Estado y cárteles: amalgama perversa

Estado y cárteles: amalgama perversaArturo Rodríguez, reportero
Revista Proceso # 1787, 30 de enero de 2011; 
Testigo de primera mano del fenómeno paramilitar en Chiapas, el sacerdote Raúl Vera López ve similitudes entre ese caso y la situación actual en el país, sumido en una guerra contra el narcotráfico que, afirma, no es tal, sino una lucha de facciones de las mafias y los grupos políticos y económicos que sólo quieren cuidar sus intereses, en la que la violencia es alimentada desde el gobierno como un mecanismo para impedir la cohesión social. Para el obispo de Saltillo, además, “ya no hay límites entre el aparato represor estatal y el hampa”.



SALTILLO, COAH.- Para el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico es una lucha de facciones de los cárteles y grupos políticos y económicos que quieren proteger sus intereses con el fomento de la militarización y la violencia.
Agrega que es un mecanismo que afecta a la sociedad civil, criminaliza a los luchadores sociales y aprovecha como carne de cañón el hambre de millones de jóvenes sin oportunidades.
Las consecuencias pueden ser semejantes a las que se ven en Chiapas, donde los grupos paramilitares y sus crímenes son responsabilidad del Estado que pretende, con el despliegue armado, evitar los procesos de articulación y cohesión ciudadana.
Vera López –quien ha calificado a Felipe Calderón de dictador y a los miembros de su gabinete de fascistas– advierte que la delincuencia organizada está amalgamada con el Estado mexicano y que ya no hay límites entre el aparato represor estatal y el hampa.
Entrevistado por Proceso en los últimos días de diciembre pasado, el obispo de Saltillo afirma que el despliegue de las Fuerzas Armadas como estrategia de la guerra de Calderón, junto con el fracaso del sistema judicial, degeneró ya en una situación caótica en la que el Estado prácticamente tiene pelotones de fusilamiento.
“El gobierno fue rebasado y está dando respuestas desesperadas, con una tremenda violación de la ley y de la seguridad jurídica de los ciudadanos.”
Su afirmación se basa en el antecedente de operativos como en el que murió Arturo Beltrán Leyva, el 16 de diciembre de 2009. La acción de fuego, dice, fulmina a los presuntos delincuentes. Lo mismo ha ocurrido con otros cabecillas, como Ignacio Coronel, en julio pasado, y Ezequiel Cárdenas Guillén, en noviembre.
“No hay procuración de justicia, investigación seria, probanza de los crímenes. En México, por ley, no existe la pena de muerte. Pero existe de facto. Eso es peligroso, es una manera sofisticada de ejecución extrajudicial.”
El prelado advierte que si hubiera indagatorias se sabría lo necesario para enfrentar a la delincuencia. “Pero parece que estos operativos tratan de que se mueran (los capos) para que no denuncien a quienes los apoyan en el aparato de Estado, como si resultara mejor que se lleven a la tumba los nombres de sus cómplices en el gobierno”.
Desde su perspectiva, esa guerra es un mecanismo de protección de intereses que, ante el fracaso del modelo político y económico, está profundizando la injusticia y la impunidad.
Sintetiza: “La lectura principal es que el Estado mexicano, en su supuesto objetivo antinarco, está dando muestra de una grave debilidad; su estrategia fracasó y no quieren cambiar el rumbo. Hasta ahora no ha habido un proceso serio de inteligencia para poner en su lugar a los criminales y a sus cómplices dentro de las estructuras estatal y financiera”.

Represión y terrorismo

Desde hace cinco años Raúl Vera ha cuestionado la falta de investigación en las estructuras políticas y financieras para combatir al narco. Considera que las instituciones perdieron el rumbo y la autoridad moral. Sostiene que el mensaje que envía el Estado es que “se vale todo”.
–En el discurso oficial se dice que estamos en guerra contra la delincuencia organizada. Pero ¿vivimos una guerra? –se le pregunta.
–Es una guerra mediática, de espectacularidades. Pero no es una estrategia bien pensada ni articulada, sino de respuestas inmediatas que no socavan el mal desde sus orígenes. Estamos hablando de una guerra de venganzas. No es una guerra de ideales ni por un objetivo; es un pleito entre facciones no sólo de cárteles, sino entre grupos políticos y financieros que están amarrados a cada cártel.
Señala que el Observatorio de Servicios y Asesoría para la Paz ha monitoreado una cantidad alarmante de actos de violencia, asesinatos, desapariciones y torturas contra miembros de organizaciones sociales. Así, concluye, se trata de acciones de carácter bélico y bárbaro contra la delincuencia organizada, pero también contra la sociedad que reclama.
“Estamos hablando de la reconversión del Estado en uno más militar, dictatorial, que niega derechos y retrocede el avance democrático”, dice.
Considera que en términos jurídicos no hay una guerra, pues ello implicaría una suspensión de garantías que Felipe Calderón tendría que haber argumentado demostrando que hay una amenaza para la seguridad nacional.
El obispo realizó incluso un análisis de derecho internacional. A partir del estallido de un coche-bomba en Ciudad Juárez el pasado 15 de julio –el primero de lo que se ha convertido en una serie en el país– encontró una explicación de por qué el gobierno de Felipe Calderón se niega a admitir que se trata de acciones terroristas.
De acuerdo con su estudio, después del 11 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 1373, que describe las características de un acto terrorista, en las que encaja a la perfección la detonación de al menos media docena de coches-bomba en México.
“Al aceptar un acto terrorista, el Estado se vería obligado a congelar las cuentas de los presuntos autores; también las de instituciones financieras o empresariales que les brinden servicios. Además tendría que procesar a funcionarios públicos que apoyen a los grupos y asegurar que las penas que se impongan sean acordes a la gravedad de los delitos. Nada de eso parece convenir al gobierno”, afirma.
Lo que hay, sostiene, es un prototipo de guerra muy acorde a lo que se vive en el mundo, con la que se rompen los marcos básicos de protección a la sociedad civil.
Y la consecuencia, advierte, es una crisis grave de gobernabilidad, producto del cierre de los espacios políticos para la sociedad civil que no encuentra respuesta a sus demandas, donde el vacío de poder fue llenado por la delincuencia organizada pero no como un factor ajeno a la dinámica política, social y financiera, sino posibilitado desde las instituciones y por funcionarios de alto nivel.

Guerra de baja intensidad

“La guerra de Calderón es para proteger al poder político y económico. En Chiapas protegían los negocios fundados en la riqueza natural y jamás le iban a hacer justicia a los indígenas. Eso es lo que está pasando, pero ahora con cosas más grandes, en un plan semejante que se extiende al país entero”, considera el obispo.
Testigo de lo que llama “una guerra de baja intensidad” en Chiapas, Vera López mantiene su exigencia de proceso por crímenes de lesa humanidad contra Ernesto Zedillo y mandos militares y políticos implicados en acciones contrainsurgentes, señaladamente por los crímenes de Acteal.
–¿Cuáles fueron las consecuencias de la militarización de Chiapas?
–La paramilitarización. El gobierno usó a la sociedad civil para que se enfrentara a sus propios hermanos. Los crímenes más graves cometidos ahí son responsabilidad del Estado mexicano –responde.
–¿Puede repetirse el fenómeno de paramilitarización en Chiapas o, como ocurrió en Colombia ante el despliegue militar, en todo el país?
–Con lo que está pasando con los luchadores sociales, con todos los delitos que se cometen, solapando acciones violentas contra la sociedad civil y con el distractor que significa la lucha contra el crimen organizado, el Estado tiene espléndidas oportunidades para hacerlo.
Vera afirma que la paramilitarización en Chiapas persiste hasta ahora, y afecta el desarrollo y la construcción de alternativas para la sociedad. “En estos años es muy claro ver la similitud de la estrategia de contrainsurgencia y la militarización de todo el país”, asegura.
El obispo niega tener conocimiento de que los grupos paramilitares en Chiapas se hayan aliado a los cárteles de la droga, pero acude a los perfiles psicológicos desarrollados por los extintos André Aubry y su esposa Angélica Inda en Los Altos de Chiapas.
“Los paramilitares y los sicarios de la delincuencia organizada tienen en común que son jóvenes sin futuro, sin identidad. Les dan un arma y dinero y se sienten alguien. Ambos pasan de ser nadie a convertirse en alguien con un arma y con dinero. Por si fuera poco, con la protección del Estado.”
Sostiene que la violencia actual proviene del Estado, porque además de dejar paramilitares y sicarios en la impunidad, los protege. “Y proviene principalmente del Estado porque es el que ha dejado en el hambre a la gente y sin oportunidades a nuestros jóvenes. Es responsable de la violencia porque en su imposición del libre mercado los aparatos estatales perdieron el control”.

Calderón, “genocida”

Vera López, coadjutor de Samuel Ruiz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en los noventa, que vio de cerca la operación de los paramilitares y que fue objeto de un atentado, considera que la misión de esos grupos era debilitar la base social del zapatismo dentro del principio de la guerra de baja intensidad.
Ahora, con la guerra de Calderón ve que así como en Chiapas el Estado fracturó a la sociedad, pretende que los mexicanos no tengan cohesión ni acción ciudadana.
Ejemplifica con el caso de la activista Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua, y con el trato dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que considera una acción tendente a devastar la fuerza de la organización ciudadana. Además contrasta la sentencia que se le había impuesto al atenquense Ignacio del Valle, de 112 años, con las de 15 años a los soldados que violaron a 13 mujeres en Castaños, Coahuila.
Después de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el año pasado, el obispo reprueba la negligencia con que el Estado mexicano aborda el problema migratorio, pues considera que muestra la complicidad de oficiales gubernamentales que contribuyen a la impunidad prevaleciente en el país.
“Allá (en Chiapas) los asesinatos que habíamos documentado antes de Acteal eran una estrategia contrainsurgente; ahora los asesinatos, secuestros y ultrajes a los migrantes son una estrategia de administración migratoria encaminada por el Estado. Tenemos el culmen de 72 ejecuciones y todo lo que hay antes: acción que no es de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace más de dos años”, afirma.
“Son crímenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado porque es responsable de administrar deshonestamente la política migratoria. Esta es una administración deshonesta por la complicidad y la omisión de las autoridades, que va contra todos los principios de los derechos humanos”.
Para el obispo los miles de casos reflejan el fracaso de Felipe Calderón en ese como en todos los apartados relacionados con la delincuencia.
“Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen pero ahí están los muertos. Vivimos la destrucción de este país, la muerte.”
–¿El presidente podría ser acusado de delitos de lesa humanidad?
–Esto es un genocidio en una guerra falsa y creo que el presidente se encuentra en los linderos de ser denunciable –responde.
Agrega que la política actual trata de fragmentar, dividir y crear confusión. Dice que así lo hicieron en Chiapas y que en este momento está ocurriendo en todo el país.
La cuestión, plantea, radica en saber si en realidad se trata de una guerra contra el crimen organizado y si la incapacidad del gobierno es calculada para generar una recomposición del Estado efectuada por los grupos de poder nacional e internacional aliados con los locales.