La CIDH, bajo “fuego amigo”/

¿Se incrementó por la llegada de Emilio Alvarez Icaza?
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La CIDH, bajo “fuego amigo”/Gloria Leticia Díaz
Revista Proceso # 1875, 7 de octubre de 2012

Todo parece indicar que a la OEA le estorba su propia Comisión de Derechos Humanos. Severamente cuestionada y hasta vilipendiada por los países miembros –sobre todo los más señalados como violadores consuetudinarios de esos derechos– y menospreciada e ignorada por la cabeza del organismo continental, la CIDH aún hace lo que puede con el magro presupuesto del que dispone. Ahora los embates tienen mucho que ver con el nombramiento de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de esa instancia, designación que agradó a muy pocas naciones del continente.

Con graves problemas financieros, golpeada por países acusados de violar los derechos humanos y menospreciada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa la peor crisis desde su fundación en 1959.
Al mexicano Joel Hernández García, quien el lunes 1 asumió la presidencia trimestral del Consejo Permanente de la OEA, le corresponderá conducir el inicio del proceso de reforma de la CIDH que culminará en marzo de 2013 en Washington –sede del organismo–, cuando los cambios propuestos sean sometidos a la aprobación de la Asamblea General.
Por otra parte, la CIDH nombró el pasado 19 de julio a Emilio Álvarez Icaza secretario ejecutivo en sustitución del argentino Santiago Cantón, quien estuvo 12 años en el cargo.
Expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Álvarez Icaza saltó al ámbito interamericano con el respaldo de cuatro de los siete comisionados de la CIDH, presidida por otro mexicano, José de Jesús Orozco.
Pero los otros comisionados cuestionaron el nombramiento de Álvarez Icaza porque no es abogado; incluso el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, decidió quejarse ante el secretario general de la OEA por esa designación, que calificó de poco transparente.
Estados ofendidos
Defensores de los derechos humanos han alertado sobre lo que consideran intentos por debilitar a la CIDH con el proceso de renovación que empezó el 29 junio de 2011 a instancias de la Asamblea General de la OEA, que ordenó a su vez al Consejo Permanente la creación del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El director para América Latina de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, dice a Proceso que en una reunión privada de cancilleres durante la Asamblea General de la OEA en San Salvador, la colombiana María Ángela Holguín enderezó baterías contra la CIDH,“sorprendentemente con gran virulencia, y fue quien logró convencer a los cancilleres de que era necesario crear un grupo de trabajo para evaluar el funcionamiento, las facultades y las atribuciones” de la comisión.
“Así es como surge esa instancia, que se llama eufemísticamente de fortalecimiento, cuando todo el mundo sabe que en realidad se trata de una instancia de debilitamiento.”
Desde Washington, entrevistado vía telefónica, Vivanco advierte que la CIDH “enfrenta probablemente los peligros más serios desde su creación, porque se ha producido una alianza oportunista entre gobiernos que no necesariamente coinciden en su agenda y que la tratan como enemigo” por tener algún señalamiento en su contra.
El primero en la lista de países contrarios a la CIDH y en general al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH, que engloba a la Comisión y a la Corte) es Venezuela.
En agosto la Corte Interamericana condenó a ese país por el caso –tramitado por la CIDH– de Raúl Díaz, encarcelado en 2003 por colocar bombas en los consulados de España y Colombia en Caracas; entonces el presidente venezolano, Hugo Chávez, declaró que esos organismos “deben desaparecer porque no están a la altura del mundo nuevo que está naciendo” y calificó a la Corte como “nefasta, podrida y degenerada”.
Como Venezuela –incluida desde 2002 en el capítulo IV de los informes anuales de la CIDH, donde se coloca a los países con mayores violaciones a los derechos humanos del continente– algunos otros integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) también condenan a la CIDH.
Entre ellos está Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correa, se siente afectado por el trámite que inició el organismo a raíz de la demanda contra el diario El Universo en marzo de 2011 (el mandatario demandó por“injurias” al rotativo y ganó el juicio respectivo).
El pasado junio, en la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, Bolivia, Correa se refirió a la CIDH como defensora de “la libertad de extorsión del periodismo” y dijo que tiene un “espíritu de ONG” que sirve a corporaciones, por lo que llamó a los cancilleres a la reforma de un órgano“que pretende que los Estados seamos siempre sospechosos”.
Otro inconforme es Perú, que está siendo procesado en la Corte Interamericana por hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori: en abril 1997 en la operación Chavín de Huantar las fuerzas armadas ejecutaron extrajudicialmente a guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quienes habían retenido a 72 rehenes cuatro meses en la residencia del embajador de Japón.
Uno más es Brasil, molesto por las medidas cautelares que emitió la CIDH en abril de 2011 a favor de indígenas del Amazonas que se verían afectados por la construcción de una hidroeléctrica en Belo Monte. La reacción de la presidenta Dilma Rousseff fue retirar a su embajador de la OEA, retener durante un semestre 6 millones de dólares para la organización y seguir con la construcción de la que será la represa más grande del mundo, con una inversión de más de 11 mil millones de dólares.
Colombia y Argentina se han sumado a los ataques. La primera, con el récord de mil 165 peticiones pendientes de analizar en la comisión en 2011, considera que el trato que se le da es injusto ante la disminución de la violencia que ha tenido, pero “las violaciones a derechos humanos, los nexos con el paramilitarismo de las fuerzas de seguridad y los niveles de impunidad realmente escandalosos obligan a la CIDH a llamar a las cosas por su nombre”, advierte Vivanco.
Argentina, dice, ha dejado de defender a la comisión secundando la “tesis peregrina y absurda de que la CIDH jugó un gran papel en la época de las dictaduras militares y que ahora requiere modernizarse. ¿Qué significa en este contexto modernizarla? Limarle las uñas y los dientes”,lamenta Vivanco.
Ningún apoyo de la OEA
A todo esto se suma la actitud poco favorable al SIDH de José Miguel Insulza, al frente de la OEA desde 2005.
El representante permanente de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, dijo que el gobierno de Chávez apoyó la candidatura del chileno “a cambio de que éste buscara la salida de (Santiago) Cantón”, según un despacho de la agencia EFE del 29 de junio pasado fechado en Washington.
Además de esa sospecha sobre la transparencia de su elección, Insulza ha respaldado las inconformidades de los Estados debilitando a la CIDH.
El 2 de mayo de 2011 declaró a la BBC en Brasil que las medidas cautelares de la CIDH por el caso Belo Monte a favor de indígenas amazónicos no tenían carácter vinculante y que no eran de cumplimiento obligatorio para los Estados.
De la construcción de la hidroeléctrica dijo: “Creo que cuando hablamos de algo con la envergadura de Belo Monte, las cosas probablemente tendrían que ser vistas y conversadas con mucha más calma”, y que, en casos como éste, la comisión “puede perfectamente llegar a los gobiernos para dar asesoría, opiniones, pero no tratar el tema como semijudicial”.
En entrevista con Proceso, Ariel Dulitzky, exsecretario ejecutivo adjunto de la CIDH, recuerda que Insulza pretendió designar directamente al sucesor de Cantón y de él surgió la idea de reformar el estatuto del organismo de derechos humanos “en un ataque a la facultad que tiene la comisión para regular su propio procedimiento y cederle el control a los Estados”.
Integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, Dulitzky considera que los ataques que ponen en riesgo a la CIDH van más allá del organismo, “el elemento más eficiente que tiene la OEA”.
“Si uno ve iniciativas como Unasur, Mercosur, Alba mismo, son espacios donde se discuten temas regionales y no necesariamente en la OEA, que es el sitio por excelencia para discutirlos pero que algunos países caracterizan como el brazo de Estados Unidos, y desde mi lectura, atacar al elemento más eficiente que tiene la OEA, que es la CIDH, es una forma de atacar a la OEA, es la forma de expresar la disputa Venezuela-Estados Unidos”, evalúa el también director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
Agrega que “nunca ha habido en la OEA una reflexión sobre la situación de derechos humanos en las Américas y en función de eso qué tipo de comisión se necesita; hay una falta de consenso sobre el perfil que debe tener la CIDH”.
Dulitzky dice que el principal problema del SIDH “es de plata, y eso es responsabilidad directa de los Estados; si no le dan plata a la CIDH y no le dan a la OEA, no pueden funcionar mejor”.
Al señalar que la CIDH sólo tiene 25 abogados para atender demandas de 35 países, recordó que cuando Insulza asumió la Secretaría General de la OEA aseguró que una de las cuatro prioridades de su gestión sería el SIDH: “Tendría que destinarse 25% del presupuesto de la OEA y apenas rebasa 5%”.
Problemas de dinero
En 2011 la CIDH tuvo un presupuesto de 9.53 millones de dólares, de los cuales 4.3 millones son asignados por la OEA, órgano que a su vez contó con fondos por poco más de 83 millones de dólares.
La mayor parte de los fondos de la CIDH, 5.1 millones de dólares, provienen de países donantes de América, observadores permanentes y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Del primer grupo Estados Unidos aporta 1.5 millones de dólares; del segundo destacan las aportaciones de España por 1 millón de dólares.
Con ese presupuesto, en su informe 2011 la CIDH señala que celebró tres periodos de sesiones; registró mil 600 peticiones; aprobó 67 informes de admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, ocho de solución amistosa, 54 de archivo y 25 de fondo; cinco informes de fondo fueron publicados; 24 casos fueron enviados a la Corte Interamericana. También resolvió 400 solicitudes de medidas cautelares, celebró 91 audiencias públicas y 58 reuniones de trabajo y se realizaron 30 visitas de trabajo de comisionados.
Dulitzky insiste en lo raquítico del presupuesto de la CIDH frente a otros organismos públicos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, a la que en 2012 el Congreso le asignó mil 280 millones de pesos, es decir 98.4 millones de dólares, cifra que supera en más de 15 millones a la bolsa con que cuenta la OEA.
“Habría que multiplicar eso que le dan a la CNDH por 35, que son los países miembros que atiende la CIDH”, afirma.
Alejandra Nuño, directora para México y Centroamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) sostiene que precisamente el asunto de los fondos no es un tema a discutir en el proceso de reforma de la CIDH.
El Cejil es una de las organizaciones civiles que ha seguido puntualmente el proceso de renovación de la CIDH y una de las firmantes de la Declaración de Bogotá, emitida en septiembre pasado, en la que se alerta sobre la tentación de algunos Estados miembros de la OEA por debilitar el SIDH.
El documento fue firmado, entre otros, por los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y César Gaviria, el exmandatario peruano Alejandro Toledo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, los poetas Juan Gelman y Javier Sicilia y la escritora nicaragüense Gioconda Belli.
A Nuño le preocupa que “los temas fundamentales para el real fortalecimiento de la CIDH, el financiero y el político, no se están tocando; no hay hasta ahora posicionamientos de los Estados sobre el incremento de los recursos ni sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, de las recomendaciones y de las sentencias de la Corte, que es un gran problema. No se están utilizando todos los recursos de la OEA para obligar a los Estados a cumplir”.
Lamenta que en las discusiones tampoco se ha definido“cómo va a servir este fortalecimiento para implementar adecuadamente los parámetros internacionales de derechos humanos y cómo van a promoverlos, porque al final los Estados son corresponsables del funcionamiento del sistema”.
Crítica de las limitaciones que han tenido las organizaciones civiles y usuarios del SIDH para acceder a las discusiones denominadas “informales”, de los miembros del Consejo Permanente de la OEA así como del procedimiento de revisión casi inaccesible para la sociedad civil, Nuño sostiene que las discusiones de los representantes de los Estados se han dirigido “cada vez más a pedir de la CIDH sólo asistencia técnica”.
Tras resaltar que el 5 de octubre fue el último día en que la CIDH recibió observaciones de la sociedad civil, Nuño insiste en la gravedad de que las organizaciones que suelen recurrir al SIDH no tienen espacio ni voz en el proceso de reforma del organismo.
Durante los foros llevados a cabo en las capitales de Colombia, Chile, Costa Rica, México y Trinidad y Tobago “la participación de las organizaciones ha sido limitada y temo que lo sea aún más en Washington, el próximo martes 30, donde usualmente se nos dan cuatro minutos por agrupación”.
Para Nuño “los riesgos de debilitamiento están latentes porque al final es una situación que va a procesar el Consejo Permanente, que a su vez va a someter la propuesta a los Estados miembros, quienes tendrán la última palabra”.
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Las dos caras del gobierno calderonista/Gloria Leticia Díaz

Revista Proceso # 1875, 7 de octubre de 2012

En el ámbito internacional México aparece como un defensor a ultranza de los derechos humanos. En lo doméstico, sin embargo, la historia es distinta: el país incumple los ordenamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Casos emblemáticos como los del Campo Algodonero o el de Rosendo Radilla, entre otros, siguen sin resolverse año tras año. El gobierno muestra así su doble cara en la defensa de las garantías elementales.

México, segundo lugar entre los países con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presenta en el debate de la reforma del organismo regional con dos discursos: en el plano internacional, respaldo irrestricto; hacia adentro, incumplimiento recurrente de los ordenamientos de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Pese a que hay tres mexicanos colocados estratégicamente en la CIDH y en la OEA –José de Jesús Orozco Henríquez y Emilio Álvarez Icaza, presidente y secretario ejecutivo de la Comisión, respectivamente, y Joel Hernández García al frente del Consejo Permanente del organismo–, defensores de derechos humanos coinciden en que hasta ahora el país no ha podido superar las deficiencias en su sistema de procuración y administración de justicia, lo que hace que muchas personas recurran al SIDH.

Según la CIDH, de 2000 a 2011 hubo 2 mil 115 peticiones de mexicanos para que el organismo interviniera ante violaciones a los derechos humanos.

Con un incremento paulatino año con año, el último informe de labores de la CIDH resalta que aunque en 2011 recibió 273 casos de México–por debajo de Colombia, con 342–, el organismo tenía por analizar mil 11 solicitudes de intervención aquí, en tanto que de Colombia eran mil 658 las pendientes de estudio. La CIDH reportó un rezago de 6 mil 131 casos.

El año pasado, según el documento presentado por Orozco Henríquez ante la Asamblea General de la OEA el pasado 5 de junio en Cochabamba, Bolivia, de las 273 peticiones de México sólo fueron aceptadas a trámite 23.

Se asienta que 108 expedientes mexicanos de otros años están en la etapa de admisibilidad y de fondo, en tanto que de las 62 solicitudes de medidas cautelares enviadas desde aquí sólo fueron otorgadas seis.

México ante la Corte

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos México ha sido sentenciado en seis ocasiones, y hasta ahora prevalecen quejas del incumplimiento reiterado de los señalamientos del tribunal, sobre todo en lo que tiene que ver con modificaciones legislativas y acceso a la justicia.

Por violaciones a derechos humanos México fue condenado en 2009 por los feminicidios en Ciudad Juárez (caso Campo Algodonero) y desaparición forzada durante la Guerra Sucia (caso Rosendo Radilla).

En 2010 se encontró responsabilidad internacional al Estado mexicano en casos de violación sexual como método de tortura a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y tratos crueles e inhumanos en la fabricación de acusaciones (caso de los Campesinos Ecologistas).

En agosto de 2008 la Corte emitió una sentencia contra México por el caso litigado por el excanciller Jorge Castañeda por la violación a sus derechos políticos, lo que le impidió ser candidato independiente a la Presidencia en 2006.

En el momento de crisis que atraviesa la CIDH, defensores de los derechos humanos como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW); Alejandra Nuño, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y Mariclaire Acosta, directora de Freedom House México, señalan en entrevistas por separado con este semanario en que el país muestra signos ambivalentes.

“Es el país que nos ha permitido mantener a flote el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –comenta Vivanco desde Washington– y si cumple o no cumple, tiene que ver con el récord interno de derechos humanos que retrocedió muchísimo durante la gestión del presidente Felipe Calderón: las violaciones a derechos humanos cometidos con impunidad por agentes del Estado se han incrementado significativamente en el marco de la guerra contra las drogas.”

Nuño refiere que, pese a los avances en reparaciones de daños a víctimas y en la promoción de soluciones amistosas, “lo cierto es que sigue habiendo una gran deuda en el cumplimiento de materia estructural; es decir de incorporar los estándares internacionales de derechos humanos a la legislación”.

Afirma que el gran número de casos de México que año con año ingresan al SIDH “lo que evidencia son las falencias en el sistema de procuración y administración de justicia y que desafortunadamente en México la regla sigue siendo la impunidad”.

Cuenta que la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería reconoce solamente 200 casos pendientes de analizar en la CIDH, cifra inferior a los mil 11 reportados en el informe del organismo en 2011.

Agrega que el embajador Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó en una audiencia en la CIDH “que en la mayor parte de los casos pendientes de revisar, las víctimas eran indígenas que denunciaban la falta de traducción adecuada en los procesos judiciales”.

“Sean 200 o más de mil, lo cierto es que es un indicador de que algo está pasando en México, porque las víctimas están recurriendo cada vez más a los organismos internacionales de derechos humanos en busca de justicia”, puntualiza Nuño.

Los defensores reconocen que el cambio de percepción en México sobre los organismos internacionales de derechos humanos se dio con el gobierno de Vicente Fox, específicamente durante la gestión de Jorge Castañeda al frente de la SRE.

Mariclaire Acosta, exembajadora especial de Derechos Humanos y exsubsecretaria de Derechos Humanos y Democracia con Castañeda, reconoce que fue la presión de organizaciones civiles de derechos humanos mexicanas y extranjeras, la que promovió la apertura de México en los últimos años de la administración de Zedillo, visto “como un gobierno autoritario” por la comunidad internacional.

Durante el tiempo que estuvo en la SRE, de 2000 a 2003, Acosta asegura que México se abrió al escrutinio internacional, se convirtió en un país defensor de los mecanismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la CIDH, se abrió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) y se sentaron las bases para la reforma constitucional de derechos humanos aprobada en julio del año pasado.

Reconoce que durante su gestión tuvo muchos obstáculos de miembros de todos los partidos políticos que consideraban a la observación internacional como violatoria de la soberanía, y ubica como uno de ellos al expresidente de la CNDH José Luis Soberanes, quien “se opuso al diagnóstico de derechos humanos que hicimos con la ACNUDH”.

Del doble discurso que México ha mantenido en materia de derechos humanos, Acosta advierte que el país “corre el riesgo de vaciar de contenido su política exterior”.

Al referirse a la actitud tomada por México en el proceso de reforma de la CIDH sostiene: “La política de derechos humanos es una, no es la de afuera y la de adentro, y no hay mucha consistencia entre lo que decimos afuera y lo que hacemos adentro, pero lo que no podemos hacer es retroceder en lo que decimos afuera tampoco”.

Los entrevistados comparten la preocupación por la actitud que tomará el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a los riesgos de debilitamiento del SIDH y cuál será su política interna de derechos humanos.

Nuño sostiene que “la preocupación principal es qué vendrá a partir de diciembre, cuando tome posesión Peña Nieto. Creemos que es trascendental que el país mantenga la posición de apoyo político al SIDH y la manera más práctica de demostrarlo es dar un ejemplo en el cumplimiento adecuado de sentencias y recomendaciones”.

Para dar credibilidad a la política exterior, considera Acosta, “se tienen que resolver las peticiones de los agraviados, resolver los crímenes del pasado, respetar, promover y cumplir con el derecho que tienen las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño; y no solamente las víctimas de la guerra sucia sino también las de la guerra contra las drogas, y todo eso lo tiene que hacer el gobierno de México… o los gobiernos de México