Es evidente que el grupo de ciudadanos del "movimiento contra la violencia" (Los Abajofirmantes) , encabezados por John M. Ackerman Rose, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM); Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, José Rosario Marroquín, titular del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Loretta Ortiz Ahlf, directora del Departamento de Derecho la Universidad lberoamericana AC, y por Netzaí Sandoval Ballesteros, entre otros, lo que pretenden es generar un ruido mediático y sobretodo en momentos político electorales.
Saben muy bien que lo que están haciendo es jurídicamente improcedente y que la demanda no será admitida, aunque si estudiada por el fiscal del caso (el argentino Luis Moreno Ocampo), en primer lugar debido a que –en su caso- deberían de haber agotado otras instancias nacionales como el juicio de amparo o la controversia constitucional.
¡Pero eso no importa, eso es lo de menos!
Y por fin después de varios meses, y con el aval que le dan 23 mil firmas de ciudadanos, el viernes 25 de noviembre (curiosamente el grupo de se denomina "contra la violencia", y ese ese día se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), acudieron a Bruselas, Bélgica, sede de la Corte Penal Internacional (CPI) y entregaron al fiscal general Luis Moreno Ocampo*, un expediente en el que acusan los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el Presidente Felipe Calderón.
"Queremos atraer la atención del fiscal de la CPI sobre las múltiples violaciones, al derecho humanitario y penal internacional, cometidas por las fuerzas policiacas y militares, para que juzgue el papel y la responsabilidad del Presidente Felipe Calderón en la sanción de esas conductas", dijo Netzaí Sandoval (Reforma).
Y solicitó al fiscal que "No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el ex Presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad".
En la comunicación, los denunciantes tratan de mostrar –hablan de la ausencia de herramientas jurídicas para procesar delitos en el fuero militar- que México, socio de la CPI, carece de las herramientas jurídicas para juzgar los centenares de casos de violaciones al derecho humanitario registrados en el País, como desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, reclutamiento de menores como combatientes y ataques a hospitales.
Identifica además a los máximos responsables de los delitos cometidos en México y entre ellos señala al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; al de Seguridad, Genaro García Luna, y a los líderes de los cárteles de la droga, entre ellos Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La comunicación entregada al Fiscal general está compuesta por unas 700 páginas y está dividida en tres grandes apartados, uno contextual y que hace referencia a las 50 mil personas asesinadas, los 10 mil casos de desaparecidos y los 230 mil desplazados por el clima de inseguridad. La segunda parte incluye 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional y exhibe conductas reiteradas por parte de las fuerzas federales, como la tortura y las desapariciones.
Según ellos la CPI les dará entrada. Sin embargo, sabemos que la Corte - de la que México forma parte- es una instancia para perseguir genocidas en el planeta, y sólo actúa en aquellos casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y en países parte de los Estatutos de Roma, cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
No es el caso de México, por más que quieran verlo así los activistas de "Contra la Violencia".
Días antes de que se presentará la denuncia en la Haya, la abogada Loretta Ortiz Ahlf se preguntó sobre la viabilidad de enjuiciar al presidente en la CPI e hizo las siguientes interrogantes (Enfoque de Reforma, 30-Oct-2011):
"¿Puede presentarse una denuncia en contra de Calderón siendo Presidente?
¿Cuál es el crimen que fundamenta la denuncia? y,
¿Cómo se probarían los hechos?
Ellas misma, en su texto da respuestas afirmativas.
Empero Gerardo Laveaga director de Inacipe le da una puntual crítica (véase Enfoque de Reforma, 30 de octubre de 2011. En su respuesta a su colega le dice: “un país como el nuestro, opinar y criticar son prácticas que ayudan a consolidar nuestra democracia. Siempre las he aplaudido. Pero cuando estos ejercicios se hacen desde la perspectiva jurídica, hay que ser particularmente responsables. La abogada (Loretta) Ortiz no lo fue.” Señala el también abogado de la Escuela Libre de Derecho que una demanda de este tipo no es procedente ya que la CPI tiene un carácter "complementario de las jurisdicciones penales nacionales" (artículo 1o.), lo que significa que no podría actuar, salvo que los tribunales mexicanos se negaran a conocer el caso; en segundo lugar, no se hallan satisfechas las cuestiones de admisibilidad que prevé el artículo 17 del Estatuto; en tercero, la CPI sólo tiene competencia para los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio (artículo 5). Ninguno de estos supuestos se configura".
En efecto, los crímenes que puede conocer la CPI se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son: El genocidio (art. 6); Los crímenes de lesa humanidad (art. 7); Los crímenes de guerra (art. 8); y El Crimen de agresión (art. 8 bis, según Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma).
Asimismo, debemos tener siempre presente que la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Fue el caso de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España de los que según el fiscal especial-, que "probablemente constituyeron un crimen de lesa humanidad bajo mi jurisdicción, pero no los investigué porque lo hizo España".
Reacciones ante la denuncia en Bruselas, Bélgica
1. En primer lugar de la Presidencia de la República. Dos días después de que se presentará la denuncia se emitió un comunicado rechazando las imputaciones que considera temerarias, infundadas e improcedentes, ya que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente al país, por lo cual se exploran todas las alternativas para proceder legalmente. (Comunicado 2011 CGCS-196):
"El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la CPI.
"México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas. Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
"En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.
"En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes...
"(por lo que) Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.
"Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales...."
2. Un día después, el lunes 28 de noviembre la vocera presidencial, Alejandra de la Sota, justificó la decisión del gobierno de emprender una acción legal en contra de los activistas que lo acusaron; el gobierno, dijo en entrevista radiofónica que se evalúa la manera en que el presidente puede hacer valer sus derechos ante las acusaciones que, dijo, son "calumniosas". "Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino (tiene) todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación", afirmó.
En lo personal creo que la presidencia se excedió. No había necesidad del comunicado, pero tampoco podemos aplaudir que se le amordace.
Y es que los activistas y varios líderes políticos alzaron las voces, haciendo como ellos lo esperaban -un excesivo ruido mediático.
Leamos lo que han dicho, algunas voces (y las que se sumen):
3. "Es un error muy profundo, algo gravísimo porque el Gobierno está poniendo en tela de duda el derecho fundamental de acceso a la Justicia de los ciudadanos mexicanos, en este caso a los tribunales internacionales. Ese derecho no está sujeto a la voluntad de un gobernante en particular. El Gobierno de Calderón no sólo está sancionando nuestro derecho, sino también nuestra libertad de expresión", dijo en Madrid el abogado Netzaí Sandoval.
Por cierto, dijo que se pondría a disposición de inmediato de las PGR. (No hay necesidad porque no hay denuncia, hay que leer bien el comunicado de la presidencia que dice que el Gobierno “explora todas las alternativas para proceder legalmente”. Seguramente el gobierno no lo hará.
El activista -jurista estimó además que después de esta medida, el gobierno federal se quedará solo, porque es indiscutible el derecho que tienen 23 mil ciudadanos de acudir a un tribunal internacional. "Nadie puede negar que en México se cometen crímenes y se violan los derechos humanos. No estamos planteando que Calderón lo haya ordenado, pero es uno de los máximos responsables, porque no toma la decisión de sancionar a esos soldados que torturan sistemáticamente", aseguró el abogado tras precisar que lo que está en discusión es si la crisis humanitaria que vive México amerita la intervención de la CPI. (Reforma)
4. Para John M. Ackerman, el mensaje del Presidente es un amago contra los defensores de derechos humanos y contradictorio a sus propios dichos. Es -dice-, un "intento de intimidar a la ciudadanía, lo cual es muy paradójico porque todo el sexenio ha dicho que los ciudadanos debemos perder miedo y denunciar, así que le estamos haciendo caso y denunciando".
5. En el mismo sentido se ha pronunciado José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien se dijo preocupado porque bajo las palabras de Calderón, cualquier persona que su Gobierno considere que atenta contra su "imagen" puede ser motivo de hostigamiento. "El desplegado –comunicado oficial- (...) es un atentado contra la libertad de expresión, contra el defender derechos humanos. Nos preocupa su intento de inhibir la defensa de los derechos", sostuvo.
6. "Lo que parece es querer volver a la práctica del uso de la justicia para castigo político. La vuelta al uso de la justicia como forma de represión, es decir, que nos metan en un largo proceso legal que nos pueda llevar meses, invertir recursos, hacer trabajo de defensa, desgastarnos", externó por su parte Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
7. Y para Epigmenio Ibarra, productor de series de televisión es una oportunidad de encontrarse cara a cara con el Presidente en caso de que proceda legalmente contra las 23 mil personas que se quejaron por la situación de la violencia en el País.
8. Para el Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz, consejero de la CNDH, y ex titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Segob) la demanda no será admitida "fundamentalmente porque éste se orienta a tratar delitos más que violaciones a los derechos humanos. Está lejos de vincularse por delitos de lesa humanidad, porque lo que señala el Estatuto de la CPI es que se debe tratar de un ataque generalizado y sistemático y que provoque muertes, tortura, etcétera."
Sin embargo el Dr. Sepúlveda -quien hoy es director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos- consideró aunque sean pocas las probabilidades de que el caso sea admitido por la Corte, haber presentado la demanda es un derecho ciudadano, y en ese sentido, criticó el tono y contenido de la respuesta de la Presidencia de la República. "Es muy equivocado que se entienda que hay una amenaza o hay una especie de condena o persecución a los ciudadanos. Yo creo que ése no es el tono que hay que generar", expresó.
Señaló que independientemente de que proceda o no la demanda, México debe encontrar mecanismos para enfrentar una situación que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, por lo que requiere de un replanteamiento de la situación. Agrego que aunque el caso no proceda ante la CPI, afirmó, éste puede ser llevado a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana en Washington DC.
9. En tanto, el ex Ombudsman nacional José Luis Soberanes dijo que cuando México aceptó la competencia de la CPI, puso como reserva el artículo 21, el cual indica que únicamente el Ejecutivo federal, respaldado por el Senado, puede llevar a un mexicano ante este tribunal. "El artículo 21 constitucional fue inclusive reformado con ese fin, de crear un filtro, entonces pues ahora sí que el artículo 21 constitucional es muy claro para permitir que llegue un caso concreto ante la Corte Penal lo tiene que llevar el Ejecutivo y con aprobación del Senado, entonces por eso es que digo que ahorita estaría en chino que el propio Ejecutivo se entregara", aseguró.
Empero, el ex titular de la CNDH dijo que una demanda de este tipo "podría proceder durante la siguiente administración. "Sobre todo si el próximo gobierno quiere fastidiar a Calderón, si quiere hacerle la vida de cuadritos. (¿Se refiere don José Luis a AMLO?)
10. Para Luis González Plascencia -Ombudsman de la Ciudad- son "desafortunadas y lamentables" las declaraciones del presidente contra quienes acudieron ante la CPI a denunciar presuntos atropellos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada.
11. Marcelo Ebrard ha manifestado que ninguna denuncia que involucre a un gobernante debe desestimarse. Dijo desconocer a detalle los fundamentos que tiene la acusación pero afirmó que, como autoridad, Calderón está obligado a responder. "Yo entiendo que puede ser molesto pero cuando se presenta alguna denuncia, en el caso de cualquier gobernante, pues tenemos que responderla", sostuvo.
12.- Andrés Manuel López Obrador consideró que Felipe Calderón se excedió al cuestionar la demanda que presentaron más de 23 mil mexicanos ante la CPI de La Haya. "Se exageró, porque los ciudadanos son libres para expresarse, manifestarse y acudir a cualquier tribunal", dijo. Sostuvo que a Calderón le corresponde esperar a que los jueces tomen una decisión, porque serán ellos y no el Gobierno el que determine si en México, en la lucha contra el crimen organizado, se están registrando crímenes de guerra y lesa humanidad. Sin embargo, consideró, todos los mexicanos deben unirse para lograr un cambio en la estrategia. "Yo creo que lo que tenemos que procurar todos es que haya un cambio de fondo en el País para cambiar la estrategia y no seguir con la política actual". Se vale, pero no dijo AMLO que los abajofirmantes son seguidores de su movimiento.
13.- En tanto, en conferencia de prensa, Santiago Creel dijo no ver fundamento para la demanda contra Calderón ante la CPI, pero tampoco está de acuerdo en proceder legalmente contra los denunciantes. "A mí no me gustó la reacción, es decir, de buscar llevar a cabo acciones de carácter legal en contra de quienes tienen un punto de vista distinto en esto".
14.- Para Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, la denuncia “no tiene sustento”. Subrayó que a un jefe de Estado no se le puede llevar de forma simple a un juicio, sobre todo cuando tiene la obligación irrenunciable de enfrentar al crimen organizado.
El priista enfatizó que el presidente Calderón tiene una enorme responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada y “lo ha hecho hoy el Gobierno Federal y su presidente”. “A pesar de que milito en el Partido Revolucionario Institucional debo reconocer, no obstante, la tarea que tiene el Estado y el Jefe del Ejecutivo para emprender una lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, le corresponda a él o a quien quiera que esté en esta tarea y en esta responsabilidad”, declaró.
Argumentó que por ello “no estoy de acuerdo, descalifico y, por supuesto, no respaldo ese tipo de denuncias que me parece carecen de sustento y que evidentemente el Estado está y debería estar para respaldar y apoyar el proceso que se siga ante esa Corte en defensa del Jefe de Estado”.
15. El diputado del PT, Jaime Cárdenas Gracia, expresó que la Cámara de Diputados “debe estar muy al pendiente por si existe algún tipo de hostigamiento o persecución en contra de los denunciantes, porque ellos solamente están ejerciendo, por una parte su libertad de expresión, y por otra promoviendo su derecho al acceso a la justicia ante una instancia internacional.”
16.- El diputado Presidente Emilio Chuayffet Chemor, señaló al respecto que él interpretó y declaró en el sentido de “que toda persona, incluyendo al presidente de la república, tiene derecho a defenderse y obviamente el punto que usted señala habrá de ser cuidadosamente tutelado por la Cámara de Diputados.”
17.- El columnista Sergio Sarmiento hace un análisis en su columna Jaque Mate en Reforma, dice que el Presidente Calderón cayó en la trampa que le tendieron los acusadores, pues la CPI difícilmente aceptará la denuncia presentada, por lo que "Proceder legalmente" en contra de quienes promueven estas "calumnias", como advierte el comunicado de la Presidencia de la República, es dar a las denuncias y a los denunciantes una importancia que no tienen, pero además esto provee municiones a los grupos que buscan presentar al gobierno como represor."
Señala - y coincido- que la única opción legal que tiene el gobierno es demandar a los responsables por daño moral en los tribunales civiles, y las posibilidades de éxito son mínimas, pero aun en caso de que así suceda el castigo sería difícilmente ejemplar. “Mientras tanto, el grupo que ha presentado la denuncia argumentará que está siendo objeto de un nuevo abuso por el Estado mexicano.”
18.- Carlos Marín escribió en Milenio Diario que Los Abajofirmantes de la denuncia que tanto enojó al Presidente montaron la farsa Perseguidos ante las oficinas centrales de la PGR. Ufano y orondo, uno de ellos (portada en la edición nacional de MILENIO) posó mostrando una cartulina con la causa de su victimización: Vengo a entregarme/ Yo firmé la petición de juicio contra Calderón por los crímenes de guerra y de lesa humanidad/ Bernardo Salas Mar. Al igual que más de 23 mil cibernautas, suscribió el texto subido a internet por un abogado poco ducho en derecho internacional y autor de la tesis El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, llamado Netzaí Sandoval Ballesteros
19.- Ciro Gómez Leyva comenta que "nada de raro hay en que un grupo que lo llama usurpador pida a la Corte Penal Internacional que haga un análisis preliminar para determinar si en estos años se cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo sorprendente ha sido la respuesta del gobierno de Calderón. Si la ofensiva de quienes quieren verlo humillado y derrotado es calumnia y difamación vil, ¿por qué la tomaron tan en serio en Los Pinos? ¿Sólo porque “afecta terriblemente el buen nombre de México”? Si se trata de un burdo teatro mediático y de tinte electorero, como calificó ayer el secretario del Trabajo, Javier Lozano (Milenio)
20. En tanto, Gerardo Laveaga –uno de los abogados del presidente Calderón (si se le ofrece)- señaló que NO existen razones para que la Corte admita el caso. "Se podría proceder en el ámbito civil y sería a decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete de Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores", dijo en una entrevista.
Para el director de Inacipe este asunto es de activismo político electoral "pretenden confundir a la opinión pública con fines partidistas. Su despropósito sólo desgastará a la Corte Penal Internacional, que se verá obligada a realizar trámites inútiles para desechar la solicitud. También radicalizará el debate en nuestro país entre las personas mal informadas.".
21. Por último, el fiscal Luis Moreno Ocampo, aseguró este martes 29 de noviembre a la agencia española EFE que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina contra los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de México, Felipe Calderón.
El Fiscal Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone "el principio de una tarea" que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI. Y es que según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. "Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones", recordó Ocampo.
Evidentemente no es el caso de México.
Recordemos que la CPI ha realizado investigaciones preliminares en Honduras y Colombia, pero en este último caso, por ejemplo, no ha llegado a abrir una investigación propia porque la autoridades colombianas ya están estudiando los presuntos crímenes relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (las FARC) y el narcotráfico. El fiscal ha dicho que “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales, y las FARC son pasibles de una investigación.”
El caso contra Chávez fue planteado la pasada semana ante la CPI por uno de los seis aspirantes a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, que quiere que se juzgue al presidente del país de delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad.
Caray qué coincidencias en México y Venezuela, y en la misma semana!
Allá, en Venezuela Diego Arria, político y diplomático venezolano denunció al Presidente Chávez -el lunes 21 de noviembre- sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el déspota empoderado hace ya más de 12 años. En México un grupo de ciudadanos lo hizo el viernes 25 de noviembre.
Pero en política no hay coincidencias, no es como el amor.
Como dice, el poeta Como dice el poeta jalisciencie Alberto Escobar. “coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio...y coincidir..”
Es interesante saber quiénes son los activistas y que pretenden.
Me llamó la atención lo que escribió Katia de Artigues (El Universal, 29 de noviembre de 2011) a propósito e Netzaía, nos dice que es "egresado con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM con una tesis sobre derecho comparativo de legislaciones estatales en materia de transparencia.
Su tesis de maestría en Derecho Constitucional fue dirigida por (el Ministro en retiro) Genaro Góngora Pimentel —quien escribe el prólogo— (¡y por cierto muy cercano a AMLO!); ha trabajado en el Instituto Electoral del DF y en la SCJN cuando la presidía Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Y lo más interesante es que es nieto de Pablo Sandoval Cruz, luchador social en Guerrero, quien en septiembre pasado recibió el premio Sentimientos de la Nación, y el hijo más chico de Pablo Sandoval Ramírez (hermano de Cuauhtémoc), fundador el PRD en Guerrero, diputado federal en 1997, quien murió en 2001, y de Irma Sandoval Corona, maestra y ácida crítica del SNTE.
Los otros dos hermanos son Irma Eréndira, casada con John Ackerman, y Pablo Amilcar, de los mismos apellidos."
¡Caray que coincidencias!
PD: Por cierto, la tarde del martes 29 de noviembre alrededor de 200 "abajofimantes acudieron a manifestarse a la PGR, a "entregarse" (Sic) voluntariamente. Empero, el Subprocurador Alejandro Ramo, los encaro y les dijo que la institución (la PGR) "manifiesta que tiene abierta las puertas para todo aquel que quiera presentarse ante ella. Tenemos abiertas las puertas para que si alguien quiere presentarse para formular alguna denuncia en su caso, o considera que tiene algo que manifestar a la procuraduría, pues con todo gusto estamos listos para ayudarlos.”
Pero había que hacer ruido, ya que ellos fueron “amenazados” por el comunicado (CGCS-196)
de la Presidencia. Por eso, hicieron incluso un pronunciamiento en contra del comunicado por cierto, firmado por el ex procurador Diego Valadés; el ex presidente de la SCJN Genaro Góngora Pimentel (cercano a quien encabeza las protestas); el obispo de Saltillo, Raúl Vera, así como por el profesor Luis Astorga, entre otros, quienes invitaron al gobierno federal, “y en particular al presidente Felipe Calderón”, a que reconsidere “esta acción”, ya que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.
Asi están las cosas hoy.
Habrá más reacciones, sin duda.
El Fiscal Moreno seguramente se tomará su tiempo para decidir si le da entrada para una investigación preliminar". Esstamos seguros que no lo hará, no hay materia para hacerlo, pero puede haber sorpresas.
Sabe bien el fiscal argentino que que México no es Uganda, Sudan, o la República Popular del Congo, ni tampoco Libia o Costa de Marfil donde si hay investigaciones de delitos de lesa humanidad.
Tampoco nuestro país se parece a Afganistan, Georgia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria, donde la Corte Penal tiene investigaciones preliminares.
Lo más parecido -quizá- a nuestro país puede ser Colombia, pero allá, la CPI ni siquiera a llegado a abrir una investigación propia ya que las autoridades colombianas stán estudiando los presuntos crímenes relacionados con las FARC, recordemos que hace unos días el grupo guerrillero ejecutó a cuatro rehenes de la fuerza pública que estuvieron secuestrados durante años, durante un intento de rescate por parte del gobierno. Sus nombres: sargento José Libio Martínez, que tenía más de 13 años secuestrado, el teniente Elkin Hernández Rivas, secuestrado desde 1998, el coronel Édgar Yesid Duarte Valero, y el intendente Álvaro Moreno.
La Corte Penal Internacional CPI), o Tribunal de La Haya
· La CPI es un organismo judicial independiente con sede en La Haya, que no pertenece al sistema ONU, y con competencias para juzgar a responsables de crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad.
· El Estatuto de Roma, que la crea entró en vigor el 1 de julio del 2002 y su inauguración fue 11 de marzo de 2003 en la Haya.
· Los Estados firmantes y el Consejo de Seguridad de la ONU pueden denunciar crímenes ante la CPI y solicitar la acción de su procurador. Y, éste también puede actuar por iniciativa propia.
· La CPI complementa las jurisdicciones nacionales, y actúa sólo cuando éstas no pueden o quieren perseguir crímenes sobre los que ella tiene competencia
· La CPI se creó pese a la feroz oposición de EU
· El 11 marzo de 2003, 18 jueces juraron sus cargos al frente de la nueva Corte Penal en La Haya. Los 18 jueces entonces prestaron juramento ante la reina Beatriz de Holanda y el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
· El Tribunal de La Haya trabaja de forma similar a los ya existentes para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, aunque a diferencia de estos no será retroactivo, de forma que sólo podrá juzgar los crímenes cometidos tras la entrada en vigor del Estatuto, lo que se produjo el 1 de julio de 2002.
· En teoría, la CPI tiene una amplia vocación internacional, pero su autoridad está limitada.
· El Tribunal de La Haya, sólo ha abierto por ahora las siguientes causas: Uganda, Sudán (por Darfur), República Popular del Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia. También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria.
· La Corte está compuesta de cuatro órganos, dos oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas (The Trust Fund for Victims - TFV). Los órganos son: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro.
Presidente: Sang-Hyun Song (República de Corea)
Primer Vicepresidente: Juez Fatoumata Dembele Diarra (Malí)
Segundo Vicepresidente: Juez Hans-Peter Kaul (Alemania)
18 jueces organizados dentro de la División de Cuestiones-Preliminares, la División de Juicio y la División de Apelaciones.
*Fiscal Jefe: Luis Moreno Ocampo (Argentina)
Es una de las figuras clave del nuevo sistema legal internacional.
Nacido en 1952, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo fue fiscal federal de su país; se dio a conocer cuando dirigió el equipo de fiscales que denunció 700 casos de secuestro, tortura y desapariciones contra los integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983.
¡Pero eso no importa, eso es lo de menos!
Y por fin después de varios meses, y con el aval que le dan 23 mil firmas de ciudadanos, el viernes 25 de noviembre (curiosamente el grupo de se denomina "contra la violencia", y ese ese día se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), acudieron a Bruselas, Bélgica, sede de la Corte Penal Internacional (CPI) y entregaron al fiscal general Luis Moreno Ocampo*, un expediente en el que acusan los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el Presidente Felipe Calderón.
"Queremos atraer la atención del fiscal de la CPI sobre las múltiples violaciones, al derecho humanitario y penal internacional, cometidas por las fuerzas policiacas y militares, para que juzgue el papel y la responsabilidad del Presidente Felipe Calderón en la sanción de esas conductas", dijo Netzaí Sandoval (Reforma).
Y solicitó al fiscal que "No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el ex Presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad".
En la comunicación, los denunciantes tratan de mostrar –hablan de la ausencia de herramientas jurídicas para procesar delitos en el fuero militar- que México, socio de la CPI, carece de las herramientas jurídicas para juzgar los centenares de casos de violaciones al derecho humanitario registrados en el País, como desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, reclutamiento de menores como combatientes y ataques a hospitales.
Identifica además a los máximos responsables de los delitos cometidos en México y entre ellos señala al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; al de Seguridad, Genaro García Luna, y a los líderes de los cárteles de la droga, entre ellos Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La comunicación entregada al Fiscal general está compuesta por unas 700 páginas y está dividida en tres grandes apartados, uno contextual y que hace referencia a las 50 mil personas asesinadas, los 10 mil casos de desaparecidos y los 230 mil desplazados por el clima de inseguridad. La segunda parte incluye 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional y exhibe conductas reiteradas por parte de las fuerzas federales, como la tortura y las desapariciones.
Según ellos la CPI les dará entrada. Sin embargo, sabemos que la Corte - de la que México forma parte- es una instancia para perseguir genocidas en el planeta, y sólo actúa en aquellos casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y en países parte de los Estatutos de Roma, cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
No es el caso de México, por más que quieran verlo así los activistas de "Contra la Violencia".
Días antes de que se presentará la denuncia en la Haya, la abogada Loretta Ortiz Ahlf se preguntó sobre la viabilidad de enjuiciar al presidente en la CPI e hizo las siguientes interrogantes (Enfoque de Reforma, 30-Oct-2011):
"¿Puede presentarse una denuncia en contra de Calderón siendo Presidente?
¿Cuál es el crimen que fundamenta la denuncia? y,
¿Cómo se probarían los hechos?
Ellas misma, en su texto da respuestas afirmativas.
Empero Gerardo Laveaga director de Inacipe le da una puntual crítica (véase Enfoque de Reforma, 30 de octubre de 2011. En su respuesta a su colega le dice: “un país como el nuestro, opinar y criticar son prácticas que ayudan a consolidar nuestra democracia. Siempre las he aplaudido. Pero cuando estos ejercicios se hacen desde la perspectiva jurídica, hay que ser particularmente responsables. La abogada (Loretta) Ortiz no lo fue.” Señala el también abogado de la Escuela Libre de Derecho que una demanda de este tipo no es procedente ya que la CPI tiene un carácter "complementario de las jurisdicciones penales nacionales" (artículo 1o.), lo que significa que no podría actuar, salvo que los tribunales mexicanos se negaran a conocer el caso; en segundo lugar, no se hallan satisfechas las cuestiones de admisibilidad que prevé el artículo 17 del Estatuto; en tercero, la CPI sólo tiene competencia para los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio (artículo 5). Ninguno de estos supuestos se configura".
En efecto, los crímenes que puede conocer la CPI se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son: El genocidio (art. 6); Los crímenes de lesa humanidad (art. 7); Los crímenes de guerra (art. 8); y El Crimen de agresión (art. 8 bis, según Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma).
Asimismo, debemos tener siempre presente que la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Fue el caso de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España de los que según el fiscal especial-, que "probablemente constituyeron un crimen de lesa humanidad bajo mi jurisdicción, pero no los investigué porque lo hizo España".
Reacciones ante la denuncia en Bruselas, Bélgica
1. En primer lugar de la Presidencia de la República. Dos días después de que se presentará la denuncia se emitió un comunicado rechazando las imputaciones que considera temerarias, infundadas e improcedentes, ya que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente al país, por lo cual se exploran todas las alternativas para proceder legalmente. (Comunicado 2011 CGCS-196):
"El Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la CPI.
"México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas. Ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley.
"En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas.
"En los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los responsables ante los tribunales competentes...
"(por lo que) Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo.
"Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales...."
2. Un día después, el lunes 28 de noviembre la vocera presidencial, Alejandra de la Sota, justificó la decisión del gobierno de emprender una acción legal en contra de los activistas que lo acusaron; el gobierno, dijo en entrevista radiofónica que se evalúa la manera en que el presidente puede hacer valer sus derechos ante las acusaciones que, dijo, son "calumniosas". "Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino (tiene) todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación", afirmó.
En lo personal creo que la presidencia se excedió. No había necesidad del comunicado, pero tampoco podemos aplaudir que se le amordace.
Y es que los activistas y varios líderes políticos alzaron las voces, haciendo como ellos lo esperaban -un excesivo ruido mediático.
Leamos lo que han dicho, algunas voces (y las que se sumen):
3. "Es un error muy profundo, algo gravísimo porque el Gobierno está poniendo en tela de duda el derecho fundamental de acceso a la Justicia de los ciudadanos mexicanos, en este caso a los tribunales internacionales. Ese derecho no está sujeto a la voluntad de un gobernante en particular. El Gobierno de Calderón no sólo está sancionando nuestro derecho, sino también nuestra libertad de expresión", dijo en Madrid el abogado Netzaí Sandoval.
Por cierto, dijo que se pondría a disposición de inmediato de las PGR. (No hay necesidad porque no hay denuncia, hay que leer bien el comunicado de la presidencia que dice que el Gobierno “explora todas las alternativas para proceder legalmente”. Seguramente el gobierno no lo hará.
El activista -jurista estimó además que después de esta medida, el gobierno federal se quedará solo, porque es indiscutible el derecho que tienen 23 mil ciudadanos de acudir a un tribunal internacional. "Nadie puede negar que en México se cometen crímenes y se violan los derechos humanos. No estamos planteando que Calderón lo haya ordenado, pero es uno de los máximos responsables, porque no toma la decisión de sancionar a esos soldados que torturan sistemáticamente", aseguró el abogado tras precisar que lo que está en discusión es si la crisis humanitaria que vive México amerita la intervención de la CPI. (Reforma)
4. Para John M. Ackerman, el mensaje del Presidente es un amago contra los defensores de derechos humanos y contradictorio a sus propios dichos. Es -dice-, un "intento de intimidar a la ciudadanía, lo cual es muy paradójico porque todo el sexenio ha dicho que los ciudadanos debemos perder miedo y denunciar, así que le estamos haciendo caso y denunciando".
5. En el mismo sentido se ha pronunciado José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien se dijo preocupado porque bajo las palabras de Calderón, cualquier persona que su Gobierno considere que atenta contra su "imagen" puede ser motivo de hostigamiento. "El desplegado –comunicado oficial- (...) es un atentado contra la libertad de expresión, contra el defender derechos humanos. Nos preocupa su intento de inhibir la defensa de los derechos", sostuvo.
6. "Lo que parece es querer volver a la práctica del uso de la justicia para castigo político. La vuelta al uso de la justicia como forma de represión, es decir, que nos metan en un largo proceso legal que nos pueda llevar meses, invertir recursos, hacer trabajo de defensa, desgastarnos", externó por su parte Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
7. Y para Epigmenio Ibarra, productor de series de televisión es una oportunidad de encontrarse cara a cara con el Presidente en caso de que proceda legalmente contra las 23 mil personas que se quejaron por la situación de la violencia en el País.
8. Para el Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz, consejero de la CNDH, y ex titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Segob) la demanda no será admitida "fundamentalmente porque éste se orienta a tratar delitos más que violaciones a los derechos humanos. Está lejos de vincularse por delitos de lesa humanidad, porque lo que señala el Estatuto de la CPI es que se debe tratar de un ataque generalizado y sistemático y que provoque muertes, tortura, etcétera."
Sin embargo el Dr. Sepúlveda -quien hoy es director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos- consideró aunque sean pocas las probabilidades de que el caso sea admitido por la Corte, haber presentado la demanda es un derecho ciudadano, y en ese sentido, criticó el tono y contenido de la respuesta de la Presidencia de la República. "Es muy equivocado que se entienda que hay una amenaza o hay una especie de condena o persecución a los ciudadanos. Yo creo que ése no es el tono que hay que generar", expresó.
Señaló que independientemente de que proceda o no la demanda, México debe encontrar mecanismos para enfrentar una situación que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, por lo que requiere de un replanteamiento de la situación. Agrego que aunque el caso no proceda ante la CPI, afirmó, éste puede ser llevado a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana en Washington DC.
9. En tanto, el ex Ombudsman nacional José Luis Soberanes dijo que cuando México aceptó la competencia de la CPI, puso como reserva el artículo 21, el cual indica que únicamente el Ejecutivo federal, respaldado por el Senado, puede llevar a un mexicano ante este tribunal. "El artículo 21 constitucional fue inclusive reformado con ese fin, de crear un filtro, entonces pues ahora sí que el artículo 21 constitucional es muy claro para permitir que llegue un caso concreto ante la Corte Penal lo tiene que llevar el Ejecutivo y con aprobación del Senado, entonces por eso es que digo que ahorita estaría en chino que el propio Ejecutivo se entregara", aseguró.
Empero, el ex titular de la CNDH dijo que una demanda de este tipo "podría proceder durante la siguiente administración. "Sobre todo si el próximo gobierno quiere fastidiar a Calderón, si quiere hacerle la vida de cuadritos. (¿Se refiere don José Luis a AMLO?)
10. Para Luis González Plascencia -Ombudsman de la Ciudad- son "desafortunadas y lamentables" las declaraciones del presidente contra quienes acudieron ante la CPI a denunciar presuntos atropellos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada.
11. Marcelo Ebrard ha manifestado que ninguna denuncia que involucre a un gobernante debe desestimarse. Dijo desconocer a detalle los fundamentos que tiene la acusación pero afirmó que, como autoridad, Calderón está obligado a responder. "Yo entiendo que puede ser molesto pero cuando se presenta alguna denuncia, en el caso de cualquier gobernante, pues tenemos que responderla", sostuvo.
12.- Andrés Manuel López Obrador consideró que Felipe Calderón se excedió al cuestionar la demanda que presentaron más de 23 mil mexicanos ante la CPI de La Haya. "Se exageró, porque los ciudadanos son libres para expresarse, manifestarse y acudir a cualquier tribunal", dijo. Sostuvo que a Calderón le corresponde esperar a que los jueces tomen una decisión, porque serán ellos y no el Gobierno el que determine si en México, en la lucha contra el crimen organizado, se están registrando crímenes de guerra y lesa humanidad. Sin embargo, consideró, todos los mexicanos deben unirse para lograr un cambio en la estrategia. "Yo creo que lo que tenemos que procurar todos es que haya un cambio de fondo en el País para cambiar la estrategia y no seguir con la política actual". Se vale, pero no dijo AMLO que los abajofirmantes son seguidores de su movimiento.
13.- En tanto, en conferencia de prensa, Santiago Creel dijo no ver fundamento para la demanda contra Calderón ante la CPI, pero tampoco está de acuerdo en proceder legalmente contra los denunciantes. "A mí no me gustó la reacción, es decir, de buscar llevar a cabo acciones de carácter legal en contra de quienes tienen un punto de vista distinto en esto".
14.- Para Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, la denuncia “no tiene sustento”. Subrayó que a un jefe de Estado no se le puede llevar de forma simple a un juicio, sobre todo cuando tiene la obligación irrenunciable de enfrentar al crimen organizado.
El priista enfatizó que el presidente Calderón tiene una enorme responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada y “lo ha hecho hoy el Gobierno Federal y su presidente”. “A pesar de que milito en el Partido Revolucionario Institucional debo reconocer, no obstante, la tarea que tiene el Estado y el Jefe del Ejecutivo para emprender una lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, le corresponda a él o a quien quiera que esté en esta tarea y en esta responsabilidad”, declaró.
Argumentó que por ello “no estoy de acuerdo, descalifico y, por supuesto, no respaldo ese tipo de denuncias que me parece carecen de sustento y que evidentemente el Estado está y debería estar para respaldar y apoyar el proceso que se siga ante esa Corte en defensa del Jefe de Estado”.
15. El diputado del PT, Jaime Cárdenas Gracia, expresó que la Cámara de Diputados “debe estar muy al pendiente por si existe algún tipo de hostigamiento o persecución en contra de los denunciantes, porque ellos solamente están ejerciendo, por una parte su libertad de expresión, y por otra promoviendo su derecho al acceso a la justicia ante una instancia internacional.”
16.- El diputado Presidente Emilio Chuayffet Chemor, señaló al respecto que él interpretó y declaró en el sentido de “que toda persona, incluyendo al presidente de la república, tiene derecho a defenderse y obviamente el punto que usted señala habrá de ser cuidadosamente tutelado por la Cámara de Diputados.”
17.- El columnista Sergio Sarmiento hace un análisis en su columna Jaque Mate en Reforma, dice que el Presidente Calderón cayó en la trampa que le tendieron los acusadores, pues la CPI difícilmente aceptará la denuncia presentada, por lo que "Proceder legalmente" en contra de quienes promueven estas "calumnias", como advierte el comunicado de la Presidencia de la República, es dar a las denuncias y a los denunciantes una importancia que no tienen, pero además esto provee municiones a los grupos que buscan presentar al gobierno como represor."
Señala - y coincido- que la única opción legal que tiene el gobierno es demandar a los responsables por daño moral en los tribunales civiles, y las posibilidades de éxito son mínimas, pero aun en caso de que así suceda el castigo sería difícilmente ejemplar. “Mientras tanto, el grupo que ha presentado la denuncia argumentará que está siendo objeto de un nuevo abuso por el Estado mexicano.”
18.- Carlos Marín escribió en Milenio Diario que Los Abajofirmantes de la denuncia que tanto enojó al Presidente montaron la farsa Perseguidos ante las oficinas centrales de la PGR. Ufano y orondo, uno de ellos (portada en la edición nacional de MILENIO) posó mostrando una cartulina con la causa de su victimización: Vengo a entregarme/ Yo firmé la petición de juicio contra Calderón por los crímenes de guerra y de lesa humanidad/ Bernardo Salas Mar. Al igual que más de 23 mil cibernautas, suscribió el texto subido a internet por un abogado poco ducho en derecho internacional y autor de la tesis El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, llamado Netzaí Sandoval Ballesteros
19.- Ciro Gómez Leyva comenta que "nada de raro hay en que un grupo que lo llama usurpador pida a la Corte Penal Internacional que haga un análisis preliminar para determinar si en estos años se cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo sorprendente ha sido la respuesta del gobierno de Calderón. Si la ofensiva de quienes quieren verlo humillado y derrotado es calumnia y difamación vil, ¿por qué la tomaron tan en serio en Los Pinos? ¿Sólo porque “afecta terriblemente el buen nombre de México”? Si se trata de un burdo teatro mediático y de tinte electorero, como calificó ayer el secretario del Trabajo, Javier Lozano (Milenio)
20. En tanto, Gerardo Laveaga –uno de los abogados del presidente Calderón (si se le ofrece)- señaló que NO existen razones para que la Corte admita el caso. "Se podría proceder en el ámbito civil y sería a decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete de Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores", dijo en una entrevista.
Para el director de Inacipe este asunto es de activismo político electoral "pretenden confundir a la opinión pública con fines partidistas. Su despropósito sólo desgastará a la Corte Penal Internacional, que se verá obligada a realizar trámites inútiles para desechar la solicitud. También radicalizará el debate en nuestro país entre las personas mal informadas.".
21. Por último, el fiscal Luis Moreno Ocampo, aseguró este martes 29 de noviembre a la agencia española EFE que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina contra los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de México, Felipe Calderón.
El Fiscal Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone "el principio de una tarea" que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI. Y es que según el reglamento de la CPI, recogido en el Estatuto de Roma, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. "Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones", recordó Ocampo.
Evidentemente no es el caso de México.
Recordemos que la CPI ha realizado investigaciones preliminares en Honduras y Colombia, pero en este último caso, por ejemplo, no ha llegado a abrir una investigación propia porque la autoridades colombianas ya están estudiando los presuntos crímenes relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (las FARC) y el narcotráfico. El fiscal ha dicho que “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales, y las FARC son pasibles de una investigación.”
El caso contra Chávez fue planteado la pasada semana ante la CPI por uno de los seis aspirantes a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales del próximo año en Venezuela, que quiere que se juzgue al presidente del país de delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad.
Caray qué coincidencias en México y Venezuela, y en la misma semana!
Allá, en Venezuela Diego Arria, político y diplomático venezolano denunció al Presidente Chávez -el lunes 21 de noviembre- sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el déspota empoderado hace ya más de 12 años. En México un grupo de ciudadanos lo hizo el viernes 25 de noviembre.
Pero en política no hay coincidencias, no es como el amor.
Como dice, el poeta Como dice el poeta jalisciencie Alberto Escobar. “coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio...y coincidir..”
Es interesante saber quiénes son los activistas y que pretenden.
Me llamó la atención lo que escribió Katia de Artigues (El Universal, 29 de noviembre de 2011) a propósito e Netzaía, nos dice que es "egresado con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM con una tesis sobre derecho comparativo de legislaciones estatales en materia de transparencia.
Su tesis de maestría en Derecho Constitucional fue dirigida por (el Ministro en retiro) Genaro Góngora Pimentel —quien escribe el prólogo— (¡y por cierto muy cercano a AMLO!); ha trabajado en el Instituto Electoral del DF y en la SCJN cuando la presidía Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Y lo más interesante es que es nieto de Pablo Sandoval Cruz, luchador social en Guerrero, quien en septiembre pasado recibió el premio Sentimientos de la Nación, y el hijo más chico de Pablo Sandoval Ramírez (hermano de Cuauhtémoc), fundador el PRD en Guerrero, diputado federal en 1997, quien murió en 2001, y de Irma Sandoval Corona, maestra y ácida crítica del SNTE.
Los otros dos hermanos son Irma Eréndira, casada con John Ackerman, y Pablo Amilcar, de los mismos apellidos."
¡Caray que coincidencias!
PD: Por cierto, la tarde del martes 29 de noviembre alrededor de 200 "abajofimantes acudieron a manifestarse a la PGR, a "entregarse" (Sic) voluntariamente. Empero, el Subprocurador Alejandro Ramo, los encaro y les dijo que la institución (la PGR) "manifiesta que tiene abierta las puertas para todo aquel que quiera presentarse ante ella. Tenemos abiertas las puertas para que si alguien quiere presentarse para formular alguna denuncia en su caso, o considera que tiene algo que manifestar a la procuraduría, pues con todo gusto estamos listos para ayudarlos.”
Pero había que hacer ruido, ya que ellos fueron “amenazados” por el comunicado (CGCS-196)
de la Presidencia. Por eso, hicieron incluso un pronunciamiento en contra del comunicado por cierto, firmado por el ex procurador Diego Valadés; el ex presidente de la SCJN Genaro Góngora Pimentel (cercano a quien encabeza las protestas); el obispo de Saltillo, Raúl Vera, así como por el profesor Luis Astorga, entre otros, quienes invitaron al gobierno federal, “y en particular al presidente Felipe Calderón”, a que reconsidere “esta acción”, ya que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.
Asi están las cosas hoy.
Habrá más reacciones, sin duda.
El Fiscal Moreno seguramente se tomará su tiempo para decidir si le da entrada para una investigación preliminar". Esstamos seguros que no lo hará, no hay materia para hacerlo, pero puede haber sorpresas.
Sabe bien el fiscal argentino que que México no es Uganda, Sudan, o la República Popular del Congo, ni tampoco Libia o Costa de Marfil donde si hay investigaciones de delitos de lesa humanidad.
Tampoco nuestro país se parece a Afganistan, Georgia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria, donde la Corte Penal tiene investigaciones preliminares.
Lo más parecido -quizá- a nuestro país puede ser Colombia, pero allá, la CPI ni siquiera a llegado a abrir una investigación propia ya que las autoridades colombianas stán estudiando los presuntos crímenes relacionados con las FARC, recordemos que hace unos días el grupo guerrillero ejecutó a cuatro rehenes de la fuerza pública que estuvieron secuestrados durante años, durante un intento de rescate por parte del gobierno. Sus nombres: sargento José Libio Martínez, que tenía más de 13 años secuestrado, el teniente Elkin Hernández Rivas, secuestrado desde 1998, el coronel Édgar Yesid Duarte Valero, y el intendente Álvaro Moreno.
La Corte Penal Internacional CPI), o Tribunal de La Haya
· La CPI es un organismo judicial independiente con sede en La Haya, que no pertenece al sistema ONU, y con competencias para juzgar a responsables de crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad.
· El Estatuto de Roma, que la crea entró en vigor el 1 de julio del 2002 y su inauguración fue 11 de marzo de 2003 en la Haya.
· Los Estados firmantes y el Consejo de Seguridad de la ONU pueden denunciar crímenes ante la CPI y solicitar la acción de su procurador. Y, éste también puede actuar por iniciativa propia.
· La CPI complementa las jurisdicciones nacionales, y actúa sólo cuando éstas no pueden o quieren perseguir crímenes sobre los que ella tiene competencia
· La CPI se creó pese a la feroz oposición de EU
· El 11 marzo de 2003, 18 jueces juraron sus cargos al frente de la nueva Corte Penal en La Haya. Los 18 jueces entonces prestaron juramento ante la reina Beatriz de Holanda y el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
· El Tribunal de La Haya trabaja de forma similar a los ya existentes para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, aunque a diferencia de estos no será retroactivo, de forma que sólo podrá juzgar los crímenes cometidos tras la entrada en vigor del Estatuto, lo que se produjo el 1 de julio de 2002.
· En teoría, la CPI tiene una amplia vocación internacional, pero su autoridad está limitada.
· El Tribunal de La Haya, sólo ha abierto por ahora las siguientes causas: Uganda, Sudán (por Darfur), República Popular del Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia. También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria.
· La Corte está compuesta de cuatro órganos, dos oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas (The Trust Fund for Victims - TFV). Los órganos son: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro.
Presidente: Sang-Hyun Song (República de Corea)
Primer Vicepresidente: Juez Fatoumata Dembele Diarra (Malí)
Segundo Vicepresidente: Juez Hans-Peter Kaul (Alemania)
18 jueces organizados dentro de la División de Cuestiones-Preliminares, la División de Juicio y la División de Apelaciones.
*Fiscal Jefe: Luis Moreno Ocampo (Argentina)
Es una de las figuras clave del nuevo sistema legal internacional.
Nacido en 1952, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo fue fiscal federal de su país; se dio a conocer cuando dirigió el equipo de fiscales que denunció 700 casos de secuestro, tortura y desapariciones contra los integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983.
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