensa (Sedena), mediante la Sección Séptima (S-7), fortaleció su área dedicada al combate a las drogas. En 1994, la Sedena contaba con cuatro grupos GAFE, y en 1998 tenía 70 grupos aeromóviles, como el que participó en la reciente detención de Benjamín Arellano Félix. En febrero de 2000, el número ascendió a 124.
Hábil negociador y conocedor de la enorme importancia de los medios de comunicación, a mediados de 2001 Osiel Cárdenas, mediante su abogado Juan Guerrero Chapa, filtró a varios diarios de circulación nacional información sobre la existencia del cártel de Monterrey y se hacía especial referencia a sus competidores en el mercado, los presuntos narcos Edelio López Falcón, El Yeyo, conocido también como El Señor de los Caballos, por su afición a los equinos pura sangre; Rolando López Salinas, El Role, y Mario Ramírez, La Gata.
Y es que al parecer El Yeyo delató a Gilberto García Mena, El June —detenido en abril de 2001—, ante autoridades militares y de la PGR, luego de enterarse de que gatilleros contratados por García Mena fueron los responsables de varias ejecuciones de miembros de su grupo en Tamaulipas.
De esta forma, Osiel Cárdenas también pretendía distraer la atención de las autoridades civiles y militares hacia el cártel de Monterrey para que disminuyeran, en cierta medida, los operativos realizados en Tamaulipas.
El director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, en conferencia de prensa, desmintió poco después que existiera el cártel de Monterrey.
El ascenso al poder
Capos del cártel del Golfo detenidos en fechas recientes aseguraron a la UEDO que para asumir la jefatura del cártel de Matamoros, Osiel Cárdenas asesinó, a mediados de 1999, a su jefe Salvador Gómez Herrera, cuando regresaba de playa Bagdad en Tamaulipas y el mismo Osiel había acudido a recogerlo.
Cárdenas mantiene fuertes nexos con capos de Colombia, en particular con lo que queda del cártel de Cali y otros jefes de cárteles menores que operan en aquella nación.
La familia Cárdenas Salinas viaja con frecuencia de la frontera tamaulipeca a la zona de Jardines de San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde fuentes de inteligencia militar han detectado algunas residencias propiedad de Osiel. En esa misma zona también vivía la familia de Benjamín Arellano Félix.
Actualmente, a lo largo de toda la frontera de Tamaulipas, lo mismo en Matamoros que en Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Ciudad Mier, El Gordo Mata y El Goyo Sauceda, lugartenientes de Osiel, se encargan de cobrar el derecho de piso a narcotraficantes menores que pasan cocaína, mariguana y todo tipo de enervantes a Estados Unidos. La única fuerza que puede enfrentárseles, ya que comúnmente actúan mediante comandos de hasta 50 elementos con armas de alto, que viajan en camionetas blindadas, es el Ejército.
Acerca del desempeño del general Luis Roberto Gutiérrez Flores, jefe de la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos sostiene que después de su llegada se intensificaron los operativos en los que participan militares, apoyados con toda una estructura paralela de la Procuraduría General de la República, a través de la UEDO y de la Policía Federal Preventiva.
Sin embargo, Ernesto Sánchez Pérez, agente de la Policía Ministerial de Tamaulipas, comenta: Vienen el Ejército y la UEDO, detienen a narcos menores, hacen todo un escándalo y sólo calientan la plaza, porque después que se marchan, los capos recrudecen sus acciones contra la Policía Ministerial del estado y los mismos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, antes Policía Judicial Federal.
La organización de Osiel Cárdenas controla también el tráfico de indocumentados y de armas, el contrabando de ropa, la trata de blancas, centros de consumo de enervantes, ambulantaje y robo de vehículos. Fuentes de la UEDO indican que a raíz de los cateos recientemente realizados en la Ciudad de México y en diversas localidades de Tamaulipas, se comprobó que el cártel del Golfo utiliza un gran número de autos robados, en su mayoría blindados, 15 de los cuales fueron suministrados por una banda de delincuentes del Distrito Federal.
El abogado Francisco Javier Flores Iruengas, defensor de El June, recientemente asesinado por militares, llevaba por los menos una veintena de expedientes relacionados con miembros del cártel del Golfo.
Mario Cárdenas Guillén, hermano del jefe del cártel del Golfo, se encuentra en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, Estado de México. El 29 de mayo de 2000, fue trasladado desde el Cereso II de Matamoros bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el que intervinieron 300 elementos de diversas corporaciones policiales estatales y federales. Enfrenta una condena de 10 años de prisión por delitos contra la salud.
La fuga de Osiel
En su libro Narcotráfico y poder, el periodista Jorge Fernández Menéndez afirma: El recrudecimiento de la violencia de los últimos tiempos parece tener relación con el creciente protagonismo de grupos de Nuevo Laredo y Reynosa, y su enfrentamiento con los sucesores de Juan García Ábrego, con la fuga de dos de los operadores principales del antiguo cártel de Golfo en una casa de seguridad de la PGR, ubicada en la calle de Cráter en el Pedregal de San Angel en el Distrito Federal; hecho ocurrido en agosto de 1998.
Agrega: Ángel Salvador El Chava Gómez y Osiel Cárdenas Guillén se fugaron de la casa donde poco antes habían estado arraigados la esposa y la nuera de Daniel Arizmendi López y que fue propiedad de El Güero Palma. Ambos pertenecían al cártel del Golfo; El Chava Gómez era considerado lugarteniente de Juan García Ábrego y su sucesor operativo. Según la PGR, Gómez es responsable de varios homicidios en la lucha por el control de la frontera, entre ellos los de Antonio Ávila, El Comandante, y el de Hugo Baldomer, con quienes se disputó el control de la plaza de Reynosa y Matamoros tras el reacomodo de la organización.
Gómez y Osiel habían sido capturados el 5 de julio de 1998 en el rancho El Refugio, ubicado a 10 kilómetros de Matamoros, y trasladados a la Ciudad de México, en donde un juez federal obsequió a la FEADS las órdenes de arraigo judicial correspondientes. Los narcotraficantes pagaron 15 mil dólares a cada uno de los cuatro agentes que los custodiaban y pudieron escaparse por una ventan. Los agentes, además, tardaron varios días en denunciar la fuga.
Los detenidos
Luego de que durante el sexenio salinista el cártel del Golfo gozó de la protección de autoridades civiles y militares, en la actualidad ha recibido fuertes golpes. Según datos de la PGR, actualmente alrededor de 40 miembros de esa banda se encuentran tras las rejas, mientras que el número de propiedades e inmuebles asegurados oscila en alrededor de 40 en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.
En la prisión de máxima seguridad de La Palma destacan Gilberto García Mena, detenido a principios de abril de 2001; Baldomero Medina Garza, El Señor de los Tráilers, capturado en enero del mismo año; Zeferino Peña, a mediados de enero pasado; Mario Cárdenas Guillén, el hermano de Osiel; Rubén Sauceda, El Cacahuate, quien es considerado por la PGR y la Sedena como el cerebro financiero de la organización, también aprehendido a mediados de enero pasado.
El negocio de la Plaza Mariana
Fue un regalo que hizo el Gobierno de la Ciudad, entonces gobernada por AMLO, para recibir las bendiciones a su candidatura.
Pero es un negocio privado.
Pero es un negocio privado.
Plaza fantasma, negocios marianos
RODRIGO VERA, reportero.
Revista Proceso # 1726, 29 de noviembre de 2009;
La jerarquía de la Iglesia católica corre el riesgo de perder el predio que hace más de seis años le donó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para edificar la Plaza Mariana. El convenio firmado entonces estipulaba que si el conjunto urbano no se construía ahí en un plazo de dos años, la cesión tendría que ser revocada. El delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, dice que hasta ahora no se ha iniciado ninguna obra, lo que no ha impedido a las autoridades eclesiásticas seguir con su lucrativo negocio de venta de “nichos guadalupanos”.
El nuevo titular de la delegación Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, planea quitarle a la Iglesia el amplio terreno, de 30 mil metros cuadrados, que le donó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que ampliara el atrio de la Basílica de Guadalupe y construyera ahí la llamada Plaza Mariana.
A la mitad del camino
Largos tres años/MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso # 1726, 29 de noviembre de 2009;
El martes primero de diciembre llega el presidente Calderón a la mitad de su sexenio. Le quedan, nos quedan, por delante tres años. “Tres largos años”, anunció él mismo el miércoles pasado, en un nuevo relanzamiento de su gobierno, semejante al que intentó el 2 de septiembre, si bien con mayor aparato difusor, con menos posibilidades de realización. Calderón se refirió pesaroso al trienio que viene, como niño que acepta resignado volver a la escuela cada mañana después de exclamar: ¡Cómo?, ¿otra vez! Proclamó su estado de ánimo en una lucidora ceremonia organizada por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero (que se corrigió a sí mismo por su desplante frente al Premio Nobel Joseph Stiglitz), estrella de un espectáculo multimedia, con protagonistas en vivo (gente pobre de a de veras), destinado al combate a la pobreza.
La pobreza. Esa lacerante condición humana, que abarca en alguna de sus modalidades a más de la mitad de la población mexicana, evoca dos de las mayores derrotas de Calderón en su primer trienio, en esos años también largos que han transcurrido desde que, luego de entrar por la puerta de atrás, pudo rendir protesta como presidente de la República, un cargo cuya legitimidad le es negada aún ahora por millones de personas que –a la cabeza Andrés Manuel López Obrador– no dejan de considerarlo espurio.
Aunque es posible registrar claros avances en varios aspectos parciales de la política social, el saldo neto, reconocido oficialmente y aun en boca de Calderón, es que ha crecido el número de pobres precisamente en los años de su administración. Aunque el gasto social se ha incrementado considerablemente, no mejora la suerte de una ancha capa de sus destinatarios. Hay más pobres y quizá vivan en mayor desprotección que antaño. Prevalecía la indigencia rural; en el campo se concentraba la mayor parte de los menesterosos, los que enfrentan problemas para lograr la subsistencia diaria. Pero ahora una amplia porción de ellos se ha trasladado a las ciudades, donde carecen del auxilio mínimo, de la solidaridad que las redes familiares ofrecen a quienes son pobres entre los pobres.
Consciente de esa realidad, Calderón buscó un remedio fiscal contundente, en una iniciativa que además fuera aprovechable con fines propagandísticos. Presentó al Congreso un proyecto para crear un nuevo gravamen, que nadie pudiera resistir. Se le llamó “contribución al combate a la pobreza”. Consistía en cobrar 2% al consumo general, incluidas las mercancías que tienen alguna excepción en el impuesto al valor agregado. Por ello se le consideró un IVA disfrazado, que gravaba medicamentos y comida, cuyo costo está hoy aliviado por pagar tasa cero de aquel impuesto al consumo.
Alrededor de esa iniciativa se desplegó una intensa campaña mediática, que hizo crecer la dimensión del impuesto a una suerte de panacea. Todos los problemas, no únicamente los de la población paupérrima, iban a ser resueltos con esa contribución. La mala conciencia de los sectores medios, aun los empobrecidos en las décadas, años y meses recientes, fue atacada directamente: ¿Quién osaría rechazar un gravamen de monto módico, que además sería etiquetado para que inequívocamente llegara a los programas de desarrollo social orientados a atenuar los rudos efectos de la miseria?
La iniciativa estaba afectada por defectos e insuficiencias que la propaganda ocultó o procuró enfrentar con sofismas. Puesto que se aplicaría a todo consumo, los pobres pagarían también, con lo cual se empobrecerían todavía más. Había una respuesta para eso: se ha calculado que los destinatarios de la contribución reciban prestaciones sociales en mucho mayor monto de lo que deban pagar con la nueva contribución. Y el impedimento legal de destinar específicamente a una partida –el combate a la pobreza– recursos fiscales que deben formar una masa, aplicable a fines específicos sólo al formularse el presupuesto de egresos, se dijo que iba a ser enfrentado en el proyecto del gasto social, donde programas como Oportunidades tendrían un financiamiento crecido de manera considerable.
El PRI, sin cuya colaboración el gobierno se paraliza, rechazó la contribución al combate a la pobreza. Nadie, ni el presidente mismo, su autor e impulsor, derramó una sola lágrima por la frustración de tan esplendente proyecto. En vez del nuevo gravamen se aumentó un punto a la tasa del impuesto sobre la renta. Y aunque la alternativa provino de la Secretaría de Hacienda, es decir del Ejecutivo, la victoria política fue atribuida al PRI, que obtuvo en efecto triunfos sustanciosos al establecer ingresos en cuyo manejo tengan ventaja los gobernadores, y al destinar los egresos a partidas que igualmente rindan provecho político. Como hizo al final del trámite legislativo de sus iniciativas de reforma energética, Calderón aparentó no ser el perdedor del lance y felicitó a los autores de su derrota, no con espíritu deportivo, sino ocultando la naturaleza real del desenlace. Pero esta vez lo hizo con menor convicción, metido ya en la insólita sucesión de gestos antagónicos y amistosos a sus aliados naturales, los grandes empresarios que fueron bien aceitadas piezas de la maquinaria que llevó a Calderón adonde está.
Voluble con los dueños del capital, a los que un día muestra el ceño adusto y otro día saluda con sonrisas, Calderón llega a la mitad de su sexenio en una acusada soledad, no remediada siquiera por su propio partido, en cuyo seno se gestan o se muestran disensiones que debilitan a un presidente en posición precaria. En las calles, en el llano, se extienden la desesperanza, el desencanto, reflejados en las páginas de la prensa usualmente dispuesta a aplaudir al gobierno en general y a Calderón en particular, y a denostar a sus detractores. Armando Fuentes Aguirre, Catón, probablemente el periodista más leído en el país, o al menos quien publica sus textos en un mayor número de diarios, adivinó hace poco el malestar presidencial. Diagnosticó que Calderón parecía contar los días que le faltan para concluir su sexenio. Ahora sabemos, por boca del interesado, que así es. Le quedan por delante, nos quedan, tres largos años.
O menos si se condensa el desánimo que crece en casi todos los círculos sociales, casi todas las capas de la población. El presupuesto de egresos está montado sobre una base ilusoria, ya que los ingresos calculados para encarar el gasto descansan en factores fuera del control del Estado. Diputados y senadores incrementaron el déficit, levemente, pero desde ahora mismo aparecen señales que acaso obliguen a aumentarlo en mayor medida. Es que se cubrirá con deuda pública la diferencia entre los ingresos reales y el gasto. Y la calidad del endeudamiento, su costo, depende del mercado financiero, está sujeto a la calificación que se otorgue al papel mexicano en las bolsas internacionales. Y ya una calificadora, que no obstante el desprestigio en que incurrió como partícipe en la gestación de la crisis financiera mundial sigue lanzando admoniciones, ha puesto la alerta sobre la deuda mexicana. En el extremo caótico, pudiera llegar un momento en que nadie nos preste dinero, en que no haya quien compre papeles de la deuda mexicana. Una suerte análoga, por impredecible, puede afectar al mercado petrolero y echar abajo el cálculo de los ingresos del crudo en que se basa nuestro equilibrio presupuestal.
Si esas apocalípticas circunstancias, más el agravamiento de las crisis acumuladas y no resueltas y su consecuencia en la gobernabilidad del país, si todo ello se sumara y generara un efecto disruptor, podría deteriorarse la estabilidad del gobierno al punto de que el rumor sordo que ahora se escucha termine en estentóreo clamor para exigir, al modo argentino, que se vayan todos.
Si es así, nadie, ni Calderón ni los gobernados, tendríamos que esperar tres largos años.
Buenos pleitos
Los buenos pleitos/esús Silva-Herzog Márquez
Publicado en Reforma, 30 Nov. 09;
Estamos a la mitad del camino. Hace tres años Felipe Calderón asumió la Presidencia en condiciones extraordinariamente apuradas. Cualquier evaluación de estos años debe partir del reconocimiento de las circunstancias extraordinariamente complejas que han acompañado su gestión. A las amenazas políticas de su arranque se han sumado insospechados azotes económicos y virales. No trataré de hacer aquí otro recuento de logros y frustraciones. Me interesa la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, la no escrita.
Los próximos tres años pueden ser una versión licuada de los pasados tres. Las mismas estrategias desde la plataforma de una Presidencia debilitada. La amplia coalición conservadora gobernando a través de las complicidades y los miedos. Gestión de pequeñeces para mantener al país apenas por encima de la línea de flotación. La crónica del futuro bien puede ser repetición de las frustraciones recientes: acuerdos que nacen muertos; leyes con beneficiarios pero sin defensores; política rastrera, atada al piso y con la mirada en los zapatos. Podría ser, tal vez, otra cosa. No sé si pueda lograr otra cosa pero puede, tal vez, proponerse un horizonte distinto y con ello redefinir los términos del debate. La agenda que han propuesto Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín en el número de noviembre de Nexos es un buen punto de partida para relanzar el reformismo. Un trazo de cambios razonables para romper el hechizo de un país empantanado. Las propuestas están ahí para ser analizadas y discutidas. Debajo de las ideas concretas subyace, sin embargo, un cambio en la idea política.
Vivimos ya un lamentable episodio voluntarista. Padecimos después un consensualismo abúlico. Los resultados han sido igualmente frustrantes. En un caso, se creyó en la política como prolongación física de un personaje; en el otro, se redujo la política a una esclavitud frente a las circunstancias. Del capricho de una voluntad que se imagina mágica, pasamos a la creencia de un poder impotente. El voluntarista cerró los ojos a los obstáculos; el consensualista ha sucumbido ante ellos. Sospecho que una fibra común a ambos desatinos deriva de la incapacidad de enfocar audazmente el conflicto. Vicente Fox resultó un provocador, un Presidente pendenciero que levantaba polvo sin andar camino. Un ocurrente de la bravata que no dio dirección a sus hostilidades. Polarizó al país en una confrontación sin sentido y, sobre todo, sin fruto. En realidad, sus acometidas eran desplantes retóricos, nunca estrategias confrontativas. Por ello, a pesar de toda su agresión, resultó un guardián del consenso. Felipe Calderón asumió la Presidencia en una atmósfera envenenada por su antecesor y su adversario: un país dividido por el capricho y la irresponsabilidad. Buscó conciliar pero en la tarea perdió el rumbo. El Presidente se convirtió así en el notario de las decisiones ajenas. Celebrando cualquier acuerdo por el hecho de representar alianza, Felipe Calderón ha sido adulador de todo lo que repudia.
Harto ya de malos arreglos, el país necesita buenos pleitos. El conflicto es una de las plataformas de la política. No podemos seguir ignorando que es condición del cambio. No hay transformación relevante en el México de hoy que no suponga afectación de intereses poderosos; no hay cambio que importe que no implique pugnas y fricciones. Y el primer pleito que hay que librar es, precisamente a favor del conflicto. Domina el imaginario mexicano la intuición del precipicio y la condena del antagonismo. Bajo esas ideas, ser prudente es ser renuente al conflicto, ubicarlo como el peor de los males. Será posiblemente la honda herencia revolucionaria lo que imprime a cada fricción política el dramatismo de un caos inminente. Se piensa que el conflicto nos lanza de inmediato a la selva de lo ingobernable. Dar un paso en cualquier dirección, nos dicen, es caer al vacío. Cada interés privilegiado amenaza, en efecto, con el despeñadero. De ahí que la proverbial sagacidad postrevolucionaria haya sido la astucia de la componenda, el arreglo, la corrupción, el acomodo. Consensual nuestro autoritarismo, consensual nuestra transición, consensual nuestra infancia democrática. Ahí no ha habido mudanza. Las reglas y los poderes han cambiado. Los pies del poder, sin embargo, parecen circundados todavía por barrancos. El fragilísimo consenso democrático magnifica las amenazas. De ahí que la política sea dictada por los usufructuarios del abismo, aquellos que agitan los fantasmas de guerras pasadas para exigir que nada cambie. Despertar la política para las reformas es escapar de ese mito. Confiar, por vez primera, en la fertilidad del conflicto.
Mercenarios
Privatizan la guerra contra el narco /David Santa Cruz
En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas”.
Milenio Semanal, 2009-11-29 |
La superficialidad con la que se ha tratado la existencia de grupos militares privados en México resulta preocupante. No son grupos o individuos, son empresas multinacionales quienes han visto en la privatización de la guerra contra el narcotráfico un gran negocio: de la mano del Pentágono y a través del Plan Mérida se encuentra en operaciones en México uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, Blackwater, empresa que cambió su nombre a Xe Services luego de verse involucrada en un tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. Y aunque junto con otras empresas del ramo se hacen llamar Peace Operation Companies (Empresas para Operaciones de Paz), lo cierto es que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU consideran mercenarias a las Compañías Militares Privadas (PMC por sus siglas en inglés).
A pesar de las decenas de recomendaciones que existen sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los Derechos Humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos, emitidas por la libre determinación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Federal parece estar dispuesto a abrirle las puertas a los mercaderes de la guerra. Tal fue la propuesta realizada en mayo pasado por el presidente Felipe Calderón a un grupo de empresarios de Monterrey y Ciudad Juárez, quienes aquejados por la inseguridad le demandaban mayores acciones. El mandatario les sugirió que contrataran servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, y que el Estado se encargaría de darles los permisos necesarios para la portación de armas y demás equipo militar.
ANIQUILAR A LOS ZETAS
El 12 de octubre pasado la PMC Jax Desmond Worldwide emitió un boletín de prensa donde ofrecía sus servicios al gobierno mexicano para acabar en 120 días con la banda criminal y de sicarios con mayor poder de fuego y entrenamiento del país, Los Zetas. En entrevista exclusiva con M Semanal, Sascha Forst, vocero de JDW aseguró que si bien “en este momento no podemos confirmar o negar ninguna comunicación con el gobierno mexicano, sí le aseguramos que estamos preparados para desplegar nuestras tropas y estamos en comunicación con un número de autoridades que consideran oportuna esta operación”.
Desde la óptica de esta empresa, “es evidente que México no puede ganar la guerra contra las drogas sin asistencia”, por ello JDW asegura que se ha vuelto una necesidad para el presidente Calderón aceptar su oferta. “Creemos que podemos dominar el campo de juego y extinguir la presencia de Los Zetas a lo largo del país”. Para cumplir su objetivo la empresa asegura tener personal de inteligencia capacitado, es decir contratistas en nuestro país que proporcionan la información necesaria para combatir a los ex Gafes (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), además de que sus estrategias están supervisadas por personal de inteligencia de EU e Israel, así como por ex funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca.
Sascha Forst se muestra enérgico y contundente: “Jax Desmond Worldwide no es una empresa de mercenarios ni un grupo paramilitar, es una firma de manejo de riesgo que provee soporte directo antiterrorista y contrainsurgente a gobiernos que son aliados de Estados Unidos”, lo cual resulta cierto dado que las PMC estadunidenses no pueden actuar o brindar entrenamiento a terceros países sin la anuencia del Pentágono. “Nosotros —explica Forst— proveemos una línea de servicios de seguridad dirigida a clientes civiles; éste en particular —combatir a Los Zetas— no es uno de ellos. Nosotros no seríamos mejores que Los Zetas si operáramos en México bajo un contrato con civiles. Eso nos convertiría en mercenarios, asesinos, en mafiosos y es algo en lo que ni siquiera nos atreveríamos a pensar”.
En cambio, aconseja a las empresas y ciudadanos mexicanos que si en verdad quieren su ayuda “le pidan a su gobierno que acepte nuestra oferta. Entonces nosotros iremos a ayudarlos. Para lograrlo necesitamos la cooperación del Estado mexicano”.
—¿Qué tan grande es el poder de fuego de JDW como para poder vencer a Los Zetas, ex militares de fuerzas especiales que conocen el terreno y quizá cuenten con el arsenal más poderoso del país?
—Entenderás que no podemos dar esas especificaciones por razones de seguridad, lo que sí te puedo decir es que nuestra capacidad es inalcanzable para Los Zetas. Nosotros tenemos acceso a la más moderna maquinaria de guerra disponible en el mercado y estamos dispuestos a utilizarla toda. Es posible que Los Zetas tengan el arsenal más poderoso en México, pero ten por seguro que nosotros tenemos el arsenal más poderoso del mundo.
AGUA SUCIA EN EL PLAN MÉRIDA
En 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos (también conocido como el Pentágono) invitó a cinco empresas contratistas —nombre que se les da a las PMC por brindar sus servicios por contrato— a trabajar con el CNTPO (Counter Narco Terrorism Program Office), la oficina del Ejército estadunidense que opera dentro del Plan Mérida. De acuerdo con una nota del Times Army publicada en el ISR Journal por Paul Richfield, estas cinco empresas se dividirían un presupuesto de 15 mil millones de dólares a pagarse en cinco años. Entre este grupo selecto se confirmó en aquel entonces la participación de dos: ARINC, “un proveedor de sistemas de comunicación aéreos” (aviones y helicópteros entre otros) y la PMC Blackwater USA (actualmente Xe Services), denominada por su dueño, Erik Prince, la quinta columna del Ejército estadunidense.
Blackwater intentó ese mismo año montar una base de entrenamiento en California, en las cercanías de la frontera con México, para capacitar elementos policiales y militares, una versión en el desierto de la mítica Moyock asentada en los pantanos de Carolina del Norte (de ahí el nombre original de la empresa, en español: agua negra o sucia) y cuna de uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, el cual cuenta con una base de datos de 20 mil elementos —todos ex militares con experiencia en combate— dispuestos a entrar en acción en el momento que se les llame. De acuerdo con el contrato la empresa de Prince se haría cargo de construir instalaciones de entrenamiento y adiestrar unidades aéreas antinarcóticos, así como capacitarlas en materia de seguridad, proveer información geográfica y “apoyo de campo”. Un año después de obtenido el contrato, en 2008, la PMC emitió un boletín donde lamentaba la oposición de California a la construcción del campo de entrenamiento, pero en la actualidad las ofertas públicas —y las no tan públicas— de trabajo de Xe Services continúan solicitando personal para operar sistemas de cómputo, analizar información y pilotear aeronaves para el CNTPO. Incluso en ese 2007 pidió permiso para adquirir un par de helicópteros Súper Tucano que son los empleados en Afganistán y Colombia para operaciones antinarcóticos.
Lo anterior indica que Xe Services ocupará dentro del Plan Mérida el lugar que DynCorp y Northtrop Grumman tienen dentro del Plan Colombia, relaciones que salieron a la luz cuando un helicóptero militar tipo Huey II de la primera empresa fue derribado por los terroristas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2001. Allí viajaban cuatro contratistas estadunidenses: uno falleció y los otros tres fueron rescatados por efectivos de los EU luego de un intenso tiroteo en la selva, digno de una de las miles de películas sobre Vietnam. Dos años después de este incidente, en febrero de 2003, otra aeronave, esta vez un avión de “fumigación” —algunas fuentes aseguran que realizaba acciones de espionaje— fue derribado con tres contratistas estadunidenses de Northtrop Grumman: Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell fueron capturados por las FARC y su historia culminó seis años después al ser liberados por el Ejército colombiano en la llamada “Operación Jaque”, donde también se rescató a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Al igual que el contrato firmado por Xe Services para México, los convenios de cooperación con Colombia son de entrenamiento y asesoría técnica. Sin embargo, podrían actuar sin son atacados o en un operativo de rescate de sus tropas.
AVENTUREROS
Si bien algunos teóricos ubican el surgimiento de las compañías militares privadas de la mano de las corrientes de libre mercado y auge capitalista —si se privatiza todo, ¿por qué no la guerra? —, en la práctica fue la caída en Sudáfrica del apartheid lo que dio origen a la primer PMC, Executive Outcomes. A finales de los ochentas, militares del 32 batallón de élite de las South African Defense Forces (SADF), junto con presuntos paramilitares de ese país, formaron una empresa para dar “servicios de seguridad” a los gobiernos de la zona que deseaban proteger sus recursos minerales de grupos insurgentes.
Con el atentado terrorista del 9/11 y las invasiones a Afganistán e Irak, las PMC crecieron a pasos agigantados como parte de un proyecto de la administración Bush y los llamados neocons —nuevos conservadores, que algunos llaman teocons por sus ideas de ultraderecha cristiana— encabezados por el entonces secretario de defensa, Dick Cheyney, también director de Halliburton, la primer PMC en sacar provecho de dicha política.
De acuerdo con datos del Peace Operation Institute (Instituto para Operaciones de Paz, POA) en 2006 existían 103 compañías del ramo. Para 2007 el número se triplicó para llegar a 334. Dicha organización, que en realidad es un grupo de cabildeo a favor de las PMC, revela en su encuesta 2007 sobre el estado de la industria que de las 24 empresas que la contestaron, 17 por ciento manifiesta tener operaciones en México, dando la prensa nacional cuenta de dos casos: Global Risk, vinculada a la “capacitación” de la policía de León, Guanajuato, y Sky Coleman Co., que junto con la ahora Xe Services fueron denunciadas en agosto de 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en Veracruz.
LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
Si bien en México y el mundo existen posturas a favor de la privatización de la seguridad, también se advierte a nuestro país de la necesidad de poner candados a las PMC, como dice Jaime Higuera, presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Privada de Colombia. “La tecnología que tiene Estados Unidos es la única que nos da la posibilidad de combatir el flagelo del narcotráfico y los secuestros, a las FARC y a la delincuencia común, si no, se vuelve absolutamente imposible. Y ustedes (los mexicanos) van a llegar a ese punto de colaboración porque es algo que se sale de las manos y no es un problema de un país, es mundial, y debemos estar unidos”, señala. Higuera advierte también que dichos convenios se deben hacer con “acuerdos muy claros que no vayan a atentar contra la soberanía de los Estados”.
Por su parte, el ex director general de seguridad de Citigroup-Banamex y hoy consultor privado, Jorge Septién, considera que los escándalos de las PMC han sido en situaciones y condiciones extremas de trabajo, y advierte que si bien es necesaria la participación de empresas de seguridad privadas, se debe regular la industria y pedirle a los clientes que contraten empresas legalmente establecidas.
David Santa Cruz
Juicios de extinción de dominio en el DF
Atoran a juicios de extinción de dominio
La PGJDF ha pedido que los hoteles donde se han detenido a bandas por ejercer la trata de personas se les aplique la extinción de dominio.
Los 17 juicios por esta ley no han avanzado de la etapa de desahogo de pruebas
Nota de Yáscara López
Reforma, 30 noviembre 2009.- Los 17 juicios de extinción de dominio que inició la Procuraduría de Justicia del DF están atorados en la primera etapa, que es la notificación a las partes.
Los procesos legales han resultado muy tardados, ya que a ocho meses de la primer demanda aún no hay sentencias y ni siquiera han podido pasar a la etapa de desahogo de pruebas.
En todos los casos, señalan informes del Tribunal Superior de Justicia, ha sido complicado localizar a los dueños de los predios y se han tenido que hacer edictos para emplazarlos.
Según la Ley de Extinción de Dominio del DF, el juez debe llamar a juicio a todos los interesados que resulten de la investigación y los dueños del inmueble tienen que presentar sus pruebas.
Después, pasan a la etapa de desahogo.
Datos del TSJDF indican que en los 10 juzgado civiles donde se llevan los casos de extinción siguen buscando a los dueños, herederos, albaceas de los predios.
Tal es el caso de un hotel ubicado en la zona de la Merced en el que se tramitaron exhortos en Cuernavaca y Acapulco para emplazar a los afectados, según el expediente 488/09 que se abrió por el delito de trata de personas.
Además se tuvo que girar oficio a la Embajada de España para localizar datos del albacea, lo que ocasionó que por el momento se suspendieran las publicaciones de edictos.
Los 17 casos de extinción de dominio se han iniciado por los delitos de trata de personas, secuestro y robo de vehículo.
La ley también acredita la delincuencia organizada para poder extinguir los predios de presuntos delincuentes, sin la obligación de indemnizarlos por ello.
En algunos casos el Ministerio Público todavía está cumplimentando como sucedió con el expediente 539/09, también iniciado por trata de personas, en el que se mandó a investigar el domicilio del arrendatario: Hotel Hoteleros Universo.
En este caso también se emplazó, en el estado de Puebla, al dueño de un vehículo BMW que se encontró en el lugar.
Para Eleonor Mandujano, especialista en extinción de dominio, la declaración de abandono y bienes incautados es un mecanismo más rápido que la extinción.
"Son bienes incautados a la delincuencia, mediante el cual el Estado se queda con todo aquello que es asegurado y no es reclamado por sus dueños en un plazo de 90 días. En cambio la extinción puede durar hasta más de un año.
"Como los propietarios suelen ser delincuentes prófugos, nadie se presenta, y los bienes pasan al Estado, en el caso de la incautación", señala Mandujano.
La extinción de dominio es un juicio civil que requiere demanda y contestación, en caso de que los bienes del sujeto estén en otro Estado de la República también debe existir colaboración.
Ese es el caso del departamento en Avenida Cuauhtémoc, número 596, Delegación Benito Juárez, que se pretende extinguir por secuestro, según el expediente 1104/09.
También en este juicio se tiene que devolver exhorto de Veracruz, publicar edictos y contestación de demanda del tercero perjudicado.
En el caso en la Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, que se pretende extinguir por secuestro, se tienen que exhibir los edictos llamando a la afectada y a los terceros con interés jurídico, para los efectos de continuar con el procedimiento.
La PGJDF ha pedido que los hoteles donde se han detenido a bandas por ejercer la trata de personas se les aplique la extinción de dominio.
Los 17 juicios por esta ley no han avanzado de la etapa de desahogo de pruebas
Nota de Yáscara López
Reforma, 30 noviembre 2009.- Los 17 juicios de extinción de dominio que inició la Procuraduría de Justicia del DF están atorados en la primera etapa, que es la notificación a las partes.
Los procesos legales han resultado muy tardados, ya que a ocho meses de la primer demanda aún no hay sentencias y ni siquiera han podido pasar a la etapa de desahogo de pruebas.
En todos los casos, señalan informes del Tribunal Superior de Justicia, ha sido complicado localizar a los dueños de los predios y se han tenido que hacer edictos para emplazarlos.
Según la Ley de Extinción de Dominio del DF, el juez debe llamar a juicio a todos los interesados que resulten de la investigación y los dueños del inmueble tienen que presentar sus pruebas.
Después, pasan a la etapa de desahogo.
Datos del TSJDF indican que en los 10 juzgado civiles donde se llevan los casos de extinción siguen buscando a los dueños, herederos, albaceas de los predios.
Tal es el caso de un hotel ubicado en la zona de la Merced en el que se tramitaron exhortos en Cuernavaca y Acapulco para emplazar a los afectados, según el expediente 488/09 que se abrió por el delito de trata de personas.
Además se tuvo que girar oficio a la Embajada de España para localizar datos del albacea, lo que ocasionó que por el momento se suspendieran las publicaciones de edictos.
Los 17 casos de extinción de dominio se han iniciado por los delitos de trata de personas, secuestro y robo de vehículo.
La ley también acredita la delincuencia organizada para poder extinguir los predios de presuntos delincuentes, sin la obligación de indemnizarlos por ello.
En algunos casos el Ministerio Público todavía está cumplimentando como sucedió con el expediente 539/09, también iniciado por trata de personas, en el que se mandó a investigar el domicilio del arrendatario: Hotel Hoteleros Universo.
En este caso también se emplazó, en el estado de Puebla, al dueño de un vehículo BMW que se encontró en el lugar.
Para Eleonor Mandujano, especialista en extinción de dominio, la declaración de abandono y bienes incautados es un mecanismo más rápido que la extinción.
"Son bienes incautados a la delincuencia, mediante el cual el Estado se queda con todo aquello que es asegurado y no es reclamado por sus dueños en un plazo de 90 días. En cambio la extinción puede durar hasta más de un año.
"Como los propietarios suelen ser delincuentes prófugos, nadie se presenta, y los bienes pasan al Estado, en el caso de la incautación", señala Mandujano.
La extinción de dominio es un juicio civil que requiere demanda y contestación, en caso de que los bienes del sujeto estén en otro Estado de la República también debe existir colaboración.
Ese es el caso del departamento en Avenida Cuauhtémoc, número 596, Delegación Benito Juárez, que se pretende extinguir por secuestro, según el expediente 1104/09.
También en este juicio se tiene que devolver exhorto de Veracruz, publicar edictos y contestación de demanda del tercero perjudicado.
En el caso en la Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, que se pretende extinguir por secuestro, se tienen que exhibir los edictos llamando a la afectada y a los terceros con interés jurídico, para los efectos de continuar con el procedimiento.
Alexander Wat
El siglo de Alexander Wat/Gregorio Morán
Publicado en LA VANGUARDIA, 28/11/09;
Por mucho que sea el retraso y por variadas que sean las dificultades para afrontar su traducción al castellano, la aparición de Mi siglo del escritor, poeta e intelectual polaco Alexander Wat constituye un auténtico acontecimiento cultural. No resulta grano de anís animar a la lectura de un volumen de más de mil páginas sobre un mundo que a los españoles nos es tan absolutamente ajeno, el de la cultura polaca. Incluso entre nosotros hablar de Polonia obliga a referirnos a un programa de televisión – en mi opinión, deleznable-,heredero de una variante del humor cuyas raíces, por decirlo de alguna manera, habría que buscar en el caganer navideño, con absoluto desprecio a una magnífica veta de humorismo catalán cuyo representante más elegante fue para mí el malogrado Eugenio-.No me cuesta imaginar lo que pasaría si los polacos, que son gente sensible y con humor brutal, más allá del sarcasmo, se inventaran un programa humorístico para zelotes titulado Catalunya.¡Nosotros, que hemos sido capaces de hacer protestas institucionales porque nos criticaba un semanario británico!
Por si fuera poco un centón de mil y pico páginas, la edición española de Mi siglo en la prestigiosa fábrica editorial del Acantilado, tan cuidadosa en general, nos ha sorprendido agravando aún más las dificultades del libro. Primero al introducir un prólogo de otro escritor polaco, Adam Zagajewski, que en mi opinión desorienta aún más al lector en castellano, porque en vez de presentar a Alexander Wat ante el mundo cultural hispano, que lo desconoce absolutamente, viene a ejercer una especie de ajuste de cuentas generacional entre polacos, al que tiene pleno derecho, pero que me temo desanime aún más al abrumado lector. La traducción, que imagino de endiabladas dificultades, está salpicada de algunas expresiones imposibles, como llamar Sanación al período dictatorial de Pilsudski (Sanacjia, 1926-35). Por demás, las notas son estrictamente polacas y de dudosa utilidad aquí; el inmenso escenario de personajes carece de referencias que orienten al lector y se limita a una especie de guía telefónica al final, inmanejable y absurda.
¡Con lo fácil que hubiera sido seguir la pauta que marcó la edición francesa de 1989! Una sucinta bio-bibliografía al comienzo y leves notas aclaratorias a pie de página; lo que se llama la sopa de ajo de la edición. Es verdad que le faltan las fotografías con las que apareció en Francia, pero hubiera bastado con eso para facilitar la lectura de un texto ya de por sí complejo, sobre un mundo del que nosotros apenas sabemos nada: la cultura y la política polacas del siglo XX, encajonadas entre dos influencias tan apabullantes como la germana y la rusa.
Alemania y sobre todo la Rusia soviética conforman el paisaje de fondo de esta especie de gran fresco de Goya que va narrando a brochazos Alexander Wat, un hombre derrotado y enloquecido, enfermo crónico que ha somatizado todos sus dolores intelectuales. Una agonía del espíritu tan cruel que sólo acabará con el suicidio en 1967, exiliado en París, donde está enterrado. Aseguran que la expresión polaca wiek quiere decir bastante más que siglo,y aunque sólo fuera por el caso de Wat se entiende, porque no se trata sólo de la peculiaridad de un hombre que nació el primero de mayo de 1900 y se mató a los 67, sino que ese período comprende tal cantidad de acontecimientos, de ansias, de frustraciones que bien se puede decir que estamos ante una pintura mural de la lucha por la supervivencia de un intelectual, de un creador, durante un siglo, el XX, del que se podría decir que a la muerte de nuestro hombre, en 1967, ya había dado sus mayores frutos de criminalidad política.
Hay quien ha comparado Mi siglo de Alexander Wat con la búsqueda literaria de Marcel Proust a su tiempo pasado, y aunque pueda parecer excesivo el paralelo de dos mundos tan dispares hay algo tentador en el parangón: cuando se evoca el pasado vivido es inevitable reconstruirlo y en toda reconstrucción hay mentira.
Consciente o inconsciente, la memoria juega con nosotros. Existe una autonomía de la memoria que nos zarandea, nos hace sufrir o nos blanquea la mala conciencia. La memoria no sólo es selectiva, una obviedad, sino instrumental; eso que hace afrontar los pasados deslizándose sobre ellos como avezados surfistas. El siglo de Wat me parece por eso un fresco goyesco sobre el terror, y muy en concreto con una de las variantes más sobresalientes del terror en el siglo XX: la experiencia bolchevique y su continuidad estaliniana.
Nosotros, mi generación, no conoció el terror. Vivió y experimentó el miedo, pero el terror es otra cosa. El terror es la guerra, los fusilamientos, los paseos, la represión ciega, la impunidad asesina, los años cuarenta y buena parte de los cincuenta, son aún el terror. Luego vino el miedo. Nosotros somos unos privilegiados que sólo conocimos el miedo y que ante las víctimas del terror debemos ser ante todo respetuosos, casi reverentes. Y esa es la experiencia vívida, casi sangrante por torturadora, de Alexander Wat en la Rusia soviética, desde su detención en Lvov, tras el pacto germano-soviético – hay un texto precioso de la cosecha española de la época firmado por Dolores Ibarruri, donde explicaba que Polonia no existió nunca, que sólo había sido una invención del tratado de Versalles-hasta su vuelta a Polonia en 1946. Una manera de contar tan compleja como el mundo que describe y que es deudora del estilo de Dostoyevski, escritor al que admiraba y del que tradujo Los hermanos Karamazov.Otro detalle, el carácter políglota de esta intelectualidad; una razón que nos los hace tan distantes de las preocupaciones españolas de entonces. Polaco, alemán, ruso, yiddish, francés, e incluso lector con soltura de inglés e italiano.
Poeta futurista-surrealista en sus comienzos, promotor en Varsovia de un mítico Mensual Literario (1929-31), compañero de viaje de la revolución bolchevique desde sus comienzos y activista de la cultura en los sucesivos bandazos del estalinismo y sufridor de sus prisiones legendarias. En la Lubianka moscovita vivirá un profundo arrebato espiritual, casi místico, al escuchar casualmente a Bach durante un paseo carcelario. Luego los campos de trabajo, donde se concentraba la crema de la inteligencia rusa de la revolución. Y los destierros; la miseria cotidiana dentro y fuera de los gulags, las esperanzas de la posguerra pronto desvanecidas… Todo teñido de una pasión interior que le hará saltar con la misma vehemencia y dolor de la escritura servil al comunismo, en el que no cree, a la espiritualidad religiosa. No judía ni ortodoxa sino católica y hasta integrista; su referencia a nuestro olvidado santón reaccionario, Donoso Cortés, no deja de causarnos perplejidad. Quienes no conocimos el terror debemos ser especialmente humildes con quienes lo sufrieron. Para Wat llegó a ser una experiencia incluso metafísica. ¿Cómo es posible que aquellos geniales creadores de los años veinte soviéticos acabaran convertidos en patéticos guiñapos, aterrorizados, y muy certeramente, ante su destino? El destino, una palabra que Wat desentraña en todas sus variantes para dejarla reducida a la maldición que rige el terror.
Ante este libro desolador y luminoso uno se adentra en el valor de la palabra. En el valor incluso criminal que tiene la palabra, tanto, que por la palabra se mata, se encarcela, se sufre y sobre todo se miente. Hace unos años apareció en España y en una editorial singular – Pepitas de Calabaza, Logroño-uno de esos libros que desazonan tanto que uno no sabe muy bien qué hacer con ellos, si recomendarlos para otros sufrientes o esperar una oportunidad para citarlos. Su autor es el francés Armand Robin (1912-1961), otro políglota, en este caso prodigioso, con una biografía digna de competir en desgracias con la de Alexander Wat, y que nos dejó un libro titulado La falsa palabra,fundamental para comprender el desbordante monólogo que es Mi siglo.
Porque las 1.030 páginas de Wat, que hay que agradecer a Acantilado, por más que haya hecho lo más difícil y haya tropezado en lo más fácil, son eso: el monólogo de un intelectual polaco ante un testigo de excepción, su casi compatriota Czeslaw Milosz, Nobel de la poesía y autor del imprescindible Pensamiento cautivo.La tragedia de un poeta al que la historia hizo sufrir de tal modo que acabó matándolo. Una gran novela polaca que debería leerse como se hace con Guerra y Paz o Los Poseídos,asumiendo el llanto.
Los ministros que se van
Columna PLAZA PÚBLICA
Mariano Azuela, Genaro Góngora /Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 30 Nov. 09;
Hoy dejan de ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en activo, Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel. Los dos fueron presidentes de ese tribunal: el segundo lo fue de 1999 a 2003, y el primero ejerció ese cargo de 2003 a 2007. Haber sido elegidos por sus compañeros les dio ya la calificación positiva que su desempeño ha merecido. Cada uno a su modo, conforme a su estilo, cumplieron con gran escrúpulo sus funciones. Azuela anticipó su salida casi 4 semanas, después de que su ponencia sobre la investigación constitucional relativa a violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca no fue aceptada por la mayoría de sus compañeros. La última vez que Góngora fue ponente, la semana pasada, dio la razón al Congreso en su controversia contra el Ejecutivo por el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en esa dirección lo acompañaron hasta 8 de sus colegas.
Ambos llegaron a la mayor posición en el Poder Judicial de la Federación luego de desarrollar una activa carrera en ese ramo. Puede por ello decirse, conforme al lugar común que se estila en estos casos, que entregaron su vida a la judicatura. Y así fue. Con su ausencia a partir de hoy, es menor el número de ministros procedentes de la carrera judicial. Y por primera vez quedan en minoría los ministros designados en enero de 1995. (Permanecen allí Olga María Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño, Salvador Eugenio Aguirre Anguiano y Juan N. Silva Meza. Se retiraron -y después murieron- Vicente Aguinaco Alemán y Humberto Román Palacios. Y sobrevive retirado Juventino Castro y Castro, ahora diputado federal. Los han reemplazado Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Fernando Franco y Sergio Valls).
Cada uno de los hoy retirados incurrió en un desliz significativo, aunque no de similar importancia. Azuela asistió en abril de 2005 a la casa presidencial donde se abordó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Aunque, como ha insistido en aclarar, no tomó decisiones que lo afrenten a él ni al poder que encabezaba entonces, lo cierto es que apareció unido a la conjura contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal y como subordinado al Ejecutivo, pues acudió en el mismo plan que Santiago Creel y Rafael Macedo de la Concha, dependientes de Vicente Fox. Góngora, por su parte, pareció desdeñar al Poder Judicial al pretender, el año pasado, presidir el Instituto Federal Electoral, un cargo decidido por la Cámara de Diputados, en cuya contienda sus méritos fueron minusvaluados por los intereses de los partidos, que no lo justipreciaron.
Azuela nació en el DF el 1o. de abril de 1936. Se educó con los maristas -cuya universidad, o al menos su escuela de derecho, podrá dirigir ahora que se retira- y en la UNAM. Hizo allí una brillante carrera que evitó que su ingreso y progreso en la Suprema Corte de Justicia pudiera considerarse como resultado de influyentismo, ya que su padre, Mariano Azuela Rivera -hijo a su vez del novelista afamado- era miembro de ese tribunal. Se probó después el valor propio de Azuela Güitrón cuando pasó al Tribunal Fiscal de la Federación, de que fue magistrado y presidente hasta su elevación al cargo de ministro de la Corte, en 1983. Cuando en 1994 el presidente Zedillo descabezó a ese tribunal para aplicar una reforma de fondo que implicó atentar contra otro poder, junto con Juan Díaz Romero, el ministro Azuela fue honrado al ser una suerte de eslabón entre aquella época y la nueva. Ambos fueron elegidos miembros de la nueva Corte, cuyo número se redujo de 25 a 11 y cuyas potestades crecieron considerablemente.
Además de reputado maestro y autor, editó un episodio de la vida familiar bajo el título Azuela vs Azuela, referido a un diferendo crucial entre su abuelo y su padre. Éste, que luego de un periodo de disipación se adentró en la vida espiritual guiado por sacerdotes, pretendió inducir al autor de Los de abajo a que se preparara a bien morir confesándose en la hora extrema, algo que el primer Mariano Azuela repudió como contrario a su libertad personal. Haber dado a la publicidad esa circunstancia corroboró el respeto que por sí mismo tiene el ministro que hoy se retira formalmente, y su libertad para creer y juzgar sin comprometer esta función con sus convicciones.
Góngora Pimentel nació en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937. Se graduó de abogado y se doctoró en derecho en la UNAM. Allí ha sido profesor muy distinguido en varias materias y a la docencia se dedicará por completo desde ahora. Ingresó al Poder Judicial como secretario de estudio y cuenta en el pleno de la Corte que llegó a presidir, y a partir de 1972 fue juez de distrito y magistrado de circuito. Varios de sus juicios particulares y sus alegatos en el debate estuvieron impregnados de gran fuerza doctrinaria. Con sus compañeros Cossío, Gudiño y Silva Meza publicó Las costumbres del poder, conjunto de votos de la minoría al cabo de la investigación constitucional sobre el caso de Lydia Cacho, en que la mayoría consideró que las violaciones a las garantías individuales no alcanzaron la categoría de graves.
Con el título ¿De quién es la vida? el ministro Góngora publicó su voto sobre la constitucionalidad de la reforma penal capitalina. Concluyó que "de los principios constitucionales y de derechos humanos aceptados por el Estado mexicano" no se justifica penalizar "la interrupción legal del embarazo a petición de la mujer gestante antes de las 12 semanas".
Cajón de Sastre
Hoy se cumple el plazo de 59 días por el cual Rafael Acosta Ángeles, apodado Juanito, pidió licencia como jefe de la delegación de Iztapalapa, que ganó por el apoyo del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, movimiento ante el cual se comprometió a renunciar a su cargo. Ayer domingo, como hizo antes de pedir licencia, grita su decisión de asumir el cargo que, dice, él ganó, aunque sólo con mala fe puede asegurar que lo hizo por su propia fuerza. Es probable que, como hace dos meses, a la mera hora decida reconocer su imposibilidad de gobernar aquella poblada delegación, sustraída por los grupos que apoyan a Clara Brugada del control ejercido durante una década por el senador René Arce. Aun si irresponsablemente se afanara en asumir el cargo, más temprano que tarde lo abandonará, imposibilitado como está para ejercerlo.
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