Columna JAQUE MATE
En la trampa /Sergio Sarmiento
Reforma, 29 Nov. 11
"No castigues nunca a la fiera que no puedas aniquilar". Maquiavelo
El Presidente cayó en la trampa. La Corte Penal Internacional difícilmente aceptará la denuncia presentada por Netzaí Sandoval Ballesteros, John Ackerman y otros activistas contra el gobierno de la República y algunos capos por crímenes de lesa humanidad. "Proceder legalmente" en contra de quienes promueven estas "calumnias", como advierte el comunicado de la Presidencia de la República, es dar a las denuncias y a los denunciantes una importancia que no tienen, pero además esto provee municiones a los grupos que buscan presentar al gobierno como represor.
Los crímenes contra la humanidad tipificados en el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional incluyen el homicidio, la violación y otros, pero deben cometerse de manera sistemática o generalizada contra una población civil y con conocimiento de lo que se está haciendo.
En el caso de México las ejecuciones de los últimos años han sido realizadas no por el gobierno sino por criminales. La frase "los muertos de Calderón" no es más que un lema político destinado a culpar al Presidente de actos que él no ha cometido ni ordenado.
El gobierno de la República tiene la obligación de cumplir y aplicar la ley. Uno puede estar en desacuerdo con algunos aspectos de la legislación; yo, por ejemplo, pienso que la ley en materia de drogas genera inevitablemente violencia, pero reconozco la obligación de las autoridades de hacer cumplir la ley.
Hay numerosos casos de muertes de civiles por errores de soldados y policías, así como ejemplos de violaciones de derechos humanos. En algunos las autoridades han pretendido evitar su responsabilidad. El fuero militar, por lo menos hasta hace poco, mantenía en la impunidad algunos abusos o impedía que la población en general tuviera conocimiento de si realmente había castigos para los ilícitos cometidos por soldados o marinos.
El Estado mexicano, aunque a regañadientes, ha tomado cartas en el asunto después de una serie de fallos en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propia Suprema Corte de Justicia ha determinado que los tratados internacionales sobre derechos humanos deben aplicarse cabalmente en nuestro país. Esto obliga, entre otras cosas, a eliminar el fuero especial para los militares que cometen crímenes contra civiles.
Los especialistas en derecho internacional me dicen que es muy poco probable que la Corte Penal Internacional acepte la denuncia presentada en su contra por delitos de lesa humanidad. La denuncia sería un simple intento más de utilizar los tribunales internacionales para propósitos políticos nacionales.
Pero si el gobierno mexicano toma medidas para "proceder legalmente" contra quienes han presentado estas querellas, las cosas se le complicarán. Para empezar tanto la difamación como la calumnia han sido eliminadas del Código Penal Federal. La única opción legal sería demandar a los responsables por daño moral en los tribunales civiles. Las posibilidades de éxito son pequeñas, pero aun en caso de que así suceda el castigo sería difícilmente ejemplar. Mientras tanto, el grupo que ha presentado la denuncia argumentará que está siendo objeto de un nuevo abuso por el Estado mexicano.
Mucho más sensato para el gobierno sería presentar las pruebas que se necesiten en la Corte Penal Internacional y dejar la denuncia en el nivel de importancia que realmente debe tener. Golpe que no mata fortalece; y cualquier acción legal que pudiera emprender el gobierno federal en contra de los activistas que presentaron la denuncia no va a matar a nadie.
REBOTE TEMPORAL
Los mercados financieros tuvieron ayer un repunte importante, pero nadie piensa que haya acabado la crisis financiera que está emanando de Europa. En este momento todo el mundo está inquieto por la deuda pública de los países de Europa. El verdadero riesgo, sin embargo, se encuentra en los bancos que les prestaron a estos gobiernos.
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