22 abr 2012

El militar que a hierro mataba


El militar que a hierro mataba
GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso No. 1851, 22 de abril de 2012
En Guerrero se le recordará siempre como uno de los instrumentos más abominables de la guerra sucia del Estado mexicano contra los disidentes. Desde entonces su nombre –Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite– sigue provocando escozor entre los luchadores sociales de esa entidad, quienes lo consideran responsable de la detención y tortura de cientos de opositores políticos del régimen priista, y más aún, de numerosas desapariciones forzadas.
Cuatro días después de que el Congreso guerrerense instaló la Comisión de la Verdad con el propósito de indagar los crímenes de la guerra sucia, el viernes 20 fue ejecutado en la Ciudad de México el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite. Su nombre quedó inevitablemente asociado a la tortura, la desaparición forzada de cientos de luchadores sociales y aun a las muertes no aclaradas de la guerra sucia.
Su accionar en Guerrero durante los gobiernos de Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) y del hijo de éste, Rubén Figueroa Alcocer (1993-1999), lo marcaron de manera indeleble. En el sexenio foxista fue uno de los militares sometidos a indagatoria por la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que integró una averiguación previa contra él, el general Humberto Quirós Hermosillo y el entonces capitán Francisco Javier Barquín por su participación en la tortura y asesinato de 143 personas.
El caso fue remitido al fuero militar y durante las audiencias se citó a declarar en calidad de testigos a por lo menos 10 militares, entre ellos Gustavo Tarín Chávez, quien aseguró que entre 1975 y 1979 trabajó como subalterno de Acosta Chaparro.
Durante ese periodo se realizaron mil 500 detenciones en puestos de control instalados por el Ejército en caminos y carreteras de Guerrero. Algunos de los detenidos fueron trasladados a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta. Barquín se encargaba de registrar sus nombres en un libro de “pastas negras”, según testigos.
Como parte de ese proceso, sostienen las versiones, Quirós Hermosillo y Acosta escogían a los detenidos y los sentaban en una silla para sacarles “la foto del recuerdo”. Luego les disparaban en la nuca con una pistola calibre .380 a la que Quirós nombró “la espada justiciera”. Los cadáveres eran metidos en bolsas de lona que se subían a un avión Arava del entonces Escuadrón 301 para lanzarlos al mar durante vuelos exprofeso.
Según Tarín Chávez, Acosta Chaparro ejecutó personalmente a unas 200 personas, “por supuesto con la autorización del general Quirós Hermosillo” (Proceso 1356). Pese a los testimonios incriminatorios, tanto él como Quirós Hermosillo fueron exonerados.
En Guerrero, Acosta Chaparro se forjó una fama de hombre temido tras participar en la liberación del senador Rubén Figueroa Figueroa el 8 de septiembre de 1974. El político priista había sido secuestrado por el líder guerrillero Lucio Cabañas.
El 26 de noviembre de 1974, semanas antes de que Cabañas cayera en un enfrentamiento con tropas del Ejército, su madre, Rafaela Gervacio Barrientos; su esposa, Isabel Ayala Nava; su hija Micaela de un mes de nacida y siete familiares más fueron detenidos en Tixtla en un operativo dirigido por Acosta Chaparro (Proceso 1282).
Ayala Nava, quien concedió una entrevista a este semanario después del operativo, detalló que el militar llevó a los detenidos al sótano del palacio de Gobierno de Chilpancingo. Luego, dice, ordenó que fueran trasladados a la 27 Zona Militar en Acapulco y de ahí al Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México. Isabel y los familiares de Lucio permanecieron en la cárcel militar hasta 1976.
Sostuvo que en una de las tres sesiones de tortura a las que fue sometida durante su cautiverio en la prisión militar, antes de que Lucio muriera, vio a Acosta Chaparro.
Él, afirma, “estuvo en la segunda sesión, la más violenta. Le agarró los piecitos a mi niña y le puso la pistola en la cabeza. Puedo asegurar que es él por las fotografías. En esa ocasión me jalaron de pies y manos y me violaron. Me zamparon a un tambo de agua fría y amenazaron con matar a mi hija si no decía dónde estaba Lucio” (Proceso 1400).
El ascenso del general
Ascendido a mayor como premio por el rescate de Figueroa, Acosta Chaparro pronto comenzó su ascenso en Guerrero. Ya como gobernador, Figueroa Figueroa lo puso al frente de la policía de Acapulco, luego lo nombró jefe policiaco de toda la entidad. Fueron años difíciles para los guerrerenses.
Entre su colaboradores estaban los hermanos Herminio Díaz Tumalán, los hermanos Tarín e Isidro Galeana, a los que se les atribuyen varias de las 600 desapariciones ocurridas en Guerrero durante la guerra sucia, 400 de ellas en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde nació el Partido de los Pobres (Pdlp), el grupo que comandaba Lucio Cabañas.
Durante su gestión como jefe policiaco, Acosta Chaparro mandó construir 16 celdas bajo las instalaciones que hoy están a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Pocos de los que entraban a esa cárcel clandestina salían con vida (Proceso 1305).
En 1981, el último año de gobierno de Figueroa Figueroa, campesinos, viveristas y vecinos del fraccionamiento Copacabana –donde se ubica la zona residencial Punta Diamante– denunciaron que durante su gestión como director de la policía estatal Acosta Chaparro utilizó viviendas abandonadas para torturar a presuntos delincuentes y guerrilleros, quienes después eran ejecutados y depositados en pozos artesianos (Proceso 206).
Una vez que el sucesor de Figueroa Figueroa, Alejandro Cervantes Delgado, asumió el cargo, ordenó que se limpiaran cinco de esos pozos, de unos 20 metros de profundidad. En uno de ellos se encontraron 22 cadáveres; en otro 12, mientras que en cada uno de los otros tres localizaron dos cuerpos. Terminado el operativo, no se volvió a mencionar el asunto.
En 2002, después de la creación de la Femospp a partir de la recomendación 26/2001 en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó cientos de desapariciones, Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), declaró a este semanario:
“El mayor número de detenidos y desaparecidos se dio a partir de 1974, después de que fue liberado Figueroa Figueroa. Los que no fueron desaparecidos estuvieron encarcelados al menos cinco años en Acapulco y en el Campo Militar Número Uno; luego fueron liberados sin que les dieran ninguna explicación” (Proceso 1353).
De los 482 casos de desapariciones forzadas que la CNDH registró en su informe de noviembre último, casi 40% corresponde a hechos ocurridos en Guerrero durante el gobierno de Figueroa. Las víctimas no sólo fueron campesinos y presuntos seguidores de grupos guerrilleros que continuaron los pasos de Lucio Cabañas; también fueron estudiantes y profesores universitarios.
En la edición 1353 de este semanario, Miguel Flores Leonardo, miembro de la organización guerrillera Vanguardia Armada Revolucionaria del Pueblo (VARP), contó que permaneció seis meses en una cárcel clandestina y fue torturado por órdenes de Acosta Chaparro, quien finalmente decidió liberarlo.
También afirmó que en ese periodo fue testigo de por lo menos 37 desapariciones, entre ellas varias de “mujeres embarazadas y niños” y de miembros de organizaciones guerrilleras de otros estados.
Testimonios de los exrectores
En 2001 dos exrectores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el fallecido Rosalío Wences Reza y Enrique González Ruiz, narraron a Proceso sus experiencias con el gobernador Figueroa Figueroa –quien retiró el apoyo económico a la casa de estudios por considerar que era un criadero de guerrilleros–, y con el propio Acosta Chaparro, a quien recurrían con frecuencia para pedirle que liberara a jóvenes universitarios detenidos por los policías.
“Acosta nos citó a Wences y a mí a las seis de la tarde en el zoológico de Chilpancingo. Le sugerí al rector que lleváramos a Servando Alanís, que era priista, como protección. Cuando llegamos estaba Acosta solo, con una bolsa bajo el brazo, de la que se asomaba la cacha de una pistola 45. Nos invitó a entrar al zoológico y empezamos a caminar. Nosotros no sabíamos cómo abordar el tema, cómo pedirle a los estudiantes. Como el zoológico está en una hondonada, pudimos ver movilización policiaca en las calles. Una vez que oscureció, después de una hora y media de dar vueltas y de hablar de temas ajenos al estado Acosta nos indicó que era hora de irse.
“En una calle, mientras Acosta se despedía de nosotros, apareció de repente un carro negro enorme, un Grand Marquis tal vez, y de él se bajaron dos judiciales, y con una maniobra espectacular le abrieron la puerta a Acosta, se subió y en ese instante llegó una Combi blanca sin placas, se abrió la puerta y aventaron a los muchachos al suelo”, declaró González Ruiz.
Integrante de la Comisión de la Verdad que a partir del 17 de abril se encargó de investigar los crímenes de la guerra sucia en Guerrero de 1969 a 1979, González Ruiz dijo entonces a esta reportera: “En el gobierno de Figueroa el miedo era tan espeso que se podía cortar con cuchillo, en buena parte por el sistema de vigilancia de Acosta Chaparro” (Proceso 1290).
Durante el gobierno de su hijo Rubén Figueroa Alcocer, Acosta Chaparro estuvo implicado en la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, el 28 de junio 1995.
Durante las indagatorias llevadas por el entonces fiscal especial Alejandro Varela Vidales se llamó a declarar al militar luego de que la defensa de los campesinos asesinados, dirigida por el fallecido Samuel del Villar, recabó testimonios de personas que aseguraron haber visto a Acosta Chaparro en el vado de Aguas Blancas minutos después de la matanza (Proceso 1001).
A petición de Del Villar, el general, entonces adscrito a la jefatura de Comisión Cinco de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, compareció ante el juez Adolfo van Meeter Roque. Y aunque admitió que estuvo en Guerrero los días 27 y 28 de junio de 1995, Acosta Chaparro aseguró que se había ido a visitar a sus amigos de Guerrero, entre ellos al gobernador (Proceso 1009).
Cuando Figueroa Alcocer dejó el cargo en marzo de 1996, desapareció. Sólo se volvió a saber de él cuatro años después, cuando fue detenido junto con Quirós Hermosillo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y por desapariciones forzadas.
En octubre de 2002 el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer se refirió a Acosta Chaparro como “eficaz y correcto”.
–¿Sigue siendo su amigo? –se le preguntó.
–Sigue siendo mi amigo. Ha sido mi amigo durante mucho tiempo. Yo no acostumbro negar a mis amigos cuando tienen problemas.

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