Rosalia Vergara
Revista Proceso # 1870, 2 de septiembre de 2012
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de validar la elección presidencial y reconocer el triunfo del priista Enrique Peña Nieto deja en la izquierda y algunos sectores, en particular los jóvenes, una sensación de déjà vu, de ya haber vivido ese episodio.
El fallo del pasado 30 de agosto es similar al de 2006. Los magistrados desecharon las impugnaciones presentadas por los partidos del Movimiento Progresista que impulsaron a Andrés Manuel López Obrador, quien por segunda ocasión sufre un revés del máximo órgano electoral.
La mañana del 31 de agosto, conocida ya la posición de los magistrados, López Obrador organizó una conferencia de prensa en la que acusó al PAN y al presidente Felipe Calderón de ser cómplices del “atraco a la democracia” por solapar la millonaria y masiva compra del voto orquestada por los priistas antes y durante el proceso electoral que culminó el 1 de julio pasado.
A su vez, Ricardo Monreal Ávila, quien coordinó la campaña de López Obrador, considera que el fallo del tribunal es “mentiroso, parcial y anticonstitucional”. La decisión de los magistrados de declarar “infundado” el juicio de inconformidad de la elección presidencial promovido por la coalición Movimiento Progresista se hizo “de un plumazo”, dice a Proceso.
Monreal, quien ahora es diputado federal, insiste: la decisión del TEPJF no tiene fundamento, y critica a los magistrados porque declararon infundados los argumentos del movimiento respecto de la propaganda encubierta, la inequidad en los medios y la cobertura sesgada, a pesar de que el expediente que analizaron incluía copias de convenios y contratos, entre ellos el de Alejandro Íñiguez, de Televisa.
Añade que el movimiento también exhibió facturas del conglomerado de Emilio Azcárraga Jean, además de información que se difundió ampliamente en medios extranjeros y en diversos reportes, entre ellos los monitoreos del IFE. Sobre la propaganda encubierta en la revista Quién, los magistrados simplemente dijeron que era “la línea editorial de la revista”.
En lo concerniente a la manipulación de las encuestas, Monreal se dice dolido porque el máximo órgano electoral consideró “insuficiente” la documentación, pese a que Ciro Gómez Leyva, conductor de noticias y colaborador de Milenio Diario, admitió los sesgos en que incurrió su encuestadora GEA-ISA, por lo cual “renunció” a realizar este tipo de ejercicios en el futuro.
Señala que los integrantes del TEPJF desestimaron el caso Monexgate y el de las tarjetas Soriana y otros siete plásticos de prepago usados para la compra del voto; esa indagatoria, afirma, debió realizarla el IFE, pero no lo hizo.
“Es tal su cinismo sobre el rebase de topes de gastos de campaña que, según ellos, se está haciendo una valoración prematura… La investigación está inconclusa, y aun así se atreven a emitir una sentencia.”
Dice que aunque los magistrados reconocieron que la investigación sobre las aportaciones mercantiles a favor de Peña Nieto sigue abierta, juzgaron que las pruebas eran insuficientes para comprobar la compra de votos y las desecharon.
Ya se veía venir
Falta de libertad y de autenticidad fue el enunciado que se repitió en 2006 y en los comicios presidenciales del 1 de julio pasado. En aquella ocasión López Obrador denunció el fraude cometido por el PAN en complicidad con el PRI; hoy los papeles se invirtieron: el priista Peña Nieto se reunió el 18 de julio en Los Pinos con Calderón, antes de que el tribunal emitiera su dictamen.
El viernes 31 de agosto López Obrador llamó a la “desobediencia civil pacífica” y convocó a una asamblea en el Zócalo capitalino para el domingo 9 a las 11 de la mañana. El propósito: definir la estrategia inmediata.
A diferencia de 2006, cuando expresó “¡al diablo con las instituciones!”, esta vez aclaró: “Es cierto que debemos respetar a las instituciones, pero en buena medida el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco.
“Ojalá se entienda que, así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo… Por eso, aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México.”
López Obrador recalcó que seguirá actuando “con responsabilidad y por la vía pacífica, sin dar motivo para que los violentos nos acusen de violentos. No claudicaremos –remarcó–. El destino de México no tiene precio”.
Desde la semana antepasada, Ricardo Monreal, asesor legal de la coalición Movimiento Progresista para el juicio de invalidez de la elección, comentó que los magistrados del TEPJF validarían la elección presidencial, pues los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) “no vieron ni escucharon” las pruebas ni los argumentos de la izquierda.
Poco antes, el representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez, repasó en entrevista con Proceso la ruta de los 359 recursos de impugnación del Movimiento Progresista ante las autoridades electorales.
Dijo que éstas habían adoptado una actitud “encubridora del PRI” y adelantó que si el IFE se negaba a investigar a los priistas, el TEPJF validaría la elección sin ofrecer certeza sobre los gastos desmedidos en la campaña del PRI, la promoción ilegal de la candidatura de Peña Nieto en Televisa desde 2005 –documentada en este semanario por Jenaro Villamil–, la triangulación de fondos de procedencia dudosa y la compra masiva del voto (Proceso 1869).
En la entrevista con Proceso, Monreal expone: “La democracia está pervertida. Hay luto en el país porque todo parece indicar que habrán de asestarle un golpe a la democracia, que no les importa nada. Todos están alineados con el poder y lo más grave es que consumaron la imposición y hay una gran indignación”.
Más aún, sostiene que el panista Felipe Calderón “negoció su impunidad con el PRI y llevó al país al colapso, que queda hecho un tiradero, con violencia teñida de sangre, con inflación, precios altos en los productos, desempleo, impunidad, corrupción, complicidad”.
La mañana del 30 de agosto, como último recurso para demostrar que la presidencial fue una “elección comprada” por los priistas, Monreal presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; funcionarios de Scotiabank, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por presunta falsificación de documentos financieros, probable peculado y lavado de dinero, delincuencia organizada y lo que resulte.
“Ahora es el gobierno y los actos de los magistrados los que están provocando este conflicto social”, comenta a la reportera.
Replegarse o morir
El mismo 30 de agosto, los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano; Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton, y el representante del PT, Ricardo Cantú, anunciaron en la Cámara de Diputados la creación de una bancada única denominada Frente Legislativo Progresista para hacer valer que por segundo sexenio consecutivo son la segunda fuerza política en el país.
En 2006 los tres partidos se dividieron a raíz del plantón de López Obrador y el PRD en Reforma. Este partido, que ese año se convirtió en la segunda fuerza electoral, cayó a tercera en 2009. Pagó cara su división interna (Proceso 1705).
En esta ocasión, de manera insólita, a instancias del PRD los tres partidos y sus coordinadores legislativos firmaron el “Acuerdo de conformación del Frente Legislativo Progresista, por los grupos parlamentarios de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano”. El propósito, dijeron, es impulsar una agenda legislativa común, actuar como una sola fuerza, con base en un acuerdo político y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Silvano Aureoles, coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, indicó que su partido impulsará iniciativas acordes a nueve ejes fundamentales de la agenda de la coalición que encabeza López Obrador. “Actuaremos –dijo– como un solo bloque para la defensa y obtención de posiciones en los órganos legislativos de gobierno, administrativos, y de dictamen.”
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La equidad, sepultada/Jesús Cantú
Revista Proceso # 1870, 2 de septiembre de 2012
Por segunda vez consecutiva el fallo final sobre una elección presidencial contiene aberraciones, genera dudas y deja vacíos. En esta ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió primero una resolución para declarar infundados los agravios del llamado “recurso madre” y después, por separado, el dictamen donde declara la validez de la elección presidencial y procede a entregar la constancia de mayoría al presidente electo.
La primera aberración que salta a la vista, apenas en la página 32 de la resolución, es el señalamiento de que para declarar la invalidez de la elección por violación de los principios constitucionales o de los valores fundamentales e indispensables para considerar una elección libre, auténtica y democrática, además de probar que éstos se transgredieron, se debe acreditar que las irregularidades fueron “graves, generalizadas o sistemáticas y resulten determinantes para el resultado de la elección”. Esto equivale a decir que las normas constitucionales se pueden infringir, pero no mucho.
El argumento del tribunal es válido en el caso de las violaciones legales y de preceptos concretos, donde efectivamente es importante demostrar la magnitud de las faltas y su impacto sobre el resultado electoral, pero no para los principios rectores cuya infracción desnaturaliza el sentido del acto mismo, por lo cual lo único que hay que demostrar es si se violaron o no, pues al hacerlo –sin importar en qué grado– ya no se puede considerar que la elección cumple con las características deseadas y las exigencias mínimas.
Por otra parte en la resolución los magistrados se abocan a desvirtuar los agravios planteados y desacreditar las pruebas que les allegó la coalición Movimiento Progresista; sin embargo ignoraron que muchas de las pruebas necesarias para demostrar la existencia del financiamiento ilícito únicamente las podía recabar una autoridad, pues están salvaguardadas por alguno de los secretos legales (fiduciario, financiero, fiscal, etcétera).
Y desde luego también obviaron las atribuciones que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral les confiere en sus artículos 21 y 23:
“… Podrán requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue…” y que al resolver los medios de impugnación “… la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos”.
En lugar de actuar de conformidad con estas normas, la Sala Superior, de acuerdo a la argumentación vertida en la resolución, buscaba complejizar todavía más la concreción de los agravios y así, por ejemplo, en la página 579 señala que se tenía que demostrar que no únicamente se trataba de financiamiento prohibido, sino que “además se haya llevado a cabo con una finalidad dirigida a materializar la compra y coacción de votos”.
Es decir que de acuerdo con los magistrados el hecho de que se hubiese construido toda una red de financiamiento paralelo no contravenía los principios rectores; para que esto sucediera además éste se tenía que destinar a comprar voluntades.
Esta lógica la reflejan claramente al analizar los elementos probatorios que obraban en su poder en relación con las tarjetas recompensa de Monex, pues admiten que fue Comercializadora Inizzio la que celebró el contrato con la empresa financiera, pero en ningún momento se preocupan por averiguar la procedencia de los más de 70 millones de pesos que se repartieron a través de esos monederos electrónicos.
El PRI reconoció que contrató los servicios de la empresa Alkino, Servicios y Calidad, para conseguir y distribuir los recursos y, aunque ésta lo hizo a través de Inizzio, el tribunal no intentó conocer el origen de éstos. Exactamente lo mismo ocurre con todas las otras empresas fantasma, cuya existencia y contratos con Monex reconocen, pero sin investigación ni evidencia alguna de por medio simplemente descartan su conexión con el PRI.
Para los magistrados no bastaron los indicios que se derivaban del número de empresas constituidas por los mismos accionistas, ubicadas en el mismo domicilio y con vínculos evidentes y claros con el PRI, para hacer uso de las atribuciones que les da la ley para sustanciar el expediente y acreditar o desacreditar las sospechas. Simplemente se limitaron a intentar destrozar los argumentos de la coalición.
Del manejo de la cuenta bancaria del gobierno del Estado de México, del cual se mostraron evidencias de que se hizo una transferencia electrónica por 50 millones de pesos a un joven radicado en Chihuahua y, otra vez, con vínculos evidentes con el PRI, ni siquiera hubo una mención en la referida resolución, a pesar de que existe un hecho, reconocido por el Banco de México, que es por demás sospechoso: que por una deficiencia en el sistema del banco receptor éste instruyó a Banxico para corregir información inconsistente, que resultaba ser precisamente el nombre del beneficiario de dicha transferencia. El hecho también fue totalmente ignorado por los magistrados.
De acuerdo con la resolución las normas constitucionales se pueden violar “pero nomás poquito”; que un partido construya todo un sistema de financiamiento paralelo no violenta los principios rectores del sistema electoral, si el dinero que obtienen por esa vía no se destina a la compra y coacción de votos; y poco importa de dónde proviene el dinero que un partido utiliza para pagar a su estructura electoral si no media un contrato entre el proveedor y el instituto político.
Con su fallo los magistrados sepultaron la igualdad política, uno de lo más preciados valores de la democracia, y la equidad en la contienda, uno de los principios indispensables para que existan elecciones libres, auténticas y democráticas.
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