Las conferencias iberoamericanas. Una reflexión desde 2012/ Pedro Pérez
Herrero
Real Instituto Elcano |
Introducción[1]
Al finalizar el primer
trimestre de 2012, todo parece indicar que la celebración de la XXII
Conferencia Iberoamericana en Cádiz del 16 al 17 de noviembre de 2012 será un
éxito con matices.
El presente texto trata de
demostrar que el problema de las Conferencias Iberoamericanas no debe
entenderse únicamente como un asunto derivado del cansancio de un tipo de
formato de celebración, de inflación de reuniones o de una crisis coyuntural de
las relaciones bilaterales entre algunos países latinoamericanos y España
(consecuencia de ciertos acontecimientos como las nacionalizaciones de Repsol
en Argentina y de Red Eléctrica en Bolivia), sino que debe comprenderse como la
consecuencia de un problema estructural de largo plazo de más profundo calado.
Tras constatar los cambios que se están dando en los actores internacionales,
todo parece indicar que se debe reflexionar sobre los instrumentos de
negociación alternativos que se requieren para impulsar un nuevo modelo de
relaciones internacionales.
Las experiencias del pasado
Las Conferencias
Iberoamericanas iniciaron su andadura en 1991. Se pusieron de largo en la
ciudad de Guadalajara (México), como antesala de la celebración del Quinto
Centenario del descubrimiento de América. En aquel entonces, América Latina salía
de la crisis de la deuda de 1982 y de la década perdida de 1980. Necesitaba
inversión y apoyos para fortalecer sus economías y sus sistemas de partidos,
engrasar sus maquinarias electorales, y acabar con la violencia y las
guerrillas todavía presentes en algunas regiones. La ayuda del exterior y la
cooperación técnica llegaron en el momento adecuado. En particular, México
necesitaba (en aquel entonces en trámites de negociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994)
fortalecer sus alianzas con el espacio iberoamericano para contrarrestar su
acercamiento a EEUU y Canadá. España, tras ingresar en la Comunidad Económica
Europea en 1986 y realizar el referéndum (12 marzo 1986) sobre la permanencia
de España en la OTAN, requería estrechar sus lazos con América Latina.
Uno de los propósitos de las Cumbres fue establecer un clima de cordialidad
y amistad entre los países que conforman el espacio cultural iberoamericano
para generar un instrumento que ayudara a resolver los posibles diferendos y
apoyar los proyectos conjuntos. Carlos Salinas
de Gortari logró convencer a Fernando Collor de Mello de la importancia de que
Brasil se sumara a estas conferencias iberoamericanas. Uno de los aciertos fue
no introducir ninguna condicionalidad en la pertenencia al club iberoamericano
(lo cual permitió la incorporación de Cuba) y no redactar una carta fundacional
(brindó una amplia flexibilidad al proyecto).
No por casualidad la foto de
familia se convirtió en una de las claves de estos encuentros anuales. Por lo
mismo, era esencial que estuvieran presentes todos los representantes de los
países del club iberoamericano. Los temas que se marcaron como prioritarios
para dialogar en las Conferencias Iberoamericanas fueron en los años iniciales
más una excusa, que un fin en sí mismos.
En los década de 1990 se
priorizaron los temas de cooperación (extensión de la educación, reparación
indígena), llegando a haber 15 programas activos con una dotación de 30
millones de dólares anuales. Posteriormente, se fue incluyendo un amplio
abanico de temas de discusión (concertación política, desarrollo social,
integración, educación, desarrollo político, valores éticos de la democracia,
globalización, sistema financiero internacional, justicia y equidad, cohesión
social, migraciones, gobernabilidad, juventud, innovación, transformación del
Estado). Todos ellos son temas relevantes y respondieron a las necesidades de
cada momento. El problema fue que la excesiva dispersión dificultó cosechar
resultados al menos a corto plazo en alguno de los puntos tratados.
Durante muchos años, la
asistencia a las Conferencias Iberoamericanas no se puso en duda por ninguno de
los países integrantes. Sólo en ciertas ocasiones y de forma ocasional algún
mandatario no acudió por causas de fuerza mayor. Los presidentes de México,
Panamá y República Dominicana no pudieron acudir a la Cumbre de Santiago de
Chile, el presidente de Venezuela no asistió por problemas de salud a Asunción,
y el presidente de Bolivia no pudo llegar a la reunión de Mar del Plata. En
todos los casos los distintos países quedaron representados por sus respectivos
vicepresidentes, ministros o secretarios de Relaciones Exteriores.
El problema se mostró de forma
más descarnada cuando José Luis Rodríguez Zapatero no acudió a la cita de la
Cumbre de Mar del Plata en 2010 (viajaron el Rey en su calidad de Jefe del
Estado y la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Posteriormente,
en la XXI Cumbre de Asunción de 2011 se puso en evidencia que un porcentaje
importante de presidentes y jefes de Estado por una u otra razón no acudió. La
foto de familia quedó deslucida, poniéndose en evidencia que uno de los
propósitos de la reunión se había quebrado. Los participantes en la reunión de
Asunción repitieron que había sido un éxito y los organizadores explicaron que
en los casos que no estuvieron presentes los presidentes, acudieron en su
defecto los vicepresidentes y además altos representantes políticos y
diplomáticos (estuvieron presentes once presidentes y siete vicepresidentes,
además de los respectivos ministros y embajadores).
Las Conferencias Iberoamericanas funcionaron exitosamente sin mostrar
tensiones dignas de ser reseñadas durante los primeros 16 años. En dicho período no se dispuso de una secretaría general
que coordinara las acciones y preparara las reuniones previas a las
conferencias iberoamericanas, por lo que el país anfitrión organizaba el
encuentro, elegía el tema de discusión y coordinaba las cuestiones logísticas.
En la VIII Cumbre celebrada en Oporto en 1998 se consideró que había llegado el
momento de crear una secretaría que ayudara a coordinar las acciones de las
conferencias iberoamericanas. El gobierno de José María Aznar apoyó la creación
de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) y asumió la financiación
del 80% de su coste, lo cual se tradujo en una demostración del protagonismo
español en la organización de estos encuentros con el consecuente recelo de
otros países. Esta sensación de distanciamiento entre España y algunos de los
países de América Latina se acrecentó cuando el gobierno español apoyó las
políticas belicistas antiterroristas impulsadas por George W. Bush a partir del
otoño de 2001. Para tratar de dar una solución a los problemas existentes, en
la XII Cumbre realizada en Bávaro (República Dominicana) en noviembre de 2002 se encargó a Fernando Henrique Cardoso que
coordinara un grupo de reflexión con la misión de elaborar un plan de reforma
de las conferencias iberoamericanas. Dicho plan de acción se hizo público
en la XIII Cumbre de 2003 realizada en Santa Cruz de la Sierra y a continuación
se planteó la necesidad de transformar la SECIB en la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
En la XIV Conferencia
Iberoamericana celebrada en San José de Costa Rica en 2004 se ultimaron los
detalles de la estructura interna y funcionamiento de la SEGIB, la cual comenzó
su andadura en la XV Cumbre celebrada en Salamanca en 2005, un año después de
que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones generales en España (14
de marzo de 2004).
El buen funcionamiento de la
SEGIB al mando de Enrique Iglesias y el restablecimiento de la sintonía entre
muchos de los países de América Latina con el nuevo gobierno del PSOE en España
(alejamiento de las políticas neoliberales, no a la guerra) ayudaron a
restablecer el clima de cordialidad en las Conferencias Iberoamericanas. No
obstante, a partir de 2007 aparecieron de nuevo algunas dificultades. Fueron
por lo general problemas menores, pero se detectó que había un cierto cansancio
en la realización anual de dichos encuentros.
En la XVII Cumbre de Santiago de Chile de 2007 se generó la tensión entre
el Rey de España y el Presidente de Venezuela.
En 2010 la inasistencia de José Luis Rodríguez Zapatero a la XX Cumbre
celebrada en Mar del Plata dio a entender que España daba un paso atrás en el
tradicional protagonismo que hasta entonces había ostentado en las conferencias
iberoamericanas. A su vez, el discurso de los países de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, creada en 2004 por Cuba y Venezuela;
y a la que posteriormente se fueron incorporando Bolivia en 2006, Nicaragua en
2007, Honduras en 2008, Republica Dominicana en 2008 y Ecuador en 2009) creó a
su vez ciertas tensiones con España al recordar el expolio que supuso la
conquista y la colonización. Una vez más las diferencias entre España y América
Latina se ampliaban.
La recesión económica en
España, el retorno de las políticas del Partido Popular (PP) tras las
elecciones del 20 de noviembre de 2011, el crecimiento económico de las
economías de América Latina y el deterioro de la imagen del rey de España y de
algunos integrantes de su familia en la primavera de 2012 propició que en
algunos países de América Latina se comenzara a poner en entredicho la
aceptación del tradicional protagonismo de España en las Conferencias
Iberoamericanas. Sin duda, la tensiones coyunturales creadas por las formas de
llevar a cabo la nacionalización de Repsol en Argentina y de Red Eléctrica en
Bolivia en abril de 2012 (aunque ambos procesos muestran diferencias
apreciables) no ayudaron tampoco a generar un clima de cordialidad. La
actuación del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la Cumbre
Iberoamericana de Asunción (fuera de programa interrumpió la intervención de
Pamela Cox, vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, para
denunciar irregularidades y después abandonó la sala sin dejar opción a
réplica) no coadyuvó tampoco a calmar la situación. Por su parte, el discurso
impulsado por el gobierno español del PP a partir de su toma de posesión en
diciembre de 2011 no ayudó tampoco a relajar algunos de los diferendos
latentes. De forma pública algunos componentes del gobierno del PP manifestaron
en 2012 su rechazo a las formas “populistas demagógicas” de los gobiernos de
Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. La Fundación FAES (semillero de las
ideas del PP) publicó a comienzos de 2012 un informe titulado América Latina.
Una agenda de libertad 2012 en el que subrayó el peligro que representan los
países que integran el bloque del “socialismo del siglo XXI”, que califica de
totalitario, enemigo de la democracia liberal y de Occidente. A su vez, la
insistencia en los círculos oficiales del gobierno de España de la recuperación
de la “marca España” comenzó a preocupar en algunos ámbitos de América Latina
por interpretar que incorpora un planteamiento neocolonialista. Al mismo
tiempo, la estrategia impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy de tratar de
salir de la crisis económica potenciando un desembarco masivo de las PYMES
españolas en América Latina ha sido valorada en algunos círculos
latinoamericanos como un mecanismo a corto plazo diseñado para la obtención de
beneficio económicos para España sin estar vinculado a un plan de acción global
iberoamericano (económico, político, social, cultural) a largo plazo.
En suma, la frase del “por qué no te callas” que el Rey dirigió a Hugo
Chávez en la XVII Cumbre celebrada en Santiago de Chile
en 2007 no se aceptaría en Cádiz en 2012. Es posible que se generen ausencias,
o que por el contrario la reunión de mandatarios se convierta en una caja de
resonancia que precisamente amplifique los disensos y los enfrentamientos.
Las transformaciones
internacionales actuales
En 2012 la situación de
América Latina, España, la UE y EEUU ha cambiado con respecto a 1991. Las
sociedades latinoamericanas han evolucionado; sus economías están creciendo;
los destinos de las exportaciones se han diversificado a los mercados
asiáticos; y las formas democráticas se han consolidado. Brasil se ha
convertido en la sexta potencia económica mundial; el PIB per cápita de Chile
se acerca al de la UE; y Perú crece a ritmos elevados. Obviamente, siguen
quedando retos importantes: hay que perfeccionar el funcionamiento de las
instituciones, mejorar la distribución del ingreso, avanzar en la seguridad
ciudadana, reducir la violencia y la corrupción, erradicar el narcotráfico,
trabajar en la implementación de reformas fiscales y desarrollar las
estructuras productivas para producir más y mejor en un mundo competitivo
evitando caer de nuevo en un proceso de reprimarización.
España y la UE han sido
testigos también de cambios importantes en los últimos años y en especial desde
2008. La UE se expandió a 27 miembros, poniéndose de relieve la existencia de
economías con diferentes velocidades; la ampliación hizo más compleja la toma
de decisiones y subrayó la obsolescencia de algunas instituciones comunitarias;
la alianza de facto de los gobiernos de Alemania y Francia impusieron criterios
de salida de la crisis con altos costes para los países periféricos; algunas de
las economías entraron en recesión necesitando ser rescatadas; las turbulencias
financieras se generalizaron creando situaciones de pánico; y aparecieron
algunos brotes inquietantes de tesis fundamentalistas xenófobas que reclamaron
el cierre de las fronteras en los Estados miembros de la Unión poniendo en
cuestión no sólo el libre tránsito de los ciudadanos suscrito en el acuerdo de
Schengen (firmado en 1985 y en vigor desde 1995) sino además el espíritu de
solidaridad con el que nació la UE.
Por su parte, las nuevas
normas que EEUU impuso a los migrantes latinoamericanos como consecuencia del
ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, unido a los problemas
económicos a partir de la crisis de Lehman Brother en septiembre de 2008,
hicieron que el volumen de las remesas que se remitían de EEUU a América Latina
sufrieran alteraciones. Los últimos datos indican que esta tendencia ha
comenzado a revertirse.
Según datos del Banco de México, en 2011 ingresaron en México 22.731
millones de pesos mexicanos por concepto de remesas familiares, lo cual
representa un 6,86% más que lo recibido en 2010 (21.271 millones de pesos mexicanos). En contrapartida, el tráfico de
drogas, armas y personas no sólo no ha decrecido sino que ha seguido aumentando
en este período convirtiendo la frontera México-EEUU en un punto conflictivo de
las relaciones entre ambos países.
Este diferente comportamiento
de las regiones se ha traducido en los últimos años en un mayor acercamiento
económico de América Latina a China y de un parcial alejamiento a EEUU y la UE.
Los volúmenes de comercio y de inversión extranjera directa (IED) así lo
atestiguan. Obviamente, hay que destacar un comportamiento desigual en la
región ya que el cluster conformado por México-Centroamérica-Caribe muestra una
relación comercial menor con China (las conexiones con EEUU se han mantenido
casi sin cambios en los últimos años) que el conjunto del cluster de los países
que integran el conjunto de América del Sur (en especial Brasil, Argentina y
Perú). Al mismo tiempo, se aprecia que América Latina ha comenzado a establecer
compromisos políticos regionales en los que ha dejado de forma explícita fuera
a EEUU, Canadá y la UE. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) es un buen botón de muestra de lo que está sucediendo. No se trata de
un complot bolivariano como algunos analistas han interpretado, sino el
resultado natural de una región que camina en la dirección que ha decidido
recorrer. Todos los países de América Latina y el Caribe forman parte de la
CELAC. A su vez, hay que subrayar también que el bloque comercial de la Alianza
del Pacífico (creado el 28 de abril de 2011, integrado por Chile, Colombia,
Perú y México, quedando Panamá y Costa Rica de observadores) se originó con el
propósito explícito de profundizar la integración entre sus economías, definir
acciones conjuntas para la vinculación comercial con la región Asia-Pacífico, y
a la vez servir de contrapeso al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En sus bases
organizativas se dispuso como requisito esencial que sus miembros se
comprometieran a preservar el Estado de derecho, la democracia y el orden
constitucional.
Al mismo tiempo hay que
recordar que América Latina y la UE han asistido en los últimos años a un
proceso de ampliación de las diferencias tanto entre los países entre sí como
dentro de los mismos. La pobreza ha disminuido en términos totales y relativos,
pero la distribución del ingreso no se ha corregido lo que hubiera sido
necesario y los índices de convergencia no han mejorado tampoco. Todo ello se
está traduciendo en que cada día sea más complicado que América Latina y la UE
puedan hablar con una sola voz en representación de sus sociedades caracterizadas
por una acusada heterogeneidad y que las relaciones bilaterales se muestren
como una vía más pragmática y sencilla que la que supone la complejidad de las
relaciones entre bloques.
Hay que mencionar también que
Brasil ha adquirido un nuevo papel tanto en América Latina como en el escenario
internacional. Brasil comparte fronteras e intereses con la casi totalidad de
países del continente sudamericano (a excepción de Chile y Ecuador); y se ha
convertido en la sexta potencia económica a nivel mundial. Hay que subrayar
además que sus relaciones con Portugal en calidad de antigua metrópoli no
fueron nunca traumáticas debido a las características pacificas del proceso en
que se realizó la independencia a comienzos del siglo XIX (la corte portuguesa
se trasladó a Río de Janeiro en 1808). No es casual por tanto que ni el
discurso de la hispanidad ni la narrativa del victimismo colonialista tengan
muchos seguidores en Brasil.
A su vez, se constata que la
situación de privilegio que tuvo España durante la década de 1990 como “puente”
entre la UE e Iberoamérica por pertenecer al mismo tiempo a las dos comunidades
ha comenzado a mostrar algunas resquebrajaduras. La anexión de España a la UE y
su claro despegue económico en las décadas de 1980-1990 fue un signo de su inserción
en la modernidad, pero desde América Latina se vio por muchos como un
desenganche del sur. En los momentos de auge en que España recibía fondos de
cohesión y la burbuja inmobiliaria se traducía en una mejoría del nivel de vida
de las clases medias y bajas, cientos de miles de migrantes latinoamericanos
llegaron a participar en la fiesta. En 2012 el tren europeo ha perdido
velocidad y muchos migrantes han tenido que comenzar a retornar a sus lugares
de origen. Esta dinámica está siendo potenciada en el verano de 2012 por las
políticas de recortes en los servicios sociales impulsadas por el PP y en
concreto por la retirada de la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin
regularizar. En este final de ciclo no debería sorprender por tanto que aquellos
pasajeros que se quedaron entonces en el andén miren con desdén ahora a los
antiguos compañeros de viaje que regresan alicaídos. El puente hacia la
modernidad ha comenzado a cambiar de signo. La UE representaba para la mayoría
de los ciudadanos de América Latina un anhelo, un símbolo, un modelo de
sociedad por el que había que luchar. La democracia y el estado del bienestar
se convirtieron desde la década de 1980 en la estación de término. Lo dramático
en 2012 es que la crisis política europea está haciendo que aquel mito haya
comenzado a mostrarse en América Latina como un edificio con pies de barro, un
puente hacia un espejismo.
En el mundo multipolar de
comienzos del siglo XXI en el que se ha previsto que los países en desarrollo
representarán en 2025 casi la mitad del crecimiento del PIB mundial (36,2% en
2010; 44,5% en 2025) los antiguos equilibrios de fuerzas han cambiado
sustancialmente. La división tradicional que se hacía entre “países
desarrollados” y “en vías de desarrollo” ha dejado de ser operativa. EEUU ha
perdido fuerza, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han ganado
peso, el norte de África realiza su “primavera árabe”, Oriente Medio sigue
presionando por defender sus intereses en un mundo cada vez más complicado.
Mientras tanto los Emerging and Growth-Leading Economies (EAGLES) conformados
en principio por los BRICS más Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Taiwán y
Egipto, aunque hay que recordar que se trata de un término económico dinámico
acuñado por el BBVA en el que los países miembros pueden ir cambiando con el
tiempo en función de sus previsiones económicas respecto las economías
desarrolladas) llaman a la puerta para ser tenidos en cuenta. Parece obvio que
en este nuevo escenario los instrumentos de negociación internacional deben
adaptarse a las nuevas circunstancias. Las instituciones multilaterales de
gobernanza económica global como el FMI y el G20 deben modernizarse, al mismo
tiempo que se debe reflexionar cómo cruzar las lógicas políticas nacionales con
los problemas económicos globales.
En este contexto, el formato
de las conferencias iberoamericanas
parece haber perdido parte de la fuerza y el brillo originales. La
multiplicación de de cumbres no ha contribuido tampoco mucho a generar un
panorama de claridad. España, como socio de la UE, forma parte de las Cumbres
América Latina, Caribe, UE (ALCUE) que se celebran cada dos años. Los países de
América Latina se reúnen a su vez en multitud de Cumbres transregionales
(Cumbre de las Américas, Cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia –
Pacífico (APEC), Cumbre América del Sur – Países Árabes, Cumbre América del Sur
y África), Cumbres Regionales Globales (Cumbres del Grupo de Río, Cumbre
América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, Cumbre CELAC),
Cumbres macro-regionales (Cumbres del Proyecto Mesoamérica, Cumbres de la Unión
Suramericana, Cumbres de la Alianza Bolivariana de las Américas, Cumbres de
Petrocaribe, Cumbres del Arco del Pacífico Latinoamericano, Cumbres de la
Asociación de Estados del Caribe, Alianza del Pacífico) y Cumbres subregionales
(MERCOSUR, Comunidad Andina, SICA, CARICOM, Cumbres del Tratado de Cooperación
Amazónica). A su vez, España y América Latina se siguen reuniendo en las
cumbres iberoamericanas. Parece en consecuencia, haber una inflación del
formato de Cumbres, además de un cierto solapamiento entre algunas de ellas.
Por último hay que mencionar
que el mundo iberoamericano se ha ido haciendo más complejo en los últimos
años. Es evidente que en América Latina, España y Portugal las lenguas
oficiales son el castellano y el portugués, pero no es menos cierto que también
se habla en un sinfín de otras lenguas. No hay que olvidar tampoco que América
Latina ha tenido una fuerte expansión poblacional. Una cantidad creciente de
millones de latinoamericanos viven en EEUU, Canadá y Europa, pero llama la
atención que estos migrantes en vez de haber perdido sus culturas han llevado
las suyas y han ido mestizando los hábitos en los lugares donde se han
asentado. Comida, canciones, costumbres, lengua, hábitos dan buena cuenta de
este cambio. Muchas de las ciudades de los EEUU y de Europa se han
“latinoamericanizado”. Los latinos se han
incorporado al mundo angloamericano pero sin dar la espalda a sus bases
culturales de origen. A su vez, hay que recordar que América Latina es América,
pero también es un reflejo de África, EEUU, Canadá, Europa y comienza a serlo
también de Asia. Sigue siendo un crisol de cultural. Por todo ello, no hay que
olvidar que sin duda tiene importantes lazos culturales con España y Portugal,
pero también con otras regiones y culturas. América Latina es plural y diversa,
al igual que lo son la UE, EEUU y Canadá.
Los retos a corto plazo de la Cumbre de Cádiz de 2012
La realización de la XXII
Conferencia Iberoamericana en Cádiz en noviembre de 2012 presenta algunos
retos. La actual profunda crisis económica de España y de la UE, en comparación
al buen desempeño de las economías latinoamericanas (con matices según los
países) frente a las turbulencias financieras internacionales está haciendo que
la comunidad iberoamericana muestre algunas tensiones en su seno. A su vez, se aprecia que las circunstancias
internacionales han cambiado, que los agentes se han multiplicado en los
últimos años y que los organismos internacionales de coordinación de políticas
y de resolución de conflictos han crecido en número sin una buena coordinación
entre sí. A su vez, la apretada agenda de los presidentes y jefes de Estado
iberoamericanos se ha traducido en una sensación de “cansancio”, de “cumbritis”.
Hay que reconocer que la reunión de Cádiz no se va a realizar en el mejor
momento de la historia de las conferencias iberoamericanas, pero es evidente que si bien estas circunstancias
significan un reto añadido para la celebración de la XXII Cumbre Iberoamericana
no tendrían en principio que traducirse de forma automática en un desdoro de la
convocatoria y mucho menos en una puesta en duda de la esencia de las mismas.
No obstante, hay que advertir que algunos aspectos coyunturales podrían acabar
generando algunos quebraderos de cabeza en el corto plazo si no se les presta
la debida atención.
De forma particular hay que subrayar que la celebración de la Constitución
gaditana de 1812 en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de 2012 podría potencialmente convertirse en un conflicto si no
se explica convenientemente qué tipo de conmemoración se va a hacer. Tratar de defender que la constitución de
Cádiz de 1812 fue el texto en el que se inspiraron las cartas fundacionales de
las repúblicas latinoamericanas no se sostiene históricamente.
Es cierto que en el Cádiz de
1812 se reunieron las tesis liberales que circulaban por el espacio atlántico y
también que algunas de las ideas más avanzadas fueron defendidas precisamente
por los diputados americanos. Cádiz se convirtió en el epicentro de la
discusión atlántica de cómo superar pacíficamente las sociedades estamentales
del Antiguo Régimen basadas en la existencia de privilegios y diferencias. Uno
de los puntos centrales fue el reconocimiento de que todos los ciudadanos
debían ser iguales ante la ley. No obstante, no hay que dejar de subrayar que
el texto final de la Constitución de 1812 no fue tomado como base única por
muchas de las constituciones fundaciones de las repúblicas latinoamericanas en
los primeros años del siglo XIX. Unas se redactaron antes de 1812; y otras
tuvieron marcadas influencias de las Cartas Magnas de EEUU (1787) y Francia
(1791, 1793). Que los presidentes y jefes de Estado de los países republicanos
latinoamericanos lleguen a Cádiz en 2012 a celebrar la libertad y la
independencia y que les reciba un monarca que les recuerde que sus
independencias se hicieron siguiendo un texto fundacional hispánico podrá ser
interpretado por algunos como un mal sueño. Las independencias
latinoamericanas, a excepción de Brasil, hicieron una defensa de las formas
republicanas tras interpretar que la mayoría de los males de la “ominosa
opresión colonial” que había sufrido se debían a la monarquía centralista.
Cuando se analizan las
discusiones que los diputados tuvieron en las Cortes de Cádiz, se comprueba que
no se habló exclusivamente de cómo solucionar el problema del vacío de poder
generado por la abdicación de Fernando VII y de la pérdida de la soberanía
nacional como resultado de la ocupación de la Península Ibérica por las tropas
napoleónicas. El problema de calado en que se invirtieron muchas horas fue
idear cómo se podían volver a rearticular los antiguos territorios que
componían la monarquía imperial. Hay que subrayar que estas discusiones no
tuvieron un ámbito local, sino que deben inscribirse en el contexto de una
línea de pensamiento atlántico a largo plazo en el que participaban pensadores
franceses, italianos, ingleses, alemanes, portugueses, estadounidenses, además
de los iberoamericanos.
La Constitución de Cádiz debe ser entendida por tanto como una pieza de una
compleja red de una revolución atlántica occidental. Primero fue la constitución de EEUU en 1787, siguió Francia en 1791 y
1793, continuó Cundinamarca en 1811, Nueva Granada en 1811, Venezuela en 18011
y Cádiz en 1812. Posteriormente se fueron aprobando las constituciones de todos
los países de América Latina a lo largo del siglo XIX. No se puede interpretar
que el modelo se originó en un punto y que después fue copiado en sucesivas
etapas por el resto. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX las
ideas políticas iban y venían en todas las direcciones configurando un proceso
de retroalimentación constante.
Los pensadores eran viajeros permanentes. Los Bolívar, Miranda, Blanco White,
Bello, Nariño, Rocafuerte, Alamán, Adams, Jefferson, Rousseau, Canga Argüelles
pasaban largas temporadas en Londres, Paris, Viena, Cádiz, Roma, Lisboa,
Caracas, México, Buenos Aires, Filadelfia. Los libros,
periódicos, hojas volanderas, gacetas y comunicados discurrían con bastante
celeridad entre una élite culta y los clubes servían de altavoces para difundir
estas ideas entre un conjunto de la población más amplio. No había ni teléfono,
ni internet, pero las ideas fluían con rapidez.
La mayoría de los diputados
americanos presentes en las discusiones de las Cortes de Cádiz pelearon por
preservar la autonomía política de sus regiones y para ello plantearon la
posibilidad de construir una especie de Commonwealth hispánica.
Los datos históricos son
conclusivos. Tras acalorados debates sobre la proporcionalidad de la
representatividad que debían tener los distintos territorios en las Cortes, y
ante la defensa que los diputados peninsulares hicieron de sus privilegios, a
los representantes americanos en las Cortes de Cádiz de 1812 no les quedó más
opción (el caso de México es
representativo, ya que lo volvió a intentar en las Cortes de Madrid de 1820)
que la independencia al no reconocerse que la representación política debía
estar ligada al número de habitantes (el total de la población americana era
más numerosa que la peninsular). La intransigencia de algunos connotados
liberales de los reinos de la Península Ibérica no funcionó como un buen
libreto para lograr la reunificación de los territorios de la Monarquía
imperial y la participación de los distintos grupos sociales y culturales.
Irónicamente, el Estatuto de Bayona de 1808 fue más liberal que la Carta Magna
de 2012 en algunos aspectos, pues dispuso que los reinos y provincias de
América y Asia gozarían de los mismos derechos que los de la Península Ibérica
(artículo 87), se garantizaría la libre circulación de mercancías entre todos
los reinos (artículo 89), se prohibiría cualquier privilegio de exportación o
importación (artículo 90) y se aseguraría una proporcionalidad de
representantes americanos para defender sus intereses (artículo 91). La actitud
de Fernando VII cuando regresó en 1814 e invalidó la Constitución de 1812
canceló cualquier posibilidad de confiar en España como gozne capaz de aglutinar
una comunidad iberoamericana de naciones.
En suma, es innegable que Cádiz fue un foco donde se generaron ideas de
libertad y de igualdad, pero no es menos cierto que
no fue capaz de impulsar el espíritu de asociación entre las partes de la
antigua monarquía imperial que trataron de impulsar muchos de los diputados
americanos.
La relación del
coste-beneficio de las conferencias iberoamericanas será un tema que se tendrá
también que revisar en España en algún momento. En una etapa de recortes tan
duros impulsados por el ejecutivo liderado por Mariano Rajoy (se ha reducido en
2012 el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un
45%), se tendrá que explicar cuánto cuesta mantener la estructura de la SEGIB
(al menos el 60% está financiado por España) y de la Fundación Carolina y
valorar qué beneficios políticos, económicos, sociales y culturales tiene la
celebración de las Cumbres en el corto, medio y largo plazo. Soraya Sáenz de
Santamaría declaró (22 de mayo de 2012) que el presupuesto para la XXII Cumbre
Iberoamericana tendría un recorte del 50% (la Cumbre de Salamanca tuvo un
presupuesto de 10 millones de euros, mientras que la de Cádiz tendrá sólo
cinco). Será inevitable mostrar las cuentas públicas con total transparencia
para que los ciudadanos conozcan con precisión qué aporta cada uno de los
gobiernos iberoamericanos para el mantenimiento de estos encuentros, de qué
forma colaboran las empresas españolas con presencia en América Latina en la
financiación de estas conferencias y cómo se realiza el gasto. En épocas de
vacas flacas, las ostentaciones o la opacidad en las cuentas públicas no son
bien vistas por una ciudadanía que cada día paga más impuestos y recibe menos y
a veces peores servicios públicos.
Debería tenerse en cuenta
también que el haberse potenciado en Cádiz los temas económicos y en especial
al apoyo a las empresas españolas para ayudar a impulsar el crecimiento en
España, sin haber haberse explicado oportunamente que dicha estrategia se
tendría que inscribir en la discusión de un plan global (que deberá ser
consensuado por todos los integrantes del conjunto iberoamericano) que vincule
los asuntos económicos, con los políticos, sociales y culturales de todas las
partes, podría ser interpretado por algunos de los participantes de la Cumbre
Iberoamericana como una estrategia del gobierno español para favorecer
prioritariamente sus intereses económicos sobre el resto de los temas. Habría
en consecuencia que evitar que una posible excitación de los nacionalismos
acabe poniendo en entredicho el espíritu de cordialidad, amistad y solidaridad
con el que nacieron las Cumbres en 1991.
Habría que tener en cuenta por
último que, dada la situación económica, social y política de España, la
reunión de los presidentes y jefes de gobierno iberoamericanos en Cádiz podría
convertirse potencialmente en un escaparate contra el que dirigir las críticas
y las protestas. La tensión social que se ha generado en España como
consecuencia de la crisis económica, la forma de realizar los recortes y la
ausencia de explicaciones claras por parte del gobierno del plan que está
llevando a cabo se está traduciendo en una profundización de la percepción de
distanciamiento entre los políticos y la ciudadanía. Cádiz podría pasar así de
un espacio de celebración, una Cumbre más, a un lugar simbólico de
confrontación social en el que algunos grupos aprovechen para reclamar la
recuperación de las libertades y los derechos que se comenzaron a ganar en 1812
y se están perdiendo en 2012.
Posibles estrategias a largo
plazo para discutir
En los últimos años, tras
comprobar que existe un cierto cansancio en la celebración anual de las
conferencias iberoamericanas, se ha comenzado a manejar la idea de que sería
conveniente realizarlas cada dos años; se ha subrayado que debería cambiar
parcialmente el formato a fin de potenciar las reuniones entre los mandatarios
a puerta cerrada sin guión preestablecido (sin asesores, ministros, ni
periodistas) para permitir un dialogo ágil entre los participantes; y se ha
reiterado la importancia de definir adecuadamente las agendas y los temas
prioritarios de discusión. Sin duda, hay que dejar claro que, dado que se trata
de un proyecto común iberoamericano, cualquier transformación en el formato de
la celebración de las conferencias iberoamericanas tendrá que ser discutido y
consensuado por todos los jefes de Estado y de gobierno de los países
integrantes.
La propuesta de realizar las
conferencias iberoamericanas cada dos años no supone en ningún caso una
desvalorización del trabajo realizado en los 21 de vida de estos encuentros, ni
conlleva interpretar que en los últimos años ha habido una disminución en la
calidad de las discusiones o en la procedencia de las líneas de acción
emprendidas. Todo lo contrario. Sirva como botón de muestra que en las últimas
reuniones se han alcanzado acuerdos importantes como el Compromiso sobre
Migraciones y Desarrollo (2006), el Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social (2007), el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(2007), el proyecto Metas 2021 sobre educación (2010), el Espacio
Iberoamericano del Conocimiento de Educación Superior (2005) y la Iniciativa
Iberoamericana de movilidad académica de posgrado “Pablo Neruda” (2007). No hay
que olvidar tampoco que en estos años se ha avanzado también mucho en las
relaciones económicas, sociales y políticas a través de la celebración de los
Encuentros Empresariales y Cívicos y los Foros Parlamentario y de los Gobiernos
locales. Sin lugar a dudas, las Conferencias Iberoamericanas han sido en las
últimas dos décadas un espacio de negociación útil. No es casual que Bélgica,
Filipinas, Francia, Italia, Marruecos y Países Bajos (Haití lo hará de forma
inmediata) se hayan incorporado como países en calidad de “observadores
asociados” y que importantes organismos intergubernamentales internacionales
participen como “Observadores consultivos” (BID, CAF, FAO, FLACSO, OCDE, OECO,
PMA, SELA, UNIÓN LATINA). Las conferencias iberoamericanas han tenido la capacidad de convertirse en un
foro permanente de diálogo, cooperación y concertación de todos los países
latinoamericanos, más España y Portugal. La defensa de la democracia, el
respeto a los derechos humanos y las libertades han sido sus valores
fundamentales desde su creación; y su carácter incluyente, independientemente
del color político de los respectivos gobiernos, ha garantizado durante décadas
el diálogo constructivo entre todas las partes. Sin duda, la gestión de
coordinación realizada por Enrique Iglesias al frente de la SEGIB ha tenido mucho
que ver en estos éxitos.
La idea de distanciar en el
tiempo las citas de las cumbres parece en un principio una estrategia adecuada
que permitiría relajar las agendas de los mandatarios, cargadas en exceso de
reuniones internacionales. La propuesta parece razonable por lo que sin duda
será adoptada sin muchos problemas en la reunión de Cádiz. La definición de las
agendas y la selección de los temas preferentes de discusión en las futuras
conferencias iberoamericanas contribuirán al éxito de las reuniones, pero no
parece que resolverán por sí solas los problemas estructurales. El problema de
las cumbres no se solucionará de forma automática con la aplicación únicamente
de una transformación del formato, ya que se ha generado la necesidad
introducir algunos cambios estructurales a largo plazo. Uno de los problemas
actuales de las conferencias iberoamericanas radica precisamente en su
adaptación al nuevo entorno internacional.
No se trata de cancelar las
conferencias iberoamericanas -ya que Iberoamérica sigue siendo un bloque con
unas potencialidades culturales, económicas, políticas y sociales que nadie
discute-, sino de relacionarlas con otros mecanismos de concertación y diálogo
internacionales evitando que ello suponga la renuncia de sus señas básicas de identidad.
Parece evidente que ante una proliferación de cumbres de distinto tipo (entre
los países de América Latina entre sí, con España, la UE, EEUU, los países
árabes, la cuenca del Pacífico), de una modificación de los equilibrios
internacionales, de una transformación de las sociedades y de un
distanciamiento de las tradicionales formas de hacer política (partidos
políticos, sindicatos) con la ciudadanía, sería razonable reflexionar sobre qué
acciones se deberían emprender para que en las próximas décadas se abran nuevos
espacios que permitan seguir avanzando en la construcción de sociedades
democráticas, permisivas y plurales, capaces de conectar las necesidades
locales, con las nacionales e internacionales. Es evidente que se ha avanzado
mucho en las dos últimas décadas en la internacionalización de las economías,
pero no se puede decir lo mismo de la globalización de la política. Las
dinámicas de los mercados con reglas de comportamiento compartidas no se
combinan bien con el funcionamiento de unos espacios políticos nacionales en
los que algunas de las decisiones se siguen tomando de forma aislada con el
propósito de mantener privilegios (nacionales, regionales o locales), alimentar
clientelas políticas o asegurar la pervivencia de prácticas proteccionistas. La
democracia y el mercado deben reajustarse a comienzos del siglo XXI; los
nacionalismos deben adaptarse al nuevo escenario internacional.
En un mundo internacionalizado
como el actual parecería oportuno incardinar las conferencias iberoamericanas
en un contexto más amplio. El espacio atlántico-occidental podría convertirse
en un marco de referencia interesante a tener en cuenta en los próximos años,
siempre y cuando se adopten algunas precauciones. Ello ayudaría, sin duda, a
desespañolizar las cumbres. El espacio atlántico-occidental se comenzó a
configurar en el siglo XVI y ha venido madurando a lo largo de los últimos
cinco siglos. Conformado por EEUU, Canadá, Europa, América Latina, Caribe y
amplias regiones del continente africano colonizadas por potencias europeas,
muestra diferencias entre sí y dentro de sí (lenguas, costumbres, dietas,
hábitos), pero también es cierto que todos los países de este amplio espacio
comparten valores culturales y comportamientos económicos comunes que les
distingue del mundo islámico o asiático. Es el resultado de una lenta expansión
en la que se han ido incorporando diferentes culturas y formas de vida a lo
largo de siglos (a veces de forma traumática). El Estado de derecho, el
funcionamiento transparente de las instituciones, el respeto a los derechos
humanos, la democracia, el poder del diálogo para llegar a consensos, la
división de poderes, el reconocimiento del esfuerzo personal como base de la
superación y mecanismo de la movilidad social, la existencia de reglas claras
que fomenten la competitividad, la preservación de la libertad, el
reconocimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, la defensa
de la gestión pública transparente y la separación de la fe de la ciencia son
algunos valores básicos compartidos en el mundo occidental-atlántico.
El mundo iberoamericano tiene
unos valores culturales propios indiscutibles, pero no hay que olvidar que
forma parte además del espacio atlántico-occidental. Las migraciones, las
inversiones, el comercio y los medios de comunicación están haciendo a
comienzos del siglo XXI que las fronteras físicas de los Estados-nación
(económicas, políticas y culturales) creadas en el siglo XIX estén dando paso a
la formación de espacios más complejos en los que se hace complicado saber
donde acaban unos y comienzan otros. Millones de latinoamericanos viven y
trabajan en EEUU impulsando su desarrollo; Europa y EEUU invierten en América
Latina fomentando el crecimiento; empresas europeas y latinoamericanas
comparten sus experiencias y vinculan sus intereses; y turistas de diferentes
lugares de ambas orillas del Atlántico cruzan sus destinos diariamente. Las
economías se han globalizado y las sociedades se han mezclado entre sí.
Mientras tanto algunas de las estructuras políticas de los Estados han
comenzado a mostrarse obsoletas. Los gobiernos nacionales se ven atrapados
entre las demandas locales y las exigencias de los mercados internacionales.
Los partidos políticos y sindicatos sirven muchas veces más a sus propios intereses
clientelares internos que a los ciudadanos y trabajadores a los que
representan. Algunas de las decisiones políticas más importantes que afectan a
la vida diaria de millones de personas se toman fuera de los Congresos
nacionales y no son sometidas al necesario debate parlamentario previo. No es
casual por tanto que la sensación de frustración que comienzan a tener los
ciudadanos con respecto a los políticos se esté generalizando. No es sólo un
problema de corrupción que la crisis está haciendo más patente. Es algo más
profundo. Se trata de un alejamiento entre representantes y representados. Todo
parece indicar, por tanto, que se debe hacer una reflexión sobre las
estructuras políticas existentes. No se trata de un simple maquillaje. Es la
hora de que los espacios políticos se adapten a unas sociedades transformadas y
unos mercados ampliados. No sobran unos, ni faltan otros. Simplemente se trata
de volver a coordinar sus dinámicas. Las narrativas históricas deben
readaptarse a las nuevas situaciones. Los discursos nacionalistas deben ser
repensados.
El mundo atlántico-occidental
maduró a comienzos del siglo XIX con la superación de la lógica estamental de
las sociedades del Antiguo Régimen absolutistas y la llegada de la teoría
política liberal defensora de la igualdad del ciudadano ante la ley y del
liberalismo económico promotor del juego de la oferta y la demanda en el
contexto de reglas claras iguales para todos los agentes. Los Estados-nación
nacieron con el constitucionalismo liberal y potenciaron los discursos
nacionalistas. A comienzos del siglo XXI se observa que el empuje de la
internacionalización económica ha evidenciado un desajuste entre las ampliadas
fronteras económicas y las políticas de los Estados-nación.
La Cumbre Iberoamericana de
Cádiz debería aprovechar para rescatar la trayectoria de largo plazo en la que
nació la Constitución de 1812. No se trata de un texto constitucional nacido en
la isla de San Fernando ex nihilo, sino quedebeser entendido en el contexto de
las revoluciones atlánticas del mundo occidental. En Cádiz de 1812 los
diputados llegados en representación de todos los reinos integrantes de la
monarquía hispánica se reunieron para discutir y aprobar una constitución
liberal superadora de las rigidices del absolutismo. Tenían claro cuáles eran
las potencialidades de la creación de un espacio global compartido que fuera
capaz de respetar la autonomía regional. Utilizaron los conceptos de libertad e
igualdad que estaban presenten en el mundo atlántico-occidental. Conocían y
manejaban con soltura los conceptos de los autores franceses, alemanes,
estadounidenses, ingleses, italianos, holandeses, españoles y portugueses.
Combinaron la tradición jurídica escolástica hispánica del siglo XVI con las
ideas de la ilustración del siglo XVII y el ideario político liberal de
comienzos del siglo XIX, demostrando que lejos de ser posiciones
contradictorias e incompatibles entre sí formaban parte todas ellos de la
tradición atlántica-occidental. No obstante, por diferentes causas, la
pretensión de crear una comunidad iberoamericana (una especie de Commonwealth
hispánica, ya que el artículo 1 de la Constitución declaraba que “La Nación
española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”) no sólo no
se logró, sino que se dio origen a la creación de múltiples Estados-nación. La
historia de los siglos XIX y XX ha dado buena cuenta de este proceso. En 2012
se debería reflexionar sobre la necesidad de volver a recuperar el sentido de
pertenecía al espacio atlántico-occidental. En el mundo internacionalizado del
siglo XXI los Estados-nación tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias.
No se trata de borrar el pasado, ni eliminar las fronteras actuales. Tampoco de
aferrarse de forma numantina a estructuras ineficientes. Parece evidente, por
tanto que si hay que comenzar a repensar la narrativa de los nacionalismos, se
necesitaría contar con una historia del espacio atlántico-occidental. No se
trata de escribir una suma de historias
nacionales, sino de explicar cómo se fueron construyendo unos valores
compartidos. El reto que se plantea es complicado. Las historias patrias
basaron su narración en la exaltación de lo propio y la negación del contrario,
del vecino. Ahora se requiere de buenos historiadores que expliquen que antes
de la creación de los Estados-nación había más conexiones y sinergias en el
mundo atlántico-occidental que las que nos han contado las historias nacionales
decimonónicas. Se necesitan buenos politólogos, sociólogos, economistas y
antropólogos que sean capaces de idear cómo se deberían conectar el Estado, el
mercado y la Nación en el nuevo marco internacional.
El espacio
atlántico-occidental podría suponer un nuevo marco de negociación que
permitiría una mayor cohesión de las sociedades que la componen y una ventana de
oportunidad para competir mejor en los nuevos escenarios internacionales (mundo
asiático o islámico). Un espacio ampliado permitiría mejorar la educación y la
investigación; garantizaría inversiones estratégicas en las regiones que lo
necesitan; ayudaría a construir las infraestructuras que se requieren para
fomentar el desarrollo en las regiones deprimidas; permitiría disponer de mano
de obra cualificada; facilitaría la realización de asociaciones entre grandes
empresas y PYMES; impulsaría los flujos comerciales; garantizaría los avances
democráticos y la consolidación del Estado de derecho; posibilitaría la
extensión de la paz y la reducción del narcotráfico; y generaría un clima de
solidaridad en el marco institucional adecuado. En la medida que haya intereses
compartidos, habrá un proyecto atlántico-occidental. A medio y largo plazo
habrá que ir coordinando mejor las cumbres existentes para evitar
solapamientos, duplicidades y contradicciones. En un mundo globalizado
competitivo y multipolar como el de comienzos del siglo XXI, se puede optar por
andar en solitario (lo cual supone ser absorbido casi de forma inmediata),
apostar por ser cola de león integrándose como socio débil en asociaciones
fuertes con la esperanza de ser protegidos, o decidirse por crear una
asociación estratégica que siendo competitiva en el plano internacional asegure
la solidaridad del crecimiento económico y la solidaridad y el respeto a la
pluralidad entre sus partes. Parece que hay que caminar en esta dirección. La
ciudadanía ya lo ha comenzado a hacer desde hace años. Estudiantes, turistas y
empresarios viajan sin cesar cruzando las fronteras de los distintos países que
componen esta comunidad atlántica occidental. Comparten vidas y cruzan
experiencias. América Latina, EEUU, la UE y África se necesitan.
Es evidente que la coyuntura
actual requiere de un proyecto global ambicioso. América Latina está en un
momento de expansión económica. España está en recesión. La UE se encuentra en
un momento económico delicado en términos coyunturales (crisis financiera) y en
una etapa de preocupación política y social debido a que se está redefiniendo
el modelo de Europa que se quiere construir para las décadas futuras. La CELAC
se presenta en América Latina como un proyecto de futuro propio, desvinculado
de EEUU y la UE. En EEUU los conflictos internacionales han hecho que la Casa
Blanca mire momentáneamente de forma prioritaria hacia otras regiones, habiendo
quedado América Latina en un aparente segundo plano. Al sur del Río Bravo se ha
alcanzado una normalidad democrática, no hay guerras ni guerrillas como en
décadas pasadas, pero preocupa la escalada de violencia, el ascenso de la
corrupción, el narcotráfico y la emigración descontrolada. La crisis financiera
actual no es equiparable a la de 1929. El problema actual no es únicamente
económico. El desajuste entre la economía y la política está haciendo a
comienzos del siglo XXI que parte de la sociedad vaya quedando marginada,
generándose importantes bolsas de exclusión. Como se viene repitiendo en
distintos foros, no se trata de ganar las próximas elecciones, sino de ganar el
acomodo de las próximas generaciones. El reto actual es arreglar las cuestiones
domésticas de cada economía nacional en un contexto globalizado. El problema es
que de momento no contamos con los instrumentos internacionales adecuados de
negociación. No se trata de defender sólo a unas empresas con inversiones en el
exterior, sino de construir aparatos productivos competitivos internacionales
basados en la incorporación de innovación y tecnología en vez de mano de obra
barata. Como tantas veces se repite, se tienen que tomar medidas para
solucionar problemas locales partiendo de un contexto global; y viceversa, se
tienen que diseñar estrategias globales sabiendo que generarán resultados
diferentes locales como consecuencia de sus distintas circunstancias. Las
conferencias iberoamericanas por si solas no tienen la capacidad de dar
respuesta a estos problemas, pero podrían convertirse en el embrión de la
recuperación del proyecto atlántico-occidental que comenzó a mostrar sus
potencialidades en 1812.
En suma, todo parece indicar
que es necesario resintonizar las necesidades políticas con los imperativos
económicos y los cambios sociales. En la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de noviembre
de 2012 se debería plantear cómo rescatar y ensanchar el modelo del Estado del
bienestar en el marco de un mundo occidental-atlántico extendido. El proyecto
iberoamericano no debe ser entendido como excluyente del atlántico, ya que como
se ha demostrado forma parte del mismo. Por lo mismo, no es comprensible que a
comienzos del siglo XXI no se haya avanzado lo suficiente en el espacio
educativo iberoamericano, ni se haya creado un fondo de becas para potenciar el
cruce de experiencias y aprendizajes. Resulta inexplicable que no seamos
capaces de ver las potencialidades que se pueden extraer de pertenecer a una
comunidad de unos 600 millones de habitantes. No es creíble que en vez de
hablar de la necesidad de crear fondos de cohesión para reducir las disparidades
en Iberoamérica se esté apostando por los recortes. Es necesario invertir en
educación, ciencia, tecnología, infraestructuras, sanidad y sobre todo en el
fortalecimiento institucional de los Estados. La pobreza, la desigualdad
social, la violencia, la corrupción y el narcotráfico no son sino consecuencias
en la debilidad del Estado. Con Estados debilitados o semifallidos no se podrá
crecer equilibradamente. Para fortalecer la productividad y la competitividad
internacionales es necesario establecer programas a corto, medio y largo plazo.
No se puede crecer a largo plazo sin apoyar estructuras productivas
complementarias. Sin duda, las narrativas nacionalistas han funcionado en
muchos casos como barreras excluyentes. La agitación de banderas y la exaltación
de discursos patrióticos no parece que sea la forma adecuada que facilite sumar
y coordinar voluntades y sentimientos. Deberíamos aprovechar el hecho de que el
mundo iberoamericano tendrá una población económicamente activa de 440 millones
de habitantes en 2040 (según datos de la CEPAL) y alcanzará los 750 millones de
habitantes en 2050. No parece razonable poner barreras y trabas a este
potencial.
A comienzos del siglo XXI hay
que hablar de la necesidad de aumentar el número de ciudadanos con obligaciones
(fiscales) y derechos (servicios públicos), pero para ello es urgente que
millones de individuos salgan de la pobreza y otros no pierdan sus empleos. Es
condición necesaria que las instituciones funcionen correctamente y que una
administración de mérito y capacidad gestione lo público evitando la corrupción
y los gastos improductivos. Sin trabajo no hay impuestos y sin éstos el Estado
se debilita. Es la hora de hablar de las nuevas formas de representación
política y de participación ciudadana. Para ello necesitamos definir con
claridad un proyecto de futuro ambicioso capaz de incluir las diferencias sin
la tentación de impulsar homogeneizaciones culturales o lingüísticas. Un
proyecto global, con sensibilidades de las partes que lo componen. Toca hablar
de política con mayúsculas; no es el momento de los discursos patrióticos (de
cualquier signo). Hay que pensar marcos de convivencia pacífica en los que se
coordinen adecuadamente las dinámicas internacionales, nacionales, regionales y
locales. Hay que resintonizar los intereses y percepciones de los
Estados-nación, las provincias, las regiones, las autonomías y los municipios.
Un mundo homogéneo unipolar no es posible. Una miríada de reinos de taifas
tampoco. Necesitamos una nueva arquitectura de articulación política
internacional. No es posible tratar de seguir aferrados a lo que comprobamos
que ha dejado de servir. No hay que negar el pasado y descalificar lo que
tenemos. Necesitamos imaginación para idear un mundo renovado para volver a
reubicar las piezas. Los historiadores nos ruborizamos cuando leemos las
discusiones de los pensadores de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX y las comparamos con lo que se dice y publica hoy día.
El mundo atlántico toca de
nuevo la puerta del siglo XXI y reclama una reflexión sobre la operatividad de
la estructura política actual y de los instrumentos de negociación
internacional existentes. Todo parece indicar que no se puede seguir viviendo
en un mundo económico universalizado con unas reglas de comportamiento
generales integrado por piezas políticas con regulaciones individualizadas no
sólo mal interconectadas, sino a veces antagónicas. La globalización económica
ha hecho su trabajo de universalización del mundo. Toca el turno a la política
de mover ficha. Se necesita revisitar una vez más el pasado para poder imaginar
nuevos escenarios de futuro liberados de algunas de las narrativas históricas
nacionalistas que partiendo de visiones excluyentes desfasadas no nos dejan
comprender a comienzos del siglo XXI las potencialidades que tenemos delante de
nosotros.
Pedro Pérez Herrero,
Universidad de Alcalá
[1] Agradezco a Fernando
García Casas (director del Gabinete del Secretario General de la SEGIB), Elena
Flores Valencia (investigadora asociada del IELAT), Carlos Malamud
(Investigador Principal del Real Instituto Elcano) y María Solanas Cardín
(colaboradora del IELAT) los inteligentes comentarios que hicieron a un primer
borrador de este texto, ayudando a matizar algunas de las afirmaciones
originales. Obviamente, no son responsables de ninguna de las interpretaciones
que se hacen en el mismo.
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