Conferencia de Felipe Borrego Estrada en San Lázaro

El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados llevó a cabo la conferencia Avances en la implementación del juicio penal acusatorio, con el propósito de conocer los beneficios y resultados que producirá este modelo en la impartición de justicia.

La conferencia fue dictada por Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, quien resaltó que entre las principales ventajas está la reducción en los tiempos de los juicios hasta en una tercera parte de lo requerido con anterioridad.
El nuevo Juicio Penal Acusatorio, aprobado en el 2008, que incluye los juicios orales y públicos, está en un camino que no tiene vuelta para ver un México mejor y más justo, afirmó  Borrego Estrada.
El secretario técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Justicia Penal, aseguró que para finales de este año serán ya 29 estados los que habrán de implementar esta figura.
“En pocos días vamos a saber que veintinueve estados ya van a estar trabajando en el sistema acusatorio adversarial”, explicó luego de aclarar que sólo Nayarit, Colima y el Distrito Federal no tienen presentada en sus congresos locales la iniciativa en la materia”, agregó.
En la conferencia “Avances en la implementación del Juicio Penal Acusatorio”, organizado por el Comité de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Borrego Estrada señaló que este sistema reduce los tiempos de los juicios penales.
Afirmó que el 68.3 por ciento de los Ministerios Públicos, jueces, magistrados y policías de los estados, en donde ya implementan el juicio penal acusatorio, consideran que la justicia ya es expedita, cuando previo a la reforma el 78.6 por ciento no lo consideraba así.
Borrego Estrada señaló que el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Justicia Penal es un referente nacional para los estados de la República respecto del nuevo sistema acusatorio adversarial en sus instituciones de procuración de justicia.
 “Nos faltan tres años y nueve meses para concluir la reforma constitucional (en materia de justicia penal y seguridad pública, presentada en el año 2008 por el Ejecutivo federal) tiempo suficiente luego de ver la forma en que ha transitado en los estados”, aseguró.
El secretario técnico del Consejo, recalcó que los frutos de la reforma se van a ver con el cambio generacional que vivirán los estudiantes que actualmente han iniciado su procedimiento educativo, al explicar que dicha generación de procuradores de justicia verán los frutos reales del cambio cultural y del nuevo sistema de justicia penal.
“Lo que hay que cambiar es la cultura de los operadores del nuevo sistema de justicia penal, porque la reforma constitucional del 2008 tiene como objetivo transformar las instituciones de seguridad, procuración y de justicia“, indicó.
También, Borrego Estrada destacó que la actual legislatura tendrá en su responsabilidad aprobar el Código Federal de Procedimientos Penales, que no se avaló el año pasado.
“Lleguemos al código único de Procedimiento Penales como ideal de un buen sistema de justicia penal y un facilitador de la implementación”, indicó.

Asimismo señaló que “Con el sistema utilizado antes, el tiempo que tardaba un juicio era en promedio de 543 días; con este nuevo modelo el proceso dura alrededor de 152 días”. Afirmó que estos cambios harán factible disminuir hasta 20 por ciento la población de las cárceles respecto de las personas que no cuentan con sentencia.

 “Los resultados los veremos hasta dentro de una generación, no a corto plazo. El 60 por ciento de las personas que se encuentran en prisión preventiva es por delitos equivalentes a robos menores de 6 mil pesos; se criminaliza a la pobreza con el anterior modelo”, expresó Borrego Estrada.
Explicó que el viejo modelo de juicio penal acusatorio estaba caduco y rebasado; generaba corrupción y propiciaba opacidad. Por ello se decidió transparentarlo.
 “Lo que se busca es transformar de fondo a las instituciones de justicia y de seguridad mediante un sistema de difusión y culturización del nuevo sistema”, dijo.
Consideró que más que buscar la construcción de nuevas salas para juicios orales, es prioritario tener sistemas de planeación para la aplicación de las reformas correspondientes al tema.
Indicó que hasta el momento 10 entidades federativas han aprobado las reformas en materia de juicios penales acusatorios, mientras que el resto de los estados se encuentran en plena discusión; Nayarit y Distrito Federal aún están pendientes.
Por último, Borrego Estrada señaló que a lo largo de la implementación de este modelo los costos se reducirán de forma paulatina, con lo cual, destacó, “dentro de algunos años habrá una justicia penal más barata”.