¿Militares o policías?/ Miguel Sarre, colaborador invitado
Reforma, 12-Abr-2010;
No sabemos si las Fuerzas Armadas le están haciendo un favor al Presidente al prestarse como policías, o si el Presidente les está pagando algún servicio al concederles que realicen funciones policiales civiles sin quitarse la coraza del fuero militar. De una u otra forma no se está sirviendo al bien común.
Durante el siglo XIX México enfrentó invasiones externas; el gobierno central necesitaba del Ejército para ejercer su imperio sobre todo el territorio nacional y aun así perdimos buena parte del mismo.
En el siglo XX, el Ejército favoreció la institucionalidad después de la Revolución. Hasta que hace algunos años finalmente se creara una policía federal, no existía otra fuerza pública que cubriera todo el país.
En este siglo tenemos amigos y socios tanto en el Norte como en el Sur y si oteamos de Oriente a Poniente, no se avizora algún "extraño enemigo", como reza el Himno Nacional. Las autoridades ordinarias tienen presencia nacional; el problema no es la integralidad del territorio nacional, sino la seguridad e integridad de sus habitantes.
Por su parte, la seguridad pública tiene componentes que no se resuelven por medios concebidos para la guerra. La delincuencia organizada sólo puede operar cuando tiene un pie dentro de los gobiernos, y el Ejército no está en mejores condiciones que los civiles para identificar esos pies, mientras que fenómenos como el lavado de dinero no se pueden combatir con tanquetas.
Recordemos en este punto que el Ejército se considera heredero de la Revolución Mexicana. No se asume como parte subordinada de la administración pública, como lo está la Secretaría de Salud, por ejemplo, sino como un ente distinto con autoridad propia, es decir, como un Estado dentro del Estado. Esto se pone de manifiesto en el uso del lenguaje cuando los altos funcionarios federales, con un recato que no emplean ante otras autoridades, suelen decir "hablamos con el Ejército", en vez "le ordenamos al Ejército".
Aquí entra la discusión sobre el fuero militar que, a su vez, conlleva al debate sobre la legitimidad de ejercicio del Ejército y de la Armada en nuestro país. Detrás de este fuero se revela un problema más amplio: la inutilidad y onerosidad de las Fuerzas Armadas en un país pacífico en nuestra circunstancia geopolítica.
Se requiere entonces disolver al Ejército. Así, d-i-s-o-l-v-e-r-l-o con todas sus letras, y poner a sus actuales integrantes al servicio de las necesidades reales del país, tal como lo han hecho Costa Rica y Panamá. Esto es lo que, en célebre carta, sugirió recientemente el presidente Óscar Arias a José Mujica, el antiguo guerrillero y ahora primer mandatario uruguayo.
En vez de que los militares y marinos en activo patrullen las calles, muchos de ellos deben ser integrados de manera definitiva a las policías locales y a la federal. Así, nuestros uniformados verdes y azules realizarían las mismas funciones que actualmente vienen cumpliendo, pero lo harían con una capacitación propia para civiles; estarían obligados a actuar bajo parámetros y mandos civiles y, sobre todo, responderían ante tribunales civiles. Otros efectivos serían más útiles integrados a tareas diversas como salud, comunicaciones, forestal y de protección civil.
El grueso de los marinos, como lo hacen desde 1940, deben seguir protegiendo nuestras aguas territoriales y litorales pero como guardacostas, y no como marina de guerra.
"El Ejército es un oasis de disciplina", dijo Díaz Ordaz en los días de Tlatelolco. Confundía la mera subordinación a la disciplina propia de un Estado de Derecho, entendida como fidelidad a la Constitución. En este sentido el Ejército ha sido muy indisciplinado: lo fue en 1968; lo fue durante la Guerra Sucia, y lo es ahora en la denominada guerra contra la delincuencia organizada donde, usurpando funciones de persecución penal que no le corresponden, ha detenido, torturado y aun ejecutado personas a discreción.
La solución a la violencia e inseguridad en el país no está en la militarización de lo civil, sino en la civilización de lo militar. Como en otros casos, hoy don Manuel Gómez Morin diría que el obstáculo a remover antes que nada es político.
El autor es profesor-investigador del ITAM.
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