Arturo Rodríguez García
Revista Proceso # 1875, 7 de octubre de 2012
Luego de haberse regodeado en el éxito político, de haber gobernado su entidad y dirigido su partido, de haber llevado a Peña Nieto a la candidatura priista, Humberto Moreira se cayó del estrellato: Acabó perseguido por el fantasma del fraude financiero en perjuicio del erario de Coahuila y abandonado por su instituto político, vio rota la relación con su hermano y sucesor, Rubén Moreira, y al final la peor de las tragedias –el asesinato de un hijo– lo alcanza cuando el coahuilense está irremisiblemente solo.
El asesinato del hijo del exgobernador de Coahuila fue el tiro de gracia a un político en desgracia…
Dirigente nacional del PRI en momentos clave –la designación del candidato presidencial de ese partido–, Humberto Moreira se había servido del poder hasta su máxima expresión política pero acabó defenestrado ante la presión del gobierno calderonista y el abandono que se hizo de él desde la cúpula priista, muy preocupada por su reputación cuando se construía la candidatura de Enrique Peña Nieto.
Humberto Moreira usó, pues, y fue usado, como es norma en el priismo. Y en este último contexto su hijo acabó siendo asesinado.
Como gobernador solía confrontarse con Felipe Calderón: varias veces le recriminó la militarización exacerbada del país. Desde Coahuila ayudó a varios de sus compañeros de partido a ser gobernadores, entre ellos a su hermano Rubén, quien lo sucedió.
Como presidente del PRI consiguió apoyos estratégicos para Enrique Peña Nieto hasta definir su candidatura a la Presidencia. Pero cayó en desgracia al revelarse que como mandatario de Coahuila contrajo una deuda multimillonaria, que en parte se obtuvo gracias a documentos falsos. Entonces sus compañeros de partido lo dejaron solo.
Y ahora su hijo fue asesinado.
Crítico de la militarización, Moreira se convirtió en víctima de la violencia que azota al país y en estos días sobre todo al norte de Coahuila. En sus palabras padece “en carne propia” el saldo de la “guerra absurda” declarada por Calderón al inicio de su mandato.
El miércoles 3, José Eduardo, primogénito del exdirigente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila, fue asesinado en un paraje de Ciudad Acuña.
La noticia se difundió con rapidez, sin que hubiera confirmación oficial hasta el día siguiente. En el gobierno de su tío, Rubén Moreira, se cerraron todas las fuentes de información. Dos horas después de la desaparición del joven de 25 años ni siquiera su padre estaba enterado de lo ocurrido y no fue sino hasta que los rumores llegaron a él cuando pudo confirmar la muerte de su primogénito.
Carlos Ariel y Álvaro fueron los hermanos que acompañaron a Humberto en el sepelio. Rubén no asistió. Tampoco los secretarios de su gabinete. Sólo unos pocos alcaldes llegaron a las exequias.
La ausencia de Enrique Peña Nieto y de la mayoría de los gobernadores priistas fue más notoria que las discretas asistencias de algunos peñistas: Sólo acudieron el sucesor de Moreira en el PRI, Pedro Joaquín Coldwell; los integrantes del equipo de transición Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y Zacatecas, Miguel Alonso.
Aunque más tarde el exdirigente priista se reuniría con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, no hubo nadie del gobierno federal y las condolencias de Felipe Calderón –emitidas durante un acto en Colima– estuvieron acompañadas del anuncio de apoyo federal al estado. Los funcionarios calderonistas, como Poiré y el jefe policiaco Luis Cárdenas Palomino, se reunieron con Rubén en Saltillo.
Mientras en la Ciudad de México los diferentes partidos expresaban su pésame y exigían el esclarecimiento del asesinato, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados no declaró nada. Incluso la columna “Bajo reserva”, de El Universal, hizo notar el viernes 5 que “el grupo priista, bajo la conducción de Manlio Fabio Beltrones, ni siquiera pudo dar un pésame en público”, como sí lo hizo la bancada panista.
En Ciudad Acuña, en el centro del cortejo, Humberto Moreira devastado, rodeado de su familia y custodiado por efectivos de la Armada, reclamó justicia y advirtió que su hijo era una víctima más de la “guerra absurda” que se vive en México.
En desgracia
El asesinato de José Eduardo Moreira ocurrió en momentos en que su padre cayó en desgracia. Luego de haber acariciado las altas esferas del poder y haberse colocado en la primera línea del equipo de Enrique Peña Nieto, debió salir de la escena pública acusado de contratar de manera ilegal una deuda que ronda los 35 mil millones de pesos cuando fue gobernador de Coahuila.
Antes, en diciembre de 2010, faltando un año para concluir su mandato, anunció que renunciaría a la gubernatura. Abandonó el estado con señalamientos por un nepotismo (todos sus hermanos estaban en actividades públicas) que alcanzaba su mayor expresión en la designación de Rubén como candidato a sucederlo.
Contra Humberto pesaba que durante su gestión ocurrió el desbordamiento de la violencia en la región lagunera, especialmente en Torreón, donde la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas se materializaba en matanzas, tiroteos, atentados y secuestros que azotaban en especial a la comunidad empresarial.
En todo el estado la presencia zeta se traducía en extorsiones y desplantes de poder que, sin embargo, no llegaban a los indicadores sangrientos de las demás entidades fronterizas, no obstante el elevado número de desaparecidos. A la violencia Moreira respondía con críticas al modelo de militarización y señalaba la falta de estrategia de Calderón para combatir el problema (Proceso 1757).
Según Moreira, fue por sus posturas críticas como gobernador que el gobierno de Calderón le retenía participaciones y recursos aprobados para la entidad, además de enfrentar cerrazón al diálogo en el gabinete federal.
Moreira se esforzaba por ganar popularidad local a base de políticas sociales y una red electoral que fundó en el sector educativo desde los noventa, cuando fue delegado del Instituto Nacional de Educación para los Adultos en la entidad y, luego, como titular de Educación.
Con sus operadores electorales desplegados contribuyó a las victorias electorales de estados en manos de partidos opositores al PRI, como San Luis Potosí y Zacatecas, o en riesgo de derrota, como Nuevo León y Durango. Finalmente llegó por unanimidad a la dirigencia nacional del PRI.
El profesor llegó a la cumbre de su trayectoria al convertirse en dirigente del PRI en marzo de 2011. En los meses siguientes consiguió que su partido ganara Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Michoacán.
Pero sobre todo operó la aproximación de la élite militar a Peña Nieto (Proceso 1839), consolidó la alianza con el partido de Elba Esther Gordillo y definió la unción del mexiquense, a costa de las aspiraciones del entonces senador y hoy diputado federal Manlio Fabio Beltrones.
El caso de la deuda
El 25 de junio de 2011, a una semana de celebrarse la elección de gobernador de Coahuila, Ernesto Cordero, entonces titular de Hacienda, acudió a Torreón para participar en un acto de campaña de Guillermo Anaya Llamas, el candidato panista, senador con licencia y compadre de Calderón. Originario de Torreón, Anaya contendía contra Rubén Moreira.
En el acto partidista Cordero informó que la deuda de Coahuila ascendía a 33 mil millones de pesos, una cantidad casi cinco veces mayor que la admitida públicamente por el gobierno del estado hasta entonces.
El golpe no surtió efecto y Rubén Moreira ganó con amplio margen la elección, pero las consecuencias del escándalo llevaron a Humberto a enfrentar varios meses el golpeteo y, finalmente, su salida de la dirigencia nacional del PRI.
El 2 de diciembre de 2011, apenas dos semanas después de emitir la convocatoria que posibilitó a Peña Nieto ser candidato, Moreira renunció al PRI y declaró que había un linchamiento político en su contra.
“Presento mi renuncia como presidente del partido. La presento porque lo más importante que tenemos los priistas es nuestro instituto político. Porque no voy a permitir que por una guerra mediática se esté tratando de dañar a mi partido, que tantas oportunidades me ha dado.”
Peña Nieto había estado un día antes en Coahuila. El 1 de diciembre el mexiquense acompañó a Rubén Moreira a su toma de posesión y al salir del acto dijo a los reporteros que la decisión de abandonar el PRI era exclusivamente de Humberto.
En el centro de la polémica se ubicó a Javier Villarreal Hernández, miembro del círculo cercano de Rubén, que durante la administración de Humberto fue titular de Finanzas y luego del Servicio de Administración Tributaria estatal.
Villarreal, ahora prófugo, fue señalado como el operador de la contratación de un crédito por más de 3 mil millones de pesos con documentos falsos. Además la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que invirtió alrededor de 4 mil millones de pesos a su nombre a través de fondos de inversión en bancos estadunidenses y europeos, lo que le permitió obtener intereses hasta por 20 millones de pesos y luego regresar el monto invertido a las arcas estatales (El Universal, 22 de abril de 2012).
En el escándalo resultaron implicados funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colaboradores de Villarreal y empleados bancarios. El asunto fue ampliamente difundido e inclusive la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, utilizaba a diario la referencia en su campaña para aludir a la corrupción priista.
Sin embargo Proceso pudo confirmar que desde finales de junio la PGR declaró el no ejercicio de acción penal contra Humberto Moreira. Por otra parte el saldo fue liquidado, por lo que los implicados tendrían que enfrentar consecuencias de derecho sólo por 25 millones de pesos, que es el daño patrimonial causado a la entidad.
La agencia de noticias Apro dio a conocer el 10 de noviembre de 2011 que los 3 mil millones contratados de manera ilegal estaban saldados, conforme al expediente 76/2011 radicado en el Juzgado Segundo en Material Penal de Saltillo. Se trataba de un crédito por mil millones de pesos contratado con el Banco del Bajío, y otro por 2 mil millones de pesos con Santander.
Por el crédito con el Banco del Bajío el gobierno de Coahuila debió pagar 25 millones 500 mil pesos de intereses, en tanto que por el de Santander, 19 millones de pesos. Así, independientemente de los delitos que se siguen por la falsificación de firmas y documentos, los imputados enfrentarían consecuencias de derecho por 44 millones 500 mil pesos y no por el monto total de la deuda.
Abandonado
Para entonces, en cada fecha significativa para los hermanos Moreira una situación de violencia se desataba en la entidad. El registro se incrementó a partir de dos hechos: La llegada de efectivos de la Armada a la entidad en 2010 y el rompimiento de Los Zetas con el Cártel del Golfo a finales de ese mismo año.
El 18 de julio de 2010, cuando Rubén se casó con la hidalguense Carolina Viggiano Austria en Saltillo, ocurrió la matanza de la Quinta Italia en Torreón, con saldo de 18 muertos. El 4 de marzo de 2011, cuando Humberto tomaba protesta como dirigente del PRI, se desató un tiroteo en Saltillo que mantuvo a la ciudad en vilo. El 1 de diciembre de 2011, horas después de que Rubén asumiera la gubernatura, otra balacera desquició a la capital coahuilense.
Humberto abandonó la dirigencia del PRI en medio del escándalo, con Calderón refiriéndose indirectamente a la deuda y la dirigencia del PAN interponiendo denuncia tras denuncia. Pero Rubén se dirigía al presidente el 7 de diciembre de 2011, apenas iniciada su gestión:
“(Deseo) agradecerle a su gabinete de seguridad, que en el inicio del gobierno de Coahuila nos han acompañado en el trabajo de la búsqueda de la seguridad. Muchas gracias, señor presidente”, insistía Rubén Moreira, quien a partir de entonces saludó y dio todas las condiciones para el establecimiento de bases navales y militares en el estado.
Para entonces el círculo cercano de Humberto había quedado fuera del reparto de cargos con Rubén y se empezaba a hablar del distanciamiento de los hermanos.
Fue notoria la ausencia de Rubén en la capilla ardiente, la ceremonia religiosa y el sepelio de José Eduardo, el pasado jueves 4. Los reporteros le preguntaron a Humberto si ya había hablado con su hermano o con Felipe Calderón. Se limitó a decir que había quedado de ver a Poiré más tarde y que debían investigarse las balaceras y matanzas recientes en el norte de Coahuila.
Sólo la viuda de José Eduardo, Lucrecia Davis, en su cuenta de Twitter le escribió a Rubén Moreira: “No sabes gobernar!!! Esto es tu culpa maldito!!! Renuncia”. En otros dos mensajes exigió justicia.
En cuanto a Humberto, al salir de la misa de réquiem declaró que atravesaba un momento muy triste, que habría tiempo para hablar y expuso: “He aguantado muchas cosas, he aguantado calumnias, he aguantado engaños, he aguantado que la gente hable sin saber, pero esto no se puede aguantar. Mataron a mi hijo. Le dieron dos balazos en la cabeza unos desgraciados”.
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Amenaza cumplida/La Redacción
SALTILLO, COAH.- La tarde del miércoles 3 José Eduardo Moreira Rodríguez, coordinador de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en Ciudad Acuña, Coahuila, se dirigía a un acto organizado por el diputado local Cuauhtémoc Arzola. Nunca llegó. Varios de los asistentes dijeron haber visto una camioneta parecida a la del muchacho abandonada cerca del ejido Santa Eulalia. Arzola acudió al lugar.
Ahí encontró a José Eduardo con dos tiros en la cabeza y un mensaje cuyo contenido no fue revelado, pero que se sabe que hablaba de una venganza de Los Zetas.
Según los primeros resultados de las investigaciones y de acuerdo con Carlos Ariel Moreira –hermano menor de Rubén y Humberto– el asesinato del joven hijo del exgobernador y exdirigente nacional del PRI fue anunciado en pancartas colocadas en Piedras Negras, Coahuila, en las que se amenazaba a la familia. José Eduardo era el más vulnerable.
Así, el asesinato parece responder a la muerte de Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, segundo al mando de Los Zetas.
Treviño Chávez murió en un tiroteo con efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de la procuraduría estatal.
“Familia por familia”, fue la consigna de Los Zetas contra Rubén Moreira en mantas colocadas en diversos puntos de Coahuila el mismo miércoles. Aunque dicha información no fue dada a conocer por el gabinete de seguridad coahuilense, otro de los hermanos Moreira, Carlos Ariel, confirmó el dato.
“Hubo mantas donde señalaban que iban a ir por uno de nosotros y se fueron por el que estaba más cerca de ahí, que no tenía cómo protegerse, no sabía cómo defenderse. Iban en contra de la familia por lo que pasó en Piedras Negras (la muerte de Treviño Chávez), es la información que yo tengo”, dijo en el funeral de su sobrino.
A partir de la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras el pasado 17 de septiembre los operativos que derivan en balaceras han aterrorizado a los habitantes de aquella ciudad y de Acuña.
La mañana del miércoles 3, efectivos del GATE abatieron a cuatro pistoleros, entre ellos Alejandro Treviño.
El procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, informó que el hallazgo del cuerpo de José Eduardo Moreira fue reportado desde Ciudad Acuña a las 21:20 horas del miércoles 3.
Un día después llegaron a Saltillo funcionarios de la Marina, la Defensa, Gobernación, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal para coordinar las investigaciones.
Entre los funcionarios federales que encabezarán las investigaciones están la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez; Luis Arturo Oliver Cen, jefe de Estado Mayor Presidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante José Santiago Valdés Álvarez, jefe de Estado Mayor de la Marina.
También participarán Jaime Domingo López Buitrón, director general del Cisen; Luis Cárdenas Palomino, comisario de la Policía Federal, y el general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar.
Es decir: Todo el aparato de seguridad del Estado para buscar a los asesinos del hijo de Humberto Moreira.
Y los primeros resultados de las investigaciones llegaron pronto.
El viernes 5 el procurador Ramos informó que ya se había detectado que algunos funcionarios municipales presuntamente estaban implicados en el asesinato. “Tenemos tres presentados” en Saltillo y “cuatro arraigados que estuvieron declarando prácticamente la noche entera en Acuña”, aseguró en una entrevista radiofónica.
Feudo de los Treviño
La franja fronteriza coahuilense enfrenta un escenario de terror desde hace meses, producto de la disputa entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, por la guerra interna entre el grupo de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, y el de Iván Velázquez Caballero, Z-50 o Talibán, y por la lucha entre la mafia y las fuerzas de seguridad.
Entre desapariciones de familias enteras en los municipios cercanos –Allende, Morelos, Nava y Zaragoza– y ejecuciones y tiroteos que no se reportan por el régimen de terror aplicado contra la prensa local, las evidencias de las múltiples confrontaciones apenas quedan registradas en las redes sociales.
Compuesta por los municipios Hidalgo, Guerrero, Piedras Negras y Ciudad Acuña, la frontera de Coahuila es controlada por Los Zetas desde 2002, cuando barrieron la estructura criminal de Los Texas, una banda que en los noventa tuvo gran fuerza dentro del Cártel del Golfo cuando lo comandaba Juan García Ábrego.
Desde entonces y hasta 2007 Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16 (detenido en diciembre pasado en Veracruz), fue responsable de las operaciones en Piedras Negras. Pero ese año fue enviado como relevo Óscar Omar Treviño Morales, L-42, quien mantiene el control del norte de Coahuila para su hermano L-40 (Proceso 1736 y 1846).
La importancia de los Treviño en la estructura criminal de Los Zetas se ha revelado a partir de la detención de otros dos de sus familiares. El pasado 12 de junio efectivos de la Armada detuvieron a Juan Francisco Treviño Chávez, El Quico, en un centro comercial de Monterrey. Con él estaba Jesús Chávez, quien de acuerdo con la Secretaría de Marina era jefe de plaza de Los Zetas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.
Juan Francisco es hermano de Alejandro, el abatido el miércoles 3, y son hijos de José Treviño Morales, quien a principios de octubre fue detenido en Oklahoma por lavado de dinero; la investigación resultante salpicó en plena campaña electoral lo mismo a priistas que a panistas debido a la implicación del político y empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa (Proceso 1857).
Tras el asesinato de José Eduardo Moreira y el anuncio del despliegue de seguridad, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila emitió un comunicado expresándole a Humberto Moreira sus condolencias, pero le recordó que lleva años buscando que las autoridades federales y estatales se coordinen para aclarar la situación de los desaparecidos.
El gobierno estatal emprendió una cruzada en medio de la violencia exacerbada. Entre otras cosas en los meses recientes Rubén Moreira prohibió los casinos; impulsó y aplica una radical ley seca que permite a los policías ingresar a lugares privados a suspender fiestas y tiene un programa de recompensas.
Dicho programa salió a relucir cuando el pasado 17 de septiembre se fugaron 131 reos del penal de Piedras Negras y el gobernador ofreció recompensas de 200 mil pesos por cada fugado reaprehendido.
Pero la violencia no cesa. Crece.
La noche del 27 de septiembre los enfrentamientos se repitieron durante dos horas por distintos rumbos de Piedras Negras, con bloqueos de avenidas, vehículos incendiados y un tiroteo continuo que duró una hora.
Al mando de Z-40 y de Heriberto Lazcano, El Lazca, Los Zetas han operado en Coahuila con impunidad, infiltrando los cuerpos de seguridad local y federal y la estructura de la VI Zona Militar.
Desde la caída de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, expolicía judicial de Coahuila y exagente de la PGR, plazas como Torreón, que estaban en poder de los hermanos Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa, pasaron a manos de Los Zetas.
Uno de los primeros zetas que controló Coahuila fue Germán Torres Jiménez, Z-25 o Tatanka, un exmilitar y fundador de ese grupo.
Fue detenido en Poza Rica, a donde huyó después de conocerse que coordinó el plagio del estadunidense experto en secuestros Félix Batista el 10 de diciembre de 2008 en Saltillo. Su ubicación fue denunciada a la Policía Federal por los mismos dirigentes del grupo.
Desde su llegada a Coahuila Los Zetas contaron con la protección de autoridades de todos los niveles. Esas relaciones salieron a relucir durante el mandato de Humberto Moreira, ya que el hermano de Jesús Torres Charles, su procurador, recibía miles de dólares por estar al servicio del grupo.
Los Zetas penetraron las filas del Ejército, la PGR, la Policía Federal, la PGJE y las policías estatales. La detención de cuatro líderes zetas reveló la complicidad de altos funcionarios a los que el grupo delictivo les pagaba fabulosos sueldos (Proceso 1837).
Incluso en esa época varios líderes fijaron su
residencia en el estado, para desde ahí operar en Monterrey y otras plazas.
Capos regionales como Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Juan Oliva
Castillo, La Rana, quien ordenó el atentado al casino Royale, y Alberto José
González Xalate, El Paisa, detenido en abril de 2012, tenían su centro de
operaciones en Saltillo.
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